Por. J. Jesús Lemus
Para entender el abandono y la consecuente amenaza bajo la que se encuentra el gremio periodístico, hay que señalar una realidad innegable: nadie, ni estancias oficiales ni organizaciones no gubernamentales saben a ciencia cierta cuantos periodistas somos los que ejercemos en todo el país. Hay aproximaciones, deducciones, pero no un número cierto de los hombres y mujeres que están involucrados en esta actividad.
Ni siquiera el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), que es el órgano oficial del gobierno mexicano de llevar la cifras de todos los sectores sociales y productivos del país, sabe cuántos son los periodistas en ejercicio, mucho menos la ubicación –con base en su fuente de trabajo- en donde estos se encuentran en toda la geografía nacional. Es vergonzoso este hecho, pues el INEGI con toda su estructura analítica es capaz de conocer cuántas personas se encuentran empleadas como trabajadores y trabajadoras domésticas, por citar un ejemplo, o cuantas personas se emplean en la industria de la construcción, es más, el INEGI sabe cuántas personas padecen depresión en el país, pero en ninguna parte de su compendio estadístico señala cuantos son los hombres y mujeres se emplean como periodistas.
Tampoco las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) son certeras en ese sentido, pues no todas las empresas editoriales, televisivas, de radiodifusión o medios electrónicos informativos, tienen registrados como periodistas ante este sistema de asistencia social a sus trabajadores. Muchas de las grandes empresas que operan los principales medios de comunicación del país, valiéndose del outsourcing, el inmoral sistema de subcontratación laboral autorizado por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto para proteger a las empresas de los reclamos de trabajadores sobre jubilación, antigüedad laboral y pensiones, registran a sus periodistas ante el IMSS como empleados de cualquier otro giro, menos en el del manejo de la información. Por eso este dato no es fiable.
Las quejas de los periodistas en este sentido, son muchas, pues son muchas las empresas que manejan medios de comunicación que evitan registrar a sus comunicadores como tales ante el régimen del IMSS. Solo basta como ilustración lo que hace la empresa periodística Reporte Índigo de la Ciudad de México, que afilia a sus trabajadores al régimen de asistencia social como empleados de al menos tres empresas de giros tan diversos como farmacéuticas o de los recursos humanos, donde oficialmente perciben apenas el salario minio profesional, lo que no solo va contra el derecho de estos sino contra la posibilidad de conocer a ciencia cierta cuantos periodistas tienen empleados en la labor de recabar, redactar y publicar información.
Otra dependencia del gobierno federal que tampoco puede aportar datos certeros sobre el número de periodistas en ejercicio dentro el territorio mexicano, es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), la que a través del Observatorio Laboral (OLA) solo hace una aproximación de las “personas que se ocupan en la comunicación y el periodismo”. El dato que aporta el OLA es global, es decir no diferencia a una recepcionista, a un prensista, a un agente de ventas o a un empleado administrativo en un medio de comunicación, de un reportero. A todos los clasifica como personas empleadas en el periodismo, sin disgregar a los que verdaderamente cumplen con la labor de recabar y procesar la información.
Ni organizaciones no gubernamentales tan afamadas –y ahora cuestionadas- en la defensa de los derechos de periodistas, como Artículo 19 o Reporteros Sin Frontera (RSF) pueden emitir un dato cierto sobre cuantos somos los periodistas que trabajamos en México. La razón de la ausencia de esta cifra en estas dos organizaciones, es simple: para ellas, a través de sus representantes en México, no todos los que ejercen el periodismo son periodistas.
Tanto en Artículo 19 como en RSF existe un método de clasificación discriminatorio que no permite colocar a todos los periodistas en esta clasificación. Para RSF y Artículo 19 no son periodistas las personas que aun ejerciendo el periodismo como su principal labor de sustento económico, tienen otro empleo. El solo hecho de contar con un empleo alterno, que es una práctica muy socorrida dentro del gremio -debido a las precarias condiciones salariales que ofrecen la mayoría de las empresas editoriales- es motivo suficiente para que estas dos organizaciones no reconozcan a todos los periodistas como tales.
