Por. J. Jesús Lemus
En nuestro país hay otro tipo de violencia de la que no se habla, que no tiene estadísticas y que los medios tradicionales de comunicación ni siquiera mencionan: la violencia generada a la población por el arrebato del agua que hacen los grupos del narcotráfico para venderla a las grandes empresas mineras.
En México se ha comenzado a generalizar un nuevo modelo criminal en el campo de la sustracción de los recursos naturales: diversos grupos del narcotráfico y del crimen organizado se han aliado con empresas mineras trasnacionales, para para facilitarles la explotación de la tierra a través del desplazamiento forzado de la población.
Este es un problema de inseguridad que se gestó en el periodo neoliberal, durante el gobierno del presidente Vicente Fox, cuando se abrió el sector minero a la participación de capitales de Europa y Estados Unidos, cuando se concesionó la mayor cantidad de minas, principalmente de oro, a empresas trasnacionales.
Desde entonces hasta hoy, cada vez son más empresas mineras trasnacionales, principalmente de capital canadiense y norteamericano, las que compran los servicios de violencia a células de los carteles de las drogas y del crimen organizado, para desplazar a la población originaria que ocupa las tierras de interés minero.
Los primeros fenómenos de desplazamiento forzado en zonas mineras, se registraron en México hacia principios de la década del 2010. El desplazamiento comenzó en la zona de Mazapil y Salaverna, en el semidesierto de Zacatecas, en donde el Cártel de Los Zetas trabajó para despoblar la zona minera de interés para la empresa mexicana Ocampo Mining, filial de Minera Frisco, y para la canadiense Goldcorp y la estadounidense Newmont.
Ese fue el inicio de una relación perversa de la industria minera y los grupos del narcotráfico. Y esa relación se ha dejado crecer desde el poder, porque el gobierno mexicano, gracias al sistema de inteligencia que opera, desde siempre ha sabido de esa relación entre empresas mineras de capital extranjero y grupos de sicarios de cualquiera de los cárteles que operan en el país.
A la fecha ese modelo –en donde los grupos delictivos de los cárteles de las drogas o del crimen organizado actúan como policías particulares de las mineras, para cuidar sus intereses- se encuentra vigente en la mayoría de las minas que operan las 264 empresas trasnacionales que mantienen presencia en Mexico.
Los servicios de protección que ofrecen a las mineras los grupos del narcotráfico en Mexico, los que cada vez más se alejan del trasiego de drogas para entrar en otras dinámicas de ingresos económicos, no se limitan a servir como policías o grupos de choque para silenciar las protestas contra la minería a cielo abierto.
Ayudan al despojo del agua
Células del crimen organizado escindidas de los 75 cárteles de las drogas que operan en México, también ayudan a las empresas mineras a despojar de fuentes de abasto de agua a los pobladores, para dejar el paso libre a las empresas mineras.
Los narcotraficantes encabezan una verdadera guerra por el agua, que ya se generaliza en todo el territorio nacional. Hasta el día de hoy son por lo menos 906 puntos de conflicto, en donde los narcos, sirviendo como guardianes de los grandes capitales, controlan el agua para dársela a las minas.
La participación de los grupos del crimen organizado en el complejo esquema social de arrebato del agua a favor de las empresas mineras, es alentada por la corrupción del sector minero, así como por la pasividad del Estado mexicano. En ambos casos, los dos entes pasan por encima del acceso al agua, al que tiene derecho la población.
Los grupos criminales más asociados con la empresa minera, que se han apropiados por la fuerza de las fuentes de abasto de agua, que van desde pozos, ojos de agua, arroyos o deshielos hasta represas, ríos, lagos y lagunas, son algunas células de los cárteles de Sinaloa, Caballeros Templarios y de Los Zetas.
La presencia criminal en medio de los conflictos por el agua, para entregarla –también por un cobro- a las empresas extractivas, se ha detectado con mayor insistencia en los estados de Sonora, Michoacán, Puebla, Veracruz, Estado de México y Zacatecas, en donde se extrae la mitad del agua que utilizan todas empresas asentadas en el país.
El arrebato del agua a la población, solo en lo que se refiere con uso de violencia por parte de los grupos del crimen organizado, para entregar el líquido a las mineras, es de tal suerte que rebasa en proporción de 1 a 360 el consumo del agua que hacen las mineras frente al que hace la población.
