Por. J. Jesús Lemus
La nueva Ley de Aguas Nacionales, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum supuestamente para ordenar la injusta distribución de agua que se registra en México, seguirá privilegiando a las grandes empresas trasnacionales, las del sector minero y de la extracción de gas mediante la técnica de fracking.
De acuerdo con el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados, dentro de la nueva Ley de Aguas Nacionales no se toca al sector industrial llamado autoabastecido, el que desde siempre ha tenido el privilegio de auto regular su necesidad de agua, mediante la perforación de pozos dentro del perímetro industrial.
La industria autoabastecida tiene la característica de no ser supervisada por la autoridad federal, dado que los pozos de agua permitidos y legalmente autorizados por la Comisión Nacional del Agua, se encuentran dentro de los perímetros de las instalaciones físicas de las empresas, a donde nadie del gobierno federal puede acceder.
Los permisos para la perforación de pozos de agua en la industria autoabastecida, de acuerdo con la nueva Ley de Aguas Nacionales, no serán suspendidos, continuará a discreción. El autoabastecimiento de agua no será suspendido ni sancionado, ello -se presume- con la intención de que ese sea un incentivo para las grandes empresas trasnacionales que se quieran asentar en nuestro país, como parte del llamado Plan México.
Agua a las empresas, no a la gente
Las estadísticas hablan por sí solas: de acuerdo con el Registro Público de Derechos del Agua (REPDA), la llamada industria autoabastecida de todo el país (la que gestiona con sus propios recursos el suministro de agua para sus operaciones productivas) ha pasado de utilizar 2 mil 971 millones de metros cúbicos de agua en el 2006 a más de 14 mil 221 millones de metros cúbicos en el 2024. Es decir, en solo tres sexenios la industria aumentó el uso del agua en más de 12 mil millones de metros cúbicos.
En lo que hace a las industrias agrícola y agroalimentaria, que son una de las principales consumidoras del agua potable, los volúmenes de uso aumentaron en una mayor proporción, pasando en el 2006 de 59 mil 666 millones de metros cúbicos a 120 mil 532 millones de metros cúbicos de agua en el 2024, lo que significó un incremento de más de 60 mil millones de metros cúbicos de agua, la que de alguna forma dejó de ser entregada a las comunidades rurales que manifestaron la necesidad de esta.
La desigual política nacional de los últimos tres sexenios de distribución de agua también se observa en los volúmenes destinados a la generación de energía eléctrica, en donde las plantas hidroeléctricas, las termoeléctricas, las carboeléctricas y la nucleoeléctrica, registraron incrementos que pasaron del pasaron de mil 273 millones de metros cúbicos en el 2006 hasta llegar a 10 mil 172 millones de metros cúbicos en el 2024, lo que significó un aumento de más de 9 mil millones de metros cúbicos.
Por lo que refiere el REPDA, se sabe que el abasto de agua a la población, clasificado como de abastecimiento público, pasó en las últimas tres administraciones federales de 10 millones 741 mil metros cúbicos de agua, en el 2006, a 12 millones 223 metros cúbicos en el 2024, registrando un incremento de apenas 2 mil millones de metros cúbicos para toda la población del país, que en términos de distribución real significa que solo 1 de cada 10 habitantes que no tenían agua pudieron acceder a ese servicio.
Con la mitad del agua vive la gente
En la danza de cifras que maneja la CNA a través del REPDA se encuentra implícita una realidad insoslayable: con la mitad del agua que fue entregada a la planta industrial autoabastecida durante los tres pasados sexenios, habría sido posible atender el problema de desabasto del líquido que afecta al grueso de la población que a la fecha carece de ese servicio en todo el país.
De acuerdo a la visión de la OMS, en México el uso del agua para la generación de energía es inconsistente con la realidad, pues mientras que en el resto de América Latina y el Caribe el 22.7 por ciento de la energía eléctrica se produce a partir de fuentes renovables, principalmente eólica, en nuestro país solo en 7.9 por ciento de la energía eléctrica tiene este origen, por lo que el 92.1 por ciento se genera a partir de fuentes que afectan el medio ambiente, entre ellas la sustracción del agua tanto de fuentes superficiales como de mantos subterráneos.
