La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Bertha Alcalde, informó que, derivado de los hechos registrados durante la manifestación del sábado 15 de noviembre, se puso a disposición del Ministerio Público a 29 personas detenidas en flagrancia, por lo que se iniciaron 19 carpetas de investigación por los delitos de tentativa de homicidio, lesiones, robo, daño y resistencia de particulares.
Durante la conferencia de prensa del lunes 17, encabezada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la fiscal informó que los incidentes incluyen agresiones contra 84 policías y cuatro manifestantes, así como daños y robo en un establecimiento y un vehículo.
Alcalde señaló que todas las personas detenidas fueron recibidas en la agencia del Ministerio Público correspondiente conforme a los protocolos establecidos. Añadió que fueron valoradas médicamente al ingresar, mantuvieron contacto con sus familiares —quienes estuvieron informados en todo momento sobre su situación— y contaron con defensa acreditada, ya fuera particular o pública, durante todo el procedimiento.
Asimismo, destacó que de las 29 personas detenidas, 18 adultos fueron puestos a disposición del Ministerio Público. En algunos casos —tres— se les investiga por tentativa de homicidio, resistencia de particulares y robo, mientras que otros son acusados por lesiones en distintos grados. Además, un adolescente fue turnado a la Fiscalía de Justicia Penal para Adolescentes.
Por su parte, las otras 10 personas remitidas, si bien se identificó que participaron en las agresiones, fueron canalizadas al Juzgado Cívico luego de que los dictámenes médicos practicados a los policías afectados determinaron que sus lesiones tardan menos de 15 días en sanar, por lo que no configuran un delito, sino faltas cívicas.
ONU, activistas y abogados rechazan actuación del Gobierno mexicano
Ante los hechos de violencia del sábado 15 de noviembre durante la “Marcha de la Generación Z”, Gina Romero, relatora especial de las Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, pidió al Gobierno mexicano detener la estigmatización de la protesta pacífica. Esto ocurrió luego de los dichos de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien en reiteradas ocasiones ha deslegitimado la manifestación relacionándola con la derecha política.
A esto se suma la petición de Romero para que el Gobierno mexicano respete el principio de diferenciación entre participantes con comportamientos violentos, investigue posibles infiltraciones —incluidos posibles agentes provocadores— para causar caos y justificar la dispersión, garantice la atención necesaria a personas heridas, incluyendo a oficiales de policía, y asegure la independencia judicial para esclarecer los hechos.
Romero no fue la única en reaccionar ante la postura del gobierno mexicano. El activista Adrián LeBarón, quien perdió a su hija y a sus nietos a manos del crimen organizado, expresó los motivos por los que participó en la marcha del sábado 15 de noviembre:
“Marché porque me los mataron hace 6 años (a sus nietos e hija) y hasta hoy no hay justicia. Marché porque sueño con un México que deje de estar arrodillado ante el miedo y por esas familias que se van quedando incompletas.”
Además, ante las acusaciones de tentativa de homicidio bajo las que algunos participantes de la manifestación se mantienen detenidos, dijo no entender “eso que llaman justicia”, pues:
“A unos jóvenes que salieron a protestar quieren acusarlos de homicidio y a los sicarios que dispararon más de 3 mil veces y luego le prendieron fuego a mi hija y mis nietos quieren darles 28 años de cárcel. Cada vida de mi familia vale 3 años de prisión, pero salir a marchar puede costarte la vida tras las rejas.”
Por su parte, la fundadora del Colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Flores, escribió en su cuenta de X:
“Voy a presentar un escrito a la Fiscalía General de la República diciéndole que quienes desaparecieron a mis hijos salieron a marchar antier (el 15 de noviembre). A ver si así los detienen.”
La madre buscadora señaló que desde hace más de cinco años entregó a la FGR información que logró recabar sobre quienes desaparecieron a sus hijos. Incluso dijo que ella misma ha tenido que tocar la puerta de la casa de los sicarios para rogarles por información sobre el paradero de sus familiares; sin embargo, a día de hoy no hay un solo detenido por el caso.
A su vez, el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM) habilitó una línea de atención para brindar asesoría jurídica gratuita a personas afectadas por detenciones o lesiones durante la marcha del 15 de noviembre.
Puso a disposición de los ciudadanos manifestantes el correo electrónico incam.atención1511@gmail.com para recibir solicitudes de asesoría jurídica, brindar orientación inicial y canalizar, en su caso, la representación correspondiente.
Finalmente, Miguel Alfonso Meza, presidente de Defensorxs y del proyecto Narcopolíticos, señaló que las acusaciones de la presidenta Sheinbaum sobre que “asistieron los de siempre” son ciertas, pues a la marcha asistieron Adrián LeBarón; Rosalinda Ávalos, quien perdió a sus hijos a consecuencia de la colusión entre el Estado y el crimen organizado, así como la abuela de Carlos Manzo, asesinado el pasado 1 de noviembre.
Ante estas declaraciones, el proceso legal en el que se encuentran las personas detenidas continúa hoy. Algunos de ellos ya fueron trasladados al Reclusorio Norte en la Ciudad de México, mientras familiares intentaron detener su traslado sin éxito. Las voces de organizaciones y activistas que piden su liberación o señalan el excesivo trato que están recibiendo por parte del Estado continúan.
