Por. J. Jesús Lemus
En tanto que la precariedad, la invisibilidad y la discriminación se acomodan plácidamente entre el gremio, donde el resultado natural de la suma es la impunidad cada vez más notoria en las agresiones a los comunicadores, en términos generales el ejercicio periodístico en todo el país ha optado por el repliegue. En una suerte de siniestra paradoja, son cada vez más los periodistas que han decidido alejarse del periodismo, para poder seguir dentro del periodismo.
Son cientos, tal vez miles de comunicadores en todo el país, que ante la inseguridad salarial y la que deriva de la violencia, han decidido retroceder en su derecho a la libre actividad periodística, manifiesta intrínsecamente en la investigación y denuncia, lo que a su vez ha hecho que crezca cada vez más la mancha de silencio que amenaza con dejar mudo al periodismo. Si acaso, el periodismo denunciativo todavía parpadea con algunos destellos de comunicadores que deciden arriesgar su vida en aras de la quimera en que se ha convertido esta actividad profesional, pero en realidad cada vez son más pocos estos comunicadores.
El repliegue periodístico que comenzó a cobrar notoriedad a partir de diciembre del 2006, cuando inició la llamada Guerra Contra el Narco, se ha tratado de revestir con un terminó más elegante: la autocensura. Esta modalidad del silencio es a la que no solo se acogen algunos comunicadores a manera de iniciativa propia para preservar su vida, sino que se ha convertido en una política editorial de muchas empresas-medios, que bajo el argumento de proteger a sus reporteros y periodistas, así también cobijan sus intereses económicos marcados desde las cúpulas de poder, donde siempre penden de un hilo los contratos de publicidad oficial.
Hasta diciembre del 2019, en todo el país ya eran 57 las regiones en donde se había renunciado al periodismo denunciativo y de investigación. El principal factor reconocido entre los trabajadores del gremio era el miedo que deja la estrechez económica, pero sobretodo las agresiones de muerte sufridas por otros periodistas, que fueron revictimizados no solo por el Estado, sino por las propias organizaciones no gubernamentales que se supone trabajan por la defensa de los derechos de los periodistas.
Para ver el grado de repliegue en el que se encuentra periodismo actualmente, no hacen falta sesudos estudios académicos que develen la verdad, solo basta ver la oferta informativa desplegada en los medios de comunicación, tanto impresos como electrónicos, de esas regiones. Allí, invariablemente resalta la información referente a la actividad de los gobiernos locales, dejando de lado la problemática –que siempre existe- en torno a la corrupción, la violación de derechos humanos, los desplazamientos poblacionales, la infiltración de crimen organizado y el arrebato de los recursos naturales, por citar algunos de los temas de los que solo basta picar en cualquier fuente informativa para que brote la posibilidad de una investigación de intereses periodístico.
La percepción del periodismo silenciado, que desde adentro de cada una de las regiones afectadas se observa como resultado del conjunto de una serie de factores, como la precariedad, la violencia, la invisibilidad del gremio y la impunidad sobre los asesinatos de periodistas, desde el exterior se atribuye genéricamente a la ola de violencia, que no por ello deja de ser importante. “Es vital que desde afuera del país se reconozca este fenómeno, que a resumidas cuentas afecta a toda la sociedad al perder la posibilidad de verse informada certeramente”, refiere la periodista Guadalupe Martínez Ocampo, quien considera de que esa forma se puede contribuir a generar presión ante el Estado mexicano para que se reorienten las políticas oficiales de protección y atención a los periodistas que cada vez más se acoge a la autocensura.
De acuerdo a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) desde hace cuatro años, se ha comenzado a registrar una grave expansión de las zonas de silencio periodístico en México. Se reconocer que desde el 2015, en nuestro país hay regiones “en las cuales hoy en día los periodistas se encuentran sometidos a una fuerte intimidación originada fundamentalmente por grupos delincuenciales interesados en suprimir cierta información de los medios y difundir aquella que sirve a sus intereses criminales”,[1] lo que hace que resulte “extremadamente difícil que los periodistas hagan investigaciones y publicaciones sobre temas como crimen organizado, corrupción, seguridad pública y asuntos similares”,[2] condiciones de silencio que son similares a las que se registran en algunas regiones de Colombia y Guatemala, donde también la única estrategia de los comunicadores para preservar la vida y seguir dentro del periodismo es la autocensura.
