Por. J. Jesús Lemus
Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz, está a punto de salir prisión. El juez de su causa programó su audiencia de libertada anticipada para el 19 de noviembre. Puede que Duarte sea puesto en libertad con medidas cautelares. Sin embargo, eso no dejará de referir históricamente el caso de este gobernador como uno de los de mayor corrupción que marcaron la decadencia del PRI.
Para que la frágil memoria colectiva no se acomode en el olvido, aquí esta la historia breve del caso Javier Duarte de Ochoa, y las razones por las que fue encarcelado y que a los 9 años de prisión podría quedar como un hombre libre, que pago su delito de peculados, pero también queda como un hombre inmensamente rico, producto del peculado.
Aquí su caso:
Javier Duarte de Ochoa, gobernador de Veracruz de 2010 a 2016, a quien, por haber contribuido en forma considerable al financiamiento de la campaña de Enrique Peña, primero lo protegió el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y después lo cobijó el procurador Jesús Murillo Karam, aunque el grupo en el poder terminó por desecharlo. Su desmedida ambición y los desfalcos imposibles de ignorar acabaron por alejarlo de la sombra protectora de los dos hombres de mayor confianza del presidente de la República.
Javier Duarte de Ochoa cometió el mayor fraude en la historia nacional de un gobierno estatal: durante su gestión se desviaron más de 60 mil millones de pesos del erario veracruzano, lo cual se logró a través de una red de 156 empresas fantasmas que se crearon exprofeso para sustraer los fondos destinados a las áreas prioritarias de gobierno, como salud, combate a la pobreza, educación y fortalecimiento de la infraestructura urbana. No obstante, la PGR, bajo la gestión de Arely Gómez González y después de Raúl Cervantes Andrade, se vio condescendiente: únicamente le inició a Duarte 64 procesos penales por el desvío de 233 millones de pesos.
Y es que antes de actuar contra él, la PGR cuadró los saldos del gobernador y recuperó 722 millones 451 mil 80 pesos, los cuales, sumados a los 223 millones 352 mil 771 pesos que se encontraban en las cuentas de Duarte de Ochoa, dieron un saldo total de 945 millones 803 mil 851 pesos. La PGR decidió dejar en el olvido los otros 59 mil 54 millones 196 mil 149 pesos, tal vez porque nunca los ubicaron o porque fueron parte de los fondos con los que Duarte apoyó al financiamiento de la campaña presidencial de Enrique Peña.
Las operaciones de las empresas fantasmas con las que Duarte de Ochoa socavó la hacienda de Veracruz ni siquiera fueron investigadas por la PGR, ni por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a cargo de Aristóteles Núñez, ni mucho menos por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabezada por Alberto Bazbaz Sacal.
Es más, el SAT, para deslindarse de su falta de puntualidad en las investigaciones, simplemente clasificó como confidencial toda la información referente a las empresas y a los funcionarios que se coaligaron con Duarte.
Frente a semejante falta de interés oficial por esclarecer realmente el monto de los desvíos propiciados por Javier Duarte, los entonces diputados de Morena Norma Rocío Nahle García y Virgilio Dante Caballero Pedraza, tomando como base las investigaciones de los periodistas Arturo Ángel y Víctor Hugo Arteaga, presentaron ante la Cámara de Diputados una proposición con punto de acuerdo para exhortar al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a que, “en el ámbito de su competencia”, informaran al Congreso federal las acciones tomadas respecto a los hallazgos de la auditoría financiera 12A30000140551 que se hizo del informe de la Cuenta Pública 2012, en donde se encontraron irregularidades por 631 millones de pesos, que el gobierno del estado de Veracruz no pudo comprobar y que resultaban en un probable daño o perjuicio a la hacienda pública federal.
