Por. J. Jesús Lemus
En la ola de violencia que pega al periodismo no se puede disociar la que golpea a los activistas sociales, y viceversa. Si bien es cierto que el periodismo y el activismo son dos cosas distintas, también resulta que ambas confluyen en algún punto de su cometido, que las hace similares; la denuncia para visibilizar los problemas de la sociedad, es el punto donde convergen estas dos actividades de riesgo. Solo así se entiende que el número de agresiones contra periodistas se manifieste casi en la misma medida al que enfrentan los activistas defensores del medio ambiente y el territorio.
Para ilustrar lo anterior, basta solo señalar las cifras registradas en nuestro país, del 2016 hasta el cierre de este trabajo en diciembre del 2019, donde el conteo señala que en este periodo han sido ejecutadas 101 personas, de las que 59 eran periodistas y otras 42 eran activistas, las que de alguna manera ejercieron desde su trinchera, a veces a través de la movilización a veces por medio de la denuncia periodística, su labor de denuncia social.
La mayoría de los periodistas asesinados en este periodo cruzaron sin saberlo la tenue línea del periodismo para ubicarse dentro del activismo social, mientras que casi todos los activistas también se desplazaron de su actividad original a la labor de periodistas. Así de los 11 periodistas asesinados en el 2016, por lo menos ocho de ellos estaban realizando labores de activismos, mientras que de los ocho activistas que cayeron ejecutados, por lo menos siete de ellos complementaban su labor haciendo publicaciones periódicas en medios locales de información.
Lo mismo se observa en los asesinatos registrados dentro de estos sectores durante el 2017: de los 17 periodistas que cayeron abatidos por las balas de la delincuencia, por lo menos 14 de ellos estaban haciendo labores de activismo, fuera mediante su participación dentro de organizaciones defensoras de derechos humanos y del medio ambiente o como voceros de organizaciones de defensa del territorio, dando voz a las quejas sociales principalmente por arrebatos de recursos. De los siete activistas y defensores que fueron ejecutados en ese mismo año, por lo menos seis de ellos hacían también labores ocasionales de periodistas.
En el 2018, de los 18 periodistas asesinados por lo menos 15 de ellos estaban dando voz de manera recurrente a organizaciones de sus comunidades que encaraban conflictos con megaproyectos económicos, mientras que de los 14 activistas ejecutados, por lo menos 10 de estos tenían una participación activa en los medios de comunicación de sus localidades, a veces como voces autorizadas para hablar de violaciones a los derechos de sus comunidades, a veces como locutores y/o redactores de noticias, pero la mayoría de estas víctimas incidió en la denuncia social.
Por lo que hace a las víctimas del 2019, solo hasta septiembre de ese año, de los 13 periodistas que ya habían sido ejecutados por lo menos 11 de ellos eran reconocidos por su trabajo de cobertura a temas que afectaban a sus comunidades en el ámbito de los recursos naturales y la instalación de megaproyectos económicos patrocinados por empresas trasnacionales y otras de capital mexicano de gran envergadura. De los 13 activistas ejecutados en este mismo lapso, por lo menos nueve de ellos también se reconocían como colaboradores frecuentes del periodismo en medios locales, a través de los cuales por modo propio hacían sus denuncias y difundían su trabajo de defensa comunitaria.
De los 13 activistas asesinados en el periodo referido del 2019, solamente Óscar Cazorla, asesinado el 9 de febrero en Juchitán, Oaxaca; José Santiago Gómez Álvarez y Noé Jiménez Pablo, desaparecidos el 17 de enero y sus cuerpos sin vida localizados el 18 de enero en Amatán, Chiapas, y María Cristina Vázquez Chavarría, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado dentro de su domicilio el 1 de julio de 2019 en la Alcaldía Cuauhtémoc, de la Ciudad de México, no están clasificados como activistas que pasaron al periodismo.