A ello se atribuye lo que refiere la OMS, que “México tiene problemas de deterioro ambiental asociados con la sobreexplotación y contaminación de los ecosistemas por deforestación, degradación en sus suelos, deficiente calidad del aire y del agua”, lo que invariablemente tiene un impacto en la salud de la población, que se agrava con la escasez del agua para el sostenimiento de las actividades domésticas diarias y de higiene personal.
De acuerdo a las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e informática (INEGI), en nuestro país son más de 44 millones de personas los que no tienen acceso al agua, una cifra que se estrella contra la realidad expuesta en el Censo Económico de la misma institución, en donde se reconoce que en México se encuentran establecidas más de 5 millones 655 mil empresas, entre pequeñas, medianas y trasnacionales, de las que ninguna de ellas carece de servicios de suministro de agua.
De las más de 5 millones 655 mil empresas que operan en el país, por lo menos 61 mil 693 de ellas que se encuentran dentro del padrón de Empresas Extranjeras que Realizan Actos de Comercio en México, así como en el Listado de Registro de Sociedades Mexicanas con Inversión Extranjera en su Capital Social, en donde se encuentran incluidas las que se consideran grandes consumidoras de agua, a las que se les privilegia el suministro por el encima de las necesidades de la población.
Desde la óptica del gobierno mexicano estas empresas significaron en los últimos seis años una inversión directa en nuestro país por el orden de los 181 mil 793 millones de dólares, recursos que poco o nada se reflejan en la mayoría de las comunidades a las que se les ha arrebatado el agua, y con ello se les ha obligado a sumirse más en la miseria, al no contar con el satisfactor más indispensable para su desarrollo.
Las cuencas sobre explotadas
En nuestro país, de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), existen 653 ríos y 731 cuencas hidrológicas, que en teoría serían suficientes para solventar las necesidades la población, pero esto no es posible debido a que el 14.7 por ciento de las fuentes de agua, actualmente se encuentran sobreexplotadas por la planta industrial, a la que no se le ha restringido el acceso y dominio sobre el vital líquido, lo que ha hecho que, hasta octubre del 2025, de las Mil 384 fuentes de agua de que dispone nuestro país, al menos 105 acuíferos se encuentren en condición de sobreexplotación y 104 cuencas hidrológicas presentan déficit de suministro.
La principal causa de esa sobreexplotación y del déficit de agua que presentan las fuentes naturales de suministro, se atribuye a la entrega del recurso al sector industrial, eléctrico y minero, en donde el agua se utiliza sin una normatividad clara, tanto por la extracción como para la generación grandes volúmenes de aguas residuales, que solo vienen a incrementar el problema de la contaminación.
De acuerdo con las cifras oficiales, contenidas en el anuario “Estadísticas del Agua en México”, el más reciente de la CNA, el mayor volumen de agua que se extrae del subsuelo nacional, se otorga en concesión para riego agrícola, generación de electricidad, actividad industrial y proyectos extractivos, por lo que la población urbana y rural solo tiene posibilidad de acceder al 14.6 del agua disponible en el país.
Eso ha ocasionado que a la fecha se agudicen en todo el territorio los conflictos por el acceso al agua, donde el papel privatizador que ha generado el Estado ha generado la fragmentación del territorio y en particular de las zonas indígenas y campesinas. “El Estado –reconoce la CNDH en su informe- ha contribuido en esta fragmentación a través de las reformas realizadas a la Ley de Aguas Nacional, las cuales abrieron paso a la valoración económica del agua y los mecanismos de privatización”, con lo que ahora “el agua es considerada como un bien económico y no un bien cultural y social”.
Como efecto de la política que se hace sobre el agua, resulta lo que hoy sucede en los grandes núcleos poblacionales de ciudades como México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana y Hermosillo, en donde se ha recurrido a la construcción de megaproyectos, bajo un modelo de abastecimiento de agua que es sin duda insostenible en términos económicos, sociales y ambientales, dice el organismo de defensa de los derechos humanos.
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