Regresa la corrupción, impresentables como Ricardo Anaya, Cabeza de Vaca e Eugenio Hernández, serán legisladores
Cualquiera que sea el resultado de la elección presidencial, a Ricardo Anaya se le colocara como Senador de la República, y con ello –en los siguientes seis años- será intocable de la justicia, aun cuando tiene cuentas pendientes con la autoridad por haber utilizado recursos del erario para destinarlos a pagos y sobornos de algunos legisladores federales que solo así autorizaron la Reforma Energética del entonces Presidente Enrique Peña Nieto
Por. J. Jesús Lemus
Así es en la política mexicana, todo se absorbe, todo se diluye con las componendas tras bambalinas del escenario político. Con la elección del próximo 2 de junio, muchos políticos que hoy son perseguidos por la justicia quedaran cubiertos con un manto de impunidad por el fuero del que habrán de gozar, como producto del cargo que como legisladores tendrán.
Uno de esos casos, tal vez el más icónico, es el de Ricardo Anaya Cortés, el corrupto ex candidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), quien hoy en día tiene una orden de aprehensión por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de Enriquecimiento Ilícito y Lavado de Dinero, pero que ya es seguro legislador al estar en los primeros sitios de la lista plurinominal de candidatos al Senado por parte de la alianza PAN-PRD-PRI.
Cualquiera que sea el resultado de la elección presidencial, a Ricardo Anaya se le colocara como Senador de la República, y con ello –en los siguientes seis años- será intocable de la justicia, aun cuando tiene cuentas pendientes con la autoridad por haber utilizado recursos del erario para destinarlos a pagos y sobornos de algunos legisladores federales que solo así autorizaron la Reforma Energética del entonces Presidente Enrique Peña Nieto.
Desde el 2020, El ex candidato presidencial y ex legislador del PAN Ricardo Anaya Cortés, es considerado un prófugo de la justicia, luego que -tras su salida del país- incumplió con una orden de presentación que le giró la Fiscalía General de la República (FGR), para que se presentara ante un juzgado del Reclusorio Norte de la Ciudad de México a fin de responder por los delitos de Lavado de Dinero y Enriquecimiento Ilícito que se le imputan.
Ricardo Anaya no es el único próximo legislador que pese a ser requerido por la FGR, sin mayor problema se ha colocado en las listas de elección para tener impunidad que es lo mismo que el fuero constitucional. En esa misma condición también se encuentran los ex gobernadores de Tamaulipas, Eugenio Hernández, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
Eugenio Hernández va postulado como candidato a Senador, por parte de la alianza PVEM-Morena-PT, en tanto que Francisco Javier Cabeza de Vaca va como candidato a Diputados por la alianza PAN-PRI-PRD. En ambos casos, lo último que se espera es que busquen un servicio a la comunidad. Es evidente que ambos van por la impunidad que representan el fuero constitucional.
Así, en el mismo tono se puede observar la participación política de Ricardo Anaya, quien a pesar de haber encabezado una red de corrupción, entorno a la aprobación de la Reforma Energética, hoy es abanderado a un cargo en el Senado, que al final es una posibilidad que permite el corrupto sistema político mexicano.
El descaro: se dijo perseguido político
Ricardo Anaya, según lo expresó él mismo a través de su cuenta de Twitter, abandonó el país, en calidad de perseguido político del presidente Andrés Manuel López Obrador, al que acusó de quererlo meter a la cárcel a costa de lo que sea, solo porque le estorba –dijo- a los planes de la sucesión presidencial del 2024.
El mismo presidente López Obrador, en una conferencia mañanera, se desmarcó de tal acusación, refiriendo que él no tiene nada que ver en la orden de presentación que le fue girada por un juez del Poder Judicial de la Federación, agregando que las acusaciones de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito provienen –incluso- de miembros del mismo Partido Acción Nacional, en donde milita Ricardo Anaya Cortés.
López Obrador fue más allá, aseguró que en su ánimo, donde la venganza no es su fuerte, solo está la disposición de garantizar el cumplimiento de las leyes, y que en el caso de Ricardo Anaya, quien ha instrumentado las acusaciones en su contra es la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Alejandro Gertz Manero, una instancia totalmente autónoma de la presidencia de la Republica.
Se le busca por corrupto
A Ricardo Anaya se le reclama ante un juzgado federal para que responda por la denuncia penal interpuesta en el 2018 por parte de su ex compañero de partido, Ernesto Cordero Arrollo, quien lo señala de haber utilizado tráfico de influencias y haber realizado operaciones con recursos de procedencia ilícita para obtener ingresos por más de 155 millones de pesos.
