El caso del joven Lex Ashton, quien este domingo fue ingresado al Reclusorio Preventivo Oriente y vinculado a proceso por homicidio calificado luego de agredir a un compañero con un arma punzocortante hasta causarle la muerte en el patio del CCH Sur de la UNAM el pasado 22 de septiembre, y las amenazas de bomba en redes sociales ha exhibido aún más los riesgos latentes a los están expuestos a diario no solo los estudiantes de bachillerato, sino los de educación superior y posgrado: asesinatos, feminicidios, desapariciones, balaceras, golpes, agresiones sexuales, venta de drogas, porrismo, robos, entre otros delitos.
Podrán las autoridades universitarias -desde directivos de Colegios de Ciencias y Humanidades (CCH), Preparatorias, de Facultades, hasta el rector Leonardo Lomelí Venegas y el Consejo General- “condenar categóricamente” la violencia, comprometerse a colaborar con las autoridades ministeriales para esclarecer la agresión por parte de Ashston, entregando videos, entrevistas y otras pruebas, y mantener informada a la comunidad estudiantil sobre los avances en la investigación en los pŕóximos meses, sin embargo, eso no resuelve el problema de fondo que es que en la UNAM se cometen delitos porque el abandono estructural lo permite y lo fomenta.
Víctimas de balaceras entre narcomenudistas
Lo que sucede en la UNAM es el reflejo de la violencia criminal que amenaza la vida cotidiana de los mexicanos, por lo que urge una estrategia clara por parte del Gabinete de Seguridad Pública para intervenir todos los planteles y Ciudad Universitaria y liberarlos de los cárteles de las drogas que ahí operan, como lo reconoció en 2018 el exrector Enrique Graue; y no solo mandar un convoy de militares a pasear por el campus so pretexto de “que se extraviaron”, como ocurrió la semana pasada, desviando el discurso hacia la falsa autonomía universitaria.
En agosto de 2017, imágenes publicadas en medios nacionales exhibían filas de personas comprando marihuana en varios puntos de CU como en “Los Bigotes”, las facultades de Filosofía y Ciencias Políticas Letras y el Frontón. En junio de ese mismo año, la UNAM informó que habían sido detenidas 13 personas presuntamente relacionadas con la venta de drogas.
En febrero de 2018, estudiantes reportaron una balacera entre el anexo de la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Contaduría y Administración, frente a las canchas de frontón, reconocido punto de venta de todo tipo de drogas.
Los disparos tuvieron lugar en el cruce entre en anexo y las canchas de frontón, lo que provocó lesiones a dos personas. La entonces Procuraduría General de Justicia de la CDMX confirmó la muerte de dos sujetos, de 20 y 29 años, respectivamente.
“Se escucharon entre cuatro y cinco balazos. Después de eso, como 12 personas corrieron hacia la Facultad de Contaduría y Administración. Dos personas (del otro grupo) amagaron con perseguirlos y uno de ellos sacó una pistola, pero algo le gritaron y ya no fue”, dijo un estudiante al periódico El Financiero.
Las organizaciones que se disputan la UNAM para la venta de droga son las escisiones de Los Beltrán Leyva, la Familia Michoacana y el Cártel de Tepito, quienes penetraron en Ciudad Universitaria desde el 2015, de acuerdo con datos federales.
Feminicidio, asesinato y desapariciones en la UNAM
Para 2019, familiares de estudiantes desaparecidos, asesinados y fallecidos extrañamente en instalaciones de la UNAM exigían justicia frente a la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (hoy FGJ-CDMX), ya que los abogados universitarios entorpecían los casos en lugar de colaborar en esclarecerlos, denunciaron padres de familia.
Víctor Caballero, director de la organización de Derechos Humanos Aequus, que acompañaba los procesos legales de por lo menos 20 casos de violencia contra estudiantes de la UNAM entre 2002 y 2019, declaró que tenía el registro de 83 casos de asesinato, feminicidio y desaparición forzada de estudiantes de la UNAM, seis de ellos sólo en ese año.
Aidee Mendoza falleció el primero de mayo de 2019 luego de recibir una bala mientras tomaba clases en el CCH Oriente. Lesvy Berlín Rivera Osorio fue asesinada por su novio en 2017 dentro de Ciudad Universitaria.
En este caso, las autoridades en un principio decían que fue un suicidio, pero después de que la madre de Lesvy apeló la sentencia y se enfrentó al Estado, las autoridades reconocieron ese crimen como feminicidio en la UNAM, por lo que el responsable recibió 52 años de prisión.
A ocho años del asesinato de Lesvy, se hizo una marcha y los participantes realizaron un “acto de memoria”, que fue un pase de lista de 28 mujeres estudiantes, egresadas, tesistas y profesoras que han sido asesinadas o desaparecidas en algún plantel o facultad de la máxima casa de estudios desde los años setenta a la fecha.
Protocolo universitario pide alejarse de quien porte armas
Como hace 10 años, las autoridades universitarias no están a la altura para proteger a la comunidad de la violencia criminal, como lo confirma el abogado general, Hugo Concha Cantú.
Dio a conocer que la máxima casa de estudios está en “un proceso profundo de análisis y evaluación de todos sus protocolos para atender situaciones de emergencia”, pero para “el caso de situaciones de riesgo con armas, el protocolo recomienda, de primera instancia a la comunidad, mantener la calma y dar aviso inmediato a los funcionarios del plantel; además, alejarse con precaución del lugar”, de acuerdo con el boletín publicado en la Gaceta de los CCH del 30 de septiembre.