Es decir que en promedio una planta minera de mediana proporción utiliza en un solo día el agua que sería suficiente para el sostenimiento de la vida cotidiana, durante un año, en una población de entre 60 a 70 mil habitantes.
Por eso el desabasto de agua que se padece en México se acentúa en forma más intensa en aquellas regiones en donde encuentran asentadas las mineras más importantes, como en los estados mineros de Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Michoacán, Nuevo León, Sonora, Veracruz y Zacatecas.
En los estados arriba mencionados se concentra el 75 por ciento de los problemas de disputa del agua. En esas entidades también se concentra la mayor cantidad de minas que el gobierno mexicano ha concesionado a los capitales extranjeros.
Por defender el agua que se llevan las empresas mineras, con el apoyo de los grupos del crimen organizado que se les asocia, en México, solo hasta el 2023, han sido asesinadas 178 personas líderes de movimientos locales de defensa del agua.
Otras 150 personas activistas en defensa del agua han sido encarceladas, por lo menos 168 cuentan con orden de aprehensión -por delitos fabricados-, otros 74 activistas se encuentran desaparecidas y por lo menos 570 líderes comunales han tenido que desplazarse ante las amenazas de muerte.
Las regiones hídricas de México, en donde se da el mayor despojo del agua por parte de la sociedad entre mineras trasnacionales y grupos del crimen organizado o de los cárteles de las drogas, son las de los ríos Balsas, Bravo, Yaqui, San Lorenzo, Colorado, Sonora, Pánuco, Asunción, Coatzacoalcos, Marabasco, Jamapa, Lerma-Chapala, Papaloapan y Coahuayana.
En esta región es donde se encuentran los principales asentamientos mineros e industriales en general… y curiosamente también allí se ubican los principales núcleos de violencia, incubados por el narcotráfico y los grupos del crimen organizado, muchos de ellos protegidos por el gobierno federal.
Para dimensionar de qué tamaño es el saqueo del agua que hace el sector minero, con el apoyo de los carteles de las drogas –que se alejan cada vez más del trasiego de drogas-, solo basta referir un dato señalado por el gobierno federal: el agua que consume en un año el sector minero, sería suficiente para atender durante 50 años la demanda de agua de las poblaciones de las ciudades de México, Monterrey y Guadalajara.
Las mineras sedientas
De acuerdo a los datos aportados en un estudio realizado por la fundación Heinrich Böll Stiftung, en colaboración con la organización CartoCrítica, el Grupo México, del giro minero, propiedad del empresario Germán Larrea Mota Velasco, es el que mayor cantidad de agua tiene concesionada oficialmente.
Las minas del Grupo Mexico, las más grandes dedicadas a la extracción de cobre, consumen cada año más de 90 millones 612 mil 942 metros cúbicos de agua. Consideremos que un millón de metros cúbicos de agua es la cantidad que cabría en un recipiente del tamaño del Estadio Azteca.
La segunda empresa a nivel nacional con mayor cantidad de uso de agua, también es una minera: la canadiense Gold Corp, propiedad de Ian Telfer. Esa minera consume 47 millones 656 mil 034 metros cúbicos de agua al año.
La empresa extractiva Cemex, de Fernando A. Gonzalez, logra suministro anual de hasta 12 millones 903 mil 727 metros cúbicos de agua, con los que operan sus 17 plantas industriales, tanto de extracción como de trituración de derivados pétreos.
Por su parte, la Minera Frisco, propiedad de Carlos Slim, es otro de los gigantes de la industria consumidora de agua en el país. Esta minera tiene uso irrestricto de hasta 10 millones 251 mil 007 metros cúbicos de agua al año. Esta minera opera la mina de oro Real de Ángeles, ubicada en el desierto de Mexicali, en las inmediaciones al pueblo de San Felipe, donde la mayoría de la gente no cuenta con abasto regular de agua potable.
Solo para entender de qué tamaño es el saqueo del agua que hacen las mineras, con la ayuda del crimen organizado, hay que referir que con los 90 millones 612 mil 942 metros cúbicos de agua que utiliza el Grupo México en un año, se podría acabar con el problema de desabasto que se sufre en una población equivalente a la de la ciudad de Zacatecas, o de Fresnillo, o de Navojoa, o de Guaymas, o de Texcoco, o de Tulancingo.
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