Por. J. Jesús Lemus
Si bien es cierto que Genaro García Luna fue muy hábil para sostenerse dentro del sistema político mexicano, sorteando la transición del régimen priista al panista sin ser re movido, resulta inequívoco que esencialmente esos fue gracias a sus relaciones con los hombres de negocios y al padrinazgo político de Wilfrido Robledo Madrid, que lo protegió a toda costa, tanto en el Cisen como en la PFP.
Desde el sector empresarial, el banquero Alfredo Harp Helú fue el hombre clave para que el Licenciado no se viera afectado por la marea política de transformación del país que el entonces presidente Vicente Fox Quesada provocó a finales de 2000. Harp Helú fue su aval.
Su secuestro y la providencial encomienda a García Luna de que se encargara de la investigación del caso, con los resultados positivos ya descritos, fue lo que sostuvo su carrera dentro del sistema. No sólo fue por su eficiencia como policía al servicio del régimen establecido, sino por la recomendación del grupo empresarial que, desde 1990, controla los movimientos políticos en el país. Esto lo colocó durante dos sexenios como el hombre más poderoso de México, apenas después del presidente de la República, una posición que hasta entonces era exclusiva de los secretarios de Gobernación.
En el ámbito de lo político gozó en todo momento de la protección de Robledo Madrid, quien lo recibió en el Cisen cuando apenas era un estudiante. “Fue él quien lo mantuvo siempre bajo su cobijo”, señala José Óscar Valdez Ramírez, doctor en Derecho y Ciencias Penales, quien ha seguido de cerca su trayectoria.
“No es otra cosa que la hechura del corrupto sistema político mexicano, donde también influyó la participación del gobierno de Estados Unidos, que de alguna forma (a través de los reconocimientos públicos hechos a su carrera como policía) también lo empoderó, para convertirlo en lo que hoy es”.
La policía al servicio de la iniciativa privada
Después de la cumbre empresarial de Oaxaca, en la que el empresario Harp Helú posicionó a García Luna como “un hombre del sistema”, este ya no se alejó de su necesidad de asistir a los principales hombres de negocios. Alternó su trabajo de servicio a la sociedad, para el que oficialmente estaba designado, con tareas especiales de atención a los requerimientos de seguridad para las empresas de los principales potentados de México.
Cuando García Luna dejó su cargo del Cisen en 1999 y el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León lo nombró coordinador general de Contrainteligencia para la Prevención del Delito de la PFP, lo primero que hizo fue poner al servicio de los empresarios del país la operación de esa unidad policial.
El primer beneficiado fue el empresario Germán Larrea Mota Velasco, a quien le ofreció elementos operativos y de inteligencia sin restricciones para mantener a salvo los intereses de las mineras, agrupadas en el consorcio Grupo México. Para ese momento estaban “cercadas” por grupos de activistas que demandaban el cese de sus operaciones, dada la contaminación que producían, y asediadas por grupos del crimen organizado que reclamaban el “cobro de piso”.
Larrea Mota Velasco no se hizo de rogar. Aceptó la propuesta debido al riesgo que representaban los activistas para la operación de sus minas y a la amenaza de algunas células del narco con las que no se pudo llegar a un acuerdo. Por disposición de García Luna, entre octubre y diciembre de 1999 fueron asignados 350 elementos de la PFP al cuidado de las minas de Grupo México.
Su labor era rotativa. Tenían la consigna de cuidar los polígonos de las minas El Arco, en Baja California; la planta de cal, en Agua Prieta, Sonora; la mina Buenavista del Cobre, en Cananea, Sonora; el complejo metalúrgico La Caridad y la mina Los Pilares, en Sonora; las minas Santa Eulalia y Santa Bárbara, en Chihuahua; la mina de carbón Pasta de Conchos, en Nueva Rosita, Coahuila; las minas Chalchihuites y San Martín, en Zacatecas; la mina Las Charcas y la refinería de zinc, en San Luis Potosí, y la mina de zinc y plomo en Taxco, Guerrero.
Todo era con cargo al erario. Así lo dispuso García Luna. Al menos durante el último año del presidente Zedillo Ponce de León y todo el sexenio del presidente Fox Quesada, el empresario minero no pagó un solo peso por la seguridad que el Estado le brindó a su red minera que, no conforme con ello, pasó de 350 a 500 efectivos de la PFP que, además de cuidar las instalaciones, sofocaron movimientos de resistencia de grupos ambientalistas.
Así ocurrió entre 1999 y 2001 en la mina Buenavista del Cobre, en Cananea, donde los efectivos policiales reprimieron en tres ocasiones a un grupo de 120 mineros disidentes despedidos que buscaban ingresar a las instalaciones para recuperar sus puestos de trabajo.
Se cuentan por decenas las intervenciones de la PFP en todo el país, por órdenes de García Luna como coordinador de Inteligencia, para reprimir movimientos sociales que ponían en riesgo la productividad minera de Grupo México y de otros consorcios trasnacionales. Uno de los casos más representativos tuvo lugar el 6 de mayo de 2009 en San José del Progreso, Oaxaca, en la mina La Trinidad. Ahí, después de 50 días de un bloqueo realizado por los pobladores para pedir el cese de operaciones contaminantes, los federales efectuaron un desalojo violento que dejó decenas de heridos.
