Se quedó corta la Amnistía de AMLO, benefició a menos del 10 por ciento de internos aptos
En lo que va de la administración del presidente López Obrador, la práctica de la tortura no ha cesado. Esa, aunque en menor medida, sigue siendo una práctica común, principalmente dentro de las policías estatales de investigación: solo en lo que va de este gobierno se estima que por lo menos 3 mil 092 personas que están privadas de su libertad, fueron torturadas
Por. J. Jesús Lemus
La amnistía que el presidente Andrés Manuel López Obrador anuncio en el inicio de su gobierno ha quedado, como casi todo lo prometido, muy corta. El gran plan humanista para sacar de la cárcel a todas aquellas personas privadas de su libertad en forma injusta, no se pudo concretar por razones que solo competen a los titulares de la Comisión de Amnistía.
De acuerdo a organismos internacionales, resoluciones de comisiones de Derechos Humanos de las 32 entidades del país, y datos obtenidos de recuentos de la prensa nacional, se estima que en México por lo menos 7 de cada diez internos en cárceles locales y federales han sido procesados ilegalmente, permanecen en prisión sin sentencia o fueron víctimas de tortura por parte de las diversas corporaciones de seguridad pública o los agentes del Ministerio Público del fuero común o federal.
Hacia el 2022, año en que fue la última vez que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo un diagnóstico de la población penitenciaria, se estima –por fuente del INEGI- que por lo menos 220 mil 831 personas eran las que conformaban la población penitenciara del país, contenida en 317 centros, de los 15 son centros penitenciarios federales, 251 son centros penitenciarios estatales y otros 51 son centros especializados de tratamiento o internamiento para adolescentes.
De las poco más de 220 mil personas que existen como población penitenciaria en México, por lo menos 154 mil 581 de ellas se encuentran recluidas tras haber sido víctima de tortura, porque su proceso se llevó si ajustarse a la legalidad o porque su detención fue ilegal y sin tener nada que ver con la acusaciones que les fueros imputadas.
A lo anterior se debe sumar que por lo menos el 20 por ciento de la población, es decir un aproximado a las 44 mil 166 personas privadas de su libertad se encuentran dentro de alguna de las condicionantes para alcanzar la libertad anticipada, toda vez que o padecen enfermedades crónico degenerativas, o son personas de la tercera edad, o sus delitos no son de alto impacto, o fueron procesados injustamente.
Si el programa federal que anunció el presidente López Obrador se hubiese solo aplicado en aquellos casos en donde la condicionante no acepta error, por la observancia física del padecimientos, la edad o la evidencia judicial de que sus delitos no fueron graves, por lo menos se hubiese liberado a una población estimada en más de 20 mil personas.
Pero, de acuerdo a los datos públicos oficiales del gobierno federal, emitidos por la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, “de julio de 2022 al primero de abril del 2024, han obtenido ocho mil 409 personas sus libertades y de los cuales tenemos el número aquí de mujeres, 418, y 397 personas con enfermedades crónico-degenerativas, 309 personas adultos mayores y 138 indígenas”.
De acurdo a los datos de Rosa Icela Rodríguez “de los beneficiados por amnistía, de 2021 a la fecha se han otorgado 371 libertades por amnistías. Hay que decir que en este esfuerzo participa la Secretaría de Gobernación, ellos encabezan la mesa de este trabajo con la participación de la Secretaría de Seguridad y también de los jueces, entre los cuales tenemos 53 resoluciones positivas de la Comisión de Amnistía”.
Al principio se esperaba más
Cuando se anunció la amnistía del presidente AMLO, se hablaba de que Mario Aburto Martínez, supuesto asesino de Luis Donaldo Colosio; Miguel Ángel Félix Gallardo, ex jefe del Cartel de Guadalajara, y Héctor Luis Palma Salazar, ex líder del Cartel de Sinaloa, eran solo tres de los más de 89 mil presos que podrían alcanzar su libertad antes de que concluyera el sexenio.
Estos tres internos, de alto renombre mediático, y otros 89 mil que se encuentran en diversas cárceles estatales y federales, se pensaba que alcanzar su libertad anticipada por el solo hecho de caer en cualquiera de los tres supuestos que ha establecido la propuesta de amnistía lanzada por el presidente: que hayan sido torturados, que tengan más de 65 años de edad o que lleven más de diez años en prisión sin sentencia.
La iniciativa del presidente López Obrador de dar una amnistía a los presos que de manera ilegal, a través de la tortura, fueron encarcelados, y de aquellos que también de forma irregular permanecen en prisión, al no tener una sentencia después de 10 años, y de los que de manera inhumana –mayores de 65 años de edad- aún están presos, fue anunciada el 29 de julio del 2021
El presidente López Obrador, en esa fecha, como parte de su estrategia de pacificación del país y de su doctrina personal de buscar justicia para los que fueron víctima de regímenes pasados, estableció que serán liberados de prisión todos los presos que no hayan cometido delitos graves de sangre o de privación de la libertad y que hayan sido torturados, aquellos que tengan más de 65 años de edad y los que lleven más de 10 años sin recibir sentencia.
