La verdadera herencia maldita no es la que propagandísticamente y gran éxito ha difundido el gobernador Ricardo Gallardo Cardona. El real legado de problemas graves, dificultades y consecuencias negativas en San Luis Potosí, que se transmiten de una administración a otra, de una generación a la siguiente o dentro de una familia, es el putrefacto sistema de justicia que tenemos, la conspiración de los silencios y cañonazos de dinero que perpetúan las injusticias y el Statu quo.
Lo que vemos no siempre es la verdad. Lo sucedido el pasado fin de semana ilustra lo que digo y sostengo leyendo el libro “Maldita Roma” de Santiago Posteguillo, cuyo título y frase de inicio, la cual reproduzco al inicio de esta columna, ilustra nuestro legado de corrupción y otros graves problemas, dificultades y consecuencias negativas que hemos heredado y no corregido: Un sistema de “justicia” putrefacto y a modo de impunidad.
Alejandro Fernández Montiel, el exfuncionario del DIF estatal, Presea Plan de San Luis, condenado a doce años y tres meses de prisión por el delito de violación específica agravada en contra de un menor de edad, fue puesto en libertad condicional la noche del viernes 19 de diciembre, con total sigilo, apostando nuevamente a otro sabadazo, luego de que un juez determinó la sustitución de la pena.
Fueron seis años de litigios mediante los que su defensa fracasó en el intento de que se absolviera al ex procurador de la Defensa de las Personas Adultas Mayores del DIF estatal, pero finalmente logró que Fernández Montiel accediera al beneficio de la sustitución de la pena previsto en el Artículo 144 de la Ley Nacional de Ejecución Penal y fuera liberado, sin embargo, su condena sigue vigente y la declaratoria de culpable en pie. Un monstruo está libre.
En San Luis Potosí, la Conspiración de los Silencios pesa. No siempre estalla de inmediato, pero se queda, se acumula y termina por exigir respuestas. Así ocurrió con el este vergonzoso caso, un expediente que nunca dejó de doler y que, seis años después de su inicio, volvió a sacudir a la opinión pública no por una sentencia, sino por la forma en que se gestionó su cumplimiento.
Lo que sucedió el pasado fin de semana bien puede ser la crónica de un espeluznante liberación que nunca se explicó a tiempo. El 23 de octubre de 2019, el entonces “procurador” fue detenido tras la denuncia de un menor de edad que se encontraba bajo custodia del Estado en el Centro de Asistencia “Rafael Nieto”. La acusación fue directa y grave: violación agravada.
El expediente acusatorio fue censurado, pero contenía toda la información y fotos de cómo la víctima tenía sus partes destrozadas de tanto abuso, en una famosa colchonetita de oficina, sin ninguna piedad, con manchas de sangre y semen excretadas por un monstruo sexual disfrazado de Ángel de la Guarda. En realidad un demonio del Jet Set potosino.
Desde ese momento, el caso trascendió lo penal. No se trataba solo de un delito sexual, sino de un abuso cometido desde una posición de poder institucional contra un menor al que el propio Estado tenía la obligación de proteger.
Tras un proceso judicial prolongado, en octubre de 2022 el Poder Judicial dictó sentencia condenatoria: 12 años y 3 meses de prisión por violación agravada. La resolución fue difundida públicamente, confirmada por instancias superiores y presentada como un mensaje claro: incluso desde el aparato estatal, los delitos contra menores tendrían castigo. Alejandro Fernández Montiel fue internado en el Centro de Reinserción Social No. 1 de La Pila, donde comenzó a compurgar su pena.
Durante los siguientes años, el caso permaneció en aparente calma. No hubo mayores actualizaciones públicas. La sentencia se consideró firme y el expediente, cerrado en términos mediáticos. El punto de quiebre sucedió el pasado fin de semana prenavideño aprochando que todo el mundo anda en el frenesí de las compras en las plazas comerciales. Todo cambió en un instante. De manera súbita, comenzaron a circular versiones no oficiales que señalaban que el exfuncionario ya no se encontraba en prisión. No hubo anuncio previo. No hubo boletín institucional. No hubo explicación pública.
