Solo 11% de Jueces llegaron al cargo por examen de oposición… y de esos, unos hicieron trampa
el 89 por ciento de los jueces de primera instancia del Poder Judicial, llegaron a su cargo por sus relaciones políticas y personales. Es decir, de los 737 jueces habilitados como juzgadores de distrito, un total de 655 de ellos fueron designados directamente, la mayoría de veces por recomendación de algún amigo o pariente con poder dentro del Consejo de la Judicatura Federal
De acuerdo a la información oficial que proporciona el Consejo de la Judicatura Federal, de los 737 jueces de distrito que se encuentran habilitados en juzgados federales, solamente el 11 por ciento de ellos, un aproximado a 81 jueces, llegaron a su cargo a través de un concurso de oposición.
En contra parte resalta que el 89 por ciento de los jueces de primera instancia del Poder Judicial, llegaron a su cargo por sus relaciones políticas y personales. Es decir, de los 737 jueces habilitados como juzgadores de distrito, un total de 655 de ellos fueron designados directamente, la mayoría de veces por recomendación de algún amigo o pariente con poder dentro del Consejo de la Judicatura Federal.
Por esa razón, al menos así se puede entender, el mayor número de deficiencias en la aplicación de la ley en las sentencias del Poder Judicial provienen de la primera instancia de los juzgadores, en donde se privilegia la amistad antes que la capacidad y el conocimiento de la ley.
Otra cifra que resalta, y que permite entender cómo de origen está viciado el Poder Judicial, es la que señala cómo son asignados los magistrados, de los que se estima que de los 874 funcionarios que están habilitados como tales, el 30 por ciento de ellos -es decir 262- fueron designados en forma directa por sus relaciones personales y políticas que impactaron dentro del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación.
El 70 por ciento de todos los magistrados del Poder Judicial -es decir un total de 611 de esos funcionarios- llegaron al desempeño de juzgadores por sus propios méritos, basados en el principio de que sus capacidades fueron mejores que las de otros, lo que así pudo haber quedado demostrados en los concursos directos oposición.
Pero es necesario señalar que, si bien es cierto no todos los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación son corruptos, al menos sí es un hecho sabido que los concursos de oposición para ocupar los cargos arriba mencionados se han corrompido.
Para nadie dentro del Poder Judicial Federal es un secreto que las respuestas a los exámenes que se presentan en los diversos concursos de oposición para diversos cargos dentro de la carrea judicial, principalmente los que se refieren a los cargos de jueces y magistrados, siempre se encuentran al mejor postor.
A cambio de un pago económico o a veces hasta por favores sexuales, se pueden obtener anticipadamente las respuestas de los exámenes.
La fuga de información de las respuestas a los exámenes de los concursos de oposición para jueces y magistrados, es un tema que ha llegado a ventilarse dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero, incluso, allí los Ministros de ese máximo tribunal han guardado silencio.
Los Ministros se han convertido en cómplices de la corrupción dentro del Poder Judicial, al optar por no hacer ningún tipo de posicionamientos cuando se ha requerido. Es como si se tratara de cubrir complicidades o no se quisiera desenterrar pasados.
El costo económico por las respuestas de un examen de oposición para el cargo de juez de distrito llega a oscilar entre los 500 mil y los 700 mil pesos, dependiendo cual sea el distrito cuya titularidad está en juego.
Por lo que hace a los exámenes para magistrados, estos llegan a tener un costo por encima de entre los 2 millones de pesos hasta los 5 millones de pesos, dependiendo también el tribunal del que se trate o si la plaza en juego es de un tribunal unitario o colegiado.
Pero más allá de la corrupción que en si representa la institución de los concursos abiertos de oposición para la ocupación de los cargos de jueces y magistrados, también -a fin de poder establecer responsabilidades- es necesario revisar a fondo la operatividad corrupta de otra figuras dentro del andamiaje administrativo de la impartición de justicia.
Y es que no toda la responsabilidad de la corrupción en la que se encuentra inmerso el Poder Judicial debe atribuirse a la actuación de los Jueces, Magistrados y Ministros. Existe otra figura que se resguarda, agazapada entre las montañas de expedientes acumulados dentro de los juzgados, que medra silenciosamente con la impartición de la justicia. Esa figura es la de las y los Secretarios de Juzgado y la de las y los Secretarios de Tribunal.
Esa, la de Secretario o Secretaria de Juzgados y Secretaria o Secretario de Tribunal, es sin duda la figura más importante –en términos prácticos- dentro de la operación del engranaje judicial mexicano.
Sin el secretario de juzgado o tribunal no tiene campo de acción ni operatividad el juez de distrito de primera instancia ni el magistrado de circuito, porque al Secretario de Juzgado y al Secretario de Tribunal les corresponden funciones de información que le infunden vitalidad al propio Juez y al Magistrado.
El Secretario de Juzgado y el de Tribunal son los que siempre tienen que ver con la pormenorizada asistencia para la decisión final de cada proceso penal. El Secretario de Juzgado y Tribunal es la persona que más conoce de cada caso que se ventila en el aparato judicial.
Él lleva la cuenta de las pruebas, de las actuaciones, de las declaraciones de partes, y con base en ello realiza recomendaciones finales al Juez o al Magistrado, para que la justicia de la balanza se incline a un lado u otro. Esto, claro, también dependiendo de los propios intereses del Secretario o Secretaria, los que pueden o no empatar con los del juzgador formal.
Antes de entrar en revisión del grado de corrupción que permea dentro del Poder Judicial, es necesario precisar que no necesariamente todos los que trabajan dentro de ese poder están imbuidos dentro de esa descomposición que parece acelerada en las últimas dos décadas.
Claro que hay bueno, dignos, excelentes trabajadores de la impartición de justicia, pero lamentablemente son los menos frente a todos los juzgadores que han optado por el camino de la corrupción.
De acuerdo a datos oficiales, proporcionados por el Consejo de la Judicatura Federal a través de una respuesta oficial a una solicitud de información,[1] hasta enero del 2020 eran un total de 28 mil 869 los funcionarios adscritos al Poder Judicial, los que por contar con decisión de mando tienen a su cargo -y son los verdaderos responsables- de la verdadera impartición de justicia de la que tanto se habla.
Así, se puede decir que la aplicación de la justicia recae en 19 mil 459 Oficiales Administrativos, de los que 12 mil 086 son mujeres y 7 mil 373 son hombres; 4 mil 372 Secretarios de Tribunal, de los que mil 981 son mujeres y 2 mil 391 son hombres; 3 mil 583 Secretarios de Juzgado, de los que mil 478 son mujeres y 2 mil 105 son hombres; 841 Magistrados de Circuito, de los que 157 son mujeres y 684 son hombres, además de 614 Jueces, de los que son mujeres 157, y 457 de ellos son hombres. Ellos son los verdaderos impartidores de justicia.
Si a ellos les sumamos los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los seis ministros del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en total son 9 mil 434 funcionarios los que verdaderamente tienen poder de impartición de justicia.
Esta cifra es importante considerarla, a fin de establecer que no todos los que laboran dentro del Poder Judicial de la Federación se dedican a administrar la justicia. Con esto, lo único que se quiere señalar es que es injusto cuando se generaliza de corrupto a todo el Poder Judicial.
Allí también trabajan, en tareas ajenas a la supuesta impartición de justicia, haciendo operativo todo el aparato de gobierno judicial, un total de 36 mil 856 personas.
[1] Judicatura Federal, Consejo de la, Respuesta Oficial a Solicitud de Información, oficio SEA/DGRH/URL/4881/2020, Ciudad de México a 29 de enero del 2020
