Por. J. Jesús Lemus
En su ascenso como Fiscala General de la República, la señora Ernestina Godoy prometió no hacer uso faccioso de la justicia, ni aplicar su función de procuración de justicia con fines políticos. Eso solo fue el discurso, la pose para la foto. Lo que en realidad quiso decir la Fiscala Godoy, es que haría todo lo contrario.
La persecución a la que se ha lanzado en contra de María Amparo Casar, es la mejor evidencia de la perversa actuación de Ernestina Godoy, ocupando el lugar del inútil Alejandro Gertz Manero. Dicen que no hay persecución en la 4T, pero hoy se busca acorralar a la que encabeza el proyecto Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Si bien es cierto que el organismo pseudo periodístico, autodenominado MCCI, es el brazo extorsionador de Claudio X González, también resulta que es uno de los pocos organismos de la Iniciativa Privada que se han opuesto abiertamente al avance del modelo político de la Cuarta Transformación.
El ataque a la Cuatro Te por parte de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad ha sido mediante la investigación, utilizando al gremio periodístico, para exponer el alto índice de corrupción que prevalece entre la clase que gobierna y que dice está en contra de la corrupción.
Por eso la venganza contra María Amparo Casar, la que ha encabezado algunas investigaciones profundas de corrupción que han evidenciado el falso discurso de la elite gobernante, que exponen de cuerpo completo la mentira de la llamada Revolución de Conciencias, iniciada por el presidente López Obrador.
Hoy la Fiscala Ernestina Godoy, atendiendo la instrucción del Amo de Palenque, ha decidido iniciar un proceso penal contra María Amparo Casar. Se le acusa de haber cobrado durante décadas una millonaria pensión por el suicidio de su esposo dentro de las instalaciones de la Torre Ejecutiva de Petróleos Mexicanos.
Ese solo es el pretexto. En realidad, a María Amparo Casar se le persigue con el pretexto de la justicia, porque se le quiere encarcelar por haber iniciado una serie de investigaciones periodísticas que han exhibido la corrupción de los hijos del presidente López Obrador.
Los trabajos informativos que nacieron al amparo del financiamiento de Mexicanos Contra la Corrupción, bajo la dirección de María Amparo Casar, exhibieron la intervención de los hijos de López Obrador en obras estratégicas para la nación, como la construcción del Tren Maya, el Aeropuerto Felipe Ángeles, el Corredor Transístmico y la Refinería de Dos Bocas.
Fue María Amparo Casar la primera que llevó al mundo informativo la deshonestidad, avaricia y hambre de dinero de López Obrador y sus vástagos, por eso ahora le ha echado encima a la policía. Por eso Ernestina La Fiscala, va con toda la fuerza del estado a silenciar una voz que se atrevió a alzarse contra la putrefacción del Estado.
A María Amparo Casar se le acusa del delito de Uso ilícito de Atribuciones y Facultades, solo porque estuvo cobrando desde el 2004 un seguro de vida, derivado del suicidio de su esposo, con cargo a Pemex. Se le atribuye un desfalco a la federación superior a los 17 millones de pesos.
La FGR le ha imputado a María Amparo Casar el delito de Uso Ilícito de Atribuciones y Facultades, el que evidentemente es un delito solo atribuible a funcionarios públicos. Un particular nunca puede incurrir en ese delito, porque simplemente un particular no tiene atribuciones ni facultades dentro de la estructura orgánica del gobierno.
En el caso extremo de que se pudiera establecer que un particular sí puede tener el Uso Ilícito de Atribuciones y Facultades, ello solo puede suceder porque dicho particular se haya beneficiado del desempeño de un servidor público, que con su actuar haya dotado de esas atribuciones y facultades a dicho particular, entonces sí en forma ilícita.
Si ese fuera el caso de María Amparo Casar, vale la pena resaltar una cosa: hace más de 20 años que sucedió el suicidio del esposo de la imputada. El funcionario publico que dio fe de tal suicidio y con ello facultó a la señora María Amparo Casar -para que pudiera cobrar la pensión millonaria, hoy en disputa- fue el entonces procurador de Justicia de La Ciudad de México, Bernardo Bátiz, hoy magistrado del Poder Judicial de la Federación.
Sumado a la actuación de Bernardo Bátiz, también habría que ver la responsabilidad del entonces director de Pemex, que autorizó el pago de pensión a la viuda, Raúl Muñoz Leos, quien ni siquiera ha sido llamado a declarar sobre este caso.
Es evidente que en el caso de María Amparo Casar lo último que se busca es aplicar la justicia. En el fondo de ese entramado de venganza solo se busca el linchamiento político y judicial de aquella que se atrevió a exponer las corruptelas desde el poder, salpicando de verdades y describiendo en su cloaca al grupúsculo de los López Obrador y los López Beltrán.
En el caso de Amparo Casar no se está buscando la justicia ni se buscar la persecución del delito, solo se está linchando a una opositora del régimen, en donde conlleva un evidente mensaje para todos aquellos que se atrevan a abrazar la denuncia periodística: eso le puede pasar a todo aquel que denuncie los hechos de corrupción de los que ahora tienen el garrote de la justicia en las manos.