En el citado punto de acuerdo se señala una parte de la red de empresas fantasmas de Javier Duarte, integrada por las empresas Abastecedora Romcru S. A. de C. V., Carrirey S. A. de C. V., Marvercar S. A. de C. V., Ravsan Servicios Múltiples S. A. de C. V., Bloques 2DM S. A. de C. V., Comersil S. A. de C. V., Anzara S. A. de C. V., AD911 S. A. de C. V., CERENE S. A. de C. V., Grupo Balcano S. A. de C. V., Pefraco S. A. de C. V., Merca Carrey S. A. de C. V., Comercializadora Alifresh S. A. de C. V., Biernart S. A. de C. V., Importadora Denylk S. A. de C. V., Mogarver S. A. de C. V., Rixona S. A. de C. V., CYMANED S. A. de C. V., Publicidad Akkira S. A. de C. V., Desarrolladores Mercalim S. A. de C. V. y Servicios Oktagonales S. A. de C. V., a través de las cuales, según informó la ASF, en términos generales la administración de Javier Duarte fue omisa con la norma vigente de contratación de obras y servicios.
Se estableció que el manejo de fondos en Veracruz fue irregular en el destino de 21 millones 886 mil 100 pesos, aplicados en obras que no beneficiaron directamente a sectores de la población en condiciones de rezago social y pobreza extrema; otros 3 millones 520 mil pesos no contaron con la documentación comprobatoria que hablara de su ejercicio en programas de gobierno. De 452 millones 968 mil 800 pesos simplemente no se supo en dónde y cuándo de aplicaron, recalcando que de este monto por lo menos 442 millones 539 mil 800 pesos en definitiva no tuvieron registro de que se hubieran ejercido.
Estos fueron los argumentos oficiales para que la PGR decidiera ejercer acción penal contra Javier Duarte, al que se le inició un pro ceso el 27 de julio de 2016, integrándole las carpetas de investiga ción FED/SEIDF/UEIFFVER0000691/2016 y FED/SEIDF/UNAI/ VER/0000862/2016, bajo los delitos de Ejercicio Ilícito de Servicio Público y Enriquecimiento Ilícito. Como resultado de las primeras averiguaciones, la PGR ordenó el congelamiento de 112 cuentas ban carias relacionadas con Javier Duarte y algunas de las empresas que sirvieron de tapadera para el desfalco.
También se aseguraron las instalaciones de cinco empresas fachada y cuatro propiedades inmobiliarias del exgobernador. Los aseguramientos de dinero y propiedades inmobiliarias apenas resarcieron 421 millones de pesos de los 60 mil millones atribuidos al desfalco.
El 17 de octubre de 2016, la PGR logró que un juez emitiera una orden de arresto en contra de Javier Duarte, quien para entonces se había dado a la fuga, y se ofreció por él una recompensa de 15 millones de pesos. El exgobernador fue detenido el 15 de abril de 2017 en un hotel de la localidad de Panajachel, a orillas del lago Atitlán, en el departamento de Sololá, a 110 kilómetros de la ciudad de Guatemala.
Fue extraditado a México el 17 de julio de ese mismo año e ingresado al Reclusorio Norte de la Ciudad de México, donde el 26 de septiembre de 2018 lo sentenciaron a nueve años de prisión, el decomiso de 40 propiedades inmobiliarias y el pago de 58 mil 890 pesos de multa. No fue nada frente a lo que robó.
Esta sentencia, que al final fue cuadrada por los delitos de Lavado de Dinero y Asociación Delictuosa, tuvo un dejo de magnificencia por parte de Enrique Peña Nieto, pues aun cuando había elementos suficientes para que la condena fuera mayor, o al menos para agregar delitos a la conducta atípica de Javier Duarte, la PGR de Raúl Cervantes Andrade únicamente fincó responsabilidades por el desvío de 38 millones de pesos, dejando en el olvido el monto total del fraude, que equivale a más de cuatro veces el presupuesto del Poder Legislativo para 2021.
Aun así, Javier Duarte apeló a la sentencia de primera instancia el 18 de mayo de 2020. Pero la apelación no tuvo efecto; el Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal de la Ciudad de México ratificó la sentencia inicial en todos sus términos y determinó que deberá permanecer en prisión hasta el 15 de abril de 2026.
No obstante, al cierre de este trabajo, Javier Duarte había entrado ya en negociaciones con la FGR, a cargo de Alejandro Gertz Manero, a fin de ayudar en la detención de otros funcionarios federales que solaparon el fraude, con lo que se ventilaba la posibilidad de una excarcelación temprana, antes de cumplir la sentencia.
