A los mexicanos, nadie nos protege de las perversidades de los jueces federales: J. Jesús Lemus

“Una sentencia injusta se vive y se duele cada minuto de cada día que se pasa purgando en prisión, hay quienes han sobrevivido a una ráfaga de un rifle AK-47, y hay quienes han muerto a causa de una sentencia injusta”, señala en su obra más reciente El Cártel Judicial, una radiografía de un poder fallido (Grijalbo, 2024) el periodista de investigación J. Jesús Lemus Barajas, quien fue preso político en el gobierno del expresidente Felipe Calderón.

A lo largo de los 12 capítulos de este profundo reportaje de largo aliento revela la corrupción, la falta de rendición de cuentas, los dorados privilegios, el nepotismo, el torcimiento de las leyes, la protección entre iguales, las injusticias a través del uso del Derecho de una casta intocable de 600 jueces, que funciona como una organización criminal, pero con toga, birrete, y desde sus oficinas en tribunales y juzgados.

Recoge testimonios de personas que recibieron una sentencia injusta dictada por un juez al que nunca conocieron, el que nunca escuchó sus alegatos, que torció la ley sin importar el debido proceso, que la dictó desde su subjetividad.

Nos recuerda que las sentencias injustas ─que no son apegadas al principio de legalidad y certeza─ son consideradas un delito cometido por los juzgadores públicos, de acuerdo con el Artículo 225 del Código Penal Federal, pero ni siquiera se les cuestiona, ni muchos menos se menciona su nombre, solo su puesto de manera genérica.

La grave crisis que atraviesa el Poder Judicial en México se puede medir a través del porcentaje de sentencias a revisión en primera instancia: de 230 emitidas en los estados de Michoacán, Jalisco, Veracruz, Estado de México, Sonora y Chiapas, 229 están marcadas por inconformidad, es decir, alcanza el 99.56 por ciento el nivel de apelaciones en el sistema judicial federal. Lo que denota que la población mexicana no confía en sus jueces.

En entrevista para www.cenzontle400.mx, el autor de El Cártel Judicial nos compartió lo siguiente:

¿Qué tanto se justifica el Poder Judicial en su autonomía para no rendir cuentas a la población ni transparentar sus reglas de operación?

—El tema de la autonomía en México se ha tomado como un sinónimo de opacidad. Los organismos autónomos no rinden cuentas, la Fiscalía General de la República (FGR) no rinde cuentas, el Poder Judicial de la Federación (PJF) no rinde cuentas; pero ser autónomo no es ser tapadera. Ser autónomo es por definición conducirse solo, pero no quiere decir que no deba rendir cuentas.

Si bien en el Estado mexicano, hay organismos que la propia ley dice que se deben conducir solos, es decir, sin ninguna injerencia externa, no quiere decir que no tengan que rendir cuentas; es una forma muy socarrona, muy cabrona, de cómo los políticos mexicanos han querido torcer la ley para hacer lo que quieran.

Es cierto que el Poder Judicial es autónomo, que los jueces se conducen solos, pero no que no tengan que rendir cuentas, que rendirle informes a la población o a otros Poderes, son cosas muy distintas. Y eso de la autonomía, que lo toma la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional Electoral (INE), de que son órganos autónomos, lo han tomado como un pretexto para solapar sus raterías.

Son autónomos, pero no independientes, que son cosas muy distintas. Cuando dices independiente, no tienes que rendirle cuentas a nadie, pero cuando eres autónomo, sí tienes que rendir cuentas. En el Poder Judicial, como tramposos que son muchos jueces, muchos magistrados, muchos ministros, han torcido la ley y la han interpretado a su antojo y le han dado la vuelta bajo términos leguleyos y de conceptos que inventan o que tienen, pero que no se ajustan a la realidad.

Mencionas la existencia de una impunidad oficializada para los integrantes del Poder Judicial y que nunca son trastocados ni por una recomendación de la CNDH. Entonces, ¿a los mexicanos quién nos protege de los jueces?

—Nadie. Del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo te puedes defender a través de un amparo, pero del Poder Judicial, no. En la historia de México no hay un amparo contra el Poder Judicial, no hay forma de que te salves de esa situación, y eso hace que los jueces, magistrados y ministros se consideren como una casta aparte.

Ellos son la cúpula de la cúpula elitista, son un principado, como los príncipes de la Iglesia, que son los cardenales; como los príncipes del Gobierno se coaligan, y por definición, en la ley, si se juntan más de tres para cometer un ilícito, es delincuencia organizada. Entonces, no está alejado de la realidad decir que el Poder Judicial es un Cártel Judicial.

Hay jueces que se coaligan para cometer conductas atípicas e ilícitas, que son sancionadas por el marco jurídico, entonces, sí son delincuentes, son el Cártel Judicial, e incluso más bandoleros que el crimen organizado normal, porque los de la delincuencia común son personas iletradas, y acá tienen mucho conocimiento por encima de promedio nacional, y una gente que tiene más conocimientos puede ser más perversa y tener más alevosía para causar más daño a través de sus conductas atípicas, y eso lo convierte en peligroso para la sociedad.

En tu investigación documentas que ese Cártel Judicial vende plazas en juzgados y tribunales en millones de pesos…

—Literalmente, son ventas de plazas en millones de pesos cuando se supone que hay concursos de oposición para magistrados y jueces que están viciados de origen porque se han descubierto redes que venden las respuestas de los exámenes de los concursos de oposición y a esas redes solo acceden quienes pueden pagar entre 500 mil pesos a 700 mil pesos los resultados de un examen para pasar de secretario a juez dependiendo del Distrito. Hay funcionarios del Consejo de la Judicatura Federal que llegan con una lana para asignar plazas a sus conocidos.