El rumor creció. Las preguntas se multiplicaron. Las autoridades guardaron silencio. En un primer momento, se habló de un posible cambio de medida cautelar, versión que pronto quedó descartada: las medidas cautelares aplican antes de la sentencia, y Alejandro ya estaba condenado. Luego se mencionó la libertad condicionada como hipótesis. Tampoco hubo documentos públicos que la confirmaran. El silencio institucional, lejos de contener la polémica, la amplificó.
La versión técnica provino de especialistas del ámbito judicial que por temor a represalias señalaron, bajo reserva, un nuevo elemento: la sustitución de la pena, prevista en el artículo 144 de la Ley Nacional de Ejecución Penal aderezada de sendas maletas de dinero para planchar todo. Esta figura jurídica no extingue la condena ni absuelve al sentenciado. Permite, bajo ciertos requisitos, sustituir la forma de cumplimiento de la pena, es decir, continuarla fuera del penal bajo condiciones estrictas de supervisión. ¡Unos genios!
De acuerdo con esta versión, Alejandro Fernández Montiel habría cumplido la mitad de la condena —6 años, 1 mes y 15 días— el 8 de diciembre de 2025, lo que abrió la puerta a una audiencia de ejecución penal. El beneficio habría sido concedido la noche del viernes 19 de diciembre, permitiendo su salida del penal. Sin embargo, nuevamente, no hubo documento público.
La Orquesta aseguró que el Poder Judicial de San Luis Potosí había confirmado la libertad condicionada derivada de la sustitución de la pena. Pero esa afirmación llegó sin número de expediente, sin juzgado identificado, sin auto judicial publicado y sin boletín institucional. Así, lo que pudo haberse explicado en un comunicado técnico y claro se convirtió en un laberinto de versiones, trascendidos y lecturas encontradas.
Hoy, el único hecho plenamente documentado es la sentencia condenatoria de 12 años y 3 meses dictada en 2022. La salida del penal, la audiencia de ejecución y la aplicación del artículo 144 no han sido acompañadas, hasta ahora, de un documento público accesible. No se discute —al menos no todavía— si la figura jurídica aplicada es legal. Lo que se discute es por qué se decidió no explicarla.
El daño y las consecuencias son claras: la opacidad transformó un acto técnico en un problema institucional. La falta de información oficial dejó a la víctima, a la sociedad y al propio Poder Judicial atrapados en una narrativa de sospecha. Porque cuando la justicia no explica, no se defiende. Y cuando el silencio se prolonga, deja de ser prudencia para convertirse en responsabilidad.
Este caso aún no termina. Falta el documento. Falta el auto. Falta la explicación pública. Y mientras eso no ocurra, el expediente de Alejandro Fernández Montiel seguirá siendo algo más que un caso penal: será el ejemplo de cómo la justicia, cuando se vuelve técnica pero secreta, pierde la confianza de aquellos a quienes debe servir.
Simultáneas
– Cuando la justicia se esconde y el silencio grita. San Luis Potosí no es un pueblo ingenuo. Es una tierra de memoria larga, de silencios incómodos y de gente que sabe distinguir entre un error y una burla. Por eso, lo que hoy circula —y lo que hoy no se explica— no puede tomarse a la ligera. Un exfuncionario público, sentenciado a más de doce años de prisión por violar a un menor bajo custodia del Estado, ya no está en prisión. No hay boletín. No hay resolución pública. No hay explicación. Solo confirmaciones extraoficiales y un mutismo institucional que pesa más que cualquier rumor. Y cuando la justicia calla, el vacío lo llena la sospecha. Este no es un caso cualquiera. No es un expediente menor. Es un delito que toca una de las fibras más sensibles de cualquier sociedad: la protección de los niños, especialmente de aquellos que el propio Estado tenía bajo su cuidado. Aquí no hay margen para la discreción cómoda ni para los acuerdos en lo oscurito. Si la liberación fue legal —como podría serlo—, ¿por qué esconderla? ¿Desde cuándo la transparencia del nuevo sistema de justicia penal acusatorio dejó de ser obligación en San Luis Potosí? Pero hay algo más que incomoda.