Lo mismo sucedió en las minas de Chalchihuites, en Zacatecas; Pasta de Cochos, en Coahuila; La Platosa, en Durango; San Pedro, en San Luis Potosí; Las Encinas, en Michoacán, y Peña Colorada, en Colima.
La relación de García Luna con Larrea Mota Velasco y el reducido grupo empresarial mexicano, entre los que están Carlos Slim, Alberto Baillères y Ricardo Salinas Pliego, fincada en la protección de intereses mutuos, trascendió hacia otros empresarios fuera del sector minero.
Por considerar a la planta productiva en general como un asunto de seguridad nacional, el entonces coordinador de Inteligencia de la PFP propuso en 2002 al gobierno de Fox Quesada un esquema de seguridad especial para todos los hombres de negocios y sus empresas.
Se aceptó su idea de asignar por lo menos 750 policías federales al frente de un grupo especial de protección del sector industrial. Este grupo se puso a la consideración de Harp Helú, quien determinaba cuáles empresas y empresarios debían contar con protección permanente sin costo alguno, así fue como nació el grupo de escoltas del Servicio de Protección Federal.
En una especie de triunvirato, Larrea Mota Velasco proponía a las empresas y empresarios que necesitaban mayor seguridad oficial. En seguida, Harp Helú avalaba el ingreso al selecto grupo de protegidos por el Estado. Luego, García Luna diseñaba los esquemas de seguridad y decidía el número de elementos destinados a la encomienda, el tipo de seguridad requerida y las acciones a ejercer para cumplir el encargo.
Con esa gestión se beneficiaron cientos de empresas nacionales y trasnacionales. Plantas y empresarios desde el sector textil, agroindustrial, automotriz y extractivo hasta el maquilador, embotellador y de servicios financieros contaron con la protección irrestricta de García Luna. A cambio, los hombres de negocios respaldaron permanentemente el trabajo del Licenciado no sólo para evitar que el presidente en turno lo removiera de su cargo, sino para que a García Luna se le otorgaran más funciones en el ámbito de la seguridad nacional.
Wilfrido Robledo Madrid no fue ajeno a los nexos de García Luna con el sector empresarial. Como comisionado general de la PFP del 4 de julio de 1999 al 31 de diciembre de 2000, Robledo siempre secundó las acciones de su protegido.
Con su visto bueno, García Luna pudo desarticular el esquema original de trabajo implementado por el primer comisionado general, Omar Fayad Meneses, que había diseñado a la PFP como un instrumento de seguridad para la población, no como guardia de los intereses económicos de los empresarios más acaudalados del país.
Por eso, cuando Robledo Madrid dejó el cargo de comisionado general de la PFP, para que lo sucediera Alejandro Gertz Manero, vino la confrontación. Gertz Manero había aceptado, por recomendación de Fox Quesada y a petición de Harp Helú, la continuidad de García Luna como su subalterno en la Coordinación General de Inteligencia de la PFP.
Pero una vez que el nuevo comisionado se enteró de los intereses que protegía García Luna, puso su renuncia —aun sin asumir el cargo— en el escritorio del presidente Fox Quesada, quien optó por una salida mediadora, que no lo contrapusiera con los empresarios que reclamaban la presencia de García Luna en el área de seguridad, ni fracturara la relación de amistad que mantenía con Gertz Manero: a cambio de su salida de la PFP, encargó a García Luna el diseño de una policía federal con la cual pudiera seguir al servicio de las necesidades de seguridad de la élite empresarial, pero que dependiera directamente de la PGR, en aquel momento bajo el mando de Rafael Macedo de la Concha .
Fue una tarea fácil para García Luna, convertido ya en un habilidoso policía. Así, de la mano de Carlos Paredes Leyva, el cerebro detrás del secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, creó la Agencia Federal de Investigación (AFI).
Tras la recomposición de la caduca Policía Judicial Federal (PJF), la AFI nació oficialmente, por decreto presidencial, el 1 de noviembre de 2000. Alrededor de 8 mil 500 efectivos estaban bajo las órdenes del Licenciado. Si bien es cierto que la cantidad de elementos de la AFI era una cuarta parte menor a la de los integrados en la PFP, García Luna, desde su nuevo cargo, pronto encontró la forma de hacerse del control de la seguridad pública del país, específicamente de la clase empresarial.
Al participar en la elaboración del Decreto de la AFI, cuyo artículo 19 quáter, fracción VI, inicialmente contemplaba la operación de los elementos de esta agencia para la labor de “Organizar el servicio de protección y seguridad a los servidores públicos de la Institución”, García Luna agregó cinco palabras: “así como a otras personas”. Con lo anterior logró operar la AFI como lo venía haciendo con la PFP: poniéndola al servicio de los empresarios.
