La desaparición de los 43, un vergüenza que permanecerá en nuestra memoria

Aún no salía bien librado el Ejército del escándalo del asesinato masivo en Tlatlaya, cuando sobrevino otro terrible acontecimiento que, además de resaltar el velo de dudas de nexos con el narco que ya pesaba sobre la Sedena y su titular, el General Salvador Cienfuegos, causó el mayor de los descréditos a la administración de Enrique Peña Nieto: la desaparición, en el municipio de Iguala, Guerrero, de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, considerado el mayor caso de violación de derechos humanos que haya cometido el gobierno federal contra la población estudiantil, sólo comparado con la masacre de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas de la Ciudad de México, donde fueron asesinados por el Estado 78 estudiantes y 31 quedaron como desaparecidos.

La desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa sucedió entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, y hasta el cierre de este trabajo no se ha podido esclarecer cómo se dieron los hechos, quiénes tomaron la decisión de secuestrar a los estudiantes, cuáles fueron las causas y motivos de la desaparición.

Mucho menos se ha podido ubicar a la totalidad de los desaparecidos, lo que es hasta hoy la mayor responsabilidad jurídica que el gobierno de Peña Nieto tiene aún pendiente de responder.

El estancamiento de las investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa es sólo un efecto del “cúmulo de graves deficiencias funcionales y jurídicas”[1] que en su momento presentó la Procuraduría General de la República (PGR), encabezada por Jesús Murillo Karam y encargada de llevar a cabo las investigaciones, cuya actuación —según establece la CNDH— puso “en evidencia que el actual modelo estructural y operativo de esa instancia federal está agotado…”.[2]

Y cómo no iba a estarlo, si la PGR de Enrique Peña Nieto se desempeñó bajo el mismo modelo de corrupción que le legó el gobierno de Felipe Calderón, en el que, por gestiones de Eduardo Tomás Medina-Mora Icaza, Arturo Chávez y Marisela Morales Ibáñez, que técnicamente fueron subordinados de Genaro García Luna, la PGR se dedicó a proteger a diversos cárteles de las drogas, entre ellos los de Sinaloa, de los Beltrán Leyva y de La Familia Michoacana, ligados todos ellos en el caso de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Una explicación detallada

Para poder entender la desaparición de esos 43 estudiantes, es necesario revisar el mapa general de la delincuencia que prevalecía en la zona de Guerrero, previo a los hechos, en donde en términos generales la PGR fue negligente y la Sedena cómplice, no sólo por omisión sino por acción, al haber colaborado con la entrega de los estudiantes a miembros del crimen organizado para que corrieran la suerte que todavía no se esclarece.

En el momento en que se dio el secuestro y la desaparición de los 43 estudiantes, que se habían trasladado desde Ayotzinapa hasta el municipio de Iguala, con la intención de apropiarse de algunos autobuses que requerían como parte de su organización para asistir a la conmemoración del 46 aniversario de la matanza de Tlatelolco en la Ciudad de México, dos grupos delincuenciales se disputaban el municipio de Iguala: Guerreros Unidos, aliados de La Familia Michoacana, y Los Rojos, aliados de los Hermanos Beltrán Leyva. Ambos grupos luchaban por el control de la zona, ya que era paso obligado para el trasiego, desde La Montaña hacia el norte del país, de goma de opio, la base para la elaboración de heroína, altamente cotizada en Estados Unidos.

No debe olvidarse que Guerrero, por sus condiciones geográficas, es el primer productor nacional de goma de opio, la cual se extrae de la amapola. De acuerdo con datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), tan sólo entre junio de 2014 y el mismo mes de 2015, en Guerrero se sembraron entre 21 mil y 28 mil hectáreas de amapola, cuya goma el Cártel de Sinaloa comercializó tanto en suelo mexicano como en Estados Unidos a través de sus socios, los grupos delictivos locales conocidos como La Barredora y el Cártel Independiente de Acapulco; los Beltrán Leyva, a través de Los Rojos y Los Ardillos; y La Familia Michoacana, con el apoyo de Guerreros Unidos.

Tampoco debe pasarse por alto que en esa época, junio de 2014, el Cártel de los Beltrán Leyva seguía contando con el respaldo de la Policía Federal y del Ejército, en tanto que La Familia Michoacana sólo se había hecho del apoyo de algunas policías municipales, principalmente de los municipios Cocula y Huitzuco, limítrofes con Iguala, que son paso obligado si se desciende desde la zona de La Montaña.

De esa forma, Iguala era el epicentro de la disputa por el tráfico de goma de opio y/o heroína donde Guerreros Unidos y sus socios de La Familia se habían posicionado.

En Tixtla, los grupos de Los Rojos y Los Ardillos se dividieron, luego de que el grupo de Alfredo Beltrán Guzmán, conocido como el Mochomito, hijo de Alfredo Beltrán Leyva, el Mochomo, comenzó a disputar el control del cártel a su tío Héctor Beltrán Leyva, “El H”, debido al liderazgo cada vez mayor que adquiría dentro de la organización criminal la esposa este, Clara Elena Laborín Archuleta, la Señora.

