Urge intervención del Estado en la frontera de Chiapas con Guatemala por reclutamiento forzado y ejecuciones: ONGs
Este sábado, cuatro organizaciones de la sociedad civil pidieron la intervención inmediata del Gobierno federal por el recrudecimiento de la violencia en 14 municipios de la región fronteriza entre Chiapas y Guatemala, ya que está en riesgo la vida e integridad de la población civil de esas comunidades, que comenzaron a desplazarse a otros sitios más seguros. En cuatro de esos municipios hay reclutamiento forzado por parte de grupos criminales y ejecuciones
Las ONGs Red Nacional de Organismos Civiles de derechos humanos Todos los derechos para todas, todos y todes (Red TDT), Servicios y Asesoría para la Paz, A. C. ( Serapaz), Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR) y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) pidieron la intervención inmediata del Gobierno federal por el recrudecimiento de la violencia que “está teniendo lugar en este momento” en varias comunidades de la región fronteriza del estado de Chiapas con Guatemala.
Para garantizar la protección de la población civil en 14 municipios: Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Grandeza, Bella Vista, Siltepec, El Porvenir, Motozintla, Bejucal de Ocampo, Honduras de la Sierra, Mazapa de Madero, Amatenango de la Frontera, La Concordia, Montecristo de Guerrero y Ángel Albino Corzo, ya que desde hace ocho días, sábado 14 de julio, se ha recrudecido los enfrentamientos de grupos armados del crimen organizado (Cártel de Sinaloa y CJNG), que desde 2021 se disputan el control de la zona limítrofe entre México y Guatemala.
Bloqueos carreteros, retenes, enfrentamientos, reclutamiento forzado y ejecuciones siembran terror en la población civil de Chiapas
Las ONGs refieren que “la situación se ha agravado particularmente hoy, sábado 20 de julio, al cercarse varias comunidades y cabeceras municipales, incluida la de Chicomuselo, mediante por lo menos 13 bloqueos carreteros, retenes de hombres civiles armados y obstáculos físicos”.
A los civiles de los municipios de Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Grandeza, Bella Vista y Siltepec se les recluta de manera forzada, y se han reportado ejecuciones de civiles en Zacualpa, municipio de Chicomuselo, los cuales habían sido reclutados forzadamente por parte de integrantes de uno de los grupos armados.
“Se recibió información confiable de enfrentamientos armados en distintas comunidades del mismo municipio tales como Piedra Labrada y Galicia”, informan las ONGs.
Solicitaron al Estado mexicano que salvaguarde la vida e integridad física de la población afectada en los municipios de Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Grandeza, Bella Vista, Siltepec, El Porvenir, Motozintla, Bejucal de Ocampo, Honduras de la Sierra, Mazapa de Madero, Amatenango de la Frontera, La Concordia, Montecristo de Guerrero y Ángel Albino Corzo.
Asimismo, información sobre las acciones que se estén realizando para asegurar la protección de la población civil de estos municipios.
La carta va dirigida a los funcionarios del Gobierno federal: presidente Andrés Manuel López Obrador, a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde; al subsecretario de Derechos Humanos y Población, Arturo Medina Padilla; a la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena; a Joel Hernández, subsecretario Para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE; a Adelfo Regino, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.
A Josefina Bravo Rangel, comisionada para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México; a María del Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la CNDH; a Irene Alvarez Rodríguez, coordinadora de Diseño e Implementación de Política Pública de Derechos Humanos; a Raúl Arturo Ramírez Ramírez, director general de la Quinta Visitaduría de la CNDH.
A las autoridades locales: Victoria Cecilia Flores Pérez, secretaria general de Gobierno de Chiapas; a Gonzalo de Jesús López Nandayapa, secretario ejecutivo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chiapas.
A los representantes extranjeros Andrea Pochak, comisionada para México de la CIDH; a Fiorella Melzi, de la CIDH; a Piero Vásquez Agüero, consultor de la CIDH.
