Por. J. Jesús Lemus
El estado de Michoacán ya se suma a la lista de las entidades de todo el país en donde el gobierno local realiza labores de espionaje sobre sus ciudadanos. En su momento el hoy exgobernador Silvano Aureoles Conejo reconoció que su gobierno realizaba “intervenciones” a los teléfonos de los ciudadanos con “tecnología avanzada, muy avanzada”. La situación no ha cambiado en el gobierno Alfredo Ramírez Bedolla.
La intervención telefónica, a manera de espionaje, se ha justificado desde la cúpula del gobierno de Michoacán, bajo el argumento de que eso se hace como una estrategia de seguridad pública, supuestamente para disminuir notablemente los índices de secuestros y extorsiones.
Las intervenciones que hace el gobierno estatal, confió a Cenzontle400 un agente de la dirección de gobernación en Michoacán, “son de manera aleatoria hacia la población civil sin actividad pública, pero se da un seguimiento especial a quienes tienen actividades preponderantes como periodistas, empresarios y actores políticos”.
En su momento el mismo gobernador Silvano Aureoles dijo, en su discurso donde deslizó la existencia de una política de espionaje sobre la ciudadanía, que su gobierno cuenta “con la tecnología más avanzada que hay en el mundo” para escuchar conversaciones telefónicas. Recomendó que se cuide lo que se dice en las conversaciones privadas. “Les recomiendo que no digan cosas que no deben decir en los teléfonos”. Dijo en tono de broma.
De esa forma, el que fuera jefe del ejecutivo estatal de Michoacán confirmó lo que algunos actores políticos, principalmente de los allegados a los grupos de las autodefensas, ya sospechaban desde la pasada administración: que en esta entidad se ejercer una política de observación y seguimiento permanente hacia la ciudadanía.
Así, Michoacán se suma ya a la lista de gobiernos estatales que, amparados en la nueva Ley de Seguridad Nacional, cuentan con facultades legales para espiar conversaciones, revisar correos electrónicos e intervenir redes sociales de particulares, bajo el pretexto del combate institucional a la delincuencia organizada.
En Michoacán, al igual que en Veracruz, Estado de México, Querétaro, Puebla, Nayarit, Sonora, Chihuahua, Veracruz, Chiapas, Guerrero, Tamaulipas, Jalisco e Hidalgo, el gobierno estatal adquirió equipo de alta tecnología, bajo el pretexto del combate a los carteles de las drogas, para intervenir comunicaciones de particulares, según lo pudo confirmar una fuente del propio gobierno estatal.
La adquisición del equipo de intervención no se hizo en la administración de Silvano Aureoles. Fue adquirida por la administración estatal del doctor Salvador Jara Guerrero, tras un convenio secreto establecido con la federación cuando la seguridad pública del estado estuvo a cargo del comisionado Alfredo Castillo Cervantes, en los tiempos de Enrique Peña Nieto.
Tras la compra del equipo, entre el que se encuentran al menos dos unidades móviles para el rastreo de llamadas telefónicas, un grupo de 12 funcionarios estatales, tanto de la Fiscalía de Michoacán, de la Secretaría de Seguridad Pública como de la Secretaría de Gobierno, fueron capacitados por personal de la Secretaria de Seguridad Pública del gobierno federal y de la Fiscalía General de la Republica.
El grupo de inteligencia estatal, conocido como “Olimpo”, cuenta con facultades para intervenir y revisar cualquier comunicación entre particulares. Actúan sin la necesidad de una orden judicial, y cuentan con la capacidad para mantener en el radar de vigilancia hasta 120 investigaciones a la vez, según se filtró desde el interior de la secretaría de gobierno de Michoacán.
Cuestión de seguridad nacional
El equipo con el que el gobierno de Michoacán, al día de hoy, mantiene bajo la mira del espionaje a los principales actores sociales de la entidad fue suministrado por la empresa alemana Gamma Group. La misma firma que de acuerdo al diario alemán Der Spiegel estaría suministrando de tecnología para espionaje y monitoreo a la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos.
Gamma Group entró el mercado mexicano, ofreciendo sus servicios de tecnología avanza a los gobiernos estatales para labores de espionaje, desde que se puso en marcha el Plan Mérida, para el combate al narcotráfico, signado por los presidentes de México, Felipe Calderón Hinojosa, y de Estados Unidos, George Bush.