Los que sí combinaron su labor de activistas con la ocasional de periodistas son Sinar Corzo, quien fue ejecutado el 3 de enero en el municipio de Arriaga, Chiapas; Gustavo Cruz Mendoza, asesinado el 20 de enero en Santiago Jocotepec, Oaxaca; Bernardino García Hernández, asesinados el 23 de enero en Zimatlán de Lázaro Cárdenas, Oaxaca; Samir Flores Soberanes, acribillados en la puerta de su casa el 20 de febrero en Amilcingo, Morelos; Eulodia Lilia Díaz Ortiz, asesinada el 25 de marzo en Santiago Tianguistenco, Estado de México; Abiram Hernández Fernández, asesinado el 29 de marzo en Xalapa, Veracruz; Luis Armando Fuentes, ejecutado el 11 de abril en San francisco Ixhuatán, Oaxaca; Héctor Domínguez, asesinados el 19 de abril en Ciudad Valles, San Luis Potosí, y José Luís Álvarez Flores, encontrado muerto el 10 de junio en Palenque, Chiapas.
De todos estos casos, es el de Samir Flores Soberanes el que mejor evidencia la tesis de cómo los activistas que pasan al periodismo son los que se colocan en un mayor riesgo. A Samir le arreciaron las amenazas de muerte hasta que hizo eco de sus protestas a través de la radio comunitaria de su localidad. Hasta antes solo era visto por el gobierno local del estado de Morelos, como un activista más y “un facineroso, opositor a los proyectos de desarrollo propuestos por la federación”, según lo describió un informe interno de la Secretaría de Gobierno fechado en enero del 2015, en la administración de Graco Ramírez Abreu.
Hasta antes del 2016, fecha en la que Samir Flores arreció sus protestas a través de la estación de radio comunitaria que él mismo fundó, sus protestas por la defensa del agua y el territorio, principalmente las relacionadas a inocuidad de la agricultura, solo la manifestaba a través de marchas y plantones frente a instancias del gobierno local. Con la radio como herramienta de denuncia social, fue cuando comenzó a ser más observado por el gobierno estatal.
Aun cuando de origen Samir Flores fincó su lucha social en la protección de la agricultura y el cuidado del agua para el suministro a los cultivos a baja escala, tras el anuncio del gobierno federal para poner en marcha el llamado Proyecto Integral Morelos, consistente en la construcción de un gasoducto y dos plantas termoeléctricas, fue que inició una movilización permanente no solo contra las empresas españolas Abengoa y Elecnor, inversoras del proyecto, sino contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) del gobierno federal y el estatal de Morelos, gestoras del mismo.
La movilización de Samir, que despertó la conciencia de todos los habitantes del norte de Morelos y sur de Puebla y Tlaxcala para evitar que se construyera el gasoducto y se pusiera en operación la planta termoeléctrica de Yecapixtla, donde se hizo una inversión de 25 millones de pesos, fue lo que le colocó en la mira de sus asesinos, pues desde su estación de radio, Amiltzinko 100.7 FM, comenzó a organizar a todas las poblaciones de la zona, para levantar un cerco de resistencia contra el proyecto.
La lucha de Samir Flores, la que arreció desde la radio contra el Proyecto Integral Morelos no fue solo “un capricho”, como lo calificó en alguna ocasión el entonces gobernador de Morelos, Graco Ramírez. Tenía fundamentos: desde su espacio público denunció que el Proyecto Integral Morelos significaba el arrebato de más de 172 kilómetros de suelo -por el paso del gasoducto- en 39 comunidades rurales de nueve municipios de Tlaxcala, 10 de puebla y cinco de Morelos. Pero además, representa el arrebato de 157 veces el agua que pudiera caber dentro del estadio Azteca, en un año, lo que dejaría sin abasto de líquido para la zona agrícola de los municipios de Jantetelco, Temoac, Jonacatepec, Cuautla y Yecapixtla.
Si bien es cierto que la sola presencia de Samir en reuniones de resistencia vecinal las convertía en verdaderos mítines políticos, también es de señalar que su presencia mediática, a través de la radio, lo hizo potencializar exponencialmente su movimiento, convirtiéndose en un verdadero líder ubicuo, que al mismo tiempo dialogaba y organizaba las protestas, a través de su programación, con vecinos de Tlaxcala, Puebla y Morelos, lo que lo convirtió en un hombre potencialmente “peligroso” a los intereses económicos de la CFE, las empresas inversoras y para el propio gobierno federal y estatal de Morelos, empecinados en el proyecto.
