Por. J. Jesús Lemus
Tratando de entender el desplazamiento forzado interno en las zonas mineras es interesante lo que aportan los datos oficiales por sí mismos. Veamos: en México, de acuerdo a la Secretaría de Economía (SE) del gobierno federal, solo entre los periodos de gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari hasta el de Andrés Manuel López Obrador, ha entregado un total de 61 mil 027 permisos mineros o concesiones. De todos esos permisos, por diversas razones han sido cancelados, revocados o devueltos un total de 35 mil 154 permisos. Al día de hoy solo quedan activos un total de 25 mil 873 permisos mineros. Son permisos que lo mismo amparan desde minas de derivados pétreos hasta extracciones a cielo abierto de minerales raros y metales preciosos o industriales.
De todas las concesiones mineras que el gobierno federal ha entregado, al cierre de este trabajo existían 906 proyectos mineros, que lo mismo se encuentran en fase de exploración o explotación que en la de desarrollo. Dentro de los 906 proyectos mineros documentados, existen 37 minas que aportan Metales Preciosos (Oro y Plata); hay 74 minas de las que extraen Metales Industriales no Ferrosos (Plomo, Cobre, Zinc, Bismuto, Cadmio, Selenio, Molibdeno); se cuenta con 57 campos mineros que explotan Metales y Minerales Siderúrgicos (Carbón no coquizable, Coque, Fierro, Manganeso), y se tienen 53 minas de importancia que aportan Minerales no Metálicos (Azufre, Barita, Grafito, Dolomita, Fluorita Caolín, Arena Sílica, Yeso, Fosforita, Wollastonita, Celestita, Feldespato, Sal, Diatomita, Sulfato de Sodio y Sulfato de Magnesio).
De las 37 minas de Metales Preciosos que operan en el país, en 20 zonas poblacionales aledañas se han registrado por lo menos 24 masacres; en 48 regiones pobladas cercanas a las 74 zonas mineras de Metales Industriales no Ferrosos, se han registrado 51 asesinatos en masa. Por otra parte en 52 zonas pobladas inmediatas a las 57 zonas mineras de Metales y Minerales Siderúrgicos se han registrado por lo menos 60 asesinatos grupales, mientras que en 31 regiones poblacionales que están inmediatas a las 53 zonas mineras de Minerales no Metálicos se han registrado 48 asesinatos colectivos.
Estas cifras por si solas demuestran el fenómeno que silenciosamente no se quiere reconocer en la cúpula del Estado mexicano, ni la elite empresarial minera trasnacional. Una tesis que refiere cómo -a través de la violencia- se genera con base en el miedo un Desplazamiento Interno Forzado, cuyo único propósito es despoblar aquellas tierras que se necesitan sin dueños ni pobladores, para poder ser saquearlas a voluntad, bajo el signo del cada vez más voraz y descarnado capitalismo.
Durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador se ratificó lo que ya se veía en otros gobiernos, que la violencia es un punto característico de la minería mexicana, no existe una sola mina en explotación, exploración o desarrollo dentro de toda la geografía mexicana que para operar no haya tenido que mojar su tierra con sangre. Un estadístico propio elaborado para este trabajo refleja la realidad que el Estado mexicano no quiere ver: los puntos mineros son los que registran mayor violencia en todo el territorio nacional. En los municipios aledaños a las minas, aquellos que se encuentran en un radio de 50 kilómetros de cada una de las 906 regiones mineras, es dos veces mayor el número de homicidios frente a la tasa promedio nacional.
Esto tuvo un principio. No siempre fue la presencia de la violencia en la minería como designio divino. Los orígenes de este fenómeno no son tan lejanos. Los primeros registros de empresas mineras valiéndose de los grupos del crimen organizado, asociados o derivados de los cárteles de las drogas, para validar mediante la violencia el dominio de la riqueza mineral de la tierra, se presentaron apenas hacia finales del 2009 en Michoacán, en plena revuelta de la llamada Guerra Contra el Narcotráfico que promocionó el gobierno del presidente Felipe Calderón y su corrupto secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
Fue la empresa Ternium, una extractora de hierro establecida en Michoacán, de capital ítalo-argentino, la que pactó a través de un grupo de mercenarios norteamericanos una alianza con el cártel de la Familia Michoacana. El pacto inicial de Ternium con los narcotraficantes de La Familia fue para que ese grupo delictivo sembrara el terror entorno a la mina San Martín, en Aquila, a fin de no pagar a los 401 comuneros de Aquila, propietarios de las tierras en explotación, las regalías pactadas.
