Por. J. Jesús Lemus
El éxito o fracaso del proyecto de gobierno de la Cuarta Transformación ya no depende del presiden te Andrés Manuel López Obrador. Con el alejamiento de los signos del neoliberalismo del poder público, ya quedaron fincadas las bases para un nuevo orden de gobierno en México. Aho ra, el éxito o fracaso de este nuevo modelo políticosocial depende de otro hombre: Alejandro Gertz Manero, el fiscal general de la República.
Por increíble que parezca, y así se asoma a la luz de la historia política de nuestro país, por primera vez en México la consolidación de un modelo de gobierno con rasgos populares no está en las manos de un presidente. Ahora todo depende de lo que haga o deje de hacer Alejandro Gertz Manero, quien —en su calidad de funcionario encargado de procurar la justicia para todos— tiene la obligación de satisfacer una de las más grandes deudas sociales que por décadas, tal vez siglos, ha reclamado la sociedad mexicana en su conjunto: que la justicia sea pareja, sin miramientos ni concesiones cortesanas para nadie.
Aunque es cierto que Andrés Manuel López Obrador —quien hasta hoy es el presidente más votado de toda la historia de nuestro país y el primero en ser ratificado en su cargo— convenció a la mayoría del electorado —30 millones 113 mil 483 personas de los 56 millones 611 mil 27 que acudieron a las urnas el día 1 de julio de 2018— con su propuesta de atender primero las necesidades de los pobres, cierto es también que lo que más emocionó a esos millones de votantes fue la posibilidad de poner fin a un régimen de privilegios para una clase gobernante que se había apoderado de todo: territorio, concesiones, negocios al amparo del poder, incluso del sistema de procuración de justicia.
Si hubo una marca de desgobierno que caracterizó a los regímenes previos al del presidente López Obrador, más allá de la corrupción y el saqueo de los recursos naturales y de la hacienda pública, esa fue la torcida procuración de la justicia. Al menos durante los últimos 35 años, los mexicanos vimos cómo el aparato de justicia, partiendo de las acciones de la Procuraduría General de la República (PGR), hoy convertida en Fiscalía General de la República (FGR), actuó a modo, a favor de unos cuantos de la clase privilegiada. Por eso, una de las propuestas de Andrés Manuel López Obrador que mayor ánimo causó entre los electores fue la de poner fin a la aplicación de la justicia selectiva.
En su calidad de candidato, sobre todo en la tercera campaña política que finalmente lo llevó a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador propuso que, sin distingos, sin importar el estatus social, económico o político, a partir de su administración todos los mexicanos estaríamos sujetos a un régimen de justicia imparcial, en el cual lo primero fuera la observación del Estado de derecho. Pero eso sólo ha sido en la teoría, porque en la práctica la investigación de delitos sigue viciada por intereses nocturnos.
El planteamiento en materia de procuración de justicia del entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador fue claro: habría que dar el giro histórico necesario para que, desde la integración de las carpetas de investigación o averiguaciones previas de cualquier delito hasta la culminación —con la emisión de una sentencia por un juez—, en todo proceso penal se observaran los principios consagrados en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establece que “toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales”.
Esa propuesta —teóricamente asentada en la Constitución, pero dejada de lado en la práctica por la reinante corrupción en el Poder Judicial—, sin lugar a dudas, fue la que hizo que la mayoría de mexicanos, cansados por los excesos de regímenes anteriores —del PRI y del PAN—, se volcara en las urnas y optara por la oferta de una Cuarta Transformación de la vida políticosocial de México, encarnada en el ideario del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el cual finca su esencia política en la necesidad de una transformación profunda de régimen de gobierno que favorezca la vida de los mexicanos; una trasformación de la misma magnitud con que impactaron los procesos históricos conocidos como la Independencia, la Reforma y la Revolución, pero ahora de manera pacífica.
La posibilidad de oxigenar la demanda social de una procuración de justicia sin torceduras, para evitar que el encono popular se fermentara y terminara en el estallido social, fue uno de los últimos actos con los que el gobierno neoliberal del presidente Enrique Peña Nieto trató de congraciarse con el electorado; en diciembre de 2014, el día 14, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa de Ley de la Fiscalía General de la República (FGR), con la que se sustituía a la PGR creando la nueva FGR, a la que se le dotaba de aires democráticos con una mal entendida autonomía del Poder Ejecutivo.
