Por cuidar inversión extranjera, fracasó Guardia Nacional en plan de pacificación de AMLO
La presencia de la Guardia Nacional en Mulegé, solo por señalar un ejemplo, se ha concentrado de sobremanera entorno a las plantas de las minas Exportadora de Sal S.A. de C.V., Minera y Metalúrgica del Boleo S.A.P.I., Carbón Mexicano S.A. de C.V., Compañía Occidental Mexicana S.A. de C.V., y Roca Fosfórica Mexicana S.A. de C.V., las que ahora se encuentran blindadas ante actos de protesta de las comunidades aledañas
Pese a la nulidad de sus acciones, donde destaca que la Guardia Nacional no ha podido disminuir los índices delictivos, se ha fermentado la corrupción dentro de la corporación y muchos de sus mandos se han aliado con los cárteles de las drogas, la virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum anunció que la Guardia Nacional pasara a ser parte de la Secretaría de la Defesa Nacional.
El anuncio que hizo el día de ayer la presidenta Claudia Sheinbaum va de la mano con la instrucción del presidente saliente Andrés Manuel López Obrador, quien no pudo concretar la integración de la Guardia Nacional a la SEDENA porque no se lo permitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Hasta hoy, la Guardia Nacional solo es una corporación paramilitar que obedece a un mando civil, que corresponde a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a cuyo mando se encuentra Rosa Icela Rodríguez. La Guardia Nacional opera en las mismas condiciones que en su momento lo hizo la Policía Federal Preventiva, de Genaro García Luna.
La Guardia Nacional, así lo expone la realidad, no ha podido ser el organismo policial que se pensó para combatir la delincuencia y bajar los índices delictivos, porque esa dependencia se convirtió en una policía privada al servicio de los grandes capitales de inversión transnacional. La Guardia Nacional se ha dedicado más a cuidar los intereses de los megaproyectos extractivos e industrial de alto uso hídrico antes que las necesidades de la población civil.
Es parte de la militarización
A solo tres meses de que termine el sexenio, con 156 regiones de todo el país consideradas como territorios controlados por el narco, con la mayor incidencia delincuencial que se haya visto en la historia de México, todo el país ya se encuentra militarizado. Esa fue la estrategia federal fallida diseñada por el gobierno de la Cuarta Transformación para erradicar los elevados índices delictivos que no se han podido contener.
La militarización del país, en esta remasterizada Guerra Contra el Narcotráfico, ni por equívoco ha dado visos de resultados: los índices de homicidios, feminicidios, extorsión, secuestro y robos que afectan al grueso de la población, siguen al alza a pesar de la presencia de la Guardia Nacional en todo el territorio nacional.
Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), los delitos de alto impacto, en su conjunto, ya son superiores al 16 por ciento de los mismos que se registraron al termino del último año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, y superan por más de un 37 por ciento a los registrados durante el último semestre de gobierno del presidente Felipe Calderón.
Solo en lo que hace al último semestre de la administración del presidente Peña Nieto, los índices de homicidios, que se han registrado en todo el país en este gobierno, ya son superiores en más de un 19 por ciento, los feminicidios ha crecido en casi un 43 por ciento, las extorsiones han registrado un repunte del 34 por ciento, los secuestros ya crecieron un 99 por ciento, y robos han repuntado en un 58 por ciento.
¿Por qué no bajan los índices rojos?
¿Cuál es la razón por la que el despliegue de más de 120 mil elementos de la Guardia Nacional no ha podido reducir los índices de violencia? La respuesta es simple: la Guardia Nacional –aun cuando se ha dicho que se ha destinado para fortalecer la seguridad pública de los ciudadanos- en realidad se ha destinado a la protección de los grandes megaproyectos económicos, donde se encuentra en riesgo su ejecución, principalmente por la resistencia de las poblaciones originarias.
Las estadísticas oficiales dan cuenta clara de la intención oculta en este plan nacional de seguridad, pues las primeras 140 de 256 regiones que durante este sexenio se mantuvieron bajo el cobijo de la seguridad federal, son zonas de importancia económica para el sector privado y oficial que han invertido en obras de infraestructura, las cuales se encuentran en riesgo por la oposición de las comunidades locales, a las que estos proyectos les representan el arrebato del territorio y el agua.
Proteger el capital
En Aguascalientes, la Guardia Nacional y fue desplegada en los municipios de Aguascalientes y Jesús María, donde más allá de los índices de violencia que se han generado por la expansión de grupos asociados a los cárteles Jalisco Nueva Generación y de Los Zetas, se vive una resistencia casi permanente de grupos de ciudadanos reclamando el arrebato del agua, que ha generado un clima casi permanente de protestas civiles.