La minera Ternium, convertida en la sociedad Ternium/Las Encinas S.A., desde que se estableció en Aquila, en la zona de la Costa Sierra Nahua de Michoacán, tras declarar el denuncio del banco más grande de hierro que hasta hoy exista en el país, también acordó un pago de regalías a los comuneros dueños de las tierras. Se pactó pagar la cantidad promedio de 30 mil pesos anuales como compensación por daños y molestias que se generarían por la extracción de toda la riqueza férrea de las tierras comunales de la zona, en un periodo de 90 años a partir del 2009.
A la Minera Ternium se le hizo mucho pagar en promedio anual 12 millones 30 mil pesos a toda una comunidad por explotar una riqueza mineral que le deja a la empresa utilidades en promedio también cada año por el orden de los 300 millones de dólares. Bajo el pretexto de no tener fondos para pagar las regalías pactadas, Ternium/Las Encinas S.A. rompió el diálogo con los comuneros de Aquila. Se anunció oficialmente, con el aval del gobierno federal que la minera no pagaría un solo peso por concepto de regalías a los dueños legítimos de la tierra, que comprende la mina de hierro más grande de México.
Tras haber reculado en el pago de regalías a los comuneros de Aquila, la compañía Ternium/La Encinas S.A. consideró que los pagos acordados con los 401 comuneros propietarios de las tierras eran exagerados. Trató de renegociar. Dicha renegociación nunca se llevó a cabo porque los comunitarios dueños de la tierra simplemente se negaron a ello. Frente a esa postura, la minera Ternium consideró que era aún más barato no pagar regalías. Por instrucción del grupo de mercenarios que le asesoraban en materia de seguridad, Ternium/Las Encinas optó por pactar con el cártel de la Familia, a fin de que –a través del hostigamiento, el miedo y la violencia- se lograra disuadir a los comuneros que seguían en su intención de cobrar regalías a la mineta ítalo-Argentina.
Los directivos de la minera Ternium, siempre asesorados por funcionarios de la Secretaría de Economía del gobierno federal y también por el gobierno de Michoacán, consideraron que a la empresa le resultaba más barato desplazar a toda la población en vez de pagar regalías por décadas. Se volvió al modelo africano que dinamitó la resistencia anti minera. Ternium pagó a los miembros del cártel de La Familia, entonces encabezados por Nazario Moreno González, “El Más Loco”, y Jesús Méndez Vargas, “El Chango”, para hostilizar la zona e intimidar a los comuneros dueños de las regalías acordadas. La Minera Ternium también le facilitó al cártel armas, sistemas de radiocomunicación, dinero, y un jugoso acuerdo comercial para comprarle todo el material pétreo enriquecido de hierro que pudieran robar en otras minas de la zona, principalmente de aquellas asociadas con la competencia empresarial.
El empoderamientos del grupo criminal de la Familia Michoacana que le dio el financiamiento y apoyo comercial de la empresa Ternium, hizo que después la agrupación criminal se lanzara contra la misma minera. Cada vez fueron mayores los montos de cobranza que aplicaba La Familia por prestar el servicio de seguridad al polígono minero de Ternium, Cada vez costaba más a la minera que La Familia disuadiera a los comuneros de Aquila de sus reclamos de regalías. Cada vez fue más difícil mantener bajo control a los miembros del cártel de La Familia. Por eso la minera dio un giro de 180 grados en su relación con la comunidad de Aquila: Ternium volvió al diálogo con los comuneros, quienes se reagruparon por el miedo a la violencia que detonó de la noche a la mañana en el municipio de San Miguel de Aquila. El cártel de la Familia estaba extorsionando a familias de comuneros en razón de los montos de regalías que apenas estaban prometidos por la minera
Frente a esa situación –sin reconocer que la violencia contra los comuneros había sido alentada por la propia minera- los mercenarios al servicio de Ternium, hablando por la empresa, dieron a los comuneros una solución a su problema. Les ofrecieron capacitación en las armas y suministro de las mismas, vehículos, sistemas de radio comunicación y un financiamiento para que los comuneros de Aquila se organizaran y enfrentaran al cártel de la Familia Michoacana, que los mantenía bajo asedio constante.
