Por enfrentar un ecocido, 10 años de persecución en Eloxochitlán de Flores Magón 

Por. Luis Calderón

Eloxochitlán es una comunidad oaxaqueña que se define por el carácter de sus habitantes; “valiente” es la palabra para describirlos. Como muestra, el origen de su nombre en honor al anarquista y periodista Ricardo Flores Magón, nacido en 1873, aguerrido revolucionario, opositor de todas las causas injustas, incómodo para el poder y luchador hasta el final de sus días por la libertad de los individuos.

Parece que esta herencia de lucha, de oposición a las grandes operaciones del capital y a los gobiernos injustos, se ha arraigado en las venas de la comunidad. No es para menos: los habitantes han defendido, poniendo en riesgo su vida, la irrepetible belleza natural del municipio, protegiendo el río Xangá Ndá Ge, “el ser de brazos generosos”. Esto ha derivado en más de 200 órdenes de aprehensión en su contra; básicamente: la criminalización de un pueblo entero. 

Este reportaje, con testimonios de la abogada que lleva el caso en exclusiva para Cenzontle400, expone el costo que han tenido que pagar los habitantes de Eloxochitlán por oponerse al saqueo y extractivismo de materiales pétreos por parte de caciques abusivos, protegidos por el poder, ya sea del Estado o de cualquier poder fáctico de los muchos que operan en México.

Un ejemplo es el caso del defensor del territorio y activista mazateco Jacob Betanzos, acusado junto a otras 13 personas de homicidio, tentativa de homicidio y daño a propiedad privada por la familia de la actual diputada plurinominal de Morena, Elisa Zepeda, hija del cacique ecocida Manuel Zepeda Cortés.

Los intereses de esta familia en el saqueo de los recursos pétreos del río Xangá Ndá Ge son muestra de lo que la ambición por los recursos naturales logra en personajes siniestros como los Zepeda, capaces de asediar a una comunidad y destruir la vida de incontables familias mediante la fabricación de delitos con tal de enriquecer sus bolsillos.

El saqueo al río Xangá Ndá Ge, iniciado a principios de 2011, cuando Zepeda ingresó maquinaria pesada con el pretexto de labores ecológicas y desazolve, no se ha detenido en más de una década. En 2025 las consecuencias ambientales se vuelven más palpables, provocando la desaparición de ojos de agua que antes eran alimentados por el río.

Los pobladores de Eloxochitlán denuncian que también han desaparecido pozas donde se bañaban y que hoy forman parte de una propiedad privada de una empresa encabezada por Zepeda, dedicada al comercio de arena y grava. 

La comunidad, dedicada en su mayoría al cultivo de café y maíz, ha sufrido criminalización debido a su negativa a renunciar al sistema de usos y costumbres que, hasta 2011, le había permitido proteger el río y evitar la erosión del suelo, la pérdida de especies de flora y fauna, así como de la propia identidad de Eloxochitlán. 

A través de una historia de violencia, encarcelamiento de defensores y desarticulación de la unión comunitaria mediante el miedo y el acoso, una familia caciquil se ha dedicado a vender, literalmente, a su pueblo.

Hoy los Zepeda continúan refugiados en el poder, pues, así como cambia el color de la bandera política que rige Oaxaca, cambian también sus afiliaciones partidistas. Mientras Manuel Zepeda Cortés brincó del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al Partido de la Revolución Democrática (PRD), hoy Elisa Zepeda Lagunas se protege —y protege los negocios de su padre— bajo el amparo de una diputación plurinominal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Ya se veía: el desplazamiento de la Asamblea Comunitaria 

En 2010, en Oaxaca inició el gobierno de Gabino Cué Monteagudo, personaje cuya familia es considerada la más rica del estado y que hoy se encuentra bajo investigación por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) debido a irregularidades que rondan los 21 mil 600 millones de pesos durante su gestión, de diciembre de ese año a noviembre de 2016.