Pero, ¿en realidad a Javier Duarte de Ochoa lo procesaron por haber desfalcado la hacienda de Veracruz? No. Todo apunta a que ese no fue el verdadero motivo de su encarcelamiento. Fuentes consultadas del más alto nivel en el gobierno estatal de Veracruz cuando Duarte fue gobernador revelaron, reservándose el anonimato, que Javier Duarte solamente fue objeto de la ira del presidente Enrique Peña. Porque Enrique Peña también es colérico, según refiere la maestra en Clínica Psicoanalítica Yolanda Artemisa González Gómez al describir la personalidad del expresidente.
De acuerdo con esta estudiosa de la mente criminal, Enrique Peña “tiende a actuar de manera impulsiva y violenta cuando no se acatan sus órdenes. Un desacato a sus instrucciones es considerado por él como una trasgresión al equilibrio y control bajo lo que siempre debe estar su entorno. La poca tolerancia a la frustración es lo que le empuja a ser violento y lo lleva a actuar sin medir las consecuencias, aunque luego haya un dejo de arrepentimiento que siempre tiende a compensar con un acto de magnificencia”. Sólo así se entiende el pro ceder del presidente Peña al instruir a la PGR actuar de manera omisa a favor de que Javier Duarte recibiera una condena carcelaria que no fuera de por vida.
Tres fuentes muy cercanas a Javier Duarte, consultadas sobre las posibles razones de Enrique Peña Nieto para poner preso al ex gobernador de Veracruz, coincidieron, en entrevistas por separado, en que la verdadera razón de esa persecución y encarcelamiento fue la molestia del presidente por el acercamiento que tuvo el gobernador Duarte con Andrés Manuel López Obrador, quien “fue apoyado financiera mente desde el gobierno estatal para la fundación del partido Morena”.
Una de estas fuentes narró que el acercamiento entre el entonces líder del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y el gobernador Javier Duarte se afianzó en las elecciones locales de 2016, cuan do, por decisión de Enrique Peña y Miguel Ángel Osorio Chong, el candidato del PRI a suceder a Duarte en la gubernatura de Veracruz fue Héctor Yunes Landa. El candidato de Duarte era Flavino Ríos Al varado, quien había sido el hombre de sus confianzas, primero en el Congreso local, después como secretario de Educación del estado y más tarde como secretario de Gobierno. Sin embargo, Flavino Ríos no estaba considerado en la estratagema política de Peña Nieto.
Para un caprichoso, otro igual… Javier Duarte, una vez que el elegido de Peña, Héctor Yunes Landa, fue investido como candidato del tricolor al gobierno de Veracruz, en medio de su berrinche pactó con Andrés Manuel López Obrador para financiar y apoyar la campaña del candidato de Morena a la gubernatura: le dio todo el respaldo financiero a Cuitláhuac García Jiménez. “Allí fue donde se aplicó una parte de los recursos que se desviaron”, explica una de las fuentes cercanas a Duarte, quien estima que se destinaron por lo menos 200 millones de pesos del erario federal a la campaña de los candidatos de Morena al gobierno estatal y a diversas diputaciones.
Finalmente, en las elecciones locales del 5 de junio de 2016 ganó el candidato del PAN, Miguel Ángel Yunes Linares, que llegó a la gubernatura con un millón 54 mil 733 votos, o 34. 39 por ciento de toda la votación. A causa de la división interna en el PRI, generada por la ruptura entre Peña Nieto y Javier Duarte, el candidato priista Héctor Yunes Landa quedó por debajo, con una votación de 928 mil 249 votos, o 30. 27 por ciento de la votación. Cuitláhuac García, el candidato de Morena, de López Obrador y Javier Duarte, logró 809 mil 626 sufragios, o 24. 40 por ciento de los votos.
La molestia de Peña Nieto no se debió únicamente a que su candi dato no llegó a la gubernatura —asegura otra fuente cercana a Duarte—, sino a que el PRI sufrió uno de sus mayores descalabros, pese a que el coordinador de finanzas del CEN del PRI, Luis Vega Aguilar, había inyectado al menos 600 millones de pesos por encima de los topes de gastos de campaña establecidos por el Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz.
