Por. J. Jesús Lemus
La Secretaría de Economía (SE), en conjunto con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) iniciará una investigación, para entender el comportamiento de la industria minera, sobre la relación de este sector con los grupos del crimen organizado y/o cárteles de las drogas.
La investigación que fue anunciada por parte de Fernando Aboitiz Saro, titular de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas de la SE, pretende establecer de manera precisa cuantas y cuales son aquellas empresas mineras que se encuentran ligadas con el crimen organizado.
La razón de esta investigación no ha sido referida de manera oficial, pero -de acuerdo con fuentes consultadas en la Dirección General de Minas de la SE- se sabe que tal investigación es requerida por parte del gobierno de Estados Unidos, dentro de las negociaciones del T-Mec, a fin de conocer en qué condiciones se encuentra uno de los sectores más atractivos de la inversión en México.
Esta es la primera ocasión en que el gobierno de México reconoce y se acerca a la realidad que prevalece dentro del sector minero, al anunciar una investigación sobre un tema que ha sido ampliamente documentado periodísticamente, pero que solo el gobierno, de manera oficial, se negaba a reconocer.
La relación de sociedad que mantiene el crimen organizado con la mayoría de las 264 empresas mineras trasnacionales que cuentan con proyectos extractivos en México, es una realidad que solo el gobierno federal no había querido conocer, mucho menos llegar al punto de la investigación, como ahora se pretende a insistencia de la administración del presidente Donald Trump.
Dicha realidad ha sido ventilada desde hace por lo menos una década por diversos trabajos periodísticos, en donde se ha referido que, en la mayoría de los casos, la industria minera transnacional asentada en México se ha hecho socia de los grupos del crimen organizado, escindidos de los cárteles de las drogas.
En otros casos las mineras transnacionales llegan a tener sociedad con los grupos del crimen organizado de la peor manera: se han convertido en víctimas seguras y silenciosas de la extorsión, robos y secuestros con los que se nutre económicamente el crimen organizado.
Una industria de muerte
La relación de sociedad de negocios que mantienen muchas de las empresas mineras transnacionales asentadas en México con grupos del crimen organizado, tiene solo una finalidad: utilizar a los grupos de la delincuencia como brazo armado, fuera de la ley, para cuidar extrajudicialmente los intereses de los proyectos extractivos.
A causa de esa utilización de los grupos del crimen organizado como guardias blancas, las agresiones a la población civil que vive entorno a los proyectos mineros, son constantes y sanguinarios, los que van desde el asesinato de líderes comunales hasta el secuestro y desaparición forzada de los opositores a los proyectos mineros.
Para dimensionar de qué tamaño es la agresión social, resultado de la alianza entre mineros y grupos del crimen organizado y/o de los cárteles de las drogas, baste referir que, al cierre del 2025, se habían registrado por lo menos mil 892 conflictos entre mineras y cárteles peleando con pobladores locales.
De todos los conflictos donde las mineras utilizaron como guardias blancas a sus socios del crimen organizado, para reprimir a la población mediante la violencia, en el 72% fueron conflictos para el despojo del suelo, en 11% de los casos fue por la disputa del agua, en 7% la confrontación fue por contaminación, en el 6% por extorsiones de grupos armados, en el 2% por cobro de regalías, en 1% por deforestación y el otro 1%, por conflictos laborales.
De tal nivel es la sociedad perniciosa entre empresas mineras y miembros del crimen organizado, esa sociedad que apenas el gobierno federal ha decidido investigar, que hoy en día se le atribuye a esa simbiosis por lo menos la ejecución de 290 asesinatos, 280 desapariciones forzadas y al menos 17 mil desplazados.
Todos los afectados por la violencia generada por la alianza entre narcos y mineros, pertenecen a sectores sociales que se oponen a los proyectos extractivos, a la contaminación del agua o la devastación del territorio, en el que el gobierno federal ha dado prioridad a los proyectos mineros antes que a la condición de vida saludable para las comunidades originarias.
El narco, el dueño de las minas
De acuerdo con textos informativos, como el libro “México a Cielo Abierto” (Lemus, Grijalbo 2018), en la mayoría de los casos, principalmente en los estados del norte y centro del país las mineras han pactado alianzas con los cárteles de Sinaloa, Juárez, los hermano Beltrán Leyva, la Línea, los Zetas y del Golfo, para “neutralizar” a los opositores a sus proyectos económicos, mediante la persecución, el hostigamiento y la ejecución de grupos indígenas.
En los estados del sur, este y occidente del país —Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Jalisco, Veracruz y Colima— las mineras se han valido de la figura de las autodefensas, a las que financian para resguardar sus intereses, y también para que vigilen, como guardias blancas, las inmediaciones y propiedades de esas empresas, constituyendo verdaderos Estados dentro del Estado.
El ejemplo más claro de la complicidad entre grupos de civiles armados y mineras, donde se suma la omisión del Estado, es el de Guerrero, donde el gobierno federal decidió permitir la libre operación de los grupos de autodefensas en la zona de Tepecoacuilco y Eduardo Neri, en el llamado “Cinturón de Oro”, una zona de uso casi exclusivo de la minera canadiense Goldcorp, la que financia la operatividad de los civiles armados.
Allí mismo se manifiesta el mejor de los ejemplos sobre la invasora presencia de las compañías mineras, que sin empacho y viendo sólo por sus intereses, encontraron que resulta más barato armar a la población y confrontarla entre sí, que pagarles regalías o repartir la riqueza que se genera por la extracción del oro y la plata.
Es la misma fórmula aplicada por las mineras que operan en Michoacán, donde se ha optado por la integración de grupos de civiles armados, que bajo el pretexto de luchar contra el crimen organizado y los cárteles de las drogas reciben adiestramiento y armas para desalentar a la población civil que reclama el pago de beneficios económicos.
En una revisión exacta sobre la forma en que operan todas las empresas mineras asentadas en el país, no queda a salvo ninguna: todas tienen en mayor o menor medida una relación de negocios con los cárteles, que han transitado silenciosamente del trasiego de drogas al nada despreciable —en términos económicos— negocio de la minería.
La transición de los cárteles hacia el negocio de la minería es entendible por una sola razón: es menos riesgosa y más rentable la extracción y comercialización de minerales que el desgastado negocio del tráfico de drogas. En los retenes que establecen los cuerpos federales de seguridad por todo el país jamás se ha sabido de la detención de camiones cargados con minerales, aun cuando estos van resguardados por hombres armados.
El modelo de costo-beneficio es el rector en el comportamiento de los cárteles de las drogas dentro de la minería; de acuerdo con lo señalado por la Oficina de las naciones Unidas Contra la droga y el delito (unodc), sólo en México el mercado ilícito de las drogas genera utilidades anuales estimadas en 25 mil millones de dólares. Pero el comercio de metales industriales, metales preciosos y minerales no metálicos, que además es una actividad legal y estimulada por el gobierno federal, genera una utilidad anual promedio superior a los 200 mil millones de dólares.
