Este viernes, asociaciones y medios de comunicación de agricultores lanzaron una convocatoria a través de redes sociales en la que invitan a productores y campesinos a participar en una marcha pacífica el próximo 27 de octubre, día límite que tiene la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) para responder a la demanda de los productores, quienes exigen un incremento al precio de la tonelada de maíz, así como la eliminación de intermediarios que lucran con los productos del campo, afectando tanto a los productores como a los consumidores.
El comunicado señala que, si el 27 de octubre no hay una respuesta favorable por parte del gobierno federal, se llevarán a cabo bloqueos en los siguientes puntos: la carretera Guadalajara-Colima, a la altura del kilómetro 40, y la carretera a Nogales, a la altura del Technology Park, en Zapopan, Jalisco. Ambos bloqueos están programados para las 10 de la mañana, por lo que piden extremar precauciones a quienes utilicen estas vías.
Las extorsiones, otro frente contra los campesinos
Esta semana trascendió la noticia de la tortura y asesinato de Bernardo Bravo, joven líder limonero y presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán (ACVA), quien desde hace años denunció las extorsiones sufridas por limoneros, aguacateros, empacadores y campesinos en general a manos del crimen organizado, así como la existencia de “coyotes” que imponen precios miserables en la compra del producto y exorbitantes en su venta, afectando a productores y consumidores.

Bravo, cuyo cuerpo fue encontrado en el interior de su camioneta con un tiro de gracia en el rostro el pasado 21 de octubre, contaba con escoltas; sin embargo, fue ultimado presuntamente por el crimen organizado.
En entrevista con la comunicadora Azucena Uresti, el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, mencionó que se analizan sus registros telefónicos, así como las actividades de sus escoltas y las razones por las que no intervinieron. A su declaración se sumó que Bernardo había recibido llamadas de dos números que la fiscalía ya logró identificar.
El 24 de octubre se llevó a cabo una marcha para exigir justicia por el líder limonero asesinado. Fue encabezada y organizada por su esposa, Amelí Navarro, quien también se desempeña como magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. En la movilización participaron ciudadanos y miembros de la ACVA.
Mientras tanto, el 22 de octubre, durante su comparecencia ante el pleno del Senado, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la captura de un segundo presunto implicado en el homicidio del presidente de la ACVA. Entre los detenidos se encuentran Rigoberto “N”, alias “El Plátano”; Héctor “N” y Jesús “N”, alias “La Tía”, presuntos operadores de una célula delictiva conocida como Los Blancos de Troya.
La periodista Micaela Varela, del diario El País, señaló que, cuando Rigoberto “N” fue detenido, se halló entre sus pertenencias una credencial de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, por lo que las líneas de investigación consideran la posible infiltración del crimen organizado en asociaciones campesinas.