Por eso, bajo la clasificación de la discriminación, las cifras que pudieran aportar RSF y Artículo 19 sobre el número de periodistas que ejercen en nuestro país, no solo resultan incompletas sino también falsas, pues estas dos organizaciones cuentan con una metodología que discrimina, más allá de las y los periodistas, a los propios medios de comunicación, donde no se reconoce como tales a muchos portales informativos o medios impresos solo por no tener renombre, una periodicidad diaria o una reconocida presencia informativa en sus propias regiones.
Así, mientras el INEGI no aporta datos sobre el número siquiera de personas que trabajan en los medios de comunicación, el IMSS refiere que hasta el primer semestre del 2019 tenía registrados como derechohabientes a un total de 7 mil 884 hombres y mujeres dedicados plenamente a la labor periodística, con ingresos que oscilan entre los 210 hasta los 458 pesos diarios, que en la suma mensual equivalen a ingresos brutos que van desde los 6 mil 300 a los 13 mil 740 pesos. La que se podría considerar la cifra oficial más cercana a la realidad.
Por su parte la STyPS a través del servicio de información de OLA, refiere que son –hasta diciembre del 2024- un total de 273 mil 755 las personas que se ocupan laboralmente en la comunicación y el periodismo. Pero esta cifra –no hay que perder de vista- comprende a las personas que han egresado de una universidad de las carreras de comunicación y/o periodismo, y que se han podido emplear dentro del campo laboral para el que se prepararon, y que no precisamente tiene que ser un medio informativo, sino que a veces se trata de agencias de publicidad o relacionadas a las encuestas y sondeos de opinión.
Otro dato, tampoco certero pero que puede aportar a la posibilidad de conocer un estimado de periodistas que ejercen en México, es el que refiere la Secretaría de Gobernación (SEGOB) del gobierno federal, que señala solamente la existencia de 231 permisos de Registro de Licitud de Titulo y Contenido[1] que han sido emitidos en esa dependencia para medios de comunicación, hasta abril del 2024, donde se puede presumir la cantidad de periodistas en ejercicio, si consideramos –solo como un ejercicio de aproximación- que cada uno de esos medios registrados ante la SEGOB emplea en promedio a cinco periodistas.
Este dato nos arroja la existencia solo de mil 155 periodistas a nivel nacional, lo que evidentemente es un número insostenible, pues solo en el estado de Veracruz -por hablar de una de las regiones más violetas para el gremio- existen por lo menos 800 hombres y mujeres haciendo la labor de comunicación en medios informativos, según la versión de Ana Laura Perez Mendoza, ex presidenta de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas de Veracruz, la que reconoce que este número se puede quedar corto ante la realidad.
En pocas palabras, como lo refiere el periodista Said Hernández, el gobierno federal, que en teoría es el encargado de salvaguardar el derecho al libre ejercicio del periodismo, ni siquiera sabe cuántos son ni dónde están todos los periodistas mexicanos, menos va a tener la preocupación de establecer una política segura de protección para los comunicadores. “El primer paso que debe dar el gobierno federal es saber con certeza cuántos somos y dónde estamos los periodistas en ejercicio, para que a partir de allí emerja la tarea de protección en todos los sentidos para este gremio”, dijo este comunicador del estado de Oaxaca, que en carne propia ha sufrido los estragos de la violencia y la persecución que viven los periodistas.
Pero no solo es la omisión por no saber cuántos son y donde están los comunicadores lo que hace que el periodismo sea un gremio invisible para el gobierno federal, también es la falta de un marco jurídico que reconozca esta labor como una profesión. Así es, en México no existe –hasta el cierre de este trabajo- una ley primaria que defina la figura jurídica del periodista, lo que hace que este ejercicio caiga en la ambigüedad, pues al no existir un marco regulatorio, cualquiera puede ejercer este trabajo, bastando solo su propia determinación, tal como lo establece el artículo 5 Constitucional.