En su momento, en un intento por seguir teniendo el control de la nueva Fiscalía General de la República, el gobierno de Enrique Peña Nieto, ya en su último año de gestión, después de las elecciones de 2018, trató de imponer al frente de esta a Raúl Cervantes Andrade, quien fuera, además de consejero jurídico de la Presidencia, titular de la PGR del 26 de octubre de 2016 al 16 de octubre de 2017. Los intentos del presidente Peña Nieto para designar a un fiscal a modo, que cubriera las espaldas a todos los funcionarios de la administración federal en salida, no fructificaron.
Bajo la consigna de “No al fiscal carnal”, que aludía a la cercanía entre Raúl Cervantes y Enrique Peña Nieto, la mayoría de los diputados y senadores de Morena recién electos, hacia finales de 2018, hicieron todo para frenar la herencia que pretendía dejar el gobierno neoliberal a la administración de Andrés Manuel López Obrador. Los diputados y senadores de Morena hicieron valer su oposición desde sus respectivas cámaras y también frenaron la consolidación de la iniciativa de ley desde 12 congresos locales: los de Baja California Sur, Ciudad de México, Aguascalientes, Puebla, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí, Tabasco y Tlaxcala.
Desde allí, desde dichos congresos locales, la dirigencia de Morena —bajo la orden directriz del ya presidente electo Andrés Manuel López Obrador— cerró el paso a esa intención de Peña Nieto de dejar un “fiscal carnal”. Los diputados locales dilataron el proceso para hacer válida a posteriori la reforma de ley propuesta por Peña Nieto y esperaron a que López Obrador llegara al cargo y emitiera el nombre de quien sería el fiscal. Sin duda también un fiscal a modo. Así, los diputados y senadores de Morena evitaron al “fiscal carnal” de Enrique Peña para esperar al “fiscal carnal” de Andrés Manuel López.
Ya en calidad de presidente, Andrés Manuel López Obrador, a tan sólo 48 días de haber juramentado como presidente constitucional, al filo de las 11:15 de la mañana del 17 de enero de 2019 presentó ante el Senado de la República la terna de donde habría de resultar electo o electa quien encabezaría la nueva Fiscalía General de la República, y con ello cumplir el compromiso político y social de una procuración de justicia más cercana a la gente, al menos con mayor tacto social. La propuesta del presidente estuvo integrada por Eva Verónica de Gyvés Zárate, Bernardo Bátiz y Alejandro Gertz Manero. Se trataba de tres personas de la máxima confianza de López Obrador, muy identifica das con el movimiento obradorista y, desde hace décadas, incondicionales a las aspiraciones presidenciales de este.
Para 2006, durante la primera candidatura presidencial de López Obrador, cuyo triunfo fue usurpado por Felipe Calderón, Eva Verónica de Gyvés Zárate ya era una de las pocas personas a las que López Obrador escuchaba sin empacho en materia de leyes constitucionales. Su confianza en ella no era fortuita: Eva Verónica, junto con su esposo, Rafael Guerra Álvarez, participó en la defensa judicial de López Obrador durante el proceso conocido como “el desafuero”, cuando —entre 2004 y 2005— el gobierno del presidente Vicente Fox trató de inhabilitarlo de sus derechos políticos, acusándolo de desacato a una orden judicial, cuando López Obrador era jefe de Gobierno de la Ciudad de México.
Tras ese proceso, que concluyó por presión social con el desistimiento de la PGR de acciones legales contra López Obrador, luego de haberse consumado el desafuero el día 7 de abril de 2005, Eva Verónica de Gyvés y Rafael Guerra Álvarez recibieron no sólo la confianza de Andrés Manuel López Obrador, sino también su reconocida gratitud: Rafael fue nombrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, cargo que asumió el 1 de enero de 2019, en tanto que Eva Verónica fue postulada para ser fis cal general de la República. Aun cuando ella no pasó el filtro del Senado de la República, fue también recipiendaria de la bonhomía de López Obrador, al ser propuesta y aceptada para desempeñar —desde el 20 de noviembre de 2019 hasta el 19 de noviembre de 2024— el cargo de magistrada dentro de la Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el máximo órgano de gobierno dentro del Poder Judicial de la Federación.
