Por. J. Jesús Lemus
Aun cuando México se encuentra ubicado como uno de los países con mayor retraso en materia de desarrollo de energías renovables, los proyectos de energía verde que contempla el gobierno federal para los próximos tres años podrían colocar a nuestro país a la cabeza de América Latina en ese renglón… solo que la generación de esa energía estaría en manos de particulares.
En ninguno de los proyectos de obtención de energía eléctrica a partir de fuentes sustentables que se proyectan para México en la próxima década aparece el sector público. La totalidad de las inversiones en ese renglón serán del sector privado, principalmente de empresas de capitales internacionales.
Pero el mayor reto que enfrenta la generación de energía a partir de fuentes limpias de generación va más allá de las inversiones. Son los grupos ecologistas y comunidades indígenas los que se oponen a la instalación de plantas de electricidad, argumentando un repunte en los niveles de contaminación y despojo de tierras a los pueblos naturales.
De acuerdo a la Secretaría de Energía, actualmente en el país existen mil 989 proyectos promovidos ante esa dependencia por parte de empresas particulares, para generar energía eléctrica a partir del viento, sol, geotermia, corrientes fluviales o biomasa, en donde la inversión de capitales mexicanos es mínima.
Esos mil 989 proyectos contemplan el funcionamiento de por lo menos 6 mil 052 plantas de generación de electricidad, de las que 3 mil 749 funcionaran a base de viento, 898 por geotermia, 467 por corrientes fluviales, 745 en base a biomasa, y 192 con energía solar, garantizando el abasto de energía eléctrica a por lo menos el 12 por ciento de los mexicanos.
La mayoría de esos proyectos está en manos de empresas trasnacionales, principalmente de capitales estadounidenses, españoles, franceses y daneses, los que se proyectan desarrollar en los estados de Oaxaca, Baja California, Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Nuevo León, San Luis Potosí, Michoacán, Jalisco, Nayarit y Chiapas.
Pero lo que no dice la Secretaría de Energía es que el 90 por ciento de los proyectos de generación de energía sustentable son actualmente puntos de conflicto con las comunidades naturales de las localidades en donde se intentan desarrollar. La disputa es a causa del despojo de las tierras y ríos a utilizar, las que son reclamadas por grupos de comunidades indígenas.
De acuerdo a Roberto Ramírez, luchador social del estado de Oaxaca, del Frente Social por la Dignidad de los Pueblos, uno de cada cuatro proyectos energéticos en proyecto de todo el país se encuentran impugnados ante un juzgado federal; las comunidades indígenas reclaman una negociación directa con las empresas que han obtenido permisos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para la explotación de los recursos naturales en sus zonas.
Frente a esa situación, resalta el dato de la Secretaría de Energía que dice que a la fecha el país tiene 253 centrales en operación y en construcción para la generación de energía eléctrica con fuentes renovables. Los proyectos tienen presencia en el 90 por ciento de las entidades federativas del país, en donde Oaxaca y Veracruz son los estados con mayor número de proyectos, eólicos y de bioenergía.
Atractivo para las trasnacionales
Pero a pesar de ello, empresas como Acciona, Iberdrola, Energies Nouvelles, Vestas, Gamesa, Alesco, Enercit y Siemens, no quitan el dedo del renglón. Le apuestan a la apertura de inversión que representa la Reforma Energética del presidente Enrique Peña Nieto, la que espera que en los próximos cuatro años genere una inversión superior a los 98 mil millones de dólares para atender la demanda de energía limpia en México.
De todos los estados en donde se proyecta la puesta en operación de plantas generadoras de energía eléctrica, a partir de fuentes inagotables de generación, es Oaxaca el que más ha interesado a los inversionistas. En esa entidad se espera que antes de que termine el actual sexenio estén funcionando al menos 2 mil 449 plantas de electricidad, a base de fuerza eólica.
Las proyecciones del gobierno federal apuntan a que antes de que termine la actual administración, en el estado de Baja California se tendrán en operación al menos 645 plantas que abastezcan a la población de energía eléctrica, a partir de fuentes eólicas.
Las empresas trasnacionales que el gobierno federal estima que concluyan proyectos de inversión en nuestro país antes de que concluya este año, son Wah Seong de Malasia, Conergy de Alemania, Ebioss Energy de España y ESA Renewables de Estados Unidos, las que atenderían el 2 por ciento del servicio que actualmente ofrece la Comisión Federal de Electricidad.
Otras de las empresas que se encuentran afinando proyectos para la generación de energía renovable en México son Electricity de France EDF de Francia, Grupotec de España, Foxconn de Taiwán, Gestamp Group de España, Iberdrola de España, Akuo Energy de Francia y Uruguay, Atlantic Wind & Solar de Canadá y Ecuador, Sun Edison de Estados Unidos y Algae Tec de Australia y Brasil.
Se oponen a la inversión
La contracara de los proyectos para la generación de energía a partir de fuentes limpias, la representa la oposición de los pueblos indígenas. La mayoría de las inversiones y planes de construcción de plantas de energía eléctrica limpia tienen una oposición local.
De acuerdo a la asociación indigenista Frente Social por la Dignidad de los Pueblos, con presencia en por lo menos 17 estados del país, a la fecha existe una resistencia permanente contra los proyectos de inversión. Esa resistencia, manifestada en marchas, plantones y amparos judiciales, es la que ha hecho que 53 proyectos de construcción de plantas de electricidad en todo el país estén detenidos.
El reclamo de los pueblos indígenas, que se han alzado contra las empresas trasnacionales que buscan invertir en el sector energético, se funda principalmente en el despojo de tierras comunales concedidas por la federación. Reclaman su derecho a la consulta y a la negociación directa con los capitales trasnacionales.
Otro de los reclamos lo fundan en el temor de afectación directa a los mantos freáticos, tierras de cultivo y corrientes fluviales. Existe temor también a los niveles de radiación que se pudieran generar entorno a los sitios de generación de electricidad, lo que ya hecho que grupos de pobladores se desplacen de sus lugares de origen.
Solo en el estado de Oaxaca, las agrupaciones indigenistas han insistido ante el gobierno federal, por la vía del amparo judicial, en su demanda de frenar la instalación de 7 parques eólicos, los que desde la óptica de los pueblos indígenas estarían afectando la producción rural de por lo menos 2 mil pobladores.
En Puebla la situación no es distinta. Allí la oposición es generalizada para la instalación de cinco plantas hidroeléctricas, las que –argumentan los líderes indígenas- estarían contaminando el agua de los ríos y embalses que actualmente dan sustentabilidad a la vida de por lo menos 18 comunidades, con afectación directa a por los menos 270 mil personas.
En el estado de Michoacán, la situación en más crítica. Los pobladores de la zona sur del estado se han alzado, con el apoyo de los grupos de autodefensa para evitar que la empresa Alstom establezca un clúster de Geotermia y Energía Renovable que podría terminar con la escasez de energía eléctrica de por lo menos unas 20 localidades que se mantienen actualmente en el desabasto energético.
También en los estados de Campeche, Chiapas, Colima, Jalisco, Morelos y Nayarit, existen movimientos locales que se oponen a la instalación de plantas de electricidad a partir de la biomasa. Allí la resistencia obedece a grupos indígenas y ambientalistas que se niegan a la generación de energía a partir de la combustión del bagazo de caña, por los niveles de contaminación.
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