Desde la óptica del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) de Estados Unidos, una de las organizaciones no gubernamentales más serias que trabajan en México por la defensa de los derechos de los periodistas, encabezada por Jan Albert Hootsen, el solo hecho de que no exista una ley que defina qué es un periodista ya representa en si un problema que viene a acrecentar la incertidumbre en el gremio.
Aun cuando Jan Albert Hootsen dice no compartir la idea de establecer una figura jurídica para la clasificación de lo que debe ser un periodista, por la implicación de controles que por sí mismos representa un riesgo de regulación en la actividad informativa, considera que el marco jurídico mexicano debe comenzar por definir qué es un periodista, a fin de que desde allí deriven las garantías de seguridad que debe proveer el Estado, como ya ocurre en Brasil, el único país de América Latina que desde su orden constitucional establece la certeza jurídica para los periodistas.
La única ley mexicana, secundaria por cierto, que establece en sus cánones qué es un periodista es Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, decretada el 30 de abril del 2012, durante la administración del presidente Felipe Calderón, donde a la letra define que los periodistas son aquellas “personas físicas, así como medios de comunicación y difusión públicos, comunitarios, privados, independientes, universitarios, experimentales o de cualquier otra índole cuyo trabajo consiste en recabar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proveer información, a través de cualquier medio de difusión y comunicación que puede ser impreso, radioeléctrico, digital o imagen”.
Aun así, está definición es ambigua; encajona dentro de la propia definición a las personas y los medios de comunicación, los que evidentemente no tienen una identidad física, solo un logo institucional, un registro público o un acta constitutiva, que no manifiestan ni requieren las mismas necesidades de existencia de una persona física como es el reportero o periodista. Es más, en esta misma ley no existe una definición sobre el término “reportero”, con el que también se autorreconocen los propios periodistas. Solo se señala el término “periodista”.
Entrar a la diferenciación de estos dos términos “periodista” y “reportero” es pisar los umbrales de lo académico, en donde no existe unanimidad entre los estudiosos del tema sobre lo que es uno y lo que es otro concepto, o si las dos denominaciones representan lo mismo, aun cuando en la práctica todos los comunicadores se reconocen indistintamente como “periodistas” y/o “reporteros”, lo que también conlleva a un vacío jurídico, al no existir el reconocimiento legal de las dos denominaciones que engloban el ejercicio del periodismo.
Buscando opiniones sesudas sobre este punto, destaca la del doctor Rubén Gonzalez Macías, profesor investigador de periodismo y comunicación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), quien reconoce que desde la academia no hay un criterio unificado sobre la definición de “periodista” y “reportero”, pero desde su punto de vista, sí existe una diferenciación: “el periodista es el comunicador con una formación académica más elaborada”, que le permite tratar la investigación y su consecuente información de forma más profunda para su disección y análisis al momento de llegar al lector. En cambio, “el reportero, que sería un periodista en ciernes, es el que debido a su formación empírica solo hace el reporte inmediato de la información”, sin aspirar a interiorizarse en la misma. Es decir, de acuerdo al doctor Gonzalez, la principal cualidad del reportero es la inmediatez, en tanto que la del periodista es el fondo mismo de la información.
Sobre esta última premisa surge otra disyuntiva, que va más allá de la clasificación formal de los comunicadores, la que tiene que ver con la autopercepción de ellos mismos, en donde inherentemente la formación académica juega un papel fundamental; en una encuesta realizada para esta investigación sobre una muestra de 120 trabajadores de medios informativos diarios, impresos y electrónicos de todo el país, se encontró que el 31.6 por ciento de ellos se autorreconocieron como periodistas, mientras que el 68.4 por ciento se dijeron reporteros.
