Expresidente del Perú, Alberto Fujimori, acusado de violaciones a los Derechos Humanos, plantea su candidatura para 2026

Alberto Fujimori, expresidente de Perú, quien pasó 16 años en prisión por violaciones contra los derechos humanos, se perfila para las elecciones presidenciales de 2026. A pesar de sus antecedentes, edad avanzada y problemas de salud, asegura estar preparado para volver a ser presidente.

El pasado 14 de julio, a través de su cuenta de X (antes Twitter), la hija del expresidente peruano Alberto Fujimori, quien también ha competido por la presidencia en tres ocasiones, anunció las intenciones de su padre de postularse en los comicios de 2026.

En el video publicado en su cuenta, afirma que su padre es consciente de los riesgos que implica volver a la política. Señaló que debe ser su padre quién lleve la batuta en la contienda presidencial. Aseguró que, si Alberto Fujimori es candidato, la probabilidad de que gane es elevada.

Previo a este anuncio, Fujimori había expresado su deseo de “volver a trabajar por todos los peruanos” a través de una carta dirigida al diario El Comercio y difundida en su cuenta de X.

Fujimori estuvo preso durante 16 años y enfrentó tres “megaprocesos” en su contra luego de ser extraditado de Chile en 2007. Uno por violación a los derechos humanos, otro por corrupción y un tercero referido a la compensación o indemnización por tiempo de servicios (CTS) de 15 millones de dólares que Fujimori pagó a Vladimiro Montesinos, su entonces asesor presidencial, con dinero del Estado.

Foto: Martín Mejía/AP

El gobierno de Fujimori

Alberto Fujimori asumió la presidencia de Perú el 28 de julio de 1990, después de derrotar en las elecciones al escritor Mario Vargas Llosa. Poco tiempo después, Fujimori mostraría un gobierno autoritario.

Es así que el 5 de abril de 1992, Fujimori dio un autogolpe de Estado. Cerró el Parlamento, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y otras entidades públicas con el pretexto de combatir la corrupción.

David Lovatón Palacios, abogado de una de las organizaciones que representaron a las víctimas durante el proceso judicial contra Fujimori, escribió para el Anuario de Derechos Humanos de la Universidad de Chile que la presión internacional no impidió que el mandatario consolidara un régimen autoritario, lo que abrió la posibilidad de reelegirse en dos ocasiones consecutivas en 1995 y 2000.

Foto: Todo Por Hacer

Las elecciones del 2000 fueron tales que la Organización de Estados Americanos consideró que no habían sido “ni justas ni limpias”. Para septiembre, se hizo publico un video donde se puede apreciar al asesor presidencial, Vladimiro Montesinos, sobornando a un parlamentario.

Gracias a este escándalo, Fujimori tuvo que destituir a Montesinos, y aquí también se halla el origen de una de las cuatro sentencias que tiene en Perú. Fue sentenciado a seis años y siete meses de cárcel por el delito de peculado doloso y falsedad ideológica en agravio del Estado por el pago de 15 millones de dólares a Montesinos como compensación por tiempo de servicios, pues este pago provino de las arcas del Estado.

Fujimori huyó a Japón después de este escándalo aprovechando una reunión oficial que se llevaría a cabo en Asia. Consiguió refugiarse en ese país gracias a que posee doble nacional, peruana y japonesa, cuestión que había ocultado al público.

Fue hasta 2005 cuando, gracias a una sorpresiva visita a Chile, el exmandatario fue detenido y posteriormente extraditado a Perú para enfrentar tres “megajuicios” por diversos delitos.

Las sentencias

Fujimori cuenta con cuatro sentencias emitidas, tres de ellas por corrupción y una por violación a los derechos humanos.

Foto: Martín Mejía/AP

Fujimori fue sentenciado a seis años por el delito de usurpación de funciones en perjuicio del Estado. Esto se debió al allanamiento ilegal de la casa de la exesposa de Vladimiro Montesinos, con la presencia de un falso fiscal, con el objetivo de apropiarse de videos conocidos como “vladivideos”. Estos videos, elaborados por Montesinos, mostraban sobornos a autoridades y medios de comunicación en representación de Fujimori.