Los factores comunes que reconoce la CIDH existen en algunas regiones de México que son similares a los que se registran en las zonas silenciadas de Colombia y Guatemala, son la existencia de estructuras criminales, que buscan el control de la información; la cooptación de sectores de la administración pública, que ejerce presión sobre periodistas y medios a través de la publicidad oficial; la falta de respuesta oficial, ante delitos de agravios a periodistas; la falta de capacitación para los comunicadores; la inhibición de los mismos periodistas para realizar su trabajo, anteponiendo la autocensura, el miedo a tocar ciertos temas, la decisión de alinearse con el poder público, y la impunidad del Estado expuesta en los delitos cometidos contra los comunicadores.
Este último punto, el de la impunidad en los asesinatos de periodistas, es el que se podría considerar como el factor más efectivo para orillar a los comunicadores -y a veces a algunos medios- al punto del silencio en nuestro país. De acuerdo a la CIDH, el índice de impunidad que se registra en México se ubica cercano al 90 por ciento. Es decir, que solo uno de cada diez asesinatos de periodistas cometidos en los últimos años, ha llegado a ser investigado en forma eficiente, alcanzando en ese sentido las mismas cifras que se registran en Guatemala y Honduras, que junto con México se califican como los países más impunes de la región de América Latina.
Sin duda alguna, el asesinato de periodistas ha resultado muy eficiente para quien o quienes lo han ejercido como forma de terror entre los comunicadores, pues las 57 zonas de silencio detectadas en México, coinciden plenamente con aquellas regiones que en los últimos 20 años han registrado una o varias de las 223 ejecuciones de comunicadores que se contabilizan en la memoria hemerográfica del país, o con cualquiera de las 24 desapariciones de periodistas y reporteros que han ocurrido en este mismo periodo.
Hay que señalar que las 57 zonas de silencio no refieren a solo 57 municipios, sino que se trata de regiones que comprenden entre 10 y 20 municipios. De acuerdo a la Asociación Mexicana de Periodistas Desplazados y Agredidos, que encabezan Gildo Garza y Omar Pineda, hasta diciembre del 2019, en mil 867 municipios de México ya se había dejado de hacer periodismo de investigación y denuncia. La cifra aportada por esta organización es preocupante: en más del 80 por ciento del territorio nacional el periodismo no solo dejó de funcionar a causa de las agresiones, sino que provocó –en los últimos 13 años- que por lo menos 748 periodistas y reporteros salieran desplazados de esas regiones, a veces solos a veces con todo y sus familias, lo que hace que las victimas del periodismo por desplazamiento de las zonas silenciadas se ubique en por lo menos 3 mil 240 personas.
Las 57 regiones detectadas, con la opinión de comunicadores locales y los medios silenciados como mudos testigos, que hablan sobre las cada vez más evidentes zonas de silencio periodístico en México, se ubican en las inmediaciones del epicentro de Matamoros, Miguel Alemán y Ciudad Victoria, Tamaulipas; Acayucan, Coatzacoalcos, Xalapa, Orizaba, Tuxpan y Ciudad Puerto de Veracruz, Veracruz; Chilpancingo, Acapulco, Zihuatanejo, Taxco e Iguala, Guerrero; Morelia, La Piedad y Uruapan, Michoacán; Juchitán, Salina Cruz y Miahuatlán, Oaxaca; Comitán y Tapachula, Chiapas.
A la lista también se suman las regiones de Monclova y Piedras Negras, Coahuila; Chihuahua, Ciudad Juárez y Cuauhtémoc, Chihuahua; Cananea, Hermosillo, Ciudad Obregón, Nogales y Agua Prieta, Sonora; Ensenada y Rosarito, Baja California; La Paz y Mulegé, Baja California Sur; Los Mochis, Culiacán, Mazatlán y Guamúchil, Sinaloa; Tepic y San Blas, Nayarit; Tlajomulco, Ciudad Guzmán y Ocotlán, Jalisco; Calvillo, Aguascalientes; Fresnillo, Zacatecas; Nombre de Dios, y Guanaceví, Durango, así como, Palmar de Bravo, Tecamachalco, Huauchinango, y Xicotepec, Puebla; Toluca, Estado de México; Ciudad de San Luis Potosí; Manzanillo. Colima, y Guanajuato, Guanajuato.
En opinión del periodista Gildo Garza, fundador de la Asociación Mexicana de Periodistas Desplazados y Amenazados, a las zonas de silencio que durante este trabajo se pudieron identificar en todo el territorio nacional, se pueden perfectamente agregar algunas otras regiones de los estados de Querétaro, Hidalgo, Campeche y Quintana Roo, que son igualmente reconocidas por el CPJ y la CNDH, donde –explica Gildo Garza- “la población en general, igual que en el resto de las zonas silenciadas, ha optado por dejar de buscar información en los medios que saben no le pueden ofrecer mucho contenido, y se ha volcado en un desesperado intento de satisfacer su necesidad informativa buscando en las redes sociales, que evidentemente no son medios de comunicación”.