El mayor grado de “peligrosidad” lo alcanzó Samir Flores cuando comenzó a manifestar su rechazo a la consulta popular que pretendía –y luego lanzó con resultados poco confiables- el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ofreció someter a la consulta de la gente la viabilidad de continuar o no con el Proyecto Integral Morelos. Samir Comenzó a organizar a su pueblo para rechazar la consulta, y en caso de que se llevará a cabo –como finalmente ocurrió- manifestar un rotundo no al proyecto.
El resultado de la consulta, donde increíblemente ganó el “sí” al proyecto, ya no lo pudo conocer Samir Flores Soberanes; a él lo asesinaros dos días antes que se llevara a cabo la dichosa votación. Ya no pudo conocer las cifras oficiales que orgulloso cantó el propio Presidente de la República desde su púlpito mañanero, desde donde anunció que el 59.5 por ciento de los que votaron se dijeron a favor de la puesta en operación de la obra, mientras que el 40.1 por ciento se dijo en contra.[1] Según las cifras presidenciales en la consulta participaron un total de 55 mil 715 personas, de las que 7 mil 558 son del estado de Puebla, 43 mil 176 votantes lo hicieron en el estado de Morelos, en tanto que otros 4 mil 951 son del estado de Tlaxcala.
Pero para que esos resultados se dieran sin ninguna oposición, a Samir Flores lo tuvieron que asesinar. De este asesinato, el que oficialmente es atribuido al crimen organizado, el propio gobierno federal se desmarcó solícitamente al asegurar que “este gobierno (el de López Obrador) se caracteriza por la no violencia como estrategia para la solución de los problemas”,[2] agradeciendo de paso “a todos los que participaron en esta consulta”.
A Samir Flores Soberanes lo asesinaron la mañana del 20 de febrero del 2019, justo cuando salía de su domicilio en la comunidad de Amiltzingo, del municipio de Temoac. Fue encontrado por un grupo armado que le disparó en cuatro ocasiones, acertándole dos balas en la cabeza y otras dos en el tórax. Lo ejecutaron un día después de que organizó una protesta para rechazar públicamente la puesta en operación de Termoeléctrica, la que –insistió en señalar- solo beneficiaría a la planta minera e industrial de Morelos, a la que se suministraría de energía eléctrica a bajo costo, con cargo al despojo del agua y el territorio de las comunidades indígenas de Morelos.
El activista, de 30 años de edad y de origen náhuatl, todavía se reunió -un día antes de su muerte- con el súper delegado del gobierno federal en Morelos, Hugo Erik Flores, el que trató de convencer al grupo que encabezaba Samir Flores Soberanes para que en la consulta todos fueran a favor del llamado Proyecto Integral Morelos. En la reunión el hoy asesinado cuestionó severamente la postura oficial de pleno apoyo del presidente López Obrador a la puesta en operación de del proyecto, por el daño que ocasionara al territorio y el agua de la zona.
Por esa razón el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA) estima que este fue un asesinato de Estado, pero aun así reclamó al gobierno federal una rápida y puntual investigación sobre los hechos, no sin recordar que el propio presidente López Obrador generó con su discurso un encono contra los opositores a la termoeléctrica, al cuestionar y descalificar el movimiento encabezado por Samir Flores, lo que de alguna forma pudo haber contribuido en el asesinato.
El esclarecimiento del homicidio de Samir Flores, que al cierre de este trabajo aún se encontraba sin avances debido a que la Fiscalía del Estado de Morelos “extravió” algunas de las pruebas base de la investigación, se asimila en mucho al del periodista Rafael Murúa Manríquez, asesinado en el municipio de Santa Rosalía, Baja California Sur, el 20 de enero del 2019, por el solo hecho de que algunas pruebas han sido “extraviadas” por la Procuraduría General de Justicia de ese estado, como si se tratara de un guión oficial preestablecido para no llegar al esclarecimiento.
El caso del periodista Rafael Murúa Manríquez, y su desenlace fatal, es similar al de Samir Flores Soberanes, solo que a la inversa: mientras Samir Flores era un activista que en su evolución de denuncia social pasó al periodismo, Rafael Murúa se desplazó con su denuncia desde el periodismo hacia el activismo social. Los dos desembocaron en lo mismo: la muerte a causa de la denuncia y enfrentamiento con los poderes fácticos.