El otro propuesto por López Obrador para ser fiscal general de la República tampoco tuvo éxito porque sólo fue nombrado para completar la terna: Bernardo Bátiz y Vásquez, quien se desempeñó —del 5 de diciembre de 2000 al 4 de diciembre de 2006— como titular de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del entonces Distrito Federal, cuando López Obrador fue el jefe de Gobierno de la Ciudad de México y lo sucedió en el cargo Alejandro Encinas Rodríguez, actual subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Bernardo Bátiz está ligado políticamente a López Obrador desde finales de 1992, cuando renunció a su militancia dentro del derechista Partido Acción Nacional (PAN) y no pudo prosperar la fundación del conservador Partido Foro Democrático (PFD), con el que él y otros actores políticos, como Jesús González Schmal, Pablo Emi lio Madero, José González Torres y Carlos Gómez Álvarez, trataron de radicalizar la política de la derecha mediante el amasamiento de ideologías tan diversas como el conservadurismo, el nacionalismo, el humanismo, la doctrina social de la Iglesia y la llamada democracia cristiana.
Aunque de ideología ultraderechista que no demeritó su postura denunciativa de la corrupción, ante la invitación de López Obrador, Bernardo Bátiz encontró acomodo dentro de las filas del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD). Allí fue uno de los principales contribuyentes ideológicos y económicos al movimiento interno del PRD que llevó a López Obrador a la dirigencia nacional de ese partido y posteriormente a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, en donde a Bernardo Bátiz se le encomendó la titularidad de la PGJ del Distrito Federal, logrando buenos resultados, sobre todo en materia de combate a la corrupción y contención de la delincuencia organizada.
Por eso, en su momento, Andrés Manuel López Obrador postuló a Bernardo Bátiz como otro de sus candidatos a la Fiscalía General de la República. Pero en el Senado la confianza de la mayoría de los legisladores de Morena se vio socavada por la ideología ultraderechista de Bátiz. Tras su rechazo como candidato a fiscal —igual que en el caso de Eva Verónica de Gyvés—, el presidente López Obrador le otorgó un premio de consolación: Bernardo Bátiz fue propuesto y aceptado como magistrado para ocupar una vacante dentro del Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial, cargo que asumió el 4 de diciembre de 2019 y que habrá de concluir el 3 de diciembre de 2024.
El tercer postulante al cargo de fiscal general de la República que presentó el presidente López Obrador ante el Senado de la República fue Alejandro Gertz Manero, otro de los pocos hombres de sus confianzas. A diferencia de Eva Verónica de Gyvés y Bernardo Bátiz, Alejandro Gertz gozaba ya de la selecta amistad del presidente. Amistad que se debe no sólo a que Gertz y López Obrador se conocen desde hace décadas, sino a que Gertz Manero ha sido uno de los principales contribuyentes económicos al movimiento de Andrés Manuel López Obrador desde los tiempos de la oposición, cuando pocos creían en sus posibilidades presidenciales.
Así que la amistad entre Alejandro Gertz Manero y Andrés Manuel López Obrador es añeja y se observa inquebrantable. Data de la segunda mitad de la década de los 70, luego de que ambos sirvieron al régimen priista de Luis Echeverría Álvarez. En ese entonces, a finales de 1976, Andrés Manuel era coordinador de la campaña política del candidato priista a senador por Tabasco, el poeta Carlos Pellicer. Por su parte, en ese mismo año a Alejandro Gertz Manero se le designó titular de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), a cargo del michoacano Carlos Gálvez Betancourt.
El primer acercamiento de amistad entre Gertz Manero y López Obrador se dio hacia 1977, ya en el régimen del presidente José López Portillo. Para ese tiempo López Obrador había cumplido cabal mente el encargo de hacer senador a Carlos Pellicer, a través de una gran campaña política de contacto social; en consecuencia, como lo hacen todos los regímenes, a López Obrador se le pagaron sus oficios políticos —a favor del sistema— con un puesto de importancia: se le nombró director del Instituto Indigenista de Tabasco.
