La tarde de este miércoles, el Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco denunció un atentado intimidatorio contra cinco de sus integrantes, quienes realizaban labores de búsqueda en un predio del municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Al llegar al lugar, fueron recibidos con detonaciones de arma de fuego en varias ocasiones, por lo que activaron el botón de pánico proporcionado por el gobierno del estado de Jalisco.
Al sitio arribó una patrulla de la Policía Estatal; sin embargo, minutos después de iniciadas las labores de búsqueda, los integrantes del colectivo se percataron de que la unidad se había retirado sin previo aviso. En un primer momento pensaron que se debía a la llegada de la Guardia Nacional o a que realizaban rondines en los alrededores, pero al pasar los minutos y no contar con protección, el colectivo tuvo que abandonar el lugar.
En el sitio no se obtuvieron resultados positivos, aunque se identificó una presencia importante de cal y se recabaron testimonios anónimos que señalan una alta probabilidad de que en el lugar se encuentren una cantidad considerable de cuerpos.
Una de las integrantes del colectivo, reconocido por el hallazgo del Rancho Izaguirre a principios de 2025, señaló la falta de apoyo por parte de la Guardia Nacional, institución que desde hace aproximadamente dos semanas no ha respondido a las solicitudes de protección de los Guerreros Buscadores de Jalisco.
Tras enviar un nuevo oficio este viernes 12 de diciembre a la Guardia Nacional, la institución respondió hasta el día de hoy, preguntando el motivo del contacto. Mientras tanto, al menos cinco integrantes del colectivo acudieron al sitio por la alta probabilidad de que se trate de una fosa.
El colectivo recalcó la necesidad de continuar con su labor aun sin el respaldo del Gobierno, ya que se trata de la búsqueda de sus seres queridos, desaparecidos en muchos casos desde hace años. “No sabemos en qué momento nos van a matar por buscar a los nuestros”, señaló una buscadora.
A las agresiones de presuntos integrantes del crimen organizado se suma la indiferencia institucional en todos los niveles de gobierno, así como los daños a la salud que muchas y muchos buscadores han denunciado como consecuencia de la dolorosa labor de búsqueda. Este día, “por el susto”, al menos dos buscadoras manifestaron dolores de cabeza y de estómago.
A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, Guerreros Buscadores de Jalisco denunciaron los hechos y señalaron que, pese a contar con medidas cautelares emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) —“que no se han cumplimentado ni bitacorado de manera correcta”— y a haber enviado oficios de solicitud en tiempo y forma, estos fueron negados.
La labor de búsqueda, junto con la del activismo y el periodismo, se encuentra entre las más peligrosas del país, particularmente en estados considerados focos rojos en materia de desaparición, como Jalisco.
El pasado 25 de abril, María del Carmen Morales, integrante de Guerreros Buscadores de Jalisco, y su hijo, Jaime Ramírez Morales, fueron asesinados. Tras el hecho, el colectivo y organizaciones como Amnistía Internacional exigieron el esclarecimiento del crimen y determinar si este se relaciona con su labor como buscadora. El ataque ocurrió apenas dos meses después de los hallazgos en el Rancho Izaguirre, por lo que la CNDH emitió medidas cautelares que, hasta la fecha, no han sido respetadas.
