Por. J. Jesús Lemus
El caso de César Horacio Duarte Jáquez, ex gobernador de Chihuahua, es el mejor ejemplo de la corrupción fomentada desde la cúpula del gobierno federal. Este ex gobernador, que hoy cuenta con 21 procesos penales abiertos en Chihuahua y que el gobierno de Estados Unidos lo mantuvo detenido precautoriamente, fue cercano al secretario de Hacienda y Crédito Público Luis Videgaray Caso, quien, mediante Luis Vega Aguilar, entonces titular de finanzas del CEN PRI, ideó una red de lavado de dinero para traspasar recursos de la Federación a las cuentas del PRI con el fin de apoyar las elecciones federales de 2015.
Este traspaso de dinero se efectuó a través del aumento de la deuda pública del estado de Chihuahua y de fondos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), en ese tiempo dirigida por Rosario Robles Berlanga, quien hasta la conclusión de este libro se encontraba en prisión .
A César Duarte Jáquez se le acusa del desvío de mil 200 millones de pesos, de los cuales al menos una tercera parte se destinaron al financiamiento de campañas políticas de algunos candidatos del PRI a la Cámara de Diputados, en una acción que planeó Luis Videgaray, coordinó Luis Vega Aguilar El entonces gobernador de Chihuahua se limitó a recibir instrucciones que finalmente fueron enmarcadas en los delitos de Desvío de Recursos, Lavado de Dinero y Delincuencia Organizada .
Entre esas instrucciones, y como parte del entramado para el desvío de dinero con fines electorales, César Duarte actuó, con la complicidad de Luis Videgaray, para hacerse de un banco, el Banco Unión Progreso, S .A de C .V ., adquirido a través de acciones del Grupo Financiero Banorte, por un monto de 65 millones de pesos, con lo que el gobernador y su esposa, Bertha Olga Gómez Fong, se volvieron socios mayoritarios de esa institución crediticia, según la versión de Jaime Herrera Corral, quien fuera secretario de Hacienda de César Duarte y que ahora —para evitar una sentencia condenatoria de decenas de años— colabora en calidad de testigo protegido con la Fisca lía General del Estado de Chihuahua .
De acuerdo con las declaraciones de Jaime Herrera Corral ante el agente del Ministerio Público que instruyó una de las acusaciones por desvío de dinero en contra de César Duarte, el ex gobernador y su es posa crearon un fideicomiso en Banorte, el registrado con el número de contrato 744743, por 65 millones de pesos, el cual sirvió de puente para recibir aportaciones del gobierno federal y de la tesorería del estado de Chihuahua a fin de aplicarlas en el Banco Unión Progreso, de donde después salieron fondos para financiar la campaña federal de candidatos del PRI en diversos distritos electorales del país .
La deslealtad de César Duarte no sólo radica en haber comprado y utilizado el Banco Unión Progreso para lavar dinero oficial que se destinó al PRI, sino en haber llevado como su secretario de finanzas a Jaime Herrera Corral, luego de que este, de 2010 a 2012, fungió como director general del banco y sabía cómo operaba la institución crediticia y la utilidad que podrían arrojar los fines premeditados de desvío de dinero que más adelante materializó César Duarte, siendo gobernador de Chihuahua.
Aun cuando a César Duarte únicamente se le han fincado responsabilidades penales por el desvío de dinero, del cual se estima que por lo menos una tercera parte de los mil 200 millones saquea dos fueron a dar a su peculio, hay otro tema del poco se ha hablado y que también refleja la inmoralidad del ex gobernador: el despojo del suelo y las concesiones que hizo al sector minero, en un ejercicio similar al que llevó a cabo Enrique Peña cuando fue gobernador del Estado de México .
En este sentido, no hay que pasar por alto la buena relación que mantuvo César Duarte con quien fue secretario de Economía en el gabinete de Peña Nieto, Ildefonso Guajardo Villarreal, que se distinguió por las concesiones que otorgó al sector minero en esos seis años de gobierno, en los que nada más en el estado de Chihuahua se entregaron 182 para la explotación de minas, principalmente de oro, plata, cobre, hierro, plomo y zinc, las cuales implicaron la enajenación de 223 mil 372 hectáreas de suelo, el equivalente a 2 mil 233 kilómetros cuadrados, que son más de una cuarta parte de la superficie territorial que ocupa la ciudad de Chihuahua, la capital del estado, y que se les arrebató a poblaciones indígenas .
Por gestión directa de César Duarte ante el secretario de Economía del gobierno federal, de 2012 a 2016 en el estado de Chihuahua asentaron su reales empresas mineras como Grupo Cementos de Chihuahua, S .A de C .V ., Constructora y Arrendadora de Chihuahua, S .A ., Minerales Metálicos del Norte, S .A de C .V ., Camex, S .A de C .V ., Minera del Norte, S .A de C .V ., Grupo México, S .A .B de C .V ., Grupo Coanzamex, S .A ., Transformaciones y Servicios Metalúrgicos, S .A ., Grupo Acerero del Norte, S .A ., Sacavato, S .A de C .V ., Compañía Minera Bismark, S .A de C .V ., Coeur de México, S .A de C .V ., Sierra Metals Inc ., Grupo Gorminmet S de R .L de C .V ., Minerales Vesper, S .A de C .V ., Panamerican Silver Corp ., Agnico Eagle México, S .A de C .V ., Minera Plata Real, S .A de C .V y Minera Río Tinto, S .A ., las cua les, además de la propiedad de una parte de la nación, recibieron todo tipo de consideraciones del gobierno estatal, incluida la exención de impuestos y el suministro de servicios, como el abasto de agua, que corrió con cargo directo al erario del gobierno local .