Por eso se entiende que no fue sino hasta después de las elecciones locales de Veracruz de aquel el 5 de junio de 2016 cuando la FGR integró las averiguaciones por desvío de dinero en contra de Javier Duarte de Ochoa, las cuales comenzaron a tener forma a partir del 27 de julio de ese año, apenas 57 días después de que el candidato del PRI y de Peña Nieto a la gubernatura de Veracruz perdiera el proceso electoral y de que, en contraparte, el partido opositor Morena alcanzara el mayor repunte histórico hasta ese momento.
El apoyo de Javier Duarte a Morena en Veracruz fue un golpe en seco al PRI. Hasta antes del proceso electoral de 2016, esa entidad se consideraba bastión político del Revolucionario Institucional. Así lo había afianzado el antecesor de Duarte en el gobierno estatal, Fidel Herrera Beltrán, y así se demostró en las elecciones presidenciales de 2012: Veracruz fue la tercera potencia electoral de Peña Nieto al aportarle 945 mil 586 votos. 87 Sólo el Estado de México y Jalisco lo superaron. En el Estado de México, Peña logró 2 millones 237 mil 745 sufragios, y en Jalisco, un millón 59 mil 171. De ahí la molestia de Peña Nieto con Javier Duarte.
Aparte de que el apoyo que le dio Javier Duarte a López Obrador posicionó al partido Morena como una verdadera opción política de cara a la siguiente sucesión presidencial, el financiamiento a Morena con fondos sustraídos del erario de Veracruz también le permitió a López Obrador disputar por primera vez el control de un congreso estatal, lo que sin lugar a duda alentó las aspiraciones del tabasqueño para participar por tercera ocasión en una contienda presidencial. Con el respaldo de Javier Duarte en las elecciones locales de 2016 de Veracruz, Morena pudo colocar a 13 diputados en el Congreso de Veracruz, frente a 16 del PAN, 10 del PRI, cinco del PRD, tres del PVEM, dos del partido local Alternativa Veracruzana (AVE) y uno del Panal,88 convirtiéndose en la segunda fuerza política de esa entidad.
Por todo ello, no sólo Javier Duarte sufrió la ira del presidente Peña Nieto. También Fidel Herrera Beltrán, que fue el padrino político de Duarte, cayó de la gracia del presidente por la deslealtad de su pupilo.
A Fidel Herrera Beltrán, que había sido cobijado por el régimen de Peña Nieto y a quien se le había nombrado cónsul de México en España —cargo que obtuvo el 19 de octubre de 2015 por su amistad con la entonces secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu—, se le revivió una investigación que en 2004 había integrado la PGR de Rafael Macedo de la Concha, en la cual se le vinculaba con actividades ilícitas y de protección al Cártel de Los Zetas.
Concretamente, a Fidel Herrera se le asoció con los narcotraficantes Francisco Colorado Cessa, alias Pancho Colorado; Braulio Arellano Domínguez, el Gonzo; Miguel Ángel Treviño Morales, el Z40, y Mauricio Guízar Cárdenas, el Amarillo, quienes controlaron el territorio veracruzano para el trasiego de drogas y tráfico de personas con el apoyo del gobernador Herrera Beltrán, entre 2004 y 2010. Esta investigación, que hasta el día de hoy continúa en proceso de integración, se maneja con secrecía, según lo reconoció la PGR en una respuesta pública de solicitud de información, en la cual señala que “se encuentra imposibilitada jurídicamente para proporcionar la información requerida” sobre esa carpeta de investigación.
Sumadas a esa indagatoria, la PGR de Raúl Cervantes Andrade también revivió 37 carpetas de investigación90 contra igual número de colaboradores cercanos de Fidel Herrera en el gobierno de Veracruz, donde al propio Herrera Beltrán se le mencionó en actos que por lo menos fueron contra la administración pública. Dichas carpetas de investigación se integraron entre el 1 de diciembre de 2004 y el 30 de mayo de 2010, pero, al igual que la investigación que lo relaciona con el Cártel de Los Zetas, fueron el instrumento para obligar a Fidel Herrera a presentar su renuncia al cargo de cónsul de México en España, el 3 de enero de 2017, cuando ya era titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) Luis Videgaray Caso.