Debido a los 15 millones de dólares del erario entregados a Montesinos bajo el pretexto de compensación por tiempo de servicio, Alberto Fujimori fue sentenciado a seis años y siete meses por los delitos de peculado doloso y falsedad ideológica en perjuicio del Estado.

Fujimori cuenta con una sentencia de seis años de cárcel por peculado doloso, cohecho activo genérico e interferencia o escucha telefónica, por el caso de congresistas “tránsfuga” y la compra de líneas editoriales.

El caso de los congresistas “tránsfugas” consiste en la planificación, dirección y diseño de un plan para reclutar y comprar congresistas, con el objetivo de asegurar la mayoría parlamentaria bajo control del Ejecutivo.

Parte de esta sentencia se refiere a la compra de medios de comunicación como Cable Canal de Noticias y Diario Expreso, a cambio de líneas editoriales acordes al régimen.

Matanza de Barrios Altos y La Cantuta

En 2009, Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por el caso de la matanza de Barrios Altos y La Cantuta. Los delitos se clasificaron como secuestro agravado, asesinato y lesiones graves. En total, fueron asesinadas 25 personas, de las cuales 10 fueron secuestradas previamente.

En Barrios Altos se dio el asesinato de 15 personas, incluyendo a un menor de edad, mientras realizaban una fiesta en el barrio ubicado en el centro de Lima.

El caso de La Cantuta se refiere al secuestro y posterior asesinato de 9 estudiantes y un profesor que residían en la universidad, ubicada en las afueras de Lima.

Indulto polémico

Según apunta la organización Human Rights Watch, el 24 de diciembre de 2017, el entonces presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, concedió a Fujimori un indulto humanitario que, según la opinión pública, parecía más bien una maniobra política. Fujimori fue puesto en libertad ese mismo año.

En mayo de 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que existían graves cuestionamientos sobre la justificación médica y jurídica del indulto. Por ello, pidió a Perú que informara sobre la revisión judicial del indulto que ya estaba pendiente,

Foto: Amnistía Internacional

Para octubre, un tribunal determinó que el indulto presentaba severas irregularidades y era incompatible con las obligaciones internacionales del país, por lo que Fujimori volvió a prisión en 2019.

Sin embargo, en marzo de 2022, el Tribunal Constitucional anuló la determinación anterior y ordenó la liberación de Fujimori. En abril, la CIDH ordenó a Perú “abstenerse de implementar la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional”, por lo que Fujimori continuó en prisión.

A pesar de la orden de la CIDH, en diciembre de 2023, el Tribunal Constitucional ratificó su fallo de marzo de 2022 y volvió a ordenar la liberación del expresidente.

Esterilización forzada

Amnistía Internacional registra que durante los años noventa, aproximadamente 200,000 mujeres peruanas, en su mayoría indígenas, de bajos recursos y hablantes de quechua, fueron esterilizadas como parte de un programa de planificación familiar.

La organización menciona la existencia de pruebas de que los médicos recibían presiones para cumplir con ciertas cuotas de esterilización, y que en la mayoría de los casos, las mujeres no dieron su consentimiento libre e informado. Además, muchas de ellas no recibieron los cuidados posteriores adecuados, lo que resultó en la muerte de 18 mujeres.

Foto: Amnistía Internacional

Según la BBC, el Ministerio de Salud de Perú informó que más de 270,000 mujeres y 22,000 hombres fueron esterilizados entre 1996 y 2001, mediante un programa de control de natalidad llamado Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria, cuyo objetivo era combatir la pobreza.

¿Es posible su candidatura?

Según una modificación publicada el 9 de enero de 2018 por el Congreso de Perú que agrega una modificación a la Ley Orgánica de Elecciones en su artículo 107 en dónde específica que:

Las personas que, por su condición de funcionarios y servidores públicos, son condenadas a pena privativa de la libertad, efectiva o suspendida, con sentencia consentida o ejecutoriada, por la comisión, en calidad de autoras, de delitos dolosos de colusión, peculado o corrupción de funcionarios; aun cuando hubieran sido rehabilitadas

Por lo que, en teoría, la candidatura de Alberto Fujimori no debería ser posible.