Fue en el mandato de Cué cuando inició un proceso de desplazamiento del gobierno autónomo de Eloxochitlán. Entre finales de 2010 y principios de 2011 se presentaron los primeros picos de violencia contra la comunidad y su gobierno libre. Estas agresiones vinieron acompañadas del incremento en la presencia de partidos políticos que buscaban apoderarse de la comunidad, para lo cual la Asamblea Comunitaria era un obstáculo.

El 7 de febrero de 2011 se registró el ingreso de decenas de militares que, sin contar con una orden y bajo intimidación, entraron a varios domicilios de Eloxochitlán con el pretexto de buscar armas entre los habitantes.

Fueron casas con menores de edad donde los soldados irrumpieron de manera violenta, hechos documentados por Jacob Betanzos, activista y defensor mazateco, quien años después sería encarcelado por la incomodidad que generó a la familia Zepeda y a sus intereses extractivistas.

En entrevista con una habitante de la comunidad, Betanzos constató que fue sin justificación alguna que los militares violaron la propiedad de varias familias, quienes al cuestionar su actuar fueron criminalizadas y amenazadas con ser detenidas por la supuesta presencia de marihuana en los domicilios. La única justificación de los sicarios del Estado fue: “venimos por órdenes del presidente Calderón”.

Una semana después, el 14 de febrero de 2011, a poco más de un mes de iniciar funciones como presidente municipal de Eloxochitlán, Manuel Zepeda Cortés lanzó una campaña de represión y violencia contra la comunidad y su autonomía.

Ese día, mientras se realizaba la faena —tradición comunitaria de servicio donde los habitantes dan mantenimiento y limpieza a calles y bienes públicos— hombres armados con machetes, piedras y azadones agredieron a los pobladores. Los agresores llegaron comandados por el entonces presidente municipal, Manuel Zepeda Cortés, acompañado de sus hermanos Vicente y Vidal, además de Manuel Ojeda, Gerardo Salazar, Mario Alberto Castro y Salvador Fuentes, según testimonios recabados por Jacob Betanzos a víctimas de la agresión.

Entre los testimonios, el entonces regidor de Ecología señaló el temor de los pobladores de la comunidad ante los abusos de poder cometidos por Zepeda y sus aliados, quienes estaban respaldados por el gobernador Gabino Cué, de Movimiento Ciudadano (MC), y por el exsenador federal por Oaxaca, Ángel Benjamín Robles Montoya, quien un año antes de la agresión en la faena fungía como diputado plurinominal en el Congreso de Oaxaca, abanderado por el PRD. 

Apenas en 2024, Robles Montoya terminó su periodo como diputado federal en el Congreso de la Unión, representando al distrito 8 de Oaxaca por el Partido del Trabajo (PT). 

Robles Montoya mantenía una relación cercana con Gabino Cué, pues fue su coordinador estatal durante la campaña que lo llevó al gobierno de Oaxaca en 2010.

Por su parte, Cué fue señalado en febrero de 2025 por irregularidades en su mandato por 21 mil 600 millones de pesos.

Manuel Zepeda Cortés: el rostro del saqueo y la criminalización

En 2011, y a través de un proceso ampliamente cuestionado, Manuel Zepeda Cortés se convirtió en presidente municipal de Eloxochitlán, aun cuando la comunidad desconoció su elección y el bastón de mando no le fue entregado el 1 de enero, como se acostumbra.

Ante la falta de respaldo de la población, la táctica de Zepeda Cortés para mantener el poder fue la violencia, recurriendo además a sus aliados políticos, entre ellos Gabino Cué y Benjamín Robles Montoya.

En febrero de 2011 la violencia escalaba contra los miembros de la Asamblea Comunitaria y contra la comunidad misma, que sufrió la incursión de cobardes elementos del Ejército Mexicano, quienes ingresaron a domicilios y amenazaron con criminalizar a los pobladores por supuesta posesión de marihuana.