El cuerpo de Rafael Murúa Manríquez fue encontrado luego de más 24 horas de estar desaparecido. Presentaba lesiones de arma punzocortante a la altura del pecho y un impacto de bala en la cabeza, con el que se presume fue ultimado. En la escena del crimen fueron recogidos tres envoltorios con mariguana, lo que fue la base para que la Procuraduría de Justicia de ese estado iniciara una campaña de desprestigio contra el periodista, igual que en otros casos de comunicadores asesinados que se refieren más adelante.
La última vez que se supo de Rafael Murúa con vida fue la noche del día antes de que apareciera su cuerpo asesinado, cuando mantuvo comunicación, a través de mensajes de texto, con un familiar suyo. Sus familiares volvieron a saber de él hasta que la policía local dio cuenta del cuerpo sin vida encontrado sobre un camino vecinal, a la altura del kilómetro 40 de la carretera Mulegé-Guerrero Negro, en las inmediaciones de la comunidad de San Ignacio. El vehículo que utilizaba el periodista, un Nissan, Altima, color blanco, de modelo atrasado, fue encontrado en sobre la calle 11, casi esquina con la avenida Constitución, en la zona urbana de Santa Rosalía.
A Rafael Murúa lo secuestraron sus captores, quienes lo sacaron del poblado para darle muerte. Era un hecho que se le había anunciado repetidamente mediante una serie de mensajes intimidatorios de los que él dio a conocer no solo a sus más cercano círculo familiar y de amigos sino del propio gobierno federal, a través del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a donde solicitó protección ante el evidente riesgo en el que estaba su integridad. “Me están advirtiendo que me van a asesinar. Y es información que viene de una casa de uno de los coordinadores del gobierno municipal” dijo el propio Rafael Murúa al solicitar la intervención del Mecanismo de Protección en el mes de noviembre del 2018.
Aun así, el Mecanismo de la Secretaría de Gobernación del gobierno federal no actuó diligentemente. Se limitó al manual del inservible protocolo de operación: le otorgó un dispositivo electrónico de comunicación y ubicación, el llamado Botón de Pánico, con el que oficialmente se cumplió con la medida de protección reclamada, aunque finalmente el Botón de Pánico solo sirvió para ubicar el cuerpo sin vida del periodista, que es para lo que ha servido ese dispositivo en algunos de los casos de otros periodistas asesinados.
Ni por equívoco a los funcionarios del Mecanismo de Protección del gobierno federal se les ocurrió la idea de sacar a Rafael Murúa de su región, ni dotarle de elementos de seguridad que los resguardaran día y noche, como se hace frecuentemente con algunos periodistas de elite que trabajan para medios informativos de los llamados nacionales desde la Ciudad de México, que cuentan con guardaespaldas. No. Los encargados del Mecanismo consideraron que con el Botón de Pánico se solucionaría el problema de riesgo que pesaba sobre Murúa.
En la evaluación de riesgo que hicieron los funcionarios federales del Mecanismo de Protección sobre la situación de Rafael Murúa, poco importó que las amenazas de muerte contra el comunicador vinieran de algunos de los colaboradores de la administración municipal de Mulegé, los que fueron señalados en una serie de actos de corrupción que tocaban directamente al presidente municipal José Felipe Prado Bautista, del Partido Nueva Alianza, con quien se confronto directamente.
No solo eso, el Mecanismo tampoco tomó en cuenta que Murúa Manríquez, teniendo como trinchera de denuncia social la estación de la radio comunitaria Radio Kashana 93.3 FM, también comenzó a realizar un activismo a favor del medio ambiente, comenzando a ser incómodo para empresas trasnacionales con proyectos mineros en la zona de Guerrero Negro y Santa Rosalía, principalmente de la Minera Boleo, los que fueron señalados por su afectación al entorno y arrebato de recursos, que son dos líneas de investigación que no han sido consideradas en las pesquisas que aun lleva a cabo la Procuraduría General de Justicia del Baja California Sur, para el esclarecimiento de su asesinato.
Como evolución de su ejercicio periodístico, Rafael Murúa Manríquez fundó la organización Ondas en la Playa A.C. no solo para impulsar la labor de denuncia social que ya venía haciendo desde la estación de radio comunitaria Radio Kashana 93.3 FM, sino para ayudar en la gestión de nuevas concesiones de radio para las comunidades de esa zona de Baja California Sur, a fin de fortalecer la participación ciudadana en siete ejes fundamentales: Cultura Ambiental, Culturas Alternativas, Difusión de Cultura en General, Expresiones Comunitarias, Equidad de Género, Salud Sexual Reproductiva y Cultura de los Derechos Humanos en general.