Tras la aceptación comunal, motivada por el secuestro, tortura y asesinato de los comuneros Emilio y Miguel Martínez López y Miguel Alcalá, y la desaparición de Ignacio Martínez de la Cruz, Francisco Javier Ramos Walle y Carlos Zapién Díaz, allí –en el municipio de Aquila- fue donde nació el primer grupo de autodefensas de Michoacán, el que después, a finales del 2013, se sumaría la alzada civil que encabezó el doctor José Manuel Mireles Valverde e Hipólito Mora, quienes siempre expresaron públicamente que la violencia en la zona de Tierra Caliente de Michoacán era generada por los cárteles de La Familias y Los Caballeros Templarios. Los líderes del movimiento de Autodefensas de Michoacán nunca quisieron reconocer la participación de la industria minera en la revuelta social que significó el alzamiento de los grupos de autodefensa, porque justamente la industria minera financió a gran parte de ese movimiento.
Por lo que hizo la Minera Ternium en su relación con el Cártel de la Familia Michoacana, esta siguió intacta. Ni por equivoco se cortaron las comunicaciones entre directivos mineros y los jefes del narco michoacano. La empresa minera siguió comprado material pétreo robado con altas concentraciones de hierro, no porque así lo necesitara la empresa minera trasnacional para seguir con sus procesos de producción, sino porque esa fue una forma de seguir manteniendo bajo su control la operación del Cártel de la Familia, que pasó de ser un grupo delictivo a un brazo armado de los intereses económicos de Ternium, una especia de guardia blanca al servicio de la minería.
A nivel nacional, en esa cofradía o hermandad que mantienen los líderes de las empresas mineras trasnacionales en México, se supo de las acciones “de éxito” emprendidas por Ternium/Las Encinas S.A. en Michoacán, para no pagar regalías a los pobladores. Se aplaudió la forma ideada por Ternium para utilizar a la población civil como ariete contra los grupos del crimen organizado que les extorsionaba y –en caso de ser necesario- mantener como aliados a los grupos del crimen, para lanzarlos como ariete contra la población, en cuanto la población atentara los intereses de la minera.
Las acciones emprendidas por la empresa minera Ternium/Las Encinas S.A. en el caso Michoacán, fue una propuesta tácita para todo el sector minero trasnacional que ya operaba en México, y que enfrentaba algunas resistencias sociales para llevar a cabo sus proyectos de extracción. Tal estrategia se difundió y se convirtió en una directriz empresarial infalible, si se quería mantener el control de la explotación irracional de la tierra. Todo ese sistema de violencia, fincado en la aleación de la delincuencia organizada, los civiles armados, los intereses mineros y un estado pasivo -secuestrado por la corrupción-, fue visto desde la cúpula empresarial y desde el mismo Estado mexicano como una negociación de éxito. A partir de ese momento, esa estratagema empresarial comenzó a ser utilizada como el ABC de la Minería Mexicana por todos los hombres de negocios de ese sector.
Cientos de mineras vienen aplicando ese modelo de despojo y desplazamiento para preservar los intereses extractivos. Eso es lo que ha hecho que, en aras del desplazamiento poblacional de aquellas tierras de intereses extractivos, las mineras utilicen a los grupos del narco para generar terror a través de la violencia. Dicho terror no es exclusivo de las mineras y los cárteles de las drogas, también es una práctica, más recientemente, que lleva a cabo el Estado mexicano a través de sus cuerpos de seguridad, como el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, también para despoblar regiones de interés para los proyectos extractivos
