Por. J. Jesús Lemus
A siete años del inicio del gobierno de la Cuarta Transformación, con Andrés Manuel López Obrador y ahora Claudia Sheinbaum al frente, diversas figuras de la autodenominada de esa corriente política han enfrentado acusaciones públicas de corrupción.
Los señalamientos públicos de corrupción sobre diversos actores de la 4T, se derivan de investigaciones o señalamientos mediáticos por presuntos actos de corrupción, nepotismo o abuso de poder. Aunque la presidente ha sostenido que en su administración “no hay impunidad”, algunos casos han puesto en duda la narrativa oficial del combate a la corrupción.
Entre los nombres más mencionados destacan Manuel Bartlett Díaz, quien fuera director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE); Rocío Nahle, exsecretaria de Energía y hoy gobernadora de Veracruz; y Pío López Obrador, hermano del presidente, involucrado en videos donde se le observa recibiendo dinero en efectivo durante procesos electorales.
El caso de Manuel Bartlett es uno de los más polémicos. Según investigaciones periodísticas de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, el funcionario habría omitido en su declaración patrimonial propiedades millonarias a nombre de familiares y allegados. Aunque la Secretaría de la Función Pública cerró el caso sin sanción, los cuestionamientos persisten.
Por su parte, Rocío Nahle ha sido señalada por presunto enriquecimiento ilícito, tras la adquisición de propiedades en Veracruz y Nuevo León que, según reportajes de Reforma y LatinUs, no corresponderían a su nivel salarial como funcionaria pública. Nahle ha negado las acusaciones y afirma que todo su patrimonio es legal.
En tanto, Pío López Obrador enfrentó una investigación de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) por los videos difundidos en 2020, donde se le observa recibiendo sobres con dinero. A pesar de la evidencia audiovisual el proceso ha concluido sin haber sanciones ni judicialización formal.
De acuerdo con analistas consultados, Bartlett y Nahle son los personajes con mayores señalamientos públicos dentro de la 4T, mientras que los casos de familiares del presidente han alimentado el debate sobre el trato diferenciado dentro del movimiento.
Ninguno de los mencionados ha sido condenado judicialmente, el nombre de Manuel Bartlett Díaz suele aparecer con mayor frecuencia en los listados y encuestas ciudadanas sobre percepción de corrupción dentro del gobierno, convirtiéndose en el político más cuestionado de la Cuarta Transformación.
Adán Augusto López, el político más señalado
De acuerdo con una medición reciente sobre la percepción ciudadana en torno a la corrupción dentro del movimiento de la Cuarta Transformación (4T), Adán Augusto López Hernández, exsecretario de Gobernación y exaspirante presidencial de Morena, es considerado por una amplia mayoría como el político más corrupto del actual proyecto político encabezado por la presidente Claudia Sheinbaum.
El sondeo, elaborado con base en opiniones de ciudadanos consultados en redes y espacios digitales, muestra que 91% de los participantes identifica a Adán Augusto López como el funcionario con mayores señalamientos o sospechas de corrupción dentro de la 4T.
En contraste, otros personajes apenas registran niveles marginales: Hugo Aguilar con 3%, Gerardo Fernández Noroña con 3% y Luisa María Alcalde con 4%.
La figura de Adán Augusto López ha estado en el centro de la controversia desde su gestión al frente de la Secretaría de Gobernación, marcada por acusaciones sobre el uso político de recursos públicos y presuntas irregularidades en contratos estatales durante su periodo como gobernador de Tabasco.
Aunque el propio López Hernández ha negado cualquier acto indebido y no enfrenta procesos judiciales, los señalamientos han permeado en la percepción pública.
Analistas consultados destacan que los resultados reflejan un desgaste en la imagen de algunos de los principales cuadros del obradorismo, especialmente aquellos vinculados con la sucesión presidencial o con responsabilidades de alto nivel dentro del gobierno federal.
El resultado también evidencia una creciente desconfianza ciudadana hacia figuras que, pese a formar parte de un movimiento que se define como “anticorrupción”, han sido objeto de cuestionamientos mediáticos y políticos.