Eso, el “peligro” en el que se estaba convirtiendo Rafael Murúa para los intereses políticos y económicos de la zona de Santa Rosalía, pasando del periodismo al activismo social, es la causa por la que fue asesinado y no lo dicen así las actuaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la que a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) se hizo cargo de las pesquisas que aún no llevan a ningún lado sobre el esclarecimiento de este homicidio.
La FEADLE, que fue creada durante la administración del presidente Felipe Calderón, mediante acuerdo del entonces procurador general de la república, Arturo Chávez, el 1 de julio del 2010, es la que en teoría debería atender, investigar y resolver todos los agravios –principalmente los asesinatos- cometidos contra los comunicadores, pero no es así; la mayor parte de las agresiones a los periodistas cometidas entre el 5 de julio del 2010 (fecha en la que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el nacimiento de esta fiscalía) hasta diciembre del 2019, han quedado en manos de las procuradurías o fiscalías de los estados, donde a veces se encuentran los propios agresores de los periodistas.
Desde que nació la FEADLE -como respuesta oficial a las agresiones de los comunicadores- hasta diciembre del 2019, habían ocurrido en todo el país 78 asesinatos de periodistas y por lo menos 5 mil 725 agresiones de consideración, que van desde amenazas, secuestros y lesiones hasta desplazamientos forzados, de acuerdo al registro del Mecanismo federal de Protección de Periodistas. Pero de esas agresiones, que han repercutido invariablemente en la autocensura y en la creación de verdaderas zonas de silencio periodístico, hasta el mes de julio de ese mismo año solamente 2 mil 764 casos fueron atendidos por la fiscalía federal, donde se integró igual número de averiguaciones previas o carpetas de investigación, de las que solamente Mil 113 de ellas fueron dictaminadas con algún tipo penal de alcance para presentarse ante un juez que ventilara el caso.[3]
La inoperancia de la FEADLE, no solo en la investigación de las agresiones a los periodistas sino en la judicialización de esas investigaciones –es decir, que con base en la legalidad de la pruebas sean aceptas por un juez- queda más en evidencia cuando se observa que de las Mil 113 carpetas de investigación o averiguaciones previas que se dictaminaron solamente se pusieron a disposición de un juez de control, entre el 2010 y el 2019, un total de 178 casos de agresión: siete consignaciones corresponden al 2010, 16 al 2011, 14 en el 2012, 18 en el 2013, en el 2014 fueron 17, otras 21 en el 2015, en el 2016 fueron 15, de las que 14 fueron consignadas y solo una se judicializó; de las 20 averiguaciones que se dictaminaron en el 2017 un total de 15 fueron consignadas sin ningún efecto y solo cinco siguieron un proceso judicial, en el 2018 fueron 36 indagatorias de las que 18 se consignaron y solo 18 dieron pie a un proceso penal, y para el 2019 de las 14 indagatorias dictaminadas 14 se consignaron sin efectos mientras que solo nueve siguieron un proceso penal.[4]
Pero no solo eso, resulta más escandalosa la omisión del Estado mexicano cuando se revisa en las estadísticas oficiales de la FEADLE la cantidad de órdenes de aprehensión que han resultado del 2010 al 2019, por la comisión de los delitos cometidos contra periodistas, donde de 2 mil 764 denuncias, solo se han girado 125 órdenes de aprehensión contra presuntos responsables,[5] es decir, de las 178 averiguaciones previas y carpetas de investigación que inició la Procuraduría General de la Republica, ahora Fiscalía General de la Republica (FGR) y que prosperaron ante un juez, principalmente por el delito de homicidios, en 53 de esos casos ni siquiera existe un indiciado.