A esta denuncia del 2018 se suman las acusaciones hechas por el ex director de la paraestatal Petróleos Mexicanos (PEMEX), Emilio Lozoya Austin, quien se encuentra en reclusión domiciliaria por el delito de corrupción y quien aseguró en una declaración ministerial del 2020, que Ricardo Anaya formó parte de una red de corrupción al interior del Congreso Federal, para posibilitar la aprobación de la llamada Reforma Energética.
La Reforma Energética, instaurada durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto, es una serie de reformas a la Constitución y la instalación de leyes secundarias, mediante las cuales se permitió legalmente que los recursos energéticos de México, principalmente petróleo, gas y yacimientos mineros, pasaran a manos de empresas privadas.
Para esto, Ricardo Anaya –según el decir de Emilio Lozoya Austin- contó con un fondo millonario con el cual se sobornó a legisladores del PAN, para que se aprobara la Reforma Energética, favoreciendo a grandes empresas trasnacionales, principalmente al consorcio brasileño Odebrecht, el que también aportó fondos ilegales para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.
El proceso de corrupción que encabezó Ricardo Anaya al interior de la Cámara de Federal de Diputados es equiparable a la corrupción que propició el entonces secretario de la Defensa Nacional (SEDENA), el general Salvador Cienfuegos Zepeda, quien se coludió con miembros del crimen organizado para permitir el libre trasiego de drogas desde México a Estados Unidos. Esto último evidenciado por la DEA.
Según las investigaciones de la FGR, Ricardo Anaya Cortés, fue cabeza de una red de corrupción que en el 2013 se instaló dentro de la Cámara de Diputados, la que operó con dinero aportado por Emilio Lozoya Austin, para que se autorizara la Reforma Energética y con ello se legalizara el saqueo de los recursos naturales del país.
En su declaración del 11 de agosto de 2020, rendida ante la FGR, Emilio Lozoya señaló que por instrucción de Enrique Peña Nieto y de Luis Videgaray se destinaron “importantes sumas de dinero a los grupos parlamentarios” para que aprobaran la Reforma Energética.
Emilio Lozoya cuantificó esas “importantes sumas” en por lo menos 80 millones de pesos, que recibieron directamente los senadores Ernesto Cordero Arroyo, Francisco Domínguez Servién, Jorge Luis Lavalle Maury, Salvador Vega Casillas y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, así como el diputado Ricardo Anaya Cortés, los que a su vez distribuyeron los sobornos entre los miembros de la bancada panista.
Los sobornos para aprobar la Reforma Energética también alcanzaron a los legisladores del PRI, del PVEM y del Panal, y se estima —de acuerdo con una fuente de la bancada del PRD, que votó en contra de la Reforma— que fueron por el orden de los 5 millones de pesos para cada legislador, los cuales se distribuyeron a través de sus coordinadores de bancada.
En el Senado, los sobornos a los legisladores los entregó, a la bancada del PRI, Emilio Gamboa Patrón; a la del PAN, Ernesto Cordero Arroyo; y a la del PVEM, Jorge Emilio González
Martínez. En la Cámara de Diputados, a los priistas los sobornó el líder de fracción, Manlio Fabio Beltrones; a los del PAN, los soborno Luis Alberto Villarreal García; a los del PVEM, Arturo Escobar y Vega; y a los del Partido Nueva Alianza (PANAL), Lucila Garfias Gutiérrez, según se refiere en las carpetas de investigación marcadas con los números FED/SEIDF/UNAICDMX/0000289/2019 y FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017.
Como resultado de los sobornos a los legisladores de las dos cámaras, la de diputados y la de senadores, aprobaron la Reforma Energética: fueron 209 diputados del PRI, 107 del PAN, 28 del PVEM y diez del Panal, los diputados que sin restricción alguna y a pie juntillas siguieron la instrucción dictada por Enrique Peña y Luis Videgaray a través del titular de Pemex, Emilio Lozoya, para abobar la Reforma Energética.
En la Cámara de Senadores, cuya mesa directiva en ese momento la encabezaban Raúl Cervantes Andrade (PRI), Ana Lilia Herrera (PRI), José Rosas Aispuro (PAN) y Luis Sánchez Jiménez (PRD), fueron 96 senadores, del PRI y del PAN, los que —también bajo el mandato del dinero— votaron a favor de la Reforma, mientras que otros 28, del PRD y PT, que se negaron o no les llegaron los sobornos, votaron en contra.
Pero no fueron sólo los sobornos otorgados directamente a los legisladores del PRI, PAN, PVEM y Panal lo que permitió que la Reforma Energética, al igual que todas las iniciativas de ley que envió el presidente Peña Nieto, pasara sin cuestionamientos por el Poder Legislativo.