En Aguascalientes, las protestas sociales se han focalizado en el despojo del agua que están haciendo las plantas armadoras de autos de la Nissan, Mercedes Benz e Infiniti, las que consumen casi dos veces el agua que se destina en un año a la población de esa cabecera municipal, donde ya existen graves problemas de desabasto. También se mantiene una férrea resistencia contra la minera Plaminco S.A de C.V., que pretende abrir dos minas de oro, plata, con el consecuente rebato de recursos.
Las protestas sociales para evitar la apertura de megaproyectos que afectan a la disponibilidad de recursos para la población, también se registran contra las mineras Compañía Minera La Parreña, S.A de C.V., Compañía Minera Real de Asientos y Anexos, y Exploraciones Mineras Peñoles, S.A de C.V., donde están en riesgo una inversión global de más de 4 mil millones de pesos.
En Baja California, la Guardia Nacional vigila la seguridad en los municipios de Mexicali, Tecate, Ensenada, San Quintín y Tijuana, donde la prioridad es el cuidado de los proyectos de inversión que se están apropiando del agua.
En esta misma localidad el despliegue de la seguridad federal también se han dado en la zona de San Felipe, donde opera la mina de oro Real de Ángeles del grupo Frisco, la que mantiene un confrontación con grupos de activistas que se oponen a los elevados índices de contaminación y uso de agua que se hacen para la obtención de oro. En Mexicali también se protege la inversión de la planta de Coca Cola, la Fábrica de Envases de Vidrio S.A. de C.V. y a la planta industrial de SuKarne, que afrontan una protesta social permanente por el despojo del agua.
En Tecate, la Guardia Nacional protege la seguridad de la Comisión Federal de Electricidad y de la Cervecera Tecate, empresas contra las que se han alzado las protestas en los últimos meses, a causa del despojo del agua que se realiza en esta parte del estado, lo que ha generado no solo la escasez del vital líquido, sino un incremento en enfermedades asociadas con la falta de agua potable en los domicilios.
Cuidando bienes extranjeros
En la zona de Baja California Sur, donde la Guardia Nacional se ha desplegado en los municipios de Comondú, Mulegé, La Paz y Los Cabos, no se ha podido mejorar la seguridad de los ciudadanos, pero sí la seguridad con la que operan proyectos mineros como La Bocana y Tres Marías en Comondú; El Palmar, El Venado y Todos Santos, en La Paz, donde las comunidades, pese a sus protestas, han sido despojadas de más de 145 mil hectáreas de suelo.
La presencia de la Guardia Nacional en Mulegé, solo por señalar un ejemplo, se ha concentrado de sobremanera entorno a las plantas de las minas Exportadora de Sal S.A. de C.V., Minera y Metalúrgica del Boleo S.A.P.I., Carbón Mexicano S.A. de C.V., Compañía Occidental Mexicana S.A. de C.V., y Roca Fosfórica Mexicana S.A. de C.V., las que ahora se encuentran blindadas ante actos de protesta de las comunidades aledañas.
En Chiapas, el estado que más ha sido militarizado hasta el momento por parte de la Guardia Nacional, ya se protegen los municipios de San Cristóbal, Comitán, Huehuetán, Las Margaritas, Ocosingo, Palenque, Pachucalco, Bochil, Tapachula, Tonalá, Tuxtla y Villaflores, donde los índices delincuenciales, principalmente homicidios secuestros, robos y extorsiones siguen al alza.
Pero en esta entidad, se observa una fuerte presencia de la Guardia Nacional entorno a los proyectos que se encuentran en exploración por parte de las mineras Industrias Unidas de Cobalto, en Acacoyagua; Obras y Proyectos Mazapa S.A. de C.V., en Acacoyagua, y Minera San Francisco de Santa Fe/Compañía Minera Frisco, en Solosuchiapa, donde la protesta de las comunidades se ha radicalizado cerrando en varias ocasiones los trabajos de exploración, en defensa de su territorio.
La presencia de la Guardia Nacional en Chiapas, más que ser un respaldo a la seguridad pública, se observa como una agresión a las guardias armadas comunitarias que defienden el suelo y el agua frente a proyectos económicos que se intentan en Ocosingo, Las Margaritas, Altamirano, La Independencia, Trinitaria, Chanal, Oxchuc, Huixtán, Comitán de Domínguez, San Cristóbal de Las Casas, Teopisca, Villa de las Rosas, Nicolás Ruiz, Socoltenango, Totolapa, Palenque, Salto de Agua, Tila, Sabanilla, Yajalón, Tumbalá, Chilón, Huitiupán, Simojovel, San Andrés Larráinzar, El Bosque, Bochil, Chenalhó, Pantelhó, Mitontic, Sitalá, San Juan Chamula, Zinacantán, Ixtapa, Cancuc, Jitotol, Amatenango del Valle y Venustiano Carranza.
