¿De qué sirvió la Austeridad Republicana?
Foto: Laura Lovera
Por Nora Villegas
Ciudad de México.- En el año 2019, se publicó el decreto mediante el cual se expidió la Ley Federal de Austeridad Republicana, Ley que en un inicio prometía acabar con los abusivos excesos de la burocracia dorada y que, como todo aquello que prometió Andrés Manuel López Obrador, terminó siendo un sueño guajiro, una mentira o una trampa; está política de Austeridad no fue la excepción, acabó siendo un exceso de prohibiciones, privaciones, recortes y sacrificios que ha tenido que sufrir la burocracia de a pie, pero nunca erradicó los privilegios y gastos absurdos de los altos mandos.
La austeridad republicana consiste en prácticas de ahorro y administración óptima del erario público. En esencia, la política de austeridad fue pensada para frenar los gastos onerosos y el despilfarro de recursos, sueldos estratosféricos, estructuras obsoletas de funciones duplicadas, privilegios y prestaciones excesivas de los servidores públicos de nivel mandos y enlaces, y se subió a rango de Ley Federal.
El principio más importante de la Ley de Austeridad Republicana es que se procure un ahorro en el gasto corriente no prioritario. Aquí está la trampa y el meollo del asunto. Se considera gasto corriente a los recursos que se utilizan para la compra de bienes y servicios propios de la operación sustantiva de las instituciones, así como el pago de las pensiones y los subsidios destinados a elevar la calidad de vida de quienes tienen menos ingresos.
Según la Secretaría de la Función Pública, que es la entidad encargada de vigilar que las dependencias gubernamentales apliquen políticas de austeridad, el ahorro debería verse reflejado en evitar gastos de telefonía, fotocopiado, combustible, viáticos, papelería, entre otros rubros. Sin embargo, la demanda de estos insumos no fue ni reorientada, ni administrada, es decir, la operación cotidiana de las dependencias siguió exactamente igual que cuando no había política de austeridad, lo cual afectó directamente a los bolsillos de los trabajadores.
“Yo tengo que comprar paquetes de hojas, papelería, traer mi papel sanitario, gel desinfectante, mi propio jabón para las manos, cooperamos para el garrafón de agua, mi propio teléfono celular siempre disponible y ni siquiera nos dejan cargarle la batería en la oficina. Dejaron de pagar horas extras, dejaron de darnos dinero para pasajes, pero no dejaron de mandarnos a entregar correspondencia a la calle, el trabajo no disminuyó, solo quitaron los recursos y a la gente, y aunque prefiero eso que quedarme sin empleo, porque cuando llegó esta administración, llegó haciendo recortes de personal, a mucha gente corrieron, ahora nos dicen, si renuncias, congelan tu plaza y se realiza el mismo trabajo, con mucha menos gente y sin recursos”, así describe un burócrata de nivel medio empleado en una institución del gobierno de la Ciudad de México a la “austeridad republicana”.
“Por supuesto -continuó- a los jefes no les falta nada, ellos piden jabón, se les da, piden impresiones, no les importa si no hay papel, piden agua, siempre se les procura su garrafón, la austeridad a ellos no les afecta, sus sueldos siguen siendo muy altos en comparación con los nuestros. Además es mentira que no compraron carros, que no tienen asesores, que disminuyeron a su personal, por ejemplo, le dan una subdirección a su secretario particular y este no hace las funciones propias de esa plaza, esa persona se dedica única y exclusivamente a atender al jefe“, señaló.
En su título tercero, la citada Ley rige el comportamiento probo de los servidores públicos, quienes deben de sujetarse a una remuneración adecuada y a todas aquellas medidas de austeridad que se tomen en las dependencias, las cuales se implementan a libre albedrío de las coordinaciones administrativas en contubernio con los titulares de cada área, lo cual permite que el ahorro de recursos se implemente en rubros que no afecten los intereses de las autoridades, si no que amaguen a los más vulnerables.
A través de un Comité de Evaluación, que la Ley de Austeridad define como “Órgano Colegiado Interinstitucional encargado en el ámbito de la Administración Pública Federal de, entre otros, evaluar las medidas de austeridad republicana”, la Secretaría de la Función Pública y la de Hacienda y Crédito Público anualmente analizan y evalúan los resultados de las medidas de austeridad implementadas por cada dependencia, con respecto al ahorro logrado en cada ejercicio, es decir, solo consideran las medidas tomadas; el impacto presupuestal de las medidas; la temporalidad de los efectos del ahorro y las posibles mejoras, nunca las afectaciones a la operatividad.
Con respecto al destino del ahorro obtenido y los resultados de dicha evaluación, la rendición de cuentas es opaca, no se sabe a ciencia cierta a dónde van a parar los más de 500 millones de pesos anuales ahorrados, ni en qué se reinviriteron. Lo único cierto es que, a pesar del adelgazamiento del gasto público, el gobierno de la cuarta transformación termina un sexenio endeudado y con una crisis laboral y salarial de la burocracia severa, que, además, presume como un logro.