En medio de ese descontrol dentro del Cártel de los Hermanos Beltrán Leyva, surgió el grupo comandando por los hermanos José, Leonor, Mateo, Ramón y María del Carmen Nava Romero, que se apropiaron del control de Los Rojos, iniciando así una guerra abierta contra Guerreros Unidos y sus aliados de La Familia por la recuperación del municipio de Iguala.

Para encarar las acciones de Los Rojos, los integrantes de Guerreros Unidos se aliaron con un grupo delincuencial local conocido como Los Pelones, fundado por los hermanos Mario y Alberto Pineda Villa, quienes fueron ejecutados en 2009. Pero el grupo siguió operando bajo la instrucción de la hermana de los líderes fundadores, María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del que en ese entonces era alcalde de Iguala, José Luis Abarca.

En el tiempo en que desaparecieron los 43 estudiantes normalistas, al frente de las operaciones del grupo de Los Rojos, en Iguala, estaba Omar Cuenca Marino, alias “El Niño Popis”, apoyado por Santiago Mazari Hernández, quien controlaba ya el estado de Morelos. En el municipio de Tixtla, a Los Rojos los encabezaba Antonio Reyna Castillo, alias “La Borrega”, todos ellos protegidos por el coordinador de la Policía Federal en el estado de Guerrero, Omar García Harfuch, un hombre que, a su vez, fue protegido de Frida Martínez Zamora, la misma que llegó al equipo del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, por recomendación directa de Genaro García Luna.

Por lo que hace al grupo de Guerreros Unidos, cuando se dio la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el líder de esa organización criminal era Sidronio Casarrubias Salgado, alias “El Chino”, que logró extender la presencia del Cártel de La Familia Michoacana en los municipios de Iguala, Cocula, Huitzuco, Tepecoacuilco, Tetipac, Taxco, Buenavista, Eduardo Neri y Apaxtla.

En la Normal había autogobierno

Bajo ese contexto, hay que agregar también que, en septiembre de 2014, la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa era dirigida por José Luis Hernández Rivera (fallecido el 24 de octubre de 2020 a causa de Covid-19), quien, durante su gestión, siguiendo la tradición de los rectores anteriores, permitió la existencia de un autogobierno por parte de los alumnos dentro de las instalaciones de esa institución.

El autogobierno[3] que prevalecía en la Normal de Ayotzinapa posibilitaba que fueran los alumnos los que, violentando la ley, tomaran decisiones o buscaran apoyos materiales y económicos que les correspondían a las autoridades educativas para el cumplimiento de programas formativos o para mantener la lucha de protesta social inherente a los principios ideológicos de la institución y del alumnado.

De manera que en la Normal de Ayotzinapa era frecuente, y no se veía mal, que a sus instalaciones ingresaran autobuses robados y que a sus choferes se les retuviera para conducirlos, o que entraran camiones robados con mercancía para revenderla o consumirla.

También era cotidiana la compraventa de droga y su consumo en el interior de la escuela. Todo esto, sin que las autoridades escolares, principalmente el director, dieran aviso a las autoridades competentes, pues las consideraban prácticas habituales.

Así, según reconoce la CNDH en la Recomendación 15VG/2018 del Caso Iguala, en la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, en el momento de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, prevalecía una serie de anomalías propicias no sólo para la violación de derechos humanos, sino para la comisión de diversos ilícitos tipificados en el marco jurídico, situación de la que fueron omisos el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, y el secretario de Educación federal, Emilio Chuayffet.

Entre dichas anomalías, que la CNDH identifica como detonantes para que, dentro de la Normal de Ayotzinapa, el Estado mexicano incumpliera con la obligación de prevenir violaciones de derechos humanos, destaca que al momento de los hechos existía un “riesgo real e inmediato” para la vida de muchos estudiantes, “porque las instalaciones eran utilizadas para introducir objetos producto de delitos” cometidos por los alumnos que conformaban el grupo de autogobierno, de lo que las autoridades de ese plantel tenían pleno conocimiento, y aun así optaron por no tocar los intereses de los dirigentes estudiantiles.

Los fatídicos hechos

Bajo las anteriores circunstancias, el 26 de septiembre de aquel 2014, en punto de las 17:30 horas, el grupo de autogobierno tomó la decisión de enviar a seis grupos de alumnos para que secuestraran igual número de autobuses, toda vez que se requerían 15 unidades para transportar a todos los estudiantes a la manifestación conmemorativa de la masacre del 2 de octubre y sólo se contaba con nueve.

Los alumnos salieron de la normal y se dirigieron a la central de autobuses de Iguala, donde por la fuerza se apropiaron de las seis unidades: tres autobuses de la empresa Costa Line, marcados con los números económicos 2012, 2510 y 2513; dos de Estrella de Oro, con los números 1531 y 1568, y uno más de Estrella Roja, con el número económico 3278; estos hechos se registraron entre las 21:00 y las 21:30 horas de ese día.

