La 4T ha perdonado a Calderón, tiene mucho para llevarlo a la cárcel
El reclamo de la justicia federal se podría hacer patente contra el ex mandatario panista por haber sido el iniciador del proceso fraudulento que permitió que Pemex vendiera etano con un descuento de hasta el 30 por ciento de su costo real a la empresa brasileña Braskem, filial del grupo Odebrecht, el que finalmente se concretó durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto
Si la Fiscalía General de la República (FGR) decide tomar como válida la declaración de Emilio Lozoya, la que este emitió para acogerse al criterio de oportunidad y no seguir en la cárcel por el entramado de corrupción que se ha descubierto dentro de Pemex, el expresidente Felipe Calderón se encuentra muy cerca de enfrentar un proceso penal.
El reclamo de la justicia federal se podría hacer patente contra el ex mandatario panista por haber sido el iniciador del proceso fraudulento que permitió que Pemex vendiera etano con un descuento de hasta el 30 por ciento de su costo real a la empresa brasileña Braskem, filial del grupo Odebrecht, el que finalmente se concretó durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto.
No solo eso, de acuerdo a fuentes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Felipe Calderón también se benefició de los sobornos por más de 52 millones de pesos entregados a los legisladores panistas, los que fueron depositados por Emilio Lozoya a la cuenta bancaria de la empresa Zecapan S.A., ubicada en el banco Neue Bank AG en el Principado de Liechtenstein, en Europa.
De acuerdo a fuentes de la UIF, desde la cuenta bancaria de Zecapan S.A., donde se recibieron sobornos por 5 millones 951 mil 351 dólares con 74 centavos, se trasfirieron recursos para el financiamiento de gastos tendientes a consolidar el registro del Partido México Libre que pretendían fundar Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala.
Los montos de transferencia de Zecapan S.A. a favor de las cuentas del partido en ciernes México Libre aún no se han determinado, pero ya se ha podido establecer que algunos de los fondos con los que los organizadores de este partido han venido trabajando provienen de los millonarios sobornos logrados por los ex legisladores panistas Ernesto Cordero, Ricardo Anaya, Francisco Domínguez, Jose Luis Lavalle, Salvador Vega Casillas y Francisco Javier Cabeza de Vaca.
Hay que recordar, de acuerdo a la declaración de Emilio Lozoya, que la empresa Zecapan S.A. que operó como un fondo de recaudación de recursos ilegales por parte de un grupo de exfuncionarios panistas -que se destinaron a diversas causas personales-, solo entre el 7 de noviembre del 2012 y el 20 de marzo del 2014, recibió al menos ocho transferencias de dinero por parte de Pemex.
Por instrucción de Emilio Lozoya, Pemex depositó a las cuentas de la empresa Zecapan S.A. más de 5 millones 951 mil dólares, en movimientos que ocurrieron el 7, 21 y 30 de noviembre del 2012, el 6 y 13 de diciembre del 2013 y el 24 de febrero y 11 y 20 de marzo del 2014, de los que una parte fueron destinados al financiamiento del proceso de fundación y registro del Partido México Libre.
Calderón y Etileno XXI
Según la declaración de Emilio Lozoya, que es hasta el momento la más sólida acusación de corrupción que pesa sobre el expresidente Felipe Calderón, este “tuvo una gran participación” en el entramado de corrupción que propició el grupo empresarial brasileño Odebrecht, el que buscó controlar no solo la política energética de México, sino monopolizar la producción y compra de etano a precios de remate.
Con el apoyo del entonces presidente Felipe Calderón y donde se supone hubo sobornos de por medio, porque esa es la marca que distingue a Odebrecht a nivel mundial, el consorcio Braskem obtuvo el financiamiento y compromiso para construir su planta de producción de resinas termoplásticas, hoy conocida como Etileno XXI, y además logró establecer las bases para la compra-venta a largo plazo de etano a precio preferencial.
Para llevar a cabo esta posibilidad, Odebrecht, a través de su filial Braskem de México, instaló una planta de producción de resinas termoplásticas, la denominada Etileno XXI, en Nanchital, Veracruz, donde el gobierno federal de Felipe Calderón no solo aportó recursos para la construcción y equipamiento, sino que arrebató más de 400 hectáreas de suelo a los pobladores del lugar.