Usaron la Caja Chica
La estrategia de control a través del dinero, ideada por Luis Videgaray y ejecutada por los coordinadores de esas bancadas, también se manifestó en apoyos discrecionales a todos los legisladores, principalmente diputados, quienes, por orden presidencial, tuvieron a su alcance fondos que se utilizaron sin ninguna regulación.
Un ejemplo de ello, de los 18 rubros —por lo menos— en que los diputados del PRI que votaron a favor de la Reforma Energética, pudieron echar mano de dinero oficial sin necesidad de justificación, fue el relacionado con el “Acuerdo por el que se Autoriza el Otorgamiento de Apoyo Único para Pago a Colaboradores y Gestión Social en Oficinas de Enlace Legislativo y Atención Ciudadana”, el cual no era otra cosa que una caja chica de la que los diputados se valieron para sus gastos personales, bajo los etiquetados de “Remuneraciones Adicionales al Personal de las Casas de Enlace, No Adscritos a la Cámara de Diputados”, “Gastos de Atención Ciudadana” y “Donaciones a Instituciones o Asociaciones”.
Tan sólo en este renglón, por instrucción presidencial de Enrique Peña —a fin de mantener alineados a los diputados—, cada uno de los integrantes de las dos legislaturas que acompañaron a Peña Nieto en su gestión federal contó con un apoyo de 150 mil pesos mensuales, los cuales, Incumpliendo con las normas de transparencia, no requirieron justificación documental para demostrar su debida aplicación.
Bastaba con que el legislador firmara de recibido y determinara a su criterio los montos aplicados a cada uno de los conceptos estipulados en dicho acuerdo. Ejemplo de ello son los informes que presentó un grupo de nueve legisladores cercanos a David López Gutiérrez, en donde no hay mayor explicación de los gastos realizados que las asignaciones hechas a cada uno de los conceptos autorizados.
En la suma de todos los renglones de gastos discrecionales, cada uno de los legisladores de la Cámara Baja contó con un apoyo de un millón 200 mil pesos. Por lo que hace a la Cámara de Senadores, el despilfarro para contar con legisladores a modo que avalaran las reformas de Estado del presidente Peña Nieto también fue mayúsculo.
En el Senado, la estrategia empleada para facilitar dinero a cambio del voto tuvo una variante respecto a la aplicada en la Cámara de Diputados: aparte de los sobornos que entregaron a los senadores directamente a los coordinadores de las bancadas del PRI y el PAN, enviados por el presidente Peña a través de su mensajero Emilio Lozoya a los legisladores afines, se les permitió sustraer dinero de la partida destinada al área de Comunicación Social.
De este modo, los gastos cargados a los programas de difusión de los trabajos legislativos fueron la fachada para el complemento de pagos de sobornos dentro del Senado. Sólo así se entiende lo que revela el “Informe de Resultados de la Auditoría AU-15/2018”, preparado por la Contraloría Interna de la Cámara de Senadores y dado a conocer el 15 de noviembre de 2018:
Allí se establece que, únicamente en lo que corresponde al ejercicio de enero a junio de ese año, tras revisar 505 contratos, órdenes de servicios y órdenes de inserción firmados con diversos medios de comunicación, que tuvieron un costo de 37 millones 385 mil 516 pesos, apenas se encontró evidencia documental de la aplicación correcta de 23 millones 200 mil pesos.
Los otros 14 millones 100 mil pesos, destinados a esa partida, simplemente se desvanecieron.
En esa misma auditoría de los fondos destinados a Comunicación Social del Senado, la penúltima practicada a la Legislatura que acompañó la administración de Peña Nieto, la Auditoría Interna del
Senado recomendó mayores mecanismos de control para garantizar la correcta aplicación de los recursos destinados a la publicidad y los servicios informativos del Senado, con lo que hizo patente la falta de transparencia en ese renglón, presuponiendo la forma en que la mesa directiva de la Cámara saqueó los dineros de la publicidad.
Durante los seis años de gobierno de Enrique Peña Nieto, el Senado manejó un fondo para publicidad de 188 millones 594 mil 979 pesos, que fue más de dos veces superior al asignado en el gobierno de Felipe Calderón, cuando se aplicaron 87 millones 569 mil 918 pesos a los gastos de publicidad de ese sector legislativo.
Conforme a las auditorías internas practicadas al Senado en el gobierno de Peña, se estima que por lo menos 30 por ciento de los recursos de gastos de publicidad ni siquiera fueron a dar a las cuentas de los medios de comunicación aliados, que aplaudían el Momento Mexicano, sino que esos fondos, más de 56 millones de pesos, se distribuyeron entre algunos senadores promotores de las reformas que impulsó el presidente de la República, con el respaldo de Ricardo Anaya.