A las regiones silenciadas, que señala la Asociación Mexicana de Periodistas Desplazados y las que se han detectado a lo largo de este trabajo, también se agregan las que reconoce la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que sería todo el territorio de los estados de Nayarit, Tlaxcala, Hidalgo, Aguascalientes y Zacatecas, donde “la producción periodística de calidad es muy baja”,[3] comparada con la que se genera en otras regiones donde igualmente el periodismo es agobiado por la violencia, pero donde algunos periodistas no han podido ser sometidos, como en la región del sureste, en donde “es abundante el flujo informativo que difunden corresponsalías o medios autónomos que informan con valentía y calidad editorial”,[4] lo que hace que el periodismo no se apague del todo.
Así, se podría considerar que las únicas entidades del país que formalmente no registran zonas de silencio periodístico, son la Ciudad de México, Yucatán y Nuevo León, pero no es porque allí no priven las condiciones de precariedad, impunidad, violencia, invisibilidad y discriminación que agobian al gremio en general, sino porque -igual que sucede en algunas regiones del sureste, principalmente-, allí se han consolidado algunos grupos de periodistas que bajo el riesgo de su propia seguridad se mantienen firmes en la convicción del trabajo de investigación y denuncia, aun sabiendo que “ser periodista se convierte, en sí mismo, en un oficio de alto riesgo”,[5] que solo en los últimos 20 años ha cobrado centenares de vidas de comunicadores.
De las únicas tres entidades en donde se considera que subsiste el periodismo de investigación y denuncia, el caso de la Ciudad de México es suigéneris, pues aun cuando en esa zona conurbada se han registrado, del 2000 al 2019, al menos nueve asesinatos de periodistas todavía se considera el santuario del libre ejercicio periodístico, tal vez porque en esa zona es donde se refugia la mayoría de los periodistas que salen desplazados de sus lugares de origen, y porque su desplazamiento les hace negarse en su fuero íntimo a la posibilidad del silencio, manteniéndose activos a través de un ejercicio casi subterráneo que en la mayoría de las veces se sostiene con la publicación de portales informativos independientes a través de internet o, en su defecto, a través de publicaciones emitidas mediante el uso de las redes sociales.
La razón por la que la Ciudad de México se considera como un santuario para la preservación del periodismo, es simple: aquí es donde las organizaciones oficiales y no gubernamentales -que trabajan por la defensa de los derechos de periodistas- mantienen sus albergues y casas de protección para los comunicadores en riesgo. La Ciudad Santuario en que se ha convertido la capital del país, no es porque en ella no se hagan presentes los factores de riesgo para los periodistas y el periodismo, los que se manifiestan latentes, solo que se diluyen por la densidad demográfica y por el bajo perfil que asumen naturalmente los comunicadores desplazados, lo que no siempre es una garantía para el periodista en riesgo.
El ejemplo más claro de esto es el de Rubén Espinosa Becerril, un periodista que por amenazas de muerte salió huyendo de Xalapa, Veracruz. Se refugió en la Ciudad de México, cobijado por el Mecanismo Federal de Protección de Periodistas, pero a pesar de ello fue asesinado entre la noche del 31 de julio y la madrugada del 1 de agosto del 2015. Su cuerpo fue encontrado dos días después, con un balazo en la cabeza y visibles huellas de tortura. Junto con Rubén Espinosa, también fueron asesinadas cuatro mujeres, Mile Virginia Martín, Alejandra Navarrete, Yesenia Quiroz y Nadia Vera, las que vivían en el mismo departamento que ocupaba el periodista, el 401 del edificio 1909 de la calle Luz Saviñón, en la colonia Narvarte.
Las investigaciones del “Caso Narvarte”, como se conoció el episodio en donde murió Rubén Espinosa, no se salieron ni un ápice del guión prestablecido por las autoridades ministeriales que llegan a conocer de homicidios de comunicadores: en primera instancia las cinco víctimas fueron criminalizadas. A Rubén Espinosa se le intentó despojar de su condición de periodista. Se aseguró que el homicidio no había sido en función de su trabajo, y se dijo, por parte de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), entonces a cargo de Rodolfo Ríos Garza, que el robo como móvil del asesinato era la principal línea de investigación, sin descartar ninguna línea de averiguación.
