Las Mujeres Mazatecas por la Libertad, con más de 10 años de lucha activista, interpelaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y a su presidente, Hugo Aguilar Ortiz, por el caso de persecución política y criminalización contra la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, que, señalan, es conocido desde hace tiempo por el máximo tribunal a través de un amparo en revisión del antropólogo mazateco Miguel Peralta, sin que haya recibido la atención que la situación requiere.
La comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón, dedicada en su mayoría al cultivo de café y maíz, ha sufrido criminalización y persecución debido a su negativa a abandonar el sistema de usos y costumbres que, hasta 2011, le había permitido proteger el río Xangá Ndá Ge y evitar la pérdida de especies de flora y fauna frente a Manuel Zepeda Cortés y su proyecto extractivista de material pétreo y arena.
Fue en 2011 cuando, mediante un cuestionado proceso electoral, Manuel Zepeda Cortés se convirtió en presidente municipal de Eloxochitlán, lo que escaló la violencia contra los integrantes de la entonces Asamblea Comunitaria y contra la propia comunidad, que no respaldaba su supuesta elección y le negó la entrega del bastón de mando.
Los actos de violencia contra la comunidad comenzaron desde el primer mes del gobierno de Zepeda Lagunas, con el ingreso injustificado de elementos del Ejército Mexicano a viviendas del poblado en enero de 2011, bajo el pretexto de la búsqueda de marihuana, criminalizando e intentando detener a varios pobladores por supuesta posesión de narcóticos, aun cuando no se halló cannabis, sino plantas comunes de la región sin relación con sustancias ilegales.
El punto más alto de la violencia se registró en 2014, cuando Zepeda Cortés ya no era presidente municipal y el cargo era ocupado legítimamente por Alfredo Bolaños Pacheco, quien fue obligado a firmar su renuncia luego de que Zepeda Cortés y el grupo caciquil que encabezaba ingresaron por la fuerza al palacio municipal con armas de fuego, machetes y palos, en noviembre de ese año.
El 14 de diciembre de 2014, integrantes de la Asamblea Comunitaria y habitantes se reunieron en el centro de Eloxochitlán para exigir el reconocimiento del gobierno electo por usos y costumbres, encabezado por Alfredo Bolaños. Durante la manifestación, Manuel Zepeda Lagunas, hijo de Manuel Zepeda Cortés, accionó un arma de fuego contra los asistentes y fue detenido por la Policía Comunitaria.
La Policía Comunitaria envió una comisión al Ministerio Público de Huautla de Jiménez, donde entregaron a Zepeda Lagunas a elementos de la Policía Estatal de Oaxaca. Horas después, los agentes solicitaron a la comisión acompañarlos a rendir su declaración en la ciudad de Oaxaca; sin embargo, al llegar a la Procuraduría del Estado, los integrantes de la comisión fueron detenidos y acusados del homicidio de Manuel Zepeda Lagunas, pese a que este había sido entregado con vida y en buen estado de salud a los agentes estatales.
En julio de 2025, la abogada y activista Argelia Betanzos descubrió la existencia de más de 200 órdenes de aprehensión contra 56 habitantes de Eloxochitlán, bajo cargos de homicidio, tentativa de homicidio, incendio y daño a la propiedad, relacionados con los hechos del 14 de diciembre, lo que se suma a la persecución y prisión de 14 activistas mazatecos.
La persecución, denunciaron, se ha sostenido a partir de una versión alterada de los hechos difundida por Elisa Zepeda Lagunas, hija de Manuel Zepeda Cortés, y su madre, Helena Lagunas, lo que les ha permitido continuar con las actividades extractivas en el río Xangá Ndá Ge iniciadas en 2011, mientras más de una decena de defensores mazatecos permanecen en prisión por delitos que no cometieron.
La reunión con Aguilar Ortiz
Tras más de 10 años de lucha por la libertad de los 14 activistas mazatecos encarcelados injustamente y contra la criminalización de más de 40 familias de Eloxochitlán por el “delito” de defender el río Xangá Ndá Ge, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, se reunió con la organización Mujeres Mazatecas por la Libertad.
Durante el encuentro, las mujeres mazatecas hicieron un llamado a cumplir con el principio de una justicia cercana al pueblo que llegue verdaderamente a las comunidades originarias. Además, expusieron la lucha que han sostenido durante más de una década por la libertad y la justicia, en medio de graves obstáculos políticos, mediáticos, empresariales e institucionales.
Las representantes de la organización denunciaron que detrás de la persecución judicial existe un interés económico por el despojo del río Xangá Ndá Ge, en particular para la extracción de piedra y arena. Subrayaron que quienes saquean el río son las mismas personas que criminalizan a la comunidad, e identificaron a Manuel Zepeda Cortés y a su hija, la actual diputada morenista Elisa Zepeda Lagunas, como actores centrales en la estructura de despojo y persecución que enfrenta la comunidad.
Las Mujeres Mazatecas por la Libertad destacaron la responsabilidad histórica del ministro Hugo Aguilar Ortiz y subrayaron que no puede permanecer ajeno a lo que consideran “el caso más grave de persecución judicial contra una comunidad originaria en el país”.
La comunidad de Eloxochitlán ha enfrentado cuatro procesos penales con seis tipos de delitos distintos, cuatro de ellos de alto impacto, que han afectado a más de 40 familias. Cuando se encontraba cerca de concluir la batalla jurídica, denunciaron, la respuesta del Estado fue la reactivación de más de 200 órdenes de aprehensión en marzo de 2025, lo que ha obligado a la comunidad a seguir destinando tiempo y recursos a los tribunales.
Mujeres Mazatecas por la Libertad exigieron:
- La activación integral del Poder Judicial Federal, conforme a la normatividad vigente y a los principios constitucionales.
- La aplicación efectiva del principio pro persona, la presunción de inocencia y el principio de convencionalidad en todos los casos de la comunidad mazateca.
- La resolución inmediata de los amparos pendientes radicados en Boca del Río, Veracruz, priorizando el fondo del asunto y la necesidad de justicia por encima de obstáculos administrativos.
- La resolución con justicia completa para Miguel Peralta.
- El cese de la violencia institucional ejercida por órganos de justicia del estado de Oaxaca, que, señalaron, incumplen sus obligaciones en los juicios locales y de amparo y obstaculizan de manera sistemática la realización de audiencias y la conclusión de los procesos.
Las mujeres mazatecas reiteraron que su exigencia es de justicia y libertad: justicia para su comunidad, para sus familias, para su río y su territorio, y para poner fin a una persecución que, afirmaron, ha buscado quebrar la defensa comunitaria y abrir paso al despojo.
“La Suprema Corte tiene hoy en sus manos la posibilidad de reparar una deuda histórica y demostrar que la justicia federal puede y debe estar del lado de los pueblos originarios”.
