Por. J. Jesús Lemus
Igual que en los tiempos de Felipe Calderón, cuando se formalizó la Guerra contra el Narco, hoy otra vez, el estado de Michoacán encabeza las preocupaciones de la federación por la descomposición social que se generaliza en otras entidades -como Veracruz y Sinaloa- en donde aflora la figura del Estado Fallido.
De acuerdo con fuentes al interior del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), además de Michoacán, por lo menos otros dos estados del país, Veracruz y Sinaloa, representan un riesgo de insurrección social por el alto índice delictivo, sumado a la indolencia de la gobernadora Rocío Nahle y el gobernador Rubén Rocha Moya.
Ante la posibilidad de que en Veracruz y en Sinaloa se asome el Estado Fallido que ya prevalece en Michoacán, el CNI recomienda a la presidenta Claudia Sheinbaum, que se anticipe a los hechos y se anuncie un plan, como el de Michoacán, para el restablecimiento de la paz y la justicia, que termine por suplir la deficiencia gubernamental de esas dos gubernaturas.
En Veracruz, la crisis de gobernanza ha surgido a partir de las lluvias e inundaciones que pegaron en el norte del estado, en donde la gobernadora Rocío Nahle no ha podido restablecer la gobernanza, sin considerar el saqueo y bandidaje de los recursos económicos destinados a la emergencia.
A lo anterior se suma el control de los grupos del crimen organizado, los que han suplido la ausencia del gobierno estatal, y son ellos los que hacen labores de asistencia social, aportación de recursos y atención de la emergencia, actos de van de la mano con el incremento de extorsiones en otras partes de Veracruz.
Por lo que hace a Sinaloa, esa entidad tiene ya casi un año con dos meses viviendo en medio de la guerra fraguada en la disputa por el control delictivo entre los grupos criminales autodefinidos como Los Mayos contra Los Chapos, ambos escindidos del Cártel de Sinaloa, cuya guerra comenzó tras la entrega de Ismael Zambada García al gobierno norteamericano.
Desde que inició la guerra en Sinaloa, el saldo es de por lo menos 3 mil 210 homicidios dolosos, casi 800 desaparecidos, 450 secuestros y por lo menos 12 mil personas desplazadas de sus localidades de origen, todo ello en eventos ligados a la confrontación que sostienen los grupos criminales de las fracciones de Ismael Zambada García, “El Mayo”, Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”.
Por su parte, en Michoacán la descomposición social -que en forma lenta se había mantenido así desde hace por lo menos una década- se catalizó con el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Este homicidio fue de resonancia mundial, por el antecedente de que la víctima había solicitado ayuda para contener al narco, a la presidenta Claudia Sheinbaum y al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. Ambos ignoraron la solicitud de ayuda.
Michoacán, sigue el incendio
En Michoacán ya son mas de 20 días de violencia e inestabilidad política, en donde el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla no ha podido atajar la crisis que dejó el asesinato del alcalde Uruapan, Carlos Manzo, quien en vida denunció que el propio gobernador Ramírez Bedolla mantenía relaciones con los grupos del crimen organizado.
El alcalde Carlos Manzo, en vida, fue incisivo al referir que, si algo le sucedía a su persona, anticipando la posibilidad de su muerte, se tenía que responsabilizar al gobernador Alfredo Ramírez. A 20 días de su asesinato, desde su tumba, el alcalde de Uruapan, sigue señalando al gobernador Ramírez Bedolla como el autor intelectual de su homicidio.
El secretario de Seguridad del gobierno federal, Omar García Harfuch en un mal intento por deslindar al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, del señalamiento que en vida le hizo el alcalde Carlos Manzo, ha terminado por despertar mayores dudas sobre la participación del gobernador en el homicidio del edil.
En una emergente conferencia de prensa, acompañado del fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, el secretario García Harfuch intentó poner fin a la especulación sobre la responsabilidad del gobernador en el asesinato del acalde de Uruapan, señalando que ya se había detenido al autor intelectual del crimen.
