Por. J. Jesús Lemus
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos inició una carpeta de investigación sobre los posibles nexos criminales de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda y su esposo Carlos Torres.
Las investigaciones sobre la gobernadora de Morena surgen a partir de una declaración de Genaro García Luna, el que fuera secretario de Seguridad Pública, en el tiempo de Felipe Calderón, y que se encuentra sentenciado -por narcotráfico- a 38 años de prisión en Estados Unidos.
De acuerdo con las versiones de un funcionario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, podría estar relacionada, a través de su esposo, Carlos Torres, con una red de empresas que sirvieron para lavar dinero al grupo criminal de Ismael “El Mayo” Zambada.
Según la fuente, esas mismas empresas que sirvieron para lavar activos del Cártel de Sinaloa, de la fracción de “El Mayo” Zambada, también serían parte de una red dedicada a la obtención de contratos ilegales para la prestación ficticia de obras y/o servicios, también bajo la directriz de Genaro García Luna.
La red de empresas
Las empresas asociadas a Carlos Torres, esposo de la gobernadora Marina del Pilar, se habrían fundado entre el 2006 y el 2009, durante el periodo de gobierno del presidente Felipe Calderón, cuando Genaro García Luna -en su calidad de secretario de Seguridad Pública- decidía personalmente a quién le entregaba contratos, sin la obligación de cumplir con obras o servicios comprados por el gobierno.
Algunas de las empresas ligadas a Carlos Torres, el esposo de Marina del Pilar Ávila Olmeda, estarían también relacionadas con el empresario José Galicot Behar, entre las que se encuentran Escénica Publicidad S.A. de C.V., Kuk Lab S.A. de C.V. y Kuk Track S.A. de C.V., las que estarían vinculadas o subarrendaron contratos o servicios con firmas de García Luna, como Nunvav Inc., Nunvav Technologics y/o Glac S.A.
La conexión entre García Luna y estas empresas ligadas a su consorcio no es difícil de entender, si recordamos que entre el 2006 y 2009, Carlos Torres, el esposo de la gobernadora de Baja California, era el enlace de García Luna en el norte de la península de Baja California, desde su posición de diputados federal.
Desde esa posición, Carlos Torres negociaba liberaciones y detenciones con el entonces secretario de Seguridad del gobierno federal. En ese mismo periodo (entre 2006 al 2009) fue cuando -según el decir de la declaración de García Luna- Carlos Torres incentivó a diversos empresarios de Baja california para la creación de empresas que pudieran lograr contratos en el área de seguridad.
Saquearon al giobierno federal
Al esposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila, más allá de que se le relacione con empresas que sirvieron para lavar millones de dólares al Cártel de Sinaloa, de la fracción de Los Mayos, se le identifica en Estados Unidos como un blanqueador de dinero de los fondos extraídos corruptamente del gobierno federal.
Carlos Torres, de acuerdo con la investigación iniciada en Estados Unidos, habría invertido en el terreno inmobiliario algunos de los fondos extraídos, con empresas fantasmas, siendo subsidiario de la red de empresas de García Luna que desfalcaron al gobierno federal, incluso cuando García Luna ya no era parte del gobierno.
Las empresas ligadas al esposo de la gobernadora de Baja California, y que hoy son eje central de una investigación por Lavado de Dinero, están asociadas con un fondo de 745 mil 879 millones 884 mil dólares, que fue saqueado de las arcas del gobierno mexicano, a través de contratos y licitaciones a modo de las empresas Nunvav Inc., Nunvav Technologics y/o Glac S.A.
La extracción de recursos del gobierno federal que hizo García Luna y sus empresas, de lo cual una parte de esos fondos fueron para las empresas de Carlos Torres y Marina del Pilar, Ávila, se logró mediante la simulación de obras y/o servicios a diversos Centros Federales de Rehabilitación Social, en las instalaciones del CISEN, en la Fiscalía de Justicia de la CDMX y en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional de (CISEN).
Ligados al Huachicol
A la gobernadora Marina del Pilar y a su esposo Carlos Torres, no solo se les investiga por sus nexos de corrupción para desfalcar al erario federal de México. En la que sería en Estados Unidos el equivalente a una carpeta de investigación, a la citada pareja se les refiere como parte medular de una red de huachicol.
De acuerdo con fuentes dentro de la autoridad investigadora de Estados Unidos, Carlos Torres y Marina del Pilar Ávila, estarían asociados al menos con cinco estaciones de servicios (gasolineras) en Mexicali, una empresa de transporte de combustibles (pipas) y por lo menos con siete empresas factureras que han hecho posible el tráfico de combustible robado.
La relación de Carlos Torres y su esposa Marina del Pilar proviene de un señalamiento hecho por un empresario huachicolero, que desfalcó a Pemex con contratos millonarios, y se convirtió en testigo protegido. De acuerdo con esa versión, mientras Carlos Torres coloca en el mercado el combustible robado o internado ilegalmente desde Estados Unidos, la gobernadora brinda seguridad y protección a los movimientos de huachicol que se dan en la zona del norte de Sonora y Baja California.
La red de huachicol a la que se asocia a la gobernadora Marina del Pilar y su esposo Carlos Torres, es la misma red del Huachicol Fiscal que inicia en Minatitlán, Veracruz y que fue concebida por Adán Augusto López Hernández, la que operó a través de su jefe de operaciones criminales, Hernán Bermúdez Requena.
En esa misma red de huachicol, en la que se investiga a la gobernadora de Baja California y a su esposo, también resaltan los nombres de los senadores de Morena, Olga Sosa Ruiz y José Ramón Gómez Leal, al igual que los gobernadores de Sonora y Sinaloa, Alfonso Durazo Montaño y Rubén Rocha Moya, respectivamente.
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