Por instrucción de Felipe Calderón, Odebrecht-Braskem de México, en julio del 2009, logró un crédito bancario de Bancomext por un monto de 280 millones de dólares, que al tipo cambiario de entonces fue de 3 mil 640 millones de pesos, mientras que Nafin entregó otro crédito de 120 millones de dólares, que convertidos a pesos fue de mil 560 millones.
Con un fondo de 5 mil 200 millones de pesos, entregados por el gobierno federal de Felipe Calderón, fue que el consorcio Odebrecht-Braskem pudo iniciar operaciones en nuestro país, las que una vez que llegó Enrique Peña Nieto a la candidatura y luego a la Presidencia de la República, se consolidaron a través de un trato de corrupción establecido con Emilio Lozoya, por instrucción directa de Luis Videgaray Caso.
El dicho de Emilio
Aun cuando la madeja de corrupción que propiciaron de Odebrecht y su filial Braskem llegó a su cúspide en el sexenio de Enrique Peña Nieto, según la declaración-denuncia hecha Emilio Lozoya, “muchos panistas dentro del sexenio de Felipe Calderón recibieron fuertes sumas de dinero, y con ello Braskem se posicionó”, tanto fue el posicionamiento –según se lee en la denuncia de Lozoya- que algunas reuniones que beneficiaron a esa empresa se llevaron a cabo en presencia del propio Felipe Calderón.
“Recuerdo –dijo Emilio Lozoya en su declaración ante la FGR– que hicieron una parte de una sesión de consejo (de Administración de Pemex) en Los Pinos, con la presencia de Felipe Calderón Hinojosa”, esto lo asegura el indiciado porque, según dijo, “Luis Weyll me lo informó, y después supe que dieron sobornos para gestionar la prórroga del contrato de Etileno XXI”.
Sobre esa irregularidad Emilio Lozoya dijo ante la FGR que “al haber revisado la forma de otorgamiento del contrato de Etileno XXI, me llamó la atención el acta 827 del Consejo de Pemex, presidido por Jose Antonio Meade Kuribreña, con la participación del consejero Jose Antonio Gonzalez Anaya, quienes impulsaron evadir la discusión de los detalles de dicho contrato y simplemente lo llevaron como información ‘de que ya se había suscrito’”.
Emilio Lozoya también refiere en su declaración-denuncia que “al haber tomado las riendas de Pemex me fue entregado un documento suscrito por el consejero Rogelio Gasca Neri, cuestionando severamente el proceso de ocultamiento de información”, donde además se listaba una serie de factores que evidenciaban lo ventajoso de las condiciones de venta del etano a favor de Braskem de México, en detrimento del erario de la nación.
Con las declaraciones hechas por Emilio Lozoya, hoy Felipe Calderón se encuentra en la antesala de un proceso penal, pues según lo vertido, a causa de la intervención de Calderón Hinojosa a favor de la empresa Braskem de México, se comenzó a dejar sin futuro el desarrollo de Pemex Petroquímica, en lo que se refiere a la cadena de productiva de butano.
La responsabilidad de Felipe Calderón en el desfalco a la nación, si la FGR decide atender puntualmente el señalamiento hecho por Lozoya Austin, también cabe en el hecho de que el entonces presidente de México permitió e ignoró la alerta de que la fórmula utilizada para fijar el precio del etano era inadecuada por múltiples factores técnicos.
Felipe Calderón también fue omiso y dejó pasar los comentarios hechos por el Comité de Estrategias de Inversiones, los que no fueron escuchados sobre “las elevadísimas penalizaciones” impuestas a Pemex por el incumplimiento en la entrega de etano y la posibilidad real de que la producción cayera por decisiones ejecutivas, para así pagar a Braskem de México millonarias sumas.
La decisión de sobrepagos a Braskem de México, más allá de otros beneficios que ya se le habían otorgado, fue intencionada por parte de Felipe Calderón, pues aun cuando se estableció la penalización por bajas en la producción y suministro de etano a la firma de capital brasileño, el propio Felipe Calderón ordenó una inversión drástica en el presupuesto para la producción de esa materia prima.