Por. J. Jesús Lemus
Históricamente el Poder Judicial de la Federación había tenido una pulcra imagen social. El solo hecho de ser Juzgador de la nación ya colocaba a quien fuera en un posición de prestigio intelectual y moral. Por muchos años el Poder Judicial fue el ideal del servicio público. Así lo dejó ver el sistema: las buenas relaciones entre jefes de los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, no dejaban en tela de juicio la honradez de los Jueces en cualquiera de sus niveles de desempeño.
A ello contribuyó también la lambisconería de los periodistas y medios tradicionales de comunicación. La prensa arrastradas de antaño, la que no tomó en serio su papel formador de audiencias críticas, contribuyó en gran medida a la construcción no solo del mito de un Poder Judicial impoluto, sino que también sirvió de tapadera a la transa y la corrupción que desde siempre ha vivido desde adentro el Poder Judicial, ello con pleno conocimiento y amplio cobijo de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El silencio de la prensa frente a la corrupción judicial resulta tan agresivo y tan infame como la misma corrupción observada al interior de muchos juzgados, tribunales o salas de la Suprema Corte de Justicia la Nación.
Allí está la hemeroteca nacional que habla por sí misma. Desde hace décadas la prensa ha solapado la corrupción de los juzgadores. Apenas pasó la administración del presidente Lázaro Cárdenas del Río –en el que se sintió un momento de críticas al Poder Judicial- cuando otra vez regresó el silencio. Desde la administración del presidente Manuel Ávila Camacho hasta la del presidente Enrique Peña Nieto, pasando por los gobiernos de Miguel Alemán Valadez, Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quezada y Felipe Calderón, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo vivieron una de sus más tórridas lunas de miel.
En ese lapso no se registra mediáticamente ningún tipo de reproche social. No hay críticas al desempeño de los Juzgadores. Ni desde la prensa ni desde el Poder Ejecutivo o Legislativo, en los citados periodos de gobierno, hubo algún cuestionamiento al desempeño del Poder Judicial. En ese tiempo, el Poder Ejecutivo fue la primera tapadera de toda la corrupción que se dio dentro del Poder Judicial, y viceversa. Eran los tiempos de los valores entendidos. Por eso el Poder Judicial creció maleado.
Llegó la primavera mexicana. Crecimos en el tiempo de la maduración de la palabra y el florecimiento de las ideas. La propuesta de la Cuarta Transformación, que si bien no pudo arraigarse en otros renglones como era deseado, para consolidar el combate a la impunidad y la corrupción, al menos sí cimentó un fenómeno que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio en llamar La Revolución de las Conciencias, que -aunque pretencioso- llegó a sacudir el pensamiento de muchos aletargados.
Puede que el movimiento de Transformación aun no cumpla cabalmente con el ideal de justicia que desde hace décadas hambrea al grueso de los mexicanos, los de a pie. Pero, también es cierto que al menos esa propuesta de cambio de las estructuras de poder público ha llevado a muchos mexicanos a desprenderse del atavismo.
Por lo menos, y de eso podemos estar ciertos, la Cuarta Transformación ha sido la causa y el efecto del despertar de millones de mexicanos que necesitaban ser sacudidos, los que –como si fueran el hombre que cansado de ver su reflejo en la caverna, tembloroso sale de su madriguera a descubrir la luz del día- han comenzado a valorar su propia capacidad de cuestionamiento sobre todo el orden político establecido.
El principal efecto de la Cuarta Transformación, aunque no siempre es el mismo para todos, es dejar de creer para comenzar a pensar. Y es ese nuevo principio de la llamada democracia participativa el que ha hecho que millones de mexicanos comiencen a reclamar un mayor proceso de transparencia dentro del Poder Judicial de la Federación.
Es cierto que si por sus propios intereses político el presidente Andrés Manuel López Obrador no hubiera comenzado a señalar la falta de transparencia, el nepotismo, los privilegios económicos y la falta de probidad de la que hacen gala los juzgadores mexicanos, muchos en la masa aún no entenderían el problema resultante de la permisión de un Poder Judicial totalmente desfasado de los nuevos tiempos de gobierno que se reclaman en México.