De este grupo de empresas mineras que el gobernador César Duarte favoreció, por los menos las últimas nueve siguieron el modelo de apoyo que estableció Alfredo Castillo cuando fue subprocurador y luego titular de la PGJEM Valiéndose de la gestión del gobierno estatal —en el caso de Chihuahua, el gobernador tenía relación con el Cártel de Sinaloa—, pactaron con miembros de la delincuencia organizada para que sus células operaran como guardias de seguridad perimetral; estas trabajaron en coordinación con elementos de la Sedena, a cargo del general Salvador Cienfuegos, para brindarles protección contra otros grupos delincuenciales .
La asociación de las mineras con miembros del crimen organizado provocó, asimismo, que la disputa entre delincuentes por los contratos de servicios de seguridad de esas empresas desembocara en una cruenta guerra que involucró a facciones criminales De acuerdo con fuentes internas del Cártel de Sinaloa, la principal disputa que se mantiene hasta la fecha en Chihuahua es entre dos grupos del Cártel de Sinaloa: el de Aureliano Guzmán Loera, alias el Guano, quien se quedó al frente de los sicarios de su hermano Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, cuando este fue detenido, y una fracción del grupo de Ismael Zambada García, el Mayo, quien desde la captura del Chapo rompió relaciones con la familia Guzmán Loera .
El grupo del Guano ofrece servicios de seguridad a las mineras Compañía Minera Bismark, S .A de C .V ., Coeur de México, S .A de C .V ., Sierra Metals Inc ., Grupo Gorminmet S de R .L de C .V y Mine rales Vesper, S .A de C .V . Por su parte, el grupo de Ismael Zambada fue comandando por Isidro Meza Flores, alias el Chapito Isidro, hasta 2015, cuando fue detenido; entonces lo relevó Juan José Esparragoza Monzón —hijo de Juan José Esparragoza Moreno, el Azul—, hasta que falleció en enero de 2021 víctima de Covid19 Este grupo de Ismael Zambada cui dó —y aún lo hace— los intereses de las mineras Panamerican Silver Corp ., Agnico Eagle México, S .A de C .V ., Minera Plata Real, S .A de C .V y Minera Río Tinto, S .A .
Sólo para poner en contexto el vínculo entre mineras y crimen organizado, con la mediación del gobernador César Duarte, hay que recordar que este fue un aliado incondicional de Genaro García Luna en el proyecto de la guerra contra el narco durante los últimos dos años de la gestión de Felipe Calderón, que coincidieron con los dos primeros de gobierno de Duarte Así se entiende que Genaro García Luna haya sido el conducto para que el gobernador de Chi huahua estableciera un pacto de apoyo con los miembros del Cártel de Sinaloa, que fueron socios incondicionales del entonces secreta rio de Seguridad Pública .
La confrontación entre las fracciones del Cártel de Sinaloa por el control de la seguridad de las minas disparó los índices de violencia —como se aprecia en las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)—, que además tuvo como blanco directo —al igual que sucedió en el Estado de México— a los defensores del territorio y a los periodistas, quienes por convicción personal se alzaron desde sus trincheras para denunciar el despojo y la colusión del gobierno estatal con la delincuencia .
Durante el gobierno de César Duarte —según datos del SESNSP—, en el estado de Chihuahua hubo 10 mil 65 asesinatos violentos, de los cuales por lo menos 78 por ciento se atribuyeron a miembros del crimen organizado, no sólo por la confrontación entre las células criminales de Aureliano Guzmán Loera y de Ismael Zambada, sino porque al negocio de la protección de mineras entraron otros grupos delictivos, como La Gente Nueva, Los Cabrera, Los Artistas Asesinos y Los Mexicles, todos socios del Cártel de Sinaloa; y La Línea y Los Aztecas, apoyados por el Cártel de Juárez, que también buscaron exitosamente asociarse con empresas extractivas .
Al cierre de este trabajo, por complicidad o tal vez por extorsión, La Gente Nueva cuidaba de los intereses de Grupo Cementos de Chi huahua, S .A de C .V Los Cabrera vigilaban la mina propiedad de la Constructora y Arrendadora de Chihuahua, S. A., así como la zona donde opera la empresa Minerales Metálicos del Norte, S .A de C .V Las inmediaciones de la mina de Camex, S .A de C .V están protegidas por Los Artistas Asesinos y Los Mexicles Los yacimientos de la Compañía Minera del Norte, S .A de C .V y del Grupo México, S .A .B de C .V contaban con vigilancia de integrantes de La Línea Los Aztecas eran los encargados de la seguridad perimetral de las minas de las empresas Grupo Acerero del Norte, S .A ., Transformaciones y Ser vicios Metalúrgicos, S .A y Grupo Coanzamex, S .A .