En el estado de Chihuahua, donde los índices de violencia son de los más alarmantes a nivel nacional, el caso no es distinto: la Guardia Nacional no ha podido disminuir los índices de violencia, pero sí ha incrementado la seguridad en torno a los proyectos económicos que se mantienen en los municipios de Chihuahua, Cuauhtémoc, Juárez, Nuevo Casas Grandes, Delicias, Hidalgo del Parral, Ojinaga, Guachochi, Guerrero y Urique, donde ya están desplegados los elementos de seguridad federal.
Pero donde prácticamente la Guardia Nacional ha establecido sus bases de operaciones, es en los polígonos de las minas Bismark, de la Minera Bismark S.A. de CV. / Industria Peñoles, en Ascensión; La Mesa, de las empresas Granadeña, Frisco y Clarines Minera, en San Francisco del Oro; mina Bolívar de la compañía Sierra Metals Inc., en Urique; mina Recompensa del Grupo Gorminmet S. de R.L. de C.V. en Hidalgo del Parral, y mina Vesper de la compañía Minerales Vesper S.A. de C.V., también en Hidalgo del Parra.
La Guardia Nacional y el Agua
En Chihuahua, la Guardia Nacional también evidencia la seguridad que ofrece a las plantas industriales de empresas como Cementos de Chihuahua S.A. de C.V., Comisión Federal de Electricidad, Componentes John Deere, S.A. de C.V., Delphi Sistemas de Energía, S.A. de C.V., Empacadora Prieto, S. A. de C.V., Ferrocarril Mexicano, S.A. de C.V. Fomentadora Urbana Metropolitana, S. de R.L. de C.V., Fomento Agropecuario del Norte S.P.R. de R.L. de C.V., y Ford Motor Company, que suma extraen 2 millones 427 mil 094 metros cúbicos de agua al año, y que han generado una confrontación con grupos sociales que reclaman agua para sus familias.
Esa capacidad de extracción de agua de las citadas empresas es la que ya hizo que al menos 20 familias, de las casi 130 que conforman las colonias Porvenir Primera, Segunda y Tercera Sección y Nuevo Triunfo, ubicadas al norte de la ciudad, hayan decidido abandonar el lugar debido a la falta de agua, a la que solo tienen acceso en los escasos periodos de lluvia, que es cuando corre por el arroyo que pasa por el lugar.
Hacia el sur de la ciudad de Chihuahua se ubican las colonias Vista Cerro Grande, Toribio Ortega, Granjas Cerro Grande, Luis Donaldo Colosio y Valle de la Madrid, en donde en los últimos dos años han sido 36 la familias que decidieron dejar sus viviendas ante la escases de agua que se genera por el consumo centralizado que han hecho las empresas Granjas del Perico S.P.R. de R.L., Grupo FM Hermanos S. de P.R. de R.L. de C.V., y Grupo Industrial Las Américas A.C., que consumen más de 760 mil 929 metros cúbicos de agua al año.
Otras colonias con carencia extrema de agua en la ciudad de Chihuahua son la División del Norte III, Alfredo Chávez, Tres de Mayo, David Alfaro Siqueiros, Lealtad Primera y Segunda Sección, Peña Blanca y el sur de la colonia Cerro de la Cruz, donde si bien es cierto no se han registrado eventos de desplazamientos, pero sí se ha registrado otro fenómeno: algunos vecinos han tenido que perforar los ductos de suministro de agua que rueda hacia fraccionamientos de la clase social media y alta, para poder tener el líquido indispensable para sus actividades diarias.
El robo del agua al que han sido empujados algunos vecinos de las colonias periféricas de la ciudad de Chihuahua es producto de un robo mayor que hacen las empresas, pues compañías como Harinas de Chihuahua, S.A. de C.V., Huertas Nueces La Bonita S.P.R. de R.L. de C.V., e Industrial Minera de México, S.A. de C.V, que en conjunto extraen Un Millón 248 mil metros cúbicos de agua al año, han agotado la posibilidad de permisos por parte de la CNA para la perforación de nuevos pozos para el suministro de agua en las colonias marginadas.
