Por. Ajedrez Político
Luego de sigilosamente esconder la información como si fuese basura y polvo que debe estar por debajo de la alfombra de la opinión pública por lo delicado de un tema extremadamente vergonzante que conmocionó y sigue lastimando a San Luis Potosí, finalmente el Poder Judicial de San Luis Potosi acabó por confirmar que Alejandro “N” obtuvo su libertad condicionada, como parte del proceso de ejecución penal, luego de que se acreditara el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal.
De acuerdo con la resolución judicial, el exfuncionario del DIF estatal cumplió la mitad de la pena impuesta, equivalente a 6 años, 1 mes y 15 días, plazo que se alcanzó el 8 de diciembre de 2025, lo que permitió a la autoridad judicial analizar su situación jurídica para el acceso a este beneficio el pasado viernes por la noche.
El órgano jurisdiccional determinó conceder la libertad condicionada tras validar diversos elementos, entre ellos: El tiempo efectivo de compurgación, la conducta durante el internamiento, el cumplimiento del plan de actividades y la reparación del daño. ¿En serio esto último se pudo?
La primera, con reservas, en dar a conocer la indignante noticia fue la periodista Ana Dora en su portal OctopusMx Periodismo Comunitario. Llamó poderosamente la atención el sigilo conque se manejó la información y el silencio prudente al respecto de la mayoría de los medios de comunicación. La Orquesta de Jorge Saldaña también manejó con cautela dicha información que profusamente circuló en grupos de WhatsAPP. En su edición de hoy confirmó el hecho:
“La resolución se emitió dentro del marco legal vigente y corresponde a la fase de ejecución de la sentencia, por lo que no implica la absolución del delito ni la cancelación de la condena, sino una modificación en la forma de cumplimiento de la pena. El caso de Fernández Montiel generó amplia atención pública desde su detención en octubre de 2019, tras una persecución en la capital potosina, así como por la naturaleza del delito por el cual fue sentenciado. La concesión de la libertad condicionada reaviva el debate sobre los alcances del sistema penal, la protección de las víctimas y la aplicación de beneficios legales en delitos de alto impacto social”, relató La Orquesta.
Esto pasa cuando la justicia se esconde y el silencio grita. San Luis Potosí no es un pueblo ingenuo. Es una tierra de memoria larga, de silencios incómodos y de gente que sabe distinguir entre un error y una burla. Por eso, lo que hoy circula —y lo que hoy no se explica— no puede tomarse a la ligera.
Un exfuncionario público, sentenciado a más de doce años de prisión por violar a un menor bajo custodia del Estado, ya no está en prisión. No hubo boletín oficial oportuno. No hubo una abierta difusión pública de la resolución. No hubo explicación. Solo una confirmación que hasta hoy dejó de ser extraoficial y un mutismo institucional que pesó más que cualquier rumor.
Y cuando la justicia calla, el vacío lo llena la sospecha. Este no es un caso cualquiera. No es un expediente menor. Es un delito que toca una de las fibras más sensibles de cualquier sociedad: la protección de los niños, especialmente de aquellos que el propio Estado tenía bajo su cuidado. Aquí no hay margen para la discreción cómoda ni para los acuerdos en lo oscurito.
Si la liberación fue legal —como pudo serlo—, ¿por qué esconderla? ¿Desde cuándo la transparencia judicial del debido proceso dejó de ser una obligación legal? En San Luis Potosí la gente no pide linchamientos. Pide explicaciones. Pide claridad. Pide respeto.
Porque aquí todavía se cree —aunque cada vez con más dificultad— que la justicia no debe tener apellidos, ni parientes, ni influencias. Que las sentencias no se negocian en lo oscurito. Ayer no hubo comunicado oficial. Hoy solo una tibia confirmación argumentando legalidad del hecho tratando de calmar a una opinión pública sorprendida nuevamente con otro sabadazo. Y en una sociedad como la potosina, ese silencio no calma. Ese silencio ofendió. Las autoridades tendrán que hablar y argumentar. El juez deberá explicar su resolutivo. Y los medios informar porque cuando la justicia se esconde y el periodismo se calla, lo que queda no es prudencia: es vergüenza pública.