El estado de impunidad en el que se encuentran la mayoría de las agresiones a periodistas se refleja claramente en las mismas estadísticas oficiales de la FEADLE: de las 125 órdenes de aprensión giradas por un juez competente, tras recibir las carpetas de investigación o las averiguaciones previas integradas por la FGR, solamente se han cumplimentado 42 de ellas, donde 31 de los detenidos como probables responsables de agresiones a periodistas fueron vinculados a proceso, y solamente a 11 se les dictó la formal prisión.[6] De estos 11 detenidos y encarcelados, siete están procesados por amenazas, robo, lesiones, daño en propiedad ajena, abuso de autoridad y/o tentativa de lesiones. Los otros cuatro se encuentran en prisión oficiosa acusados, uno de secuestro en Baja California, y tres por homicidio, uno en Chihuahua por el asesinato de Miroslava Breach, y dos en Sinaloa por la ejecución de Javier Valdez. Hasta el cierre de este trabajo ninguno de los procesados contaba con sentencia.
Las sentencias a los agresores de periodistas es otro tema aparte, donde el poder judicial no tiene margen de actuación ante lo endeble de las investigaciones integradas por los agentes del Ministerio Público de la Federación, lo que ha hecho que desde que se creó la FEADLE en julio del 2010, hasta diciembre del 2019, solo 14 procesos penales hayan concluido en sentencias condenatorias. Hay que señalar que de 14 sentencias que ha logrado la FGR, 13 de ellas tienen que ver con robo, lesiones, amenazas y abuso de autoridad, solo una está relacionada al delito de homicidio de un periodista, el de José Armando Rodríguez Carreón, de El Diario de Ciudad Juárez, ejecutado el 13 de noviembre del 2008. Los otros 76 homicidios de comunicadores ocurridos en este mismo periodo se mantienen en completa impunidad.
Y se trata de una impunidad no solo fincada en la negligencia investigadora de las policías y Agentes del Ministerio Público, sino en la propia naturaleza del marco jurídico penal que se flexibilizó a partir del 29 de febrero del 2016, cuando el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto introdujo al sistema penal la figura llamada de “Soluciones Alternas y Formas de Terminación Anticipadas en el Proceso Penal Acusatorio”, las que fueron posibles con la reforma constitucional de la materia dictada por el presidente Felipe Calderón el 18 de junio del 2008, la que garantiza que en delitos no graves el acusado pueda negociar con la víctima la reparación del daño, y así evitar la prisión.
De ese modelo se han valido algunos de los procesados agresores de periodistas, a los que la FGR no le pudo tipificar como graves los delitos cometidos, haciendo que el proceso penal al que fueron sometidos no se llegara a la prisión oficiosa, luego que los indiciados recibieron el beneficio otorgado en la alternativa de negociación con la víctima, donde las y los periodistas agredidos fueron conminados por el la propia FEADLE a la negociación con sus agresores. Así, según la estadística de la FEADLE, de julio del 2010 a julio del 2019, fueron 24 procesos de agravio a comunicadores los que terminaron en la negociación mediante el sistema de Soluciones Alternativas y Formas de Terminación Anticipadas en el Proceso Penal Acusatorio,[7] gracias a lo cual los agresores siguieron en libertad y los periodistas se acogieron a la autocensura.
“Después de un proceso en el que el agresor queda en libertad, uno ya no se puede sentir seguro. Uno ya no es el mismo. El miedo se convierte en un compañero irrenunciable que se hace presente en todo momento, pero principalmente al momento de procesar la información, que casi siempre obliga a la autocensura”, dijo Said Hernández, quien con miedo tuvo que ver como sus agresores que intentaron asesinarlo fueron puestos en libertad porque el agente del ministerio público no pudo demostrar el delito homicidio en grado de tentativa y solo se configuró el de lesiones, considerado no grave.
El de Said Hernández, periodista de Oaxaca, es uno de los casos tipo que revelan cómo el entramado judicial se observa inoperante en la sanción de las agresiones a periodistas, a causa de la deficiente labor de investigación de la representación social de los Agentes del Ministerio Público. Él fue agredido en la madrugada del 24 de junio de 2012, cuando llegaba a su casa en compañía de su hermano. Tres sujetos lanzaron un ataque directo contra su persona, lesionándolo de muerte con armas punzocortantes, dejándolo por muerto. La rápida reacción de su hermano fue la que le ayudó a salvar la vida, al solicitar la ayuda de los servicios de urgencia de la ciudad de Oaxaca y de elementos de la policía municipal, estos últimos logrando la detención de los tres agresores.