Pero también es cierto que la exposición de las condiciones de corrupción bajo las que opera, en términos generales, el Poder Judicial, no ha sido exclusiva de la agenda pública dictada desde la esfera política. En la exposición de los vicios del Poder Judicial también comienzan a participar cada vez más algunos periodistas independientes que han podido infiltrar -con algo de libertad- a los medios masivos de comunicación la vergonzosa corrupción que se vive entre los Juzgadores.
El periodismo independiente mexicano, aunque con poca visibilidad aun, por la falta de espacios en los mass medias honestos, ha venido cumpliendo cabalmente a su audiencia, con el señalamiento crítico del problema de corrupción que afecta al Poder Judicial. Eso es alentador, porque –cuando parecía que el periodismo estaba bocabajo- a final de cuentas el periodismo de denuncia vuelve a dar señales de vida.
Si la denuncia de las condiciones de corrupción que permean dentro del Poder Judicial no fuera tocada por el periodismo y solo estuviera condicionada a la información que ese mismo Poder quisiera dar a la población, a través de su órgano de gobierno, el Consejo de la Judicatura Federal, entonces si estaríamos en un apuro mayúsculo.
Afortunadamente, porque vivimos en un régimen que quiere nacer a la democracia, en donde por la gracia de Dios pervive el periodismo de investigación, es que podemos decir -desde la trinchera del periodismo independiente- que toda la evidencia recabada para la elaboración de este trabajo apunta a la necesidad de una Reforma a fondo del Poder Judicial. Urge una acción constitucional que refunde desde el interior las estructuras y principios éticos y morales de este organismo pilar de la República.
¿Por qué debe haber una Reforma en el Poder Judicial? No es una pregunta meramente retórica. Es una pregunta cuya respuesta nadie la podría dar mejor que las víctimas directas del prevaricato, que a diario se practica en todo el Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, la respuesta a dicha pregunta es muy simple: en México se requiere una reforma de fondo al Poder Judicial porque ese Poder de la Federación ha perdido su esencia fundamental, la de garantizar la preservación de la justicia -que no del derecho-, que no es otra cosa que darle a cada quien lo que le corresponde en aras de la armonización social. Además, el actual Poder Judicial de la Federación ha dejado de atender la causa social de impartir justicia a quien lo reclame, convirtiéndose solo en un poder procurador de intereses de la misma casta social que es dueña de todo el país en todos los ámbito.
¿De verdad el Poder Judicial Federal ha perdido el rumbo en su función esencial de dar a cada quien lo que le corresponde? La respuesta puede resultar luego de saber el caso de la ex secretaria de Estado Rosario Robles Berlanga. Ella fue pieza central en lo que se dio a conocer como “La Estafa Maestra”, uno de los más importantes casos de corrupción y de daño patrimonial surgidos en México en los últimos cinco años.
El monto saqueado del erario nacional, mediante una red de 128 empresas fantasmas vinculadas a 11 dependencias de gobierno y ocho universidades públicas a las que se simuló contratos de obras y servicios, fue por 400 millones de pesos. El caso también involucró a otras 50 personas sobre las que se abrieron por lo menos otros 24 casos penales. En este caso, la Fiscalía General de la República hizo la aportación de las pruebas suficientes para demostrar el doloso acto de saqueo, protagonizado por Rosario Robles con la autorización oficial del entonces presidente Enrique Peña Nieto.
Fue la misma Fiscalía General de la Republica, encabezada por Alejandro Gertz Manero, la que pidió a un Juez de control que valorara el cambio de medidas cautelares para que Rosario Robles pudiera enfrentar su proceso en libertad. La detenida argumentó razones de salud para su petición ante el Juez Alejandro Ganther Villar Ceballos. Este Juez aceptó cambiar la medida cautelar de prisión preventiva por la de arraigo domiciliario, bajo la razón de que Rosario Robles contaba con algunos padecimientos, propios de sus 67 años de edad, que requerían atención medica permanente y domiciliaria. Ese solo fue el principio para aflojar la justicia.
