Por. J. Jesús Lemus
El ejemplo de esto es Canadá, un país con uno de los mayores potenciales mineros del mundo, en donde la legislación vigente obliga a las empresas a una exploración y explotación del suelo con absoluto respeto al medio ambiente y las comunidades asentadas en los entornos mineros.
En ese país, pese a la vastedad de sus recursos minerales, el gobierno sólo tiene entregados en concesión 479 permisos para la explotación minera, en los cuales sólo se reportan cuatro conflictos sociales, debido a disputas con la población, que exige la disminución de los índices de contaminación en el suelo, agua y aire.
Allí no hay registro de muertes de defensores ambientalistas, mucho menos grupos poblacionales desplazados o líderes comunales amenazados de muerte por defender los recursos naturales.
En México, sin embargo, las mineras canadienses que actúan con pulcritud en su país no se comportan de la misma manera; en el territorio mexicano son las que manifiestan una mayor deshonestidad al momento de hacer la exploración y explotación de los recursos del subsuelo del que tienen prácticamente el monopolio.
Lo mismo sucede con las mineras estadounidenses, las segundas en cuanto al número de concesiones mineras en México. Estas firmas, ejemplares en su país, tampoco respetan la legislación federal mexicana en materia de cuidado al medio ambiente, mucho menos respetan la autonomía de los pueblos asentados en torno a los sitios de exploración o explotación, los que de manera frecuente se ven sometidos a la violencia que genera la ambición del capital.
Por eso, no es extraño que la mayor cantidad de conflictos en México se presenten casi exclusivamente en torno a las minas cedidas en propiedad a firmas de Canadá y Estados Unidos, y donde la autoridad federal mexicana es cómplice al privilegiar el interés económico de los grandes capitales frente al bienestar de la población, propietaria original de los recursos naturales en explotación.
La impunidad propiciada por el sistema de corrupción del gobierno mexicano, dentro de la que operan las mineras canadienses y estadounidenses, ha sido malamente aprovechada por otras firmas internacionales, como las chinas, argentinas, italianas, japonesas, australianas y peruanas que operan en el país, las que han recibido severos cuestionamientos sociales por sus niveles de contaminación y por causar enfermedades entre las comunidades aledañas.
Es imposible mirar a cualquier punto de extracción minera en México y no encontrar un conflicto social alarmante, donde la menor de las consecuencias de la voraz e irracional explotación mineral se expone en comunidades despojadas del agua o expuestas a condiciones intolerables de salud ambiental.