El ataque fue rápido y directo –cuenta Said Hernández, jefe de información y director del portal de la Revista Tucán-. Los tres agresores salieron de la nada. Nos rodearon. “¡Los estábamos esperando, ahora sí ya se los cargó la chingada (…) para que le bajen de huevos!”, fueron las palabras que recuerda Said le dijeron sus los agresores, al tiempo que uno de ellos se abalanzó contra el hermano del periodista, mientras que otros dos fueron directamente contra el comunicador. En menos de dos minutos Said recibió dos heridas que lo pusieron al borde de la muerte; con un picahielo le causaron una lesión en el pecho, que perforó entre uno de los pulmones y el corazón. Con una navaja tipo charrasca le causaran una cortada de 20 centímetros en la pierna izquierda, luego el agresor buscaba acertar en los genitales. Inconsciente, el periodista fue trasladado de urgencia a un hospital de Oaxaca, donde tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en dos ocasiones para lograr salvarle la vida.
La rápida intervención de la policía municipal logró la captura de los tres agresores cuando estos ya se deban a la fuga, dejando a Said por muerto. Los agresores fueron detenidos unas cuadras adelante del lugar donde se dio el atentado, por donde huían a bordo de un auto Renault tipo Megane con placas de circulación TKK 9115 del estado de Oaxaca. Los detenidos fueron identificados como Daniel Amador Martínez, con antecedentes penales por robo calificado, de acuerdo a la averiguación previa AP/722-2001; Ernesto Gerardo Gaona Robles, quien también tiene antecedentes penales por lesiones calificadas según se establece en el expediente 32/2002; y Emilio Martínez Cortés o Emigdio Martínez Cortés, este último sin antecedentes.
Los tres fueron recluidos en el Penal de Santa María Ixcotel, donde el delito inicialmente imputado fue el de homicidio en grado de tentativa en contra del periodista Said Hernández, pero el Agente del Ministerio Público de la federación que asumió el caso, fue incapaz de aportar ya no los elementos materiales de la tipificación del ilícito representados en la sola condición de la víctima, por la herida en el pecho, sino que no pudo sustentar jurídicamente la configuración del delito, con el que se garantizaba la permanencia de los agresores en prisión por lo menos por 30 años, de acuerdo al código penal del estado de Oaxaca.
La ineficiencia del Agente del Ministerio Público dio una puerta de salida a los agresores: promovieron un amparo – el marcado con el número 1103/2012 dentro de la causa penal 108/2012 radicada en el Juzgado Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, en Oaxaca- el que fue atendido y resuelto por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, el que sin mayor problema desestimó el atentado contra el periodista, bajando el delito, con el que inicialmente fueron procesados los agresores, de homicidio en grado de tentativa a solo el de lesiones.
Así, a menos de un año de permanecer en prisión, el 4 de abril del 2013, los tres agresores recibieron el auto de libertad, imponiéndole solamente el pago de una fianza de 100 mil pesos a cada uno. Las fianzas fueron liquidadas a solo dos horas de que el juez José Luis Legorreta Garibay otorgó el amparo y protección de la justicia a los tres que atentaron contra a vida de Said Hernández. Pese a la resolución que fue contra el derecho del comunicador, ni la FEADLE, entonces encabezada por Laura Borbolla, ni la comisión del Senado Para el Seguimiento a los Casos de Agresiones a Periodistas, entonces presidida Marco Antonio Blázquez, hicieron algo para evitar el atropello. Ni siquiera hubo un posicionamiento oficial que hablara de la inconformidad oficial contra la decisión del juez.
Ante la falta de sustento jurídico y de una adecuada preparación del Agente del Ministerio Público adscrito al juzgado donde se ventiló el amparo, que terminó por otorgar la libertad a los tres agresores del periodista Said Hernández, el juez no tuvo ninguna oposición a su criterio para determinar que las heridas cometidas al periodista “nunca tuvieron por objeto privarlo de la vida”, aun cuando la lesión causada con el picahielos estuvo a un centímetro de tocar el corazón, según se acredita por parte de los peritos médicos en el expediente 108/2012.
En la resolución del amparo 1103/2012, el juez José Luis Legorreta Garibay fincó como fundamento de sus criterios que no consta de ninguna forma que “las heridas provocadas por los peticionarios de amparo, consistentes en darle un piquete en el pecho a la altura de la tetilla del lado derecho con un picahielo, un fierrazo con una charrasca en la pierna izquierda e intentos de varios cinturonazos, hayan tenido la intención o voluntad de privar de la vida al ofendido Rafael Said Hernández”. También consideró que el dicho de uno de los agresores: “[…ahora sí ya se los cargó la chingada…] no es suficiente para determinar que los quejosos tenían la intención de privar de la vida al sujeto”.