El error no calculado de los normalistas fue apropiarse de dos unidades prohibidas: al menos los camiones 1531 y 1568 eran utilizados por el grupo de los Guerreros Unidos para el trasiego de goma de opio y, en el momento en que los estudiantes se los llevaron, ya contenían la carga de estupefacientes, estimada en un mínimo de 23 kilogramos de goma de opio transportada en el camión 1531, y entre 50 y 60 kilogramos de la misma sustancia que iban ocultos en el compartimento de carga de la unidad 1568, según refiere una fuente del Cártel de La Familia Michoacana.

Por tal motivo, desde la central de autobuses de Iguala se dio la voz de alerta al líder de los Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias Salgado, “El Chino”, avisándole del robo de las dos unidades en las que iba la carga que en el mercado de las drogas representaba un valor total superior a los 500 mil pesos.

La fuente consultada presume que “El Chino” pensó que el robo de las dos unidades —que su organización empleaba para el trasiego de drogas desde La Montaña hacia la Ciudad de México— había sido obra del grupo de Los Rojos, por lo que movilizó a sus aliados, Los Pelones, para recuperarlas y ejecutar a quienes se habían apoderado de ellas.

El líder de Los Pelones en ese tiempo, Gildardo López Astudillo, “El Gil”, informó de lo sucedido a María de los Ángeles Pineda Villa, quien a su vez se lo comunicó a su esposo, el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca. El alcalde Abarca instruyó a Felipe Flores, director de la policía de ese municipio, para que se diera a la tarea de cazar a los secuestradores de los autobuses.

Cabe señalar que al frente del grupo de estudiantes que se adueñaron de los autobuses estaba Bernardo Flores Alcaraz, alias “El Cochiloco”, alumno de segundo grado que se desempeñaba como secretario del Comité de Lucha estudiantil de Ayotzinapa. A él y al también estudiante David Flores Maldonado, alias “La Parka”, la policía municipal de Iguala los consideraba colaboradores de Los Rojos, lo que aumentó la sospecha de que este grupo criminal se había llevado los autobuses.

De ahí que el jefe policiaco de Iguala, Felipe Flores, solicitara el apoyo de elementos del 27º Batallón de Infantería de la Sedena adscrito a Iguala, a cargo del coronel Álvaro Javier Juárez Vázquez, para que lo ayudaran en la búsqueda.

De esa forma, entre las 21:40 y las 22:10 horas de esa noche del 26 de septiembre, patrullas del Ejército y de la policía municipal de Iguala detuvieron el convoy formado por los autobuses Costa Line 2012 y 2510, y Estrella de Oro 1568, sobre la esquina que forman las calles de Hermenegildo Galeana y Leandro Valle.

Al autobús Estrella de Oro 1531 lo detuvieron patrullas de la Policía Federal y de la policía municipal de Iguala justo debajo del puente conocido como “Del Chipote”, luego de haber circulado por la calle Juan N. Álvarez, donde dio vuelta a la derecha para incorporarse a la avenida Aldama y enfilar hacia la carretera federal Iguala-Chilpancingo, todavía dentro de la zona urbana de Iguala.

Todo se volvió un misterio

Después ya no hay certeza de lo que sucedió. Los estudiantes que viajaban en los camiones Costa Line 2012 y 2510 fueron liberados, mientras que los 43 que viajaban a bordo de los camiones Estrella de Oro 1531 y 1568 desaparecieron misteriosamente.

De acuerdo con la versión de la fuente al interior del Cártel de La Familia Michoacana, a los estudiantes de estas dos últimas unidades los subieron a varias patrullas, tanto de la policía municipal de Iguala como de la Policía Federal y del Ejército, y los trasladaron a las instalaciones del 27º Batallón de Infantería de la Sedena[1], donde presuntamente los torturaron y ejecutaron, y desaparecieron sus cuerpos.

Oficialmente, para el procurador Jesús Murillo Karam, la verdad histórica —con la que dio por terminada la investigación de ese episodio— fue que a los 43 estudiantes que desaparecieron esa madrugada los secuestraron elementos de la policía municipal de Iguala, dejando libres de señalamientos a los elementos de la Policía Federal y de la Sedena que participaron en los hechos.

Según la versión del procurador Murillo —quien tuvo que renunciar al cargo el 27 de febrero de 2015 ante la presión de los padres de los muchachos desaparecidos—, una vez que fueron detenidos los 43 estudiantes que viajaban a bordo de los camiones 1531 y 1568 de la línea Estrella de Oro, la policía municipal los entregó a un grupo de sicarios de Guerreros Unidos, quienes los habrían llevado hasta el basurero municipal de Cocula, donde incineraron sus cuerpos y esparcieron sus cenizas en el río San Juan.

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[1] Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Recomendación 15VG/2018, Caso Iguala, Sobre la Investigación de Violaciones Graves a los Derechos Humanos con Motivo de los Hechos Ocurridos los Días 26 y 27 de Septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero; Ciudad de México, 28 de noviembre de 2018, p. 43.

[2] Ibídem.

[3] Ídem, p. 329