El Top Ten de la corrupción de la 4T, la razón por la que fracasó el gobierno de AMLO

De acuerdo al ranking que publica cada año el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), a solo cuatro meses de que el presidente López Obrador deje el cargo y con ello concluya el inicio de la llamada Cuarta Transformación, México no se pudo mover desde el fondo de los países catalogados como más corruptos, por sus sistemas y prácticas de gobierno

Ciudad de México.- Para el presidente Andrés Manuel López Obrador la corrupción es cosa del pasado. Siempre que tiene la oportunidad asegura, en estos términos, que “antes el principal problema de México, era la corrupción”. Según AMLO, la corrupción ya se desterró del país. Pero no es cierto, la corrupción sigue siendo el principal lastre del aparato de gobierno mexicano.

La Cuarta Transformación, con todo lo que implica su llegada y sus promesas no cumplidas, no solo no pudo erradicar la corrupción, sino que la permitió no nada más entre la base de la burocracia, sino en las cúpulas demando. Es una corrupción que solo no puede ser vista por aquellos que no quieran verla.

De acuerdo al ranking que publica cada año el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), a solo cuatro meses de que el presidente López Obrador deje el cargo y con ello concluya el inicio de la llamada Cuarta Transformación, México no se pudo mover desde el fondo de los países catalogados como más corruptos, por sus sistemas y prácticas de gobierno.

México ocupa el lugar 126 de 180 sitios posibles dentro de la lista de los países que permiten la medición de la corrupción. De 100 reactivos que hay que aprobar para salir del fondo de la lista, donde están los países más corruptos, México solamente ha aprobado 31 de esos puntos, lo que sigue manteniendo a nuestro país en el sitio en el que lo dejó –en términos de corrupción- el presidente Enrique Peña Nieto.

La Cuarta Transformación propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, resultó un fracaso en términos de combate a la corrupción, por lo menos la mitad de los funcionarios que integran el Gabinete presidencial, Legal y Ampliado, están conectados con eventos inmorales, /Foto: Cortesía de México Elige

No solo es un problema de percepción

Pero la corrupción que se ha quedado para vivir dentro del sistema político mexicano, no solo es cuestión de percepción. Se trata de un problema real. Es una problemática con la que se tiene que lidiar todos los días por parte de los ciudadanos, y que implica mucho trabajo y un gran riesgo para los periodistas que denuncian esos actos de corrupción.

Como efecto colateral de la corrupción -se tiene que decir-, destaca el descredito y las agresiones que son preferidos desde la cúpula del poder, por parte del presidente López Obrador y de aquellos grupos sociales afines al movimiento político de la 4T, quienes señalan al gremio informativo, solo por el hecho de denunciar la corrupción, como un grupo facineroso, que miente, que orquesta campañas y que desacredita, solo porque sí.

De hecho, las agresiones que sufre el gremio periodístico por parte del presidente, solo por el hecho de denunciar la corrupción de sus más allegados, es también un efecto de la misma corrupción que permanece e impera dentro del gobierno de la Cuarta Transformación, cuyo principio se basa en la triada anticorrupción de No Mentir, No Robar y No Traicionar.

A tal grado se ha protegido y cobijados la corrupción dentro del gobierno del presidente López Obrador que cualquier acto de denuncia o exposición que se haga de sus más cercanos colaboradores, aun cuando existan las pruebas para demostrar el sostenimiento, engañosamente López Obrador califica tales denuncias como parte de una campaña orquestada solo para causar descredito.

Popularidad no es honestidad

En unos meses cerrará la administración de la Cuarta Transformación. El cierre será histórico, nunca –desde que se puede llevar la medición de la popularidad- se había llegado a un cierre de sexenio con una popularidad por encima del 50 por ciento. Peña Nieto cerró con un 27 por ciento de popularidad, Calderón con un 22 por ciento, Fox con un 19 por ciento, Zedillo con el 21 por ciento y Carlos Salinas de Gortari con apenas un 16 por ciento.

El presidente López Obrador, de acuerdo a la encuestadora Mitofsky, una de las casas de sondeo y estudios de opinión más prestigiada de México, habrá de cerrar su ciclo presidencial con una popularidad por encima del 60 por ciento. Eso bate todo los records históricos que sobre el tema existan en México.

El problema de la corrupción en la 4T no solo es el saqueo de recursos oficiales por parte de una clase elitista de gobierno, también es el costo que tiene que pagar la población para recibir un servicio al que están obligados los funcionarios públicos. / Foto: cortesía Merca2.0

Sin embargo, hay que recordar que popularidad no es honestidad. Casos de dictadores muy populares se cuentan por decenas a lo largo de la historia contemporánea; Augusto Pinochet, en Chile; Adolfo Hitler, en Alemania; José Stalin, en la URSS; Fidel Castro, en Cuaba; Fulgencio Batista, también en Cuba; Anastasio Somoza, en Nicaragua… todos ellos tuvieron altos índices de popularidad, aun hasta el día de sus caídas, y sin embargo, solo fueron cabeza de regímenes corruptos.