Según la sentencia del amparo que dio la libertad a los agresores de Said Hernández, la amenaza de muerte vertida contra el periodista por sus agresores, no pudo ser considerada como tal, pues “ello llevaría a un subjetivismo absurdo que daría origen a sancionar el puro propósito o la intención, sin que esa se hubiese manifestado en actos ejecutivos del delito, los cuales no pueden considerarse idóneos y directos para consumar el ilícito”. Esta misma consideración jurídica fue ratificada por los Magistrados del Tribunal Colegiado de Circuito, a donde se ascendió el asunto y donde otra vez no hubo acción combativa por parte del Agente del Ministerio Público adscrito, por lo que el amparo de libertad a los agresores quedó en firme a su favor.
Igual que en otros casos de agresiones a periodistas, en el de Said Hernández la autoridad ministerial encargada de las pesquisas no fue más allá en sus actuaciones: solo intentó procesar a los autores materiales de la agresión. Se dejó de lado la persecución del autor intelectual del atentado, aun cuando un grupo de periodistas y el mismo ofendido dieron cuenta de dónde provenía la instrucción del atentado; se señaló como responsable de estos hechos a una persona de nombre Fredy Fuentes Vásquez, “El Bonifacio” o “El Caletri”,[8] del que se sabe, además de la estrecha relación que mantiene con los agresores, fue también trabajador en diversos momentos para la administración estatal del gobierno de Oaxaca.
“El Caletri”, por pesquisas realizadas por el mismo Said Hernández y de un grupo de comunicadores locales que han venido protestando por la exoneración de los responsables de la agresión, está vinculado con funcionarios de alto rango de los gobiernos de Diódoro Carrasco Altamirano, José Nelson Murat Casab, Ulises Ernesto Ruiz Ortiz y Gabino Cué Monteagudo, los que fueron constantemente cuestionado, desde el trabajo periodístico de Said Hernández, por la opacidad en el manejo de recursos, tal como se cuestionó el desvío de recursos en la administración municipal de Oaxaca, principalmente en la gestión del alcalde Luis Julián Ugartechea Begué, los que ni siquiera fueron mencionados en las investigaciones, porque todo se limitó al suceso de la agresión, pero no a las razones periodísticas que podrían estar detrás de este.
Igual que mucho de los periodistas agredidos, Said Hernández no se ha limitado al trabajo periodístico, para hacer valer su labor de denuncia social. También ha traspasado la barrera del periodismo para hacer activismo social; en muchas ocasiones ha tenido que tomar las calles para hacer valer la denuncia y el reclamo que a veces no se logra desde el publicación de la información, principalmente cuando se trata de exigir mayor seguridad para los trabajadores del gremio o para repudiar los atentados de los que son víctimas frecuentes los periodistas de Oaxaca.
No sobra decir que pese al miedo que reconoce tener Said Hernández, al continuar dentro del ejercicio de su profesión, ahora con sus agresores en libertad, este sigue haciendo su trabajo bajo las peores condiciones de seguridad que un periodista en México puede tener, donde el Mecanismo Federal de Protección de Periodistas y la propia FEADLE, ambos del gobierno federal, no han hecho nada para garantizarle la seguridad no solo a su trabajo, sino la misma seguridad necesaria para su personas y su familia.
Este caso es como dijo en su momento el periodista fallecido Manuel Gonzalez Arizpe, que en México “es más importante un periodista muerto que un periodista perseguido o amenazado, porque cuando un periodista muere todo el gremio y autoridades se aglutinan en torno a su féretro, pero cuando lanza el llamado de auxilio nadie lo escucha”. Así cuestionó Manuel Gonzalez el hecho de que ninguna de las organizaciones “defensoras de periodistas” y algunos periodistas nacionales que salieron a desgarrarse las vestiduras por los trágicos asesinatos de Miroslava Breach y Javier Valdez, no lo hicieron para repudiar el atentado contra Said Hernández, “solo porque Said, no es un periodista que represente algún beneficio económico, como el que representan la muertes de Miroslava y Javier”, dijo.
