Por. J. Jesús Lemus
En México, son un secreto a voces los intereses económicos que reviste la promoción del futbol profesional. Desde su fundación, la Femexfut ha sido controlada por un grupo empresarial ligado también a las dos principales televisoras nacionales, Televisa y TV Azteca.
La primera, propiedad de la familia Azcárraga, dirigida por Emilio Azcárraga Jean, y la otra, parte del imperio económico del empresario Ricardo Salinas Pliego.
Tanto Azcárraga Jean como Salinas Pliego han mantenido presencia e intereses dentro de la Femexfut, por lo que no resulta casual la diligente intervención de la fgr en la persecución de algunos delitos relacionados con la lesión de la economía de la federación de futbol y consecuentemente afectando las finanzas de las dos televisoras mexicanas.
Como antecedente, hay que anotar que —a enero de 2025— el Grupo Televisa obtenía beneficios económicos por más de 65 millones de dólares al año, solo por derechos de transmisión televisiva de los encuentros de sus equipos afiliados:
América, Atlas, Cruz Azul, Chivas de Guadalajara, F. C. Juárez, Necaxa, Santos Laguna, Tigres de la uanl, Toluca y Pumas de la unam. Por su parte, TV Azteca se beneficiaba anualmente con más de 37 millones de dólares por los derechos de transmisión de los encuentros de futbol del Atlas, Chivas de Guadalajara, F. C. Juárez, Mazatlán, Necaxa, Puebla y Querétaro.
Por eso, cualquier desavenencia económica que se registre en el interior de la Federación Mexicana de Futbol afecta directamente a los intereses de esos dos corporativos de la televisión mexicana.
Aun cuando dentro de la Femexfut han existido denuncias de lavado de dinero, fraudes y desfalcos, la mayoría de esos casos han pasado de noche para la fgr por un solo hecho:
Ningún afectado por los turbios manejos financieros dentro de la Femexfut le interesa a la fgr, como no sean aquellos casos que afectan a Televisa y a TV Azteca. La omisión de la persecución por oficio de los delitos de lavado de dinero dentro de la Femexfut no es nueva; ya se sabía de una serie de irregularidades financieras en su interior hacia 2012, al término de la administración del presidente Felipe Calderón.
En aquellos años surgieron diversos casos que la entonces pgr no atendió.
En 2004 fue un escándalo mediático nacional que se supiera que José Tirso Hernández Félix, dueño del equipo Freseros de Irapuato, estaba señalado —por el Buró Federal de Investigaciones (fbi, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos— como parte del Cártel de Juárez. También en 2004 salieron a la luz —por parte de la Administración de Control de Drogas (dea)— los nexos del equipo de futbol Gallos Blancos de Querétaro con el narcotraficante colombiano Paul Solórzano.
Antes de que la pgr entrara a investigar los casos, la Femexfut adquirió las dos franquicias de esos equipos y terminó por desaparecerlos ese mismo año.
En 2008 se destapó un nuevo escándalo de lavado de dinero dentro de la Femexfut, en el que tampoco intervino la pgr de Felipe Calderón: se dio a conocer que el equipo Los Mapaches de Nueva Italia (Michoacán) de la Liga de Ascenso estaba asociado con el Cártel de La Familia Michoacana.
El dueño de ese equipo era Wenceslao Álvarez y aparecía como uno de los principales operadores financieros de Nazario Moreno González, alias el Chayo, jefe del Cártel de La Familia Michoacana. Esa relación fue confirmada por Fernando Rodríguez Mondragón, hijo del narcotraficante colombiano Gilberto Rodríguez Orejuela y sobrino del también narcotraficante Miguel Rodríguez Orejuela, ambos líderes del Cártel de Cali.
De acuerdo con la versión de Fernando Rodríguez Mondragón, en aquel tiempo, a mitad del sexenio de Felipe Calderón, ya se hablaba de 33 clubes de futbol, tanto de la Primera División como de la Liga de Ascenso, que lavaban dinero para diversos cárteles mexicanos de las drogas.