La razón en la que la mayoría de los encuestados fincaron su autoclasificación dentro de uno u otro término, fue el nivel de estudios: 38 de los encuestados que dijeron tener estudios universitarios que van desde licenciatura y diplomados hasta maestría, dentro de alguna área relacionada al periodismo y la comunicación, se reconocieron como periodistas, mientras que los otros 82 que dijeron no tener instrucción académica universitaria o relacionada con el periodismo y las ciencias de la comunicación, pero aun así se definieron como reporteros.
El resultado de esta encuesta, además de emparejarse con los que señala el doctor Rubén Gonzalez Macías -sobre la pertinencia de lo académico en las dos clasificaciones que utilizan los trabajadores de los medios de comunicación-, también aporta un dato del que poco se ha querido hablar, pero que mucho infiere en la praxis del periodismo mexicano: la mayoría de los comunicadores en nuestro país, indistintamente de cómo se quieran reconocer, si “periodistas” o “reporteros”, son empíricos. Que –ojo- no significa analfabetismo ni ignorancia. Solamente no tuvieron la posibilidad de hacer una carrera profesional con la que podrían conocer plenamente las técnicas para el tratado y difusión de la información que se vierte al público.
Con la encuesta referida líneas arriba se pudo conocer que de los 120 entrevistados para este trabajo, 49 dijeron tener una carrera universitaria de periodismo o ciencias de la comunicación, de los otros 71 que reconocieron no haberse formado en las aulas para el ejercicio periodístico 31 dijeron tener solo el nivel de formación media superior, 12 solo cursaron la secundaria, ocho concluyeron la educación primaria, en tanto que otros 20 comunicadores dijeron tener o haber dejado trunca una carrera universitaria distinta al periodismo o las ciencias de la comunicación; cuatro estudiaron para diseñadores gráficos, tres para sistemas computacionales, dos para pedagogía, tres derecho y uno más para trabajo social. Tres dejaron trunca la carrera de ciencias políticas, dos la de ingeniería química, otro más de la diseñador gráfico y uno la de arquitectura, pero a la fecha son trabajadores de la información, bajo su autodenominación como reporteros.
Para tratar de discernir el submundo que bulle dentro del periodismo nacional, hay que señalar que de los entrevistados, 43 mujeres y 77 hombres, donde el 31.8 por ciento dijeron tener edades que oscilan entre los 25 y los 35 años de edad, el 53.3 por ciento entre los 36 y los 46 años, y el 20.8 por ciento entre los 47 y los 62 años de edad, casi la totalidad –un 93.3 por ciento- reconoció que existe no solo una brecha generacional sino de práctica entre los “periodistas viejos o de la vieja escuela” y los “periodistas nuevos”.
La diferencia de práctica entre los nuevos y los viejos periodistas se resume en un solo sentido, según la propia visión de los encuestados: los “periodistas viejos” son más proclives a la corrupción al tener como práctica normalizada el cobro por la publicación de trabajos informativos; “El Chayote” o “Embute”, que en definición sería el pago económico que solicita un reportero o periodista a su fuente a cambio de publicar o dejar de publicar cualquier información, se acentúa más entre los periodistas de más de 36 años de edad y es una práctica al menos no reconocida entre los periodistas de menos de 35 años de edad.
De las y los 31 periodistas encuestados, con edades entre los 25 y los 35 años de edad, solo dos (6.4 por ciento) dijeron haber incurrido en la práctica de “El Chayote” en por lo menos una ocasión; tres (9.6 por ciento) dijeron no negarse a esa posibilidad si se les presentaba, y 26 (83.8 por ciento) definidamente señalaron no haber aceptado nunca un soborno ni considerarlo en su vida profesional a cambio del manejo de su información.
Por su parte, de las y los otros 89 periodistas encuestados, de entre 36 a 62 años de edad, 54 (60.6 por ciento) de ellos aceptaron haber recibido al menos en una ocasión un pago por parte de sus fuentes, para publicar o dejar de publicar información; 26 (29.2 por ciento) de esos periodistas no descartan ni observan inviable aceptar “El Chayote” si se les ofrece, y solamente nueve (10.1 por ciento) de los encuestados aseguraron nunca haber incurrido en esa práctica, ni la consideran dentro de su ejercicio profesional.