Unos días después, el 13 de febrero, mientras se anunciaba la faena o tequio que se realizaría al día siguiente, miembros del ayuntamiento, entre ellos el regidor de Ecología, fueron emboscados y encañonados por Manuel Zepeda Cortés y el grupo caciquil que dirigía.

El 14 de febrero, durante la faena, habitantes de la comunidad —entre ellos adultos mayores, mujeres y menores de edad— fueron agredidos con machetes, azadas y palos por el grupo de Zepeda, quien encabezó el ataque en compañía de sus hermanos Vidal y Vicente.

Todos estos hechos fueron documentados por Jacob Betanzos, comerciante y campesino mazateco que no fue indiferente a las injusticias sociales ni al abuso de poder. Su labor registrando los daños provocados a la comunidad por el gobierno de Zepeda Cortés fue motivo para que este buscara criminalizarlo y desplazarlo. 

Betanzos documentó el verdadero interés de Zepeda: la extracción de materiales pétreos en la zona del río Xangá Ndá Ge. Zepeda logró ingresar maquinaria pesada bajo el pretexto de trabajos de desazolve y ecológicos, cuando en realidad buscaba robar arena, grava, piedras y agua del río, lo que ha provocado un ecocidio desde hace más de una década.

Los pobladores también denunciaron que Zepeda prohibió el acceso a zonas antes públicas, como las pozas de agua dentro del poblado, que fueron bardeadas y rotuladas como parte de una empresa privada.

Esta empresa habría surgido de dinero destinado al municipio y utilizado indiscriminadamente en el propósito extractivo de Zepeda.

El gobierno ilegítimo de Zepeda fue denunciado a través de un juicio político electoral que ganó la comunidad de Eloxochitlán; sin embargo, a Zepeda no le importó y continuó en el cargo hasta 2013.

No solo ignoró el juicio político, también “dirigió” el municipio acompañado de solo dos regidores, lo cual no es posible según el sistema de usos y costumbres.

La abogada y hermana del defensor Jacob, Argelia Betanzos, señala que, aunque se presentaron denuncias durante el gobierno de Zepeda, estas fueron desestimadas e ignoradas. Por ello, los pobladores se vieron obligados a organizar resistencia comunitaria, la cual fue reprimida violentamente.

Homicidio de Manuel Zepeda Lagunas y encarcelamiento de 14 defensores

En noviembre de 2014, cuando la presidencia municipal era ocupada por Alfredo Bolaños Pacheco, miembros del grupo caciquil de Zepeda Cortés, armados con palos, machetes, tubos y armas de fuego, tomaron el palacio municipal y desconocieron el gobierno de Bolaños.

Una de las versiones sobre el actuar de Zepeda con el presidente municipal refiere que Bolaños ya había sido intimidado anteriormente con la intención de convertir a Zepeda en el único distribuidor de materiales pétreos (grava y arena) para cualquier obra pública en Eloxochitlán.

Motivado por las negativas de Bolaños a firmar un contrato con su empresa, el 21 de noviembre de 2014, Zepeda y un grupo de más de 40 hombres asaltaron el palacio municipal y obligaron al edil a firmar un documento donde acreditaba su renuncia.

El 14 de diciembre de ese mismo año, miembros de la Asamblea Comunitaria y habitantes de Eloxochitlán se reunieron en el centro del pueblo para exigir el reconocimiento del gobierno electo por usos y costumbres que encabezaba Alfredo Bolaños.

En la reunión estaban presentes el activista Jacob Betanzos, el depuesto presidente municipal y miembros de la Asamblea Comunitaria como Herminio Monfil, Fernando Gavito y Omar Hugo Morales.

Durante la concentración, el hijo de Manuel Zepeda Cortés, Manuel Zepeda Lagunas, accionó un arma de fuego contra los asistentes, lo que provocó su detención por la policía comunitaria.

