Propuesta Cívica expresa su profunda indignación y rechaza categóricamente la persistente criminalización del periodista Rafael León Segovia, conocido como “Lafita León”. Tras ser detenido el 24 de diciembre de 2025 en Coatzacoalcos, Veracruz, el comunicador fue acusado de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública.
Aunque los cargos por terrorismo fueron desestimados por el Juzgado Primero de Primera Instancia mediante auto del 30 de diciembre de 2025, la permanencia de otras acusaciones y la imposición de prisión domiciliaria por un año constituyen una clara continuación de la persecución contra el ejercicio legítimo del periodismo en el estado de Veracruz.
La totalidad de las acusaciones estarían vinculadas a su labor informativa. Según fuentes públicas a las que Propuesta Cívica ha tenido acceso, la Fiscalía General de Veracruz utilizó las coberturas del periodista sobre violencia e inseguridad como “prueba” de delitos, argumentando que su eficiencia al arribar a los hechos constituía un indicio de conocimiento previo de actividades criminales.
El juez de control determinó que no existía vínculo alguno entre Rafael León y estructuras delictivas, desestimando completamente la acusación por terrorismo. Sin embargo, la audiencia estuvo marcada por inconsistencias, falta de argumentos sólidos e irregularidades en la actuación de la Fiscalía.
Propuesta Cívica considera que detrás del absurdo cargo por terrorismo, se encuentra una problemática más amplia; una clara intención de suprimir el periodismo crítico.
La organización valoró el año 2025 como un periodo caracterizado por la criminalización del ejercicio del periodismo y de la libertad de expresión ciudadana, con un nivel sin precedentes de persecuciones legales contra periodistas y personas de a pie que utilizaron las redes sociales para exigir la rendición de cuentas por parte de personas elegidas para desempeñar puestos públicos.
Si bien México se encuentra ya en el deshonroso primer lugar de asesinatos a periodistas en países sin conflicto armado internacionalizado, ahora se suma una criminalización judicial que utiliza figuras penales gravísimas como terrorismo o lavado de dinero, con lo cual se aproxima crecientemente a realidades semejantes a las de Cuba, El Salvador, Nicaragua o Venezuela.
Por lo anterior, Propuesta Cívica realiza un categórico llamado a la Fiscalía General de Veracruz a retirar inmediatamente los cargos de encubrimiento por favorecimiento y delitos contra instituciones de seguridad pública; reparar completamente los daños patrimoniales causados durante la detención; y otorgar disculpas públicas por el trato discriminatorio recibido.
Asimismo, urge a las autoridades del estado a fortalecer mecanismos de control y supervisión de la Fiscalía estatal y a conducir una investigación integral e imparcial de la Fiscalía General del Estado por conducta abusiva.
Información adicional:
El 24 de diciembre de 2025, Rafael León fue detenido en las inmediaciones de su domicilio durante un operativo que contó con participación de la Policía y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, reportándose irregularidades graves incluyendo la sustracción de efectivo y un vehículo durante el procedimiento.
Las acusaciones se basaron principalmente en la declaración de un “testigo protegido” cuyas declaraciones presentan contradicciones evidentes y fueron recabadas con graves irregularidades procedimentales.
Rafael León ha sido objeto de múltiples investigaciones infundadas anteriores, daños a su vehículo y presunta investigación intrusiva de cuentas familiares, directamente vinculados a su cobertura de violencia y crimen organizado.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH ha manifestado seguimiento puntual del caso, instando a las autoridades a garantizar las garantías judiciales y el debido proceso, registrando los reportes públicos sobre la detención y manifestando que continuará monitoreando de cerca el caso.
Propuesta Cívica es una organización mexicana con más de 14 años de trayectoria en la defensa de la libertad de expresión y la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