De mil 611 magistrados y jueces que dan el servicio de aplicación de justicia, solamente 11 son electos por examen de oposición, el resto son asignados por los magistrados. En el caso de los magistrados, cambia un poco la cifra, ahí son como el 75 por ciento que son electos por oposición, pero todavía es casi un 25 por ciento que llegan por amiguismo.

¿Con los exámenes de oposición se podría ir limpiando ese nepotismo dentro del Poder Judicial? ¿Así se entendería la reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador?

—Ni siquiera necesitamos una reforma para limpiar de nepotismo al Poder Judicial si hubiera voluntad del Consejo de la Judicatura Federal. El caso viene señalándose de manera insistente desde adentro del Poder Judicial desde hace 15 años y no habido poder humano en el Consejo de la Judicatura Federal—que es el órgano de gobierno del Poder Judicial de la Federación─ para que sancione a los que tengan amigos, hermanos y parientes en los cargos. Lo que no hay es voluntad, formas, sí hay, desde una disposición desde el Consejo de la Judicatura Federal y que todos la acataran.

Hoy, el 60 por ciento de los jueces y magistrados tienen familiares y parientes dentro del Poder Judicial de la Federación.

¿La creación del Consejo de la Judicatura Federal con Ernesto Zedillo fue un avance o un retroceso en la regulación interna del Poder Judicial?

—Resultó peor. Las últimas reformas antes de la de Ernesto Zedillo se hicieron en el gobierno de Lázaro Cárdenas y el general fue quien echó a perder al Poder judicial, lo impregnó el tufo político: que la cuota de tales partidos, que la cuota de aquellos, y de ahí a la fecha todos los presidentes de la República han tenido injerencia; que la primera fuerza ponga alguno, que la segunda fuerza ponga a otro, y la impartición de justicia se volvió política.

Cuando llega Ernesto Zedillo hace del Consejo de la Judicatura Federal un órgano de gobierno del Poder Judicial para darle más opacidad, porque antes la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encargaba de todo y explicaba públicamente sus actos, y cuando llega Zedillo lo vuelve órgano disciplinario y desde el gobierno es que les dan la orden, la función, de ser sancionadora disciplinaria y no consideran los delitos como tales (violación o acoso sexual, por ejemplo), sino como indisciplina, y una cosa es una acto de indisciplina y otra un delito sancionado en el Código Penal.

Hay casos como violaciones sexuales, acoso, sin embargo, sólo se les amonesta en lo oscurito a jueces, ministros, magistrados, secretarios de acuerdo, pero no se les procesa penalmente por los delitos que cometen.

Hablando de la ética y la moral, ¿cómo un juez que es acusado de violación u otros delitos tiene la calidad moral para decidir sobre la vida de las personas?

—Ese es el problema y eso fue de lo que los invistió Zedillo: cuídense y ustedes solitos resuelvan sus problemas, y por eso no vemos ninguna carpeta de investigación en las fiscalías ni de orden de aprehensión, aunque existen muchas evidencias en las que se pueden fincar delitos, y por eso vemos en la DEA (Administración del Control de Drogas de Estados Unidos)que tiene que entrar en lugar de las autoridades mexicanas.

La DEA tiene señalados a una veintena de jueces que han liberado a personas cercanas a los cárceles de las drogas, los que han entregado los amparos, por ejemplo, a Rafael Caro Quintero, son vigilados porque además han aumentado sus fortunas de forma inexplicable.

Dan un amparo y aparecen con propiedades nuevas, dan otro amparo y traen un carro de tres millones de pesos, pero ellos cumplen al declararlo al Consejo de la Judicatura Federal, y con ello ya está legalizado, y ésta no pregunta su procedencia y cómo lo adquirió, como pasa con otras áreas del Gobierno federal, que con que declares tus ingresos, ya la libraste. Declaras tus nuevas propiedades y no estás obligado a declarar de dónde provienen, y eso está mal.

¿Qué tanto se sirven los otros poderes ─Ejecutivo y Legislativo─ del Poder Judicial? ¿Cómo se sirve el Poder Ejecutivo del Poder Judicial?

—No basta con denunciar cuánto ganan, sino que es la perversión de todo el sistema político mexicano, la limpieza no solo es evidenciar sus ingresos, quién ganas más que el presidente de la República. En una simbiosis muy perversa cuando deberían de ser órganos autónomos entre ellos, pero no independientes. El Poder Ejecutivo ─ya lo reconoció López Obrador─ ha tenido injerencia permanente en el Judicial.

Ahora que no puede meter más mano López Obrador, ha salido ha decir que el Poder Judicial es un bodrio de corrupción, es un poder fallido, que está secuestrado por un grupo de jueces al servicio de las clases pudientes, etcétera, pero no están para lo que él quiere, y por eso sacó lo de la reforma al Poder Judicial, pero no es función de estar diciendo de lo que ganan, ni tampoco es viable elegirlos por voto popular porque está planteando que sean propuestas de partidos político o por la Presidencia, y eso fue lo que vino a revestir de política el Poder Judicial de la Federación.

Sí se requiere la reforma al Poder Judicial y es urgente, pero no es simplista, se requiere una depuración moral, sacar a todos los jueces corruptos y dejar los que verdaderamente son honestos. Calculo que un 20 por ciento son honestos y funcionan. El semillero de los nuevos juzgadores no los tomes de los partidos o de las calles porque va a pasar lo que con Lenia Batres (del partido Morena). Esa no es la solución, sácalos los que están formados como juzgadores, que tengan moralidad, rectitud y eso sean electos por la población.