Desde la lógica de Omar G. Harfuch, si se presentaba un asesino intelectual, bajaría la presión social que en Michoacán se siente punzante, que a gritos reclama que se abra una línea de investigación sobre el señalamiento que hizo el propio alcalde Carlos Manzo en contra del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
Por eso la urgencia de Harfuch de presentar a un asesino intelectual. Por eso se presentó a Jorge Armando Gómez Sánchez, mejor conocido como “El Licenciado”, un integrante de la célula del Cártel Jalisco Nueva Generación que opera en el municipio de Uruapan, quien -a decir de Harfuch y del Fiscal Carlos Torres Piña- sería el que contrató al asesino material Osvaldo Gutiérrez Velásquez o Víctor Manuel Gutiérrez Velásquez, “El Cuate”.
De acuerdo con la hipótesis de Omar García Harfuch, Jorge Armando sería el asesino intelectual de Carlos Manzo. Sería el que contrató Osvaldo Gutiérrez Velásquez o Víctor Manuel Gutiérrez Velásquez, “El Cuate”. Y sería quien con el apoyo de otro sujeto de nombre Omar Farías Chávez, integró una célula criminal para matar “a como diera lugar” al alcalde Carlos Manzo.
Esta hipótesis de Harfuch, aun cuando se planeó para dejar de lado una investigación sobre el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, en realidad casi reclama a gritos una investigación sobre el gobernador de Michoacán, porque todo apunta hacia él, como de los más interesados en que Carlos Manzo fuera asesinado.
No se debe pasar por alto que el mismo Carlos Manzo acusó al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla de estar involucrado con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Por eso Carlos Manzo temía por su muerte, y así lo denunció, responsabilizando de ello al Gobernador Bedolla, si algo le pasaba a él o a su familia, dijo el hoy occiso.
Para ver hasta donde se asoma la responsabilidad del Gobernador Ramírez Bedolla en este asesinato, baste recordar que el detenido como autor intelectual del homicidio de Manzo, apodado “El Licenciado”, de nombre Jorge Armando Gutiérrez Sánchez, era el segundo al mando de la célula del CJNG en Uruapan, la misma que era encabezada por René Belmonte, “El Rino”.
No se debe olvidar que “El Rino” fue el jefe de plaza que fue detenido en un operativo que hizo Carlos Manzo en su calidad de alcalde de Uruapan, con elementos de la policía municipal, en donde el gobierno estatal no quiso intervenir ni aportar elementos de la Fuerza Civil, la policía estatal.
“El Rino” era el operador del CJNG en Uruapan, y pertenecía a la fracción criminal -dentro de ese mismo cártel- que lideran los hermanos Ramón, Rafael, Roldan y Jesús Santiago, todos de apellido Álvarez Ayala. Todos ellos socios reconocidos de Nemesio Oseguera, quien les entregó el estado de Michoacán para su administración criminal.
Los hermanos Álvarez Ayala, en la administración criminal del Estado de Michoacán, son socios de uno de los principales fundadores de los grupos de autodefensa, de nombre Adalberto Fructuoso Comparán Rodríguez, “El Frutos”, quien fue alcalde de Aguililla, con el apoyo de Nemesio Oseguera, “El Mencho”.
Adalberto Fructuoso Comparán Rodríguez, hoy preso y sentenciado a 10 años por tráfico de drogas como miembro del CJNG, está casado con la señora Anabel Bedolla Marina, hermana de María de Jesús Bedolla Marín, quien es a la vez la madre del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
En expedientes del Centro Nacional de Inteligencia, se establece que Alfredo Ramírez Bedolla cuando fue candidato de Morena a la gubernatura de Michoacán, contó con el respaldo de su tío político Adalberto Fructuoso Comparán, quien lo acercó al CJNG el que a cambio contó con el respaldo oficial para que ese cártel se expandiera en suelo michoacano, tal como lo denunció en forma reiterada el propio Carlos Manzo.
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