La Asamblea, junto con Betanzos, se dirigió al Ministerio Público (MP) de Huautla de Jiménez, donde entregaron a Zepeda Lagunas a dos agentes de la Policía Estatal de Oaxaca.

Alrededor de las 11 de la noche, la comisión que lo escoltó recibió la indicación de acompañar a la Policía Estatal a la ciudad de Oaxaca para rendir su declaración. Sin embargo, al llegar a la Procuraduría del Estado fueron detenidos y acusados del homicidio de Zepeda Lagunas, a pesar de que había sido entregado con vida a los agentes estatales.

La fabricación de un delito

En julio de este año, la abogada y activista Argelia Betanzos descubrió la existencia de más de 200 órdenes de aprehensión contra 56 habitantes de Eloxochitlán bajo los cargos de homicidio, tentativa de homicidio, incendio y daño a propiedad en relación con los hechos del 14 de diciembre donde fue asesinado Manuel Zepeda Lagunas. 

Existe una versión alterada de lo ocurrido ese día, encabezada por la hija de Manuel Zepeda y hoy diputada plurinominal de Morena, Elisa Zepeda Lagunas, junto a su madre, Helena Lagunas, y el cacique. Esa versión les ha facilitado la extracción de recursos pétreos del río Xangá Ndá Ge, lo que ha derivado en el desplazamiento y la desintegración de la comunidad y de la Asamblea Comunitaria.

Según lo declarado por Elisa Zepeda, los comuneros se reunieron con el objetivo de vandalizar su casa, de donde habrían sustraído a Manuel Zepeda Lagunes, su hermano, para golpearlo, torturarlo y posteriormente asesinarlo.

La diputada afirma que también fue golpeada y arrastrada, al igual que su madre, ambas supuestamente amenazadas de muerte. Sostuvo que los comuneros incluso habrían arrojado una bomba molotov contra su domicilio.

Inicialmente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió un comunicado respaldando la versión de Elisa Zepeda, a quien calificó de “activista”, aun cuando su padre era señalado como responsable de un ecocidio en el río Xangá Ndá Ge. Argelia Betanzos señaló que, aunque tiempo después la CNDH demostró comprender la situación con Elisa Zepeda, se ha negado a intervenir en favor de la comunidad, con el argumento de que se trata de un asunto estatal fuera de su competencia.

A lo largo de casi diez años de persecución legal y prisión para 14 activistas mazatecos, Elisa Zepeda, su familia y los agentes estatales involucrados han dejado ver una serie de irregularidades en sus declaraciones y en las de otros ocho presuntos testigos de los hechos de diciembre de 2014.

Según la primera declaración de los agentes estatales, tuvieron una entrevista con Zepeda Lagunas a las 18:00 horas del 14 de diciembre; sin embargo, en las actas consta que la supuesta hora de muerte fue a las 14:00 de ese día.  

Además, los agentes inicialmente declararon que se encontraron con la policía comunitaria y con miembros de la Asamblea en Huautla de Jiménez, donde les fue entregado Manuel Zepeda Lagunas con vida.

Posteriormente, en su segunda declaración, cambiaron drásticamente su versión, afirmando hechos inverosímiles, como un supuesto encuentro con Vicente Zepeda, tío del occiso, quien pidió auxilio porque, dijo, su sobrino estaba siendo torturado por miembros de la Asamblea y la Policía Comunitaria..

Según esta versión, los agentes hallaron a siete comuneros esperando la llegada de las autoridades estatales con el cadáver de Zepeda Lagunas en la batea de una patrulla comunitaria. 

En una entrevista realizada en 2016, los mismos agentes afirmaron que no existió detención en flagrancia, pues los acusados estaban sentados sin hacer nada.

Existen ocho testimonios acusatorios en contra de 14 personas que permanecen presas desde hace más de diez años. Con ellos, la Fiscalía de Oaxaca busca sostener las acusaciones y el desplazamiento de la comunidad mazateca de Eloxochitlán.

