¿Qué tienen que ver los sabadazos con la justicia?
El argumento de López Obrador indica que los jueces, por su corrupción dejan en libertad a seguros delincuentes. Y que esas libertades se otorgan principalmente los fines de semana. Desde la óptica de López, los fines de semana –en los sabadazos- es más difícil que se revise en las Fiscalías de los Estados o en la General de la República, si el puesto en libertad cuenta o no con otras ordenes de captura, que les obligue a permanecer en prisión
En su afán o necedad por infiltrar a sus huestes hasta la medula, de que urge una reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), que debe llevarse a cabo ya, sin mayor demora, el presidente López Obrador comete de manera frecuente el exceso de la mentira.
Al continuar con su estrategia de adoctrinamiento de las masas, sin reparar en nada salvo su deseo de aniquilar al PJF, el presidente López ahora ha cuestionado el que los jueces y magistrados otorguen libertades a delincuentes en fin de semana.
Ojo, amable lector, el presidente se ha incomodado no tanto por la liberación que dictan jueces a muchos seguros delincuentes, ahora el escozor de Andrés Manuel López es porque esas libertades, producto de la corrupción –de eso no hay duda-, se ejecutan en fin de semana.
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¿Por qué le causa molestia al presidente que haya liberaciones de seguros delincuentes los fines de semana? La respuesta es una: solo es una estrategia más de López para manifestarle al grueso de la población otra razón más por la que debe llevarse a cabo la Reforma al Poder Judicial.
Para el presidente López Obrador no debe haber molestia por la vía rápida del perdón del corrupto poder judicial para seguros delincuentes. Tan no existe esa incomodidad que el propio López Obrador es y ha sido promotor del perdón de delincuentes.
López Obrador, cuando tuvo influencias dentro del PJF -a través de su alfil Arturo Saldívar Lelo de Larrea- operó para otorgar el perdón judicial, a través de la liberación temprana del proceso penal, a delincuentes seguros como el ex titular de la Segalmex, Ignacio Ovalle, o al titular del INM, Francisco garduño.
Ovalle fue evitado en el proceso penal por el mayor fraude de la 4T, al desviar más de 15 mil millones de pesos; por su parte Garduño evitó el proceso penal por el homicidio de 40 migrantes que murieron asfixiados en la estación migratoria federal en Ciudad Juárez, Chihuahua.
También López Obrador autorizó que el PJF, cuando lo dirigía Arturo Saldívar, no llevara a proceso penal a Frida Martínez, acusada de delincuencia organizada y narcotráfico. Ella era colaboradora de Miguel Ángel Osorio Chong. También trabajó con García Luna, y fue la protectora de Omar García Harfuch.
Es decir, López Obrador no puede estar inconforme –que lo debería estar- con la liberación de seguros delincuentes. No puede, porque él ha ordenado o participado en la decisión de dejar en libertad a seguros infractores de la ley.
Por eso López ahora señala que las liberaciones se dan en fin de semana. Ese es su principal argumento para azuzar a sus coléricas huestes contra el Poder Judicial de la Federación. Y aun así el argumento es malo. Nada tiene que ver, en el bodrio de corrupción del PJF, que una liberación se dé en fin de semana. Lo deseable es que no hubiera liberaciones de seguros delincuentes.
El argumento de López Obrador indica que los jueces, por su corrupción dejan en libertad a seguros delincuentes. Y que esas libertades se otorgan principalmente los fines de semana. Desde la óptica de López, los fines de semana –en los sabadazos– es más difícil que se revise en las Fiscalías de los Estados o en la General de la República, si el puesto en libertad cuenta o no con otras ordenes de captura, que les obligue a permanecer en prisión.
Ese argumento no tiene validez lógica. Todos puede ser tan simple como que se obligue a las fiscalías a trabajar en fin de semana para que cualquiera que sea liberado por un juez, pueda ser sometido a revisión de fondo si cuenta o no con una orden de captura anterior u otro proceso penal que lo obligue a mantenerse en prisión.
La responsabilidad de que un reo, que ha sido puesto en libertad, cumpla con la satisfacción de que no cuenta con otras ordenes de captura o procesos penales pendiente, no cae en el ámbito del Poder Judicial de la Federación, es más bien una responsabilidad de los Ministerios públicos o las Fiscalías estatales o General de la República.
Es cierto que en México la aplicación de la justicia es el principal problema de fondo, pero también es cierto que el presidente López quiere pasar toda la factura -en la deficiencia de la aplicación de la justicia- al Poder Judicial, a los jueces magistrados y ministros. Y deja de lado la responsabilidad de los fiscales y sus agentes del Ministerio Público.
Pero es más cierto que la aplicación de la justicia en México se da en dos momentos, uno es cuando se persigue el delito y se detiene a los infractores, durante la integración de la carpeta de investigación, el otro momento es cuando el juez reciben la investigación y sanciona sobre ella, es la judicialización del caso.
En el primer momento de la aplicación de la ley, todo recae en el campo del poder ejecutivo, el mismo que hoy acusa de deficiencias graves al Poder Judicial. En el segundo momento es cuando actúa el poder Judicial, el que no puede hacer mucho si existen deficiencias en la integración de las carpetas de investigación.
Es decir, en la liberación de personas reconocidas como infractoras de la ley mucho tiene que ver la honestidad de las cabezas de las Fiscalías en los estados y de la General de la República, en donde ya se sabe que no existe la probidad necesaria para atender los altos reclamos de justicia que se gritan desde el pueblo.
El presidente López sabe que la deficiencia en la aplicación de la justicia no solo es competencia de los jueces magistrados y ministros. Sabe que mucho tiene que ver la honestidad de los fiscales y estatales y del General de la república. Lo sabe, pero no lo quiere reconocer, porque no hay forma de avalar la honestidad de los agentes del Ministerio Público.
Por eso ahora su estrategia para seguir infiltrando la medula de sus huestes se finca en la mentira. Argumenta el presidente López que las liberaciones de personas seguras de su delictividad es un error, no por la liberación en sí, sino porque esas liberaciones se dan los fines de semana cuando no trabajan los agentes del Ministerio Publico.
Se le olvida al presidente López Obrador que en todo proceso penal, por ministerio de ley, existe un agente del Ministerio Publico, adscrito a cada juzgado o tribunal para conocer precisamente de las decisiones de libertad que dictan los jueces o los magistrados y con prontitud poder combatir esas decisiones.
Pero al presidente le resulta altamente rentable engañar a sus seguidores, al fin y al cabo –lo ha referido el propio López, citando al nazi Joseph Goebbels- una mentira repetida muchas veces se convierte en una verdad… y ahora es una verdad que toda la falla de la justicia radica solo en el poder judicial y se deja intocada la responsabilidad de las fiscalías.