Para exigir la intervención inmediata de los Gobiernos federal y estatal y así garantizar la integridad de la población civil de Chiapas por el recrudecimiento de la violencia, usted puede firmar la petición aquí:
Gobierno federal no reconoce el impacto de la violencia criminal en Chiapas ni la atienden
De un año a la fecha, en por lo menos cinco ocasiones en su conferencia de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha minimizado el recrudecimiento de la violencia en Chiapas, diciendo que los pobladores desplazados son un número “poco significativo” o que los enfrentamientos armados en realidad son entre habitantes de los mismos pueblos como en Tila.
Para el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), el Gobierno tanto federal no asume “la responsabilidad de reconocer la grave dimensión de la violencia en Chiapas y romper los mecanismos de impunidad que la perpetúan“.
“Al minimizar la situación, se profundizan los impactos y afectaciones, además se obstaculiza el ejercicio pleno de derechos. Invitamos al gobierno actual y el venidero a aproximarse a los pueblos que sufren esta realidad, así como a los actores de la sociedad civil que la palpamos al estar inmersos en ella, no para debatir sobre la existencia o niveles de la problemática, sino para construir rutas para una paz verdadera y sostenible”, señala el Frayba.
Los grupos delincuenciales, mediante estrategias de terror, “tratan de controlar la vida social, económica y política de las comunidades. En consecuencia, la población chiapaneca y en movilidad vive graves impactos, con énfasis en las regiones Frontera y Sierra, con una tendencia de expansión hacia otras regiones del estado”, aseguraba el Frayba en un comunicado de abril 2024.
El Estado no intervien para proteger a las comunidades y los “pobladores son objeto de violaciones graves a derechos humanos como desplazamientos, desapariciones y reclutamientos forzados; además de asesinatos; torturas; entre otros“.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) explica lo que padecen los pobladores de la zona limítrofe de Chiapas con Guatemala por parte del crimen organizado: las “asambleas y autoridades comunitarias son controladas por bandos de la delincuencia que aseguran así el sometimiento poblacional a sus intereses y su hegemonía en cada espacio territorial. Comerciantes, transportistas y otros gremios son obligados a alinearse a “organizaciones” que se configuran como su brazo civil, así como a pagar “derecho de piso”. La resistencia a este dominio es castigada con asesinatos, desaparición o castigos físicos públicos“.
Crisis humanitaria en Chiapas como el de una guerra
A las comunidades “les cortan el suministro de agua potable y la energía eléctrica; alimentos escasean; escuelas, hospitales y otros servicios públicos no pueden operar de manera permanente porque no existen condiciones de seguridad para el personal; pobladores suelen quedar en medio de confrontaciones armadas, lo que causa terror y riesgo de muertes por fuego cruzado y desplazamientos masivos. El escenario es tan cruento como el de cualquier otra guerra”.
Los grupos delincuenciales también restingen la libre circulación: instalan retenes a los que se obliga a asistir a la población. “Las personas se enfrentan diariamente al terror de estos sistemas de vigilancia donde se les exige mostrar sus credenciales para identificar su lugar de procedencia. Se trata de focos rojos donde suelen ocurrir privaciones de la libertad, tortura y en el peor de los casos desapariciones y asesinatos. Las experiencias que vivieron reporteros, así como la candidata presidencial Claudia Sheimbaun, el pasado 22 de abril en Motozintla, son ejemplos claros de este tipo de controles carreteros”.
Solamente “un mínimo porcentaje de casos es denunciado por el riesgo que ello implica y la desconfianza hacia las instituciones. Es necesario asumir que tanto el subregistro de los delitos y violaciones graves a derechos humanos, así como las diversas formas de control y múltiples violencias cotidianas que sufre la población, constituyen una problemática que no puede ser disminuida en su magnitud e importancia. Es deber del Estado garantizar mecanismos seguros y accesibles para la denuncia, registro y atención de las víctimas“, subraya el Frayba.