Las versiones filtradas a los medios de comunicación, utilizando para ello a reporteros allegados a la fuente de la PGJDF, indicaron inicialmente que el múltiple homicidio no tenía nada que ver con la labor periodística de Rubén Espinosa, incluso se trató de colocar al periodista y a otras tres de las mujeres ejecutadas, como víctimas colaterales de una venganza personal dirigida contra Mile Virginia Martín, otra de las allí asesinadas. La PGJDF inicialmente no consideró que Rubén Espinosa era un perseguido por su labor de activista y periodista que lo distinguió en Veracruz, durante el régimen del gobernador Javier Duarte de Ochoa.
Hasta finales del 2019, pese a que la PGJDF ya había logrado la captura de José Abraham Torres Tranquilino, Cesar Omar Martínez Zendejas y Daniel Pacheco Gutiérrez, como responsables del multihomicidio, las investigaciones del “Caso Narvarte” se encontraban empantanadas y sin avance, en términos de la averiguación con relación a la línea del trabajo periodístico de Rubén Espinosa como móvil del asesinato. Para la PGJDF el caso está cerrado, luego que la juez 25 de lo Penal, radicada en el complejo penitenciario del Reclusorio Preventivo Oriente dictó sentencia condenatoria de 315 años de prisión a José Abraham Torres Tranquilino, y se estaba la espera de la sentencia contra los otros dos implicados.
La supuesta resolución del caso no ha dejado satisfechos a familiares y abogados de las víctimas, toda vez que las investigaciones que se manejaron fueron bajo la hipótesis del robo como móvil de los asesinatos, sin considerar el trabajo periodístico de Rubén Espinosa, ni la labor activista de Nadia Vera, quienes fueron incomodos para la administración del gobierno de Javier Duarte de Veracruz, por cuya razón tuvieron que salir del estado y refugiarse en la Ciudad de México, con la esperanza de mantenerse a salvo y continuar con sus labores de denuncia, lo que finalmente ya no fue.
No sobra decir que Rubén Espinosa además de ser víctima de la persecución y el destierro al que lo llevaron las intimidaciones que él mismo reconoció vinieron del gobierno de Veracruz, también lo cercó la precariedad; después de dejar Veracruz luego de la difusión de un fotografía que retrataba la mirada desquiciada del gobernador Javier Duarte de Ochoa, de la que se supo causó molestia en el político, sus ingresos económicos vieron a menos al radicarse en la Ciudad de México. Si bien es cierto que el Mecanismo de Protección de Periodistas acompañó su caso, igual que a todos los desplazados no lo apoyó económicamente; le dio solo apoyo para su reubicación, colocándolo dentro del grupo de periodistas protegidos por el gobierno federal, pero nunca se le ayudó a colocarlo en un trabajo estable en su nueva ubicación, pese a que ese fue un reclamo reiterado por el propio Espinosa Becerril ante la instancia.
Tampoco la revista Proceso, para la que trabajaba como freelance y cuyos directivos tanto se han desgarrado las vestiduras en reclamo de justicia para Rubén Espinosa, quiso contratarlo como parte de su planta laboral de base. Proceso y la agencia de fotografía Cuartoscuro, para la que también Rubén Espinosa hacía trabajos de fotografía eventualmente, se negaron a ofrecer al periodista desplazado un empleo que asegurara su bienestar -bien pagado y con prestaciones sociales-, que sin duda habría ayudado a mejorar sus condiciones de seguridad.
Ese es uno de los grandes contrasentidos del Mecanismo Federal de Protección de Periodistas, que hace como que ayuda, pero no ayuda del todo; su intervención en la protección de los periodistas en riesgo solo se limita a la reubicación domiciliaria. En ninguno de los 357 casos de desplazamiento en que ha intervenido desde que fue creada esa dependencia, se ha brindado ayuda laboral para los periodistas en riesgo. Su labor consiste solo en retirar a los periodistas en riesgo. Los ubica en algún refugio dentro de la Ciudad de México, y allí los deja a su suerte laboral, donde en el mejor de los casos, algunos de estos periodistas desplazados, siguen colaborando con textos gratuitos para algunos medios de sus propias localidades, la mayoría queda automáticamente en el desempleo.
[1] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Zonas Silenciadas: Regiones de Alta Peligrosidad para Ejercer la Libertad de Expresión, 15 de marzo del 2017, P. 20.
[2] Ibídem
[3] CNDH, Estudios sobre el Cumplimiento e Impacto de las Recomendaciones Generales, Informes Especiales y Pronunciamientos de la CNDH 2001-2017, septiembre de 2018, P. 241.
[4] Ibídem
[5] Ídem