Posterior a esa decisión, a pesar de las evidencias que daban soporte y hacían sólido el caso, el Juez de Distrito Roberto Omar Paredes Gorostieta Femat, Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio de la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Sur, le otorgó la libertad a la inculpada. El argumento del juzgador, que decidió sobreseer el caso de Rosario Robles, fue que la FGR violentó el debido proceso a Rosario Robles, porque antes de imputarle ilícitos por la vía penal –Corrupción y Ejercicio Indebido del Servicio Público- ella debió haber sido sometida a un procedimiento administrativo.
Por esa razón el Juez no quiso siquiera entrar en el estudio del caso y terminó por –a través del sobreseimiento- darle sentencia de libertad a Rosario Robles, con lo que, de un plumazo, el Juez desechó la posibilidad de que la sociedad supiera si Rosario Robles fue o no responsable en el desvío de más de 400 millones de dólares del erario público.
Tras la polémica determinación del Juez Roberto Omar Paredes Gorostieta, que con su sola decisión negó la posibilidad de ir a fondo en el asunto de unos los escándalos más simbólicos de corrupción, dentro del Consejo de la Judicatura Federal nadie lo llevó a la rendición de cuentas, como si se mandase solo, como si no tuviera ninguna responsabilidad con la sociedad.
La única acción oficial que cuestionó a Roberto Omar Paredes su comportamiento como Juzgador, fue la anunciada por la Fiscalía General de la República, la que refirió que se había abierto una carpeta de investigación por el delito de Contra la Administración de Justicia. Pero el hecho de que se haya abierto una carpeta de investigación contra el citado Juez, no es garantía de nada. De acuerdo a las estadísticas oficiales de la FGR, por cada 100 carpetas de investigación que inicia sobre diversos delitos, solamente una de ellas es llevada a la judicialización.
Mientras tanto, el Juez Roberto Omar Paredes sigue despachando como Juzgador sin que nada ni nadie lo perturbe. Como parte de la burocracia dorada –según lo refiere su más reciente declaración patrimonial (2021)-[1] mantiene un ingreso salarial por 2 millones 554 mil 460 pesos al año, lo que al parecer le es suficiente para subsistir. Y se debe tratar de una subsistencia la que tenga este Juez, dado que según declaró, tiene que pagar cinco créditos personales que contrajo entre el 2016 al 2019, que en suma hicieron una deuda por un millón 625 mil 310 pesos.
Dos de esos créditos son con el ISSSTE, uno contratado en el 2017, por 90 mil 332 pesos y otro logrado en el 2019, por la cantidad de 178 mil 572 pesos. También cuenta con dos créditos otorgados por el Banco HSBC, un obtenido en el 2016, por la cantidad de 703 mil 307 pesos, y el otro, que fue contraído en el 2017, por la suma de 583 mil 199 pesos. El quinto crédito que aún no ha sido liquidado por el Juez, es uno que se contrajo con Inbursa, por la cantidad de 70 mil pesos.
Otro Juez que actuó de forma grotesca al momento de aplicar la justicia, fue Gustavo Aquiles Villaseñor, quien en su calidad de Juez de Control en el Centro de Justicia Penal de la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte, decretó la libertad a favor de otro implicado en el caso de “La Estafa Maestra”, Ramón Sosamontes Herreramoro, quien había sido llevado hasta la justicia por la Fiscalía General de la República, acusando al indiciado de haber facilitado el desvío de 203 millones de pesos, esto como parte de un contrato que a nombre de la Sedesol este funcionario firmó con la empresas oficial Radio y Televisión de Hidalgo.
De acuerdo a la percepción del Juez Gustavo Aquiles Villaseñor, en ningún momento se acreditó el delito clasificado como Uso Indebido de Atribuciones y Facultades, toda vez –argumento el Juzgador- el imputado sí estaba facultado para firmar contratos como el que se le reprochó. Por eso el Juez Gustavo Aquiles Villaseñor dijo que se vinculara a proceso a Ramón Sosamontes y así se respetó su decisión.