Michoacán no había tenido la posibilidad económica de acceder a la tecnología alemana a causa de la crisis financiera en la que se encuentra desde hace 20 años, cuando la deuda pública comenzó a dispararse; pero un acuerdo entre la federación y el gobierno estatal de Salvador Jara Guerrero, tras el encarcelamiento del exgobernador Jesús Reyna García, permitió obtener fondos federales para la compra del sofisticado equipo.
En su momento, filtraron fuentes oficiales del gobierno estatal, el gobernador Salvador Jara y el comisionado Alfredo Castillo acordaron con el secretario de gobernación Miguel Ángel Osorio Chong la adquisición del equipo de espionaje, fincando su reclamo en la sospecha de que otros actores políticos, principalmente de la estructura de gobierno, estaban coludidos con el cartel de los Caballeros Templarios.
Con base en lo establecido en la Ley de Seguridad Nacional, el gobierno de Salvador Jara argumentó el uso del equipo de espionaje para intervenir las comunicaciones de una treintena de funcionarios estatales. También se proyectó la necesidad de monitorear las llamadas telefónicas y correos de los principales líderes de los grupos de autodefensas.
Pero pronto, a petición del comisionado Alfredo Castillo, se decidió ampliar el abanico de espionaje hacia empresarios, políticos líderes de diversos partidos, diputados, alcaldes y periodistas, incluso a algunos representantes de la iglesia católica, principalmente lo que se encuentran cercanos a la organización de los grupos de autodefensa.
Tirando el anzuelo
El equipo con el que cuenta el gobierno de Michoacán para sus labores de espionaje es el llamado Fin Fisher, el que utilizan instituciones como la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia, antes el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y el Estado Mayor Presidencial para dar seguimiento en sus labores de inteligencia.
El Fin Fisher es un conjunto de cómputo, que opera en base a una serie de programas espías que permiten mantener una vigilancia dirigida hacia un usuario particular dentro de una red de comunicación, principalmente en internet, desde donde se puede intervenir llamadas y correos electrónicos. También puede grabar audio, video y fotografía transmitida desde cualquier servidor remoto. También puede descargar fotos, contactos, archivos y mensajes de texto, incluso los enviados a través de la plataforma de Skype.
El programa de espionaje de Fin Fisher, de acuerdo al diario Der Spiegel, da también la posibilidad de manipular a distancia dispositivos móviles, como teléfonos celulares, computadores portátiles y tabletas, apropiándose de la activación a voluntad de la cámara integrada o de los micrófonos del dispositivo.
De acuerdo a la fuente consultada dentro de la dirección de gobernación del gobierno de Michoacán, el programa Fin Fisher no sería el único que se utiliza para el espionaje que realiza el gobierno local. “Se trabaja con por lo menos otros tres programas que fueron aportados por el gobierno federal, desde el 2014”.
Ciudadanos delincuentes
Pese a que, en México, de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, es competencia exclusiva del Agente del Ministerios Público la intervención de comunicaciones, solo en el marco de una averiguación previa; al menos 16 gobiernos estatales y el propio gobierno federal, realizan a la fecha labores de espionaje.
Si bien es cierto que en estados como Michoacán apenas se ha dado a conocer que la adquisición de esos equipos de vigilancia se obtuvieron hace apenas un año, es de destacar que la mayor parte de los equipos que utiliza la federación y al menos otras 15 entidades federativas fueron comprados durante la gestión de Genaro García Luna, con la aprobación de Felipe Calderón Hinojosa.
De acuerdo a la agrupación Reporteros Sin Frontera, en los últimos cinco años diversos gobiernos estatales y algunas dependencias de la federación, han pagado más de 150 millones de pesos para tener acceso a sistemas de espionaje, suministrados por empresas alemanas, italianas e inglesas. Uno de los sectores a vigilar, de acuerdo a la organización, serían los propios periodistas.
Los mayores escándalos de espionaje que han sido denunciados por diversas agrupaciones no gubernamentales, se han registrado en Puebla, Jalisco, Querétaro y Veracruz. En esas entidades, las administraciones locales solo han guardado silencio frente a los constantes señalamientos de espionaje que han denunciado diversos líderes sociales.
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