El Top Ten de la Corrupción de la 4T

Es difícil hacer una selección de solo 10 casos de corrupción más importantes dentro de la Cuarta Transformación, pero si fuera dado seleccionar en forma arbitraria a los diez funcionarios más corruptos del gobierno de López Obrador, solo tomando en cuenta la dimensión o la resonancia mediática de las denuncias públicas que se han hecho de sus casos, sin lugar a duda estaríamos en dificultades, pero ese sitio lo podría ocupar Roció Nahle.

1.- La ex secretaría de Energía y después aspirante al gobierno del estado de Veracruz, la que fue encargada de llevar a cabo el proceso de construcción de la Planta Petrolera de Dos Bocas, se destaca por haber sustraído fondos federales para destinarlos a su peculio: acumuló propiedades inmobiliarias por un monto de más de 100 millones de pesos, cuando sus ingresos por salarios no llegaron ni a los 8 millones de pesos, durante los cinco años que estuvo al frente de la Secretaría Energía.

2.- Manuel Bartlett Díaz, el director de la Comisión Federal de Electricidad, también se ubica entre los grandes corruptos del sexenio. Este patriota, como es calificado por sus correligionarios, tiene cuentas por aclarar en la Auditoria Superior de la Federación (ASF) por 600 millones de pesos. Además ha cumulado 25 propiedades inmobiliarias por un valor de más de 200 millones de pesos, con un sueldo de apenas 125 mil pesos por mes. Además, su hijo logró contratos del IMSS para vender equipo médico (ventiladores para el Covid-19) a sobrecosto.

3.- Ignacio Ovalle Fernández, el director de Segalmex, es responsable del mayor fraude financiero que ha ocurrido dentro de la 4T. Permitió el desvío de por lo menos 15 mil millones de pesos mediante un truculento sistema de simulación de compras de granos. Este mismo ejercicio ya lo había practicado Ovalle Fernandez cuando fue director de Conasupo en el gabinete de Carlos Salinas de Gortari.

4.- Zoé Robledo Aburto, el director del IMSS y uno de los hombres de más confianza del presidente López Obrador. A este funcionario se le puede atribuir un desfalco al IMSS por la cantidad de 287 millones de pesos, misma cantidad que entregó en un contrato de publicidad a un medio informativo (Medios de Comunicación y Publicidad S.A. de C.V.) propiedad de su hermano Gabino Robledo Aburto. Además tiene cuentas pendientes con la Auditoria Superior de la Federación por más de 300 millones de pesos comprobar.

5.- Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, quien pasó del liderazgo de la bancada de Morena en el Senado a candidato oficialista en el estado de Chiapas. Es uno de los funcionarios que han pasado desapercibidos dentro de la 4T, pero con un gran beneficio económico personal. Entre sus actos de corrupción destaca un Penthouse que compró en Polanco, en la CDMX, por la suma de 22 millones de pesos. Lo peor del caso es que quiso hacer creer a los mexicanos que el lujoso departamento fue adquirido por un campesino de La Trinitaria, a quien utilizó como prestanombres.

6.- Octavio Romero Oropeza, el titular del Pemex, aun cuando tiene muchos señalamientos de corrupción, basta con señalar un solo caso: los contratos otorgados a la empresa Baker Hughes, por la cantidad de 194 millones de dólares. Esos contratos fueron logrados por Carolyn Adams, esposa de José Ramón López Beltrán, el hijo mayor de AMLO, a quien también se benefició de esos contratos al recibir –al menos en préstamo- una lujosa residencia en Texas.

7.- Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, es considerado dentro del grupo de funcionarios más corruptos de la 4T no solo por su falta de probidad para el combate al narcotráfico y los grupos delictivos del crimen organizado. Su corrupción se finca en la creación de una red de negocios para vender justicia a los grandes empresarios. Es el principal corruptor de la justicia en México.

8.- Ana Gabriela Guevara, quien es la titular de la Comisión Nacional del Deporte, también se ubica dentro del Top Ten de la corrupción de la 4T. A Ella se le señala en investigaciones de periodistas serios por haber hecho un manejo a conveniencia de los fondos oficiales destinados al impulso del deporte. Se le acusa de desvíos de dinero por el orden de los 100 millones de pesos y de actos de discriminación en contra de deportistas.

9.- Jesús Ramírez Cuevas, el coordinador de prensa de la presidencia de la República, es considerado uno de los funcionarios más corruptos de la 4T, por el solo hecho de las campañas de desprestigio que orquesta en contra de políticos y periodistas que cuestionan la corrupción dentro de la llamada Cuarta Transformación.   

10.- Luis Cresencio Sandoval, el general secretario de la Defensa Nacional (SEDENA), aparte de ser señalado de mantener relación de protección con los grupos del crimen organizado, principalmente del Cártel de Sinaloa (CS) y del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) según lo dicho por la DEA, también se le relaciona con el sobrecosto de al menos las obras de construcción del Tren Maya y del Aeropuerto Felipe Ángeles, en donde la ASF no encontrado comprobación de más de 250 millones de pesos.