Otra vez ante la falta de justicia, la blandengue actuación de la Fiscalía General de la Republica, la que a través de un comunicado oficial dio a conocer su inconformidad con la decisión emitida por el Juzgador Federal, y acotó que –ni siquiera iniciaría una carpeta de investigación en contra del Juez- solo pediría al Consejo de la Judicatura Federal hiciera una revisión sobre la actuación del Juez Gustavo Aquiles. Si se hizo dicho reclamo de la FGR ante el CJF resulta lo mismo: hasta el cierre de este trabajo, el citado Juez federal en el Reclusorio Norte seguía cumpliendo sin ningún tipo de sanción lo que él considera que es su deber dentro del aparato de aplicación de justicia.
Este Juez, que finalmente parece que se salió con la suya al ayudar a desbaratar el caso más emblemático de corrupción registrado en la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, es el mismo que también fue cuestionado socialmente –en el 2022- cuando exoneró de toda responsabilidad judicial al Presidente del Tribunal Universitario de la UNAM, Eduardo López Betancourt, en ocasión de que la FGR le había iniciado al académico un proceso penal por el delito de Tratos Crueles y Denigrantes cometido en agravio de una estudiante de posgrado, a la que el Decano de la Facultad de Derecho agredió verbalmente.
El indiciado Eduardo López Betancourt habría ofendido de manera visceral, machista y violenta a una alumna de posgrado. Frente a ello el Juez Gustavo Aquiles Villaseñor sostuvo que la frase “pinches viejas, por eso las matan” –que dijo el académico a su alumna- son expresiones genéricas que no encuadran en la tipificación del delito. Igual, este Juez dijo que el término “zorra” fue una manifestación que –dicho en las palabras del juzgado- no alcanza a ser considerada como un trato cruel y degradante. En su momento dijo el Juez Aquiles Villaseñor que si por decir el término “zorra” se tuviera que sancionar a una persona, “la mayoría de los mexicanos estarían sujetos a proceso”. De ese nivel el raciocinio del Jugador Federal.
Este Juzgador Federal, a parte del dechado de justicia que denota también es un bendecido de la vida. Nació con muy buena estrella. De acuerdo a su declaración patrimonial del 2022,[2] pese a tener un muy buen ingreso salarial, por el orden de los 2 millones 647 mil 179 pesos al año, no ha tenido que desembolsar un solo peso para ir formando su patrimonio inmobiliario. Todo le ha sido dado.
Es copropietario de un rancho que recibió en herencia en el 2019, con un precio estimado en 2 millones 688 mil 740 pesos. También tiene una casa en copropiedad que recibió en herencia en el 2020, con un precio estimado en los 429 mil 761 pesos. Igualmente es copropietario de una bodega que recibió en donación, en el 2021, con un precio de un millón 750 mil pesos. Y cuenta con otra casa, con un precio comercial de 3 millones 200 mil pesos, de la que también es copropietario al recibirla en herencia en el 2019.
El Juez Felipe de Jesús Delgadillo, el mismo que mandó a prisión a Rosario Robles al negarle la posibilidad de llevar a cabo el proceso penal bajo otras medidas cautelares que no fueran la prisión preventiva oficiosa, y que ha sido señalado de ser un juzgador de encomienda, también embona dentro de los togados que al día de hoy han sido señalados por la Fiscalía General de la República de torcer la justicia a su modo. Este Juez también –hasta el cierre de este trabajo- era investigado por la FGR por el delito de Contra la Administración de la Justicia. Además, según se ha informado públicamente, el Juez Delgadillo ha sido denunciado ante el Consejo de la Judicatura Federal para que se le revise su proceder profesional, señalado de inclinar la aplicación de la justicia hacia donde le ha convenido.
[1] Consejo de la Judicatura Federal, Declaración de Situación Patrimonial, Roberto Omar Paredes, Apizaco, Tlaxcala, 22 de enero de 2021.
[2] Consejo de la Judicatura Federal, Declaración de Situación Patrimonial, Gustavo Aquiles Villaseñor, Apizaco, Tlaxcala, 29 de junio de 2022.