– Callar es mentir. Algo que ensucia todavía más el ambiente: la versión persistente de que el sentenciado es hermano de quien es parte de un importante medio de comunicación que siempre ha presumido imparcialidad. No afirmamos hechos no probados. Pero tampoco somos ciegos: cuando dicho medio guarda silencio absoluto sobre un caso que sacude al estado y toca a su entorno cercano, la imparcialidad deja de ser un lema y se convierte en una duda legítima. En San Luis Potosí la gente no pide linchamientos. Pide explicaciones. Pide claridad. Pide respeto. Porque aquí todavía se cree —aunque cada vez con más dificultad— que la justicia no debe tener apellidos, ni parientes, ni influencias. Que las sentencias no se negocian en lo oscurito. Y que los medios no están para proteger intereses familiares, sino para incomodar al poder, incluso cuando el poder está en casa. No hay comunicado oficial. No hay postura clara. Hoy solo hay un silencio que lastima. Y en una sociedad como la potosina, ese silencio no calma. Ese silencio ofende. Las autoridades deben hablar. Los jueces deben explicar. Y los medios deben decidir de qué lado están. Porque cuando la justicia se esconde y el periodismo se calla, lo que queda no es prudencia: es vergüenza pública.
– Un jurista con perfil de Gobernador que llegó a rescatar al Interapas. “Sin agua no hay nada”, me dijo Jorge Daniel Hernández Delgadillo en entrevista exclusiva con Ajedrez Político SLP. Se las recomiendo. Un puntilloso lector de esta columna y extraordinario analista político me dijo textual al respecto: “Es un tipo que pudo ser candidato a Gobernador en lugar de Luis García Julián o hacer infinito mejor papel que Fernando Toranzo Fernández o Juan Manuel Carreras. Ahí lo puso Enrique Galindo Ceballos para evitar el derrumbe del sistema Interapas. Si Ricardo Gallardo truena al organismo operador de agua, se desbordará un caos marca Pozos recargado en Soledad. Y el edil capitalino sabe que eso puede ser el inicio del fin de la gallardía. Puso a Jorge Daniel ahí para preparar una batalla. Pozos le colapsó al mandatario potosino por carecer de vinculación al sistema de agua y al de recolección de residuos (basura). Quebró financieramente a Villa de Pozos, le frenó la obra e inversión por la dispersión de recursos. Inhibió la inversión por la desvinculación al proceso industrial por temas de movilidad y crecimiento urbano (Pozos no tiene programas de ordenamiento territorial). En fin, Hernández Delgadillo un mega priista que sobrevivió la decadencia del Partidazo. Los programas de asistencia en Soledad ya se normalizaron, ya no es el mismo impacto social de hace 10 años. Ahora ya se ve como ‘normal’ y no como logros históricos. Galindo puede negociar con Morena dejarles Soledad y que le permitan seguir controlando la Capital. Esto con independencia de quién vaya a la Gubernatura en el 2027. Ahorita Morena y PAN se preparan para impugnar la Ley Ruth. Es una carta de amor a Galindo de los dos partidos. Y esto también lo sabe Hernández Delgadillo”.
¡Feliz Navidad!
Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UASLP. Comenzó como reportero en Canal 13 y para la revista Jaque. Dirigió Canal 9 de SLP y conoció de cerca el modelo de Radio Canadá en Montreal. Ocupó cargos de producción audiovisual, monitoreo, síntesis y análisis en Comunicación Social de Gobierno del Estado y del Ayuntamiento de la capital. Fue ejecutivo de Proyectos Técnicos y Especiales del Centro Nacional de Supercómputo del IPICYT y en la iniciativa privada participó en Seguros ING y AXA. Actualmente se desempeña en el sector inmobiliario y es director de Ajedrez Político SLP. Twitter: @AlvelaisPerez.