De esos 33 clubes, por lo menos 18 jugaban en sedes dentro de demarcaciones bajo control de los cárteles: Acapulco (Cártel Independiente de Acapulco), Tijuana y Mazatlán (Cártel de los Arellano Félix), Morelia y La Piedad (Cártel de La Familia Michoacana), Culiacán (Cártel de Sinaloa), Tepic y Durango (Cártel de los Dámaso), Veracruz (Cártel de los Zetas), Zacatepec y Puebla (Cártel de los Beltrán Leyva) Guadalajara, Puerto Vallarta y Manzanillo (Cártel Jalisco Nueva Generación), Hermosillo (Cártel de Juárez), y Toluca, Querétaro e Irapuato (Cártel de los Caballeros Templarios).
Ante una solicitud de información pública sobre estos casos, la pgr respondió que dicha información era clasificada y que no era posible dar a conocer la cantidad de los clubes de futbol que estaban siendo investigados por su posible relación de lavado de dinero con grupos del narcotráfico, porque —dijo— había “impedimento legal para proporcionar datos relativos a las investigaciones previas porque existen características de confidencialidad o no divulgables”.
Lo cierto es que la pgr de Calderón nunca quiso trastocar la imagen de la Federación Mexicana de Futbol, ni mucho menos los intereses de los grupos económicos que controlan el negocio del futbol en nuestro país.
En 2015, la entonces pgr volvió a negar información sobre la existencia de averiguaciones previas en relación con propietarios, socios o empresas vinculadas a equipos de futbol, entre ellos los clubes Monarcas Morelia, Pachuca, Club Deportivo Toluca, Querétaro Futbol Club, Club América, Club Deportivo Guadalajara, Monterrey, Santos Laguna, Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente, Tiburones Rojos de Veracruz, Club de Futbol Tigres de la uanl, Cruz Azul, Pumas de la unam, Chiapas Futbol Club, Club Leones Negros de la UdG, Atlas, Club León F. C. y Puebla, argumentando que, de dar a conocer dicha información, se podía “causar un serio perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes, prevención y persecución de los delitos, e impartición de la justicia”, por lo que se decidió mantener dicha información bajo la clasificación de reservada y confidencial.
Desde que Alejandro Gertz Manero se hizo cargo de la Fiscalía General de la República, hasta el cierre de este trabajo, esa dependencia no ha dado a conocer ningún tipo de acción, ni ha manifestado postura pública alguna, respecto a la investigación del delito de lavado de dinero dentro de los clubes que integran la Femexfut, ello a pesar de que en medios de comunicación periodistas especializados se han referido a la posibilidad de ese fenómeno antijurídico dentro del futbol mexicano.
Uno de esos señalamientos de mayor peso informativo fue el que hizo el periodista Héctor Alonso Morales, quien, citando un estudio del Grupo de Economistas y Asociados, apuntó: “El lavado de dinero es una sombra que acecha al futbol mexicano. Expertos en la prevención de este delito coinciden en que es un ‘foco rojo que requiere atención’, debido a que es una industria que genera 114 mil millones de pesos anuales”.
Pero, aun cuando los señalamientos mediáticos fueran poca cosa para motivar la intervención de la fgr en el problema que representa el lavado de dinero dentro de la Federación Mexicana de Futbol, la dependencia a cargo de Alejandro Gertz Manero tampoco se animó a investigar ese asunto pese a que en el Senado de la República, el 11 de febrero de 2020, la senadora Minerva Hernández Ramos, del pan, propuso una iniciativa de ley para incluir a los clubes de futbol profesional dentro del catálogo de actividades vulnerables de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Del mismo modo, a la fgr de Gertz Manero tampoco la movió que el 21 de noviembre de 2019 la Unidad de Inteligencia Financiera (uif), entonces dirigida por Santiago Nieto Castillo, firmara con las ligas de futbol de Primera División y Ascenso, representadas por Enrique Bonilla Barrutia, un convenio de colaboración para fortalecer y adoptar medidas en materia de prevención y detección de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
En la iniciativa de ley presentada por la senadora Minerva Hernández Ramos, que fue enviada para su estudio a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos Primera, se establece la necesidad de revisar la operación financiera de los clubes de futbol, toda vez que —consideró la legisladora— “los delincuentes han encontrado nuevos canales para el lavado de las ganancias obtenidas por medio de actividades ilegales, siendo el deporte uno de los sectores en riesgo de ser afectado”. Además —agregó en su propuesta—, el futbol “es usado como un vehículo para la realización de diversos delitos como trata de personas, corrupción, tráfico de estupefacientes, entre otros”.