Betanzos afirmó, en rueda de prensa el pasado 10 de septiembre, que de esos ocho testimonios no existe ningún análisis ni investigación.

Señaló que un amparo ganado por Jacob Betanzos establece que la acusación por el homicidio de Zepeda Lagunas, redactada por el juez mixto de Huautla, Constantino Santiago Agustín, no especifica cuál fue la conducta que podría configurar homicidio o tentativa de homicidio. 

Sin embargo, esta acusación fue respaldada por el magistrado Ezequiel Raúl Gómez Martínez.

La abogada subrayó que si el juez hubiera estudiado los testimonios sabría que el de Elisa Zepeda se contradice con los de otras personas.

Asimismo, el testimonio de Manuel Zepeda Cortés no coincide con el de su hija, pero es idéntico al de un panadero y un campesino. Argelia Betanzos destacó que los tres usan la misma terminología y expresiones, lo que les resta valor probatorio. 

Además, uno de los testigos, identificado como Marco Antonio, al enumerar a los agresores repitió un nombre, igual que Elisa Zepeda, y en el mismo orden, lo que demuestra, según Betanzos, que los testimonios fueron prefabricados.

A esto se suma la petición de un peritaje en el lugar de los hechos realizada a solicitud de Elisa Zepeda. Sin embargo, cuando la perito acudió, ni ella ni otros testigos se presentaron para la reconstrucción de los hechos. 

Otra irregularidad es que en la causa de muerte de Zepeda Lagunas se consignó como provocada por un traumatismo profundo de cráneo con hemorragia secundaria lesiones.. Exactamente la misma causa que la de otra víctima de los hechos de diciembre de 2014, Gustavo Estrada Andrade. 

Según la versión de Elisa Zepeda, Andrade fue golpeado y sometido tras intentar defender a su familia durante el supuesto ataque de los comuneros, y posteriormente ejecutado con un disparo en la cabeza. Un relato que no coincide con la causa de muerte en el expediente.

Finalmente, tampoco existen evidencias, fotografías ni levantamiento de cadáver que respalden las acusaciones contra Jacob, los otros 13 activistas mazatecos encarcelados o los señalados en las 200 órdenes de aprehensión.. 

En palabras de Argelia Betanzos: “En el expediente está todo, menos la verdad”.

Un poco de luz en el caso…

El 10 de septiembre de 2025, la organización Mujeres Mazatecas por la Libertad y la familia del defensor Jacob Betanzos organizaron una rueda de prensa para exponer el caso del activista y de otras 13 personas privadas de su libertad y perseguidas por oponerse a los intereses extractivos de la familia Zepeda.

La conferencia se realizó un día antes de la audiencia en Boca del Río, Veracruz, que busca la obtención de un amparo y la protección de la justicia federal para Jacob y los 13 defensores perseguidos.

De la audiencia del 11 de septiembre, la abogada Argelia Betanzos, integrante de Mujeres Mazatecas por la Libertad y hermana de Jacob, señaló que la defensa federal presentó alegatos en favor de su hermano con el fin de exponer las inconsistencias en las acusaciones que sustentaron las órdenes de aprehensión, así como informar al juez sobre los antecedentes legales ganados en torno al caso.

La abogada dijo que lo que corresponde ahora es continuar difundiendo el caso de los defensores mazatecos y esperar la resolución del juez, una vez que estudie los alegatos, ya que son extensos, sustanciosos y detallados. Por ello, la defensa de Jacob otorgó tiempo para que el personal del juzgado los analice y confronte con el expediente al momento de dictar sentencia sobre el amparo.

A esto se suma que la audiencia de Jacob no fue la única celebrada el 11 de septiembre: también se realizaron otras dos audiencias relacionadas con órdenes de aprehensión que acusan de los mismos delitos a Ranulfo Vidauria y Rogelio López, también defensores mazatecos.