Desde ese su primer encargo público, Andrés Manuel López Obrador, tal vez ya convencido de la importancia social y política que revisten las comunidades indígenas, y bajo la visión necesaria de pagar la deuda histórica del abandono social, comenzó a trabajar por el reconocimiento de los derechos laborales de los pueblos indígenas marginados de Tabasco. Una de las principales labores que realizó como director del Instituto Indigenista de ese estado fue incorporar a grupos indígenas en los trabajos que realizaba la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Margina dos (Coplamar), creada por el presidente José López Portillo.
Las primeras incorporaciones laborales de algunos grupos indígenas en Tabasco, dentro de Coplamar, ni siquiera gozaban del reconocimiento oficial que garantizara los derechos laborales más básicos para aquellos trabajadores indígenas. Por eso, Andrés Manuel comenzó a acercarse al procurador federal de la Defensa del Trabajo, Alejandro Gertz Manero, para gestionar el otorgamiento de las garantías que por ley les asistían, pero les eran negadas a los trabajadores indígenas del sureste. Eso fue lo que los acercó a los dos. En aquel tiempo, el hoy presidente tenía 26 años de edad y Alejandro Gertz ya contaba con 32. López Obrador se desempeñaba en el ámbito local y Gertz Manero en el federal, pero aun así trabaron buena relación, que a la postre se tornó en amistad.
Por eso, aun cuando el presidente López Obrador, para efectos de ley, tuvo que presentar una terna de la cual el Senado de la República escogiera al titular de la Fiscalía General de la República, puede considerarse que las propuestas de Eva Verónica de Gyvés Zárate y Bernardo Bátiz y Vásquez sólo fueron un mero trámite. En realidad, desde un principio quizá la intención del presidente Andrés Manuel López Obrador siempre fue que Alejandro Gertz Manero se convirtiera en fiscal general. Al menos así lo apunta el hecho de que todos los senadores de Morena —el partido del presidente—, encabezados por Ricardo Monreal, hicieran bloque y fueran conjuntamente por una votación masiva a favor de este.
La elección del fiscal dentro de la Cámara de Senadores tuvo lugar el 18 de enero de 2019, bajo la modalidad “Por cédula”, un proceso de voto secreto que se lleva a cabo a través de una papeleta o cédula que cada legislador deposita dentro de una urna. Este proceso de elección se aplica cuando se eligen funcionarios o integrantes de los órganos de gobierno. Votaron 117 de los 128 senadores que integran la Cámara Alta: 91 votos fueron a favor de Alejandro Gertz Manero, nueve a favor de Bernardo Bátiz y nadie votó por Eva Verónica de Gyvés. Los otros 17 legisladores votaron por personas no incluidas en la terna oficial.
De esa forma, Alejandro Gertz Manero fue ungido como el primer fiscal autónomo al Poder Ejecutivo, cuyo encargo tendrá una vigencia de nueve años: su gestión comenzó al día siguiente de la votación, el 19 de enero de 2019, y permanecerá en funciones hasta el 18 de enero de 2028. Su remoción sólo se contempla a petición del presidente de la República, quien podrá solicitar la renuncia del fiscal “por incurrir en alguna de las causas graves contempladas en el Capítulo II del Título Tercero de la Ley General de Responsabilidades Administrativas o por la comisión de uno o más delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa en términos del artículo 19 de la Constitución y 167 del Código Nacional”, según se establece en la Ley de la Fiscalía General de la República, en su artículo 24, donde se agrega que el fiscal también puede ser removido en los supuestos de “perder la ciudadanía mexicana […]. Adquirir incapacidad total o permanente que impida el correcto ejercicio de sus funciones […].
[Y/o] cometer violaciones graves a la Constitución”. Esos son los hilos de los que pende la autonomía de la que ha sido dotada la nueva Fiscalía General de la República, que a la vez constituye un recoveco legal para que el titular de la FGR no rinda cuentas ante nadie.
De acuerdo con la Ley de la FGR, la autonomía de esa dependencia es tal que ni siquiera se le garantiza a su titular la libertad para —en un momento determinado— renunciar al cargo. La permanencia o no en el cargo del fiscal en turno estará invariablemente supeditada a la decisión unipersonal del jefe del Ejecutivo federal, con lo que se asegura que el presidente de la República siempre tenga el control de la procuración de justicia. Aunado a lo anterior, esa misma libertad del fiscal conlleva la posibilidad de permitirle con centrar un inmenso poder dentro del Estado mexicano.