Por su parte, en el convenio firmado entre la uif de Santiago Nieto y las ligas de futbol de Primera División y Ascenso se menciona la necesidad de establecer acciones conjuntas entre las partes para “prevenir la intromisión de la criminalidad financie-
ra en el futbol nacional, y con ello asegurar el sano desarrollo del deporte con más seguidores en el país, dotando de seguridad jurídica a la Liga, los equipos, el cuerpo técnico, las y los jugadores, las y los representantes y sobre todo a la afición”.10 En dicho convenio también se remarca la obligatoriedad de intercambio de información entre las partes para desalentar actos constitutivos de delitos.
Aun con estos antecedentes, la fgr hasta ahora no ha dado muestras de interés para gestionar algún tipo de investigación en relación con posibles actos de lavado de dinero dentro la Federación Mexicana de Futbol. Sin embargo, su participación fue expedita en cuanto así lo solicitó la directiva de Televisa para investigar el caso de desfalco económico registrado dentro del club de futbol Cruz Azul, cuyo presidente, Guillermo Álvarez Cuevas, fue señalado de haber desviado en su provecho más de 2 mil 257 millones de pesos.
En sí, el posible delito de desvío de dinero que se le atribuye a Guillermo Álvarez perjudicaría solamente al club Cruz Azul, un caso que, al igual que otros de equipos de futbol con problemas similares, le podría haber revestido poco interés al fiscal Gertz para que interviniera.
No obstante, en el caso Cruz Azul-Guillermo Álvarez hay dos coyunturas que quizá llamaron la atención del fiscal Alejandro Gertz Manero para determinar la rápida acción de la Fiscalía General de la República: por un lado, la afectación económica que le podía causar a TV Azteca y a Televisa, y por el otro, la posibilidad de cobrar una añeja venganza.
En la primera coyuntura, el supuesto desvío de dinero atribuido a Guillermo Álvarez y a un grupo de sus colaboradores, que de alguna forma denota la falta de control financiero de la Femexfut, daría pie para que esta fuera sancionada por la Federación Internacional de Futbol Asociación (fifa), en cuyo caso la consecuencia inmediata sería —y aun puede ser— que este organismo internacional de futbol le retirara a México la nominación
de sede compartida con Estados Unidos y Canadá para celebrar la Copa Mundial de Futbol en 2026.
De darse la sanción de la fifa a la Femexfut, a través de la suspensión de México en la organización de la Copa Mundial de Futbol 2026 —por su pasividad en el control financiero de sus clubes afiliados—, los principales perjudicados serían las empresas Televisa y TV Azteca. Las dos televisoras nacionales eventualmente dejarían de ganar millones de dólares por la pérdida de los derechos asegurados para la transmisión de los partidos del Mundial de Futbol 2026, que está contemplado para celebrarse en México en los estadios Azteca, de la Ciudad de México; el Estadio BBVA, de Monterrey, y el Estadio Akron, de Guadalajara, además de otras 45 ciudades sedes de Canadá y Estados Unidos. De ahí el reclamo de Televisa y de TV Azteca, que fue atendido diligentemente por el fiscal Gertz Manero, para perseguir a Guillermo Álvarez Cuevas y a su grupo de colaboradores.