A estos datos, que reflejan el grado de susceptibilidad a la corrupción dentro del periodismo mexicano, se agrega otro más: las mujeres periodistas son menos propensas a esta práctica, según lo revela la encuesta -en donde no se debe perder de vista también que las mujeres encuestadas fueron menos de la mitad del universo seleccionado-. Así, resulta que de las 43 mujeres que decidieron participar en el sondeo, 11 de ellas se encuentran en el rango de los 25 a los 35 años de edad, y las otras 32 tienen entre 36 y 62 años de edad.
De las mujeres periodistas encuestadas dentro del rango de 25 a 35 años de edad, ninguna de ellas (cero por ciento) aceptó haber recibido algún tipo de soborno; tres (6.9 por ciento) dijeron no negarse a la posibilidad de aceptar un pago por parte de sus fuentes, si se presentaba la ocasión, y otras ocho (18.6 por ciento) reconocieron haber recibido al menos en una ocasión durante su vida profesional algún tipo de pago extraoficial para publicar o dejar de difundir algún tipo de información. El total de mujeres periodistas en este rango de edad que, con base en los resultados de la encuesta, se consideran proclives a la corrupción es del 6.9 por ciento, frente al 29.7 por ciento de los hombres que en este mismo rango aceptaron recibir o estar en disposición de acceder el mentado “Chayote”.
Por su parte, las mujeres encuestadas entre el rango de los 36 a los 62 años de edad, que han pisado los terrenos de la corrupción, mediante el cobro indebido por la publicación o no de la información en su poder, es del 25.5 por ciento, frente al 37.9 por ciento de los hombres que dentro de este mismo rango aceptaron la práctica de “El Embute”; cuatro (12.5 por ciento) de ellas aceptaron haber recibido en por lo menos en una ocasión un pago ilegal por parte de sus fuentes, siete (21.8 por ciento) dijeron no despreciar esa posibilidad, en tanto que otras 21 mujeres (65.6 por ciento) se manifestaron en contra de esa práctica por no llevarla a cabo o considerarla inmoral.
Pero más allá de la percepción sobre corrupción y la formación académica que se da entre los “periodistas nuevos” y los “periodistas viejos”, existe un choque cultural, una brecha generacional como la llama el doctor Rubén Gonzalez Macías luego de realizar un estudio de caso en el municipio de Morelia, donde sus investigaciones lo llevaron si no a descubrir, sí a exponer de manera clara “un fenómeno que no ha recibido mucha atención académica, pero que tiene un impacto evidente en el periodismo mexicano”, que tienen que ver con una especie de celo profesional, que se manifiesta con un rechazo, que raya en el deprecio casi generalizado entre los “periodistas viejos” y los “periodistas nuevos”.
Este fenómeno social dentro del periodismo mexicano, desmenuzado por el doctor Gonzalez, “pone de manifiesto que hay una brecha generacional, por un lado, entre los empíricos, los viejos reporteros quienes aprendieron directamente en el campo y sin ningún tipo de preparación formal y, por otro, los reporteros más jóvenes quienes tienen un título universitario, pero carecen de experiencia”[2], lo que ha provocado –dice el doctor González en su investigación: “que los reporteros más experimentados subestimen las habilidades de sus colegas más jóvenes, burlándose de su falta de práctica. En contraparte, los jóvenes acusan a sus mayores de ser corruptos e ignorantes con respecto a la función social de la profesión”.
[1] Secretaría de Gobernación, solicitud de información pública con folio número 0400700000519, de fecha 03 de abril del 2019
[2] González Macías, Rubén Arnoldo, “Brecha Generacional y Profesionalización de los Periodistas Mexicanos. El Caso de Morelia”, Estudios de Comunicación, Publicación Académica de la Vocalía Valle de México, Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencia de la Comunicación, ISBN: 978-607-96967-2-6. P. 243