Pero la amnistía del presidente de Mexico –ya se vaticinaba- podría no cumplirse cabalmente, al menos no en la fecha establecida como límite –el fin del sexenio el 30 de septiembre próximo- ni en la cantidad de todos los presos que podrían ser beneficiados, pues a solo menos de seis meses de termine el sexenio la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Gobernación (Segob) no dan visos de avances en la revisión de los expedientes de los internos a beneficiar con la libertad anticipada.
La FGR y la Segob, hasta el cierre de esta edición, aun no tienen en claro cuántos y quiénes serán las personas privadas de su libertad que se beneficiaran con la amnistía presidencial, pues la revisión de expedientes de los posibles beneficiados se lleva a cuentagotas, pese a la demanda de solicitudes de internos que se han presentado ante esta dependencia.
Según fuentes consultadas, dentro de la FGR y de la Secretaría de Gobernación, hasta el día de hoy en esas dos dependencias, las encargadas de revisar los expedientes de los que presos a beneficiar, solo se han autorizado las liberaciones anticipadas de 53 personas.
Desde que el presidente López Obrador anunció su amnistía, la FGR ha recibido por lo menos 2 mil 886 solicitudes de libertad de presos que entran en los supuestos de beneficio. Por su parte la Secretaría de Gobernación ha recibido al menos 4 mil 722 solicitudes de internos que busca acogerse a este beneficio.
Sin embargo, tanto en la FGR como en la Secretaría de Gobernación, solo ha sido posible poner en la mesa de revisión un total de 569 expedientes, de los que solamente se han palomeado 29 de esos expedientes, pese que bajo los supuestos de libertad podrían entrar por lo menos más de 89 mil personas privadas de su libertad.
Según refieren los datos oficiales del Sistema Penitenciario Mexicano, solo en lo que hace a personas privadas de su libertad, que no han recibido sentencia, se encuentran 81 mil 464 internos e internas, quienes están recluidos en cárceles estatales o municipales. Otras 12 mil 323 personas que permanecen privadas de su libertad dentro de cárceles federales, tampoco han recibido sentencia.
Del total de los 81 mil 464 internos e internas que permanecen en prisión sin sentencia, dentro de la figura de prisión preventiva, por lo menos 27 mil 231 de esas personas se encuentran en cárceles estatales o municipales a la espera de su sentencia desde hace más de 10 años, mientras que otras 3 mil 218 personas, también con 10 años de espera, están en cárceles federales.
Con relación a las personas privadas de su libertad que actualmente permanecen dentro de alguna prisión estatal o federal, acusadas de delitos menores, que nada tienen que ver con secuestro, delincuencia organizada u homicidio, y que tienen más de 65 años de edad se estima que al día de hoy son por lo menos 6 mil 242.
La cifra más elevada de internos carcelarios que se podrían beneficiar con la amnistía anunciada por el presidente López Obrador, es la que corresponde a las personas que fueron torturadas, en donde se estima que por lo menos 52 mil 365 personas argumentan haber sufrido tratos de tortura para lograr la confesión de los delitos que hoy los mantienen en prisión.
El dato de las personas privadas de su libertad que fueron víctimas de tortura es alarmante, en donde se revela el modus operandi de las policías estatales y federal, las que a través de tratos crueles lograron imputar delitos a miles de procesados, esto principalmente durante las dos pasadas administraciones del gobierno federal, las de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Durante el gobierno de Felipe Calderón fueron 41 mil 381 personas las que fueron torturadas con la única finalidad de que aceptaran la incriminación dictada por un agente del ministerio público. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, fueron 7 mil 892 las personas que fueron torturadas para poder enviarlas a prisión.
En lo que va de la administración del presidente López Obrador, la práctica de la tortura no ha cesado. Esa, aunque en menor medida, sigue siendo una práctica común, principalmente dentro de las policías estatales de investigación: solo en lo que va de este gobierno se estima que por lo menos 3 mil 092 personas que están privadas de su libertad, fueron torturadas.
En suma, son 89 mil 056 las personas privadas de su libertad las que por derecho podrían verse beneficiadas con la amnistía histórica del presidente López Obrador, pero se observa difícil que todos estos internos, hombres o mujeres, puedan alcanzar el beneficio dentro del plazo establecido fijado como fecha límite para próximo el 15 de septiembre.
Y se ve difícil el cumplimiento de la liberación de las miles de personas privadas de su libertad, no por porque no cumplan con los requerimientos establecidos en la amnistía, sino por el proceso lento y burocrático de revisión de expedientes del que depende ahora la amnistía, pues en la Fiscalía General de la República se han destinado para esa labor a solo cinco personas, mientras que en la Secretaría de Gobernación están haciendo el trabajo de revisión de expedientes solo tres personas.
