Herencia de Barbosa en Puebla: persecución y acusaciones falsas contra presidentes municipales

Como si presagiaran el particular “estilo de gobernar” de Barbosa Huerta, en 2019 cuando todavía era candidato a gobernador de Puebla, un grupo de 100 especialistas en leyes y derechos humanos le propuso añadir a la Constitución mecanismos de protección al ciudadano ante abusos de autoridad y limitar el poder del mandatario en turno.

Lo anterior porque la Constitución estatal no había tenido ningún cambio de fondo en materia de división de poderes y derechos humanos en los últimos 100 años. No se contemplaba en ella a las “víctimas del abuso del poder”.

Los especialistas en Derecho sugirieron proscribir la persecución política, modificar el “abusivo” mecanismo de elección del Fiscal General de Justicia del Estado de Puebla y reivindicar la dignidad del Tribunal Superior de Justicia, dejando fuera al gobernador de la elección de magistrados para garantizar la autonomía de ese poder.

Por esas fechas, Enrique Cárdenas Sánchez, candidato del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Puebla tras la muerte de Martha Erika Alonso, denunció que como parte de lo que llamó una “elección de Estado”, hubo amenazas a presidentes municipales en funciones y presidentes municipales salientesde exponer sus cuentas públicas si no respaldaban al candidato de Morena, Miguel Barbosa Huerta.

“Ya van más de 10 ediles que me cuentan sobre las amenazas en su contra pero no lo quieren denunciar, por razones obvias: no tienen esa confianza”, aseveró.

Miguel Barbosa utilizó la justicia para golpear a opositores

A menos de un año (2020) de haber asumido la gubernatura de Puebla, a Miguel Barbosa se le acusaba de replicar la propensión de AMLO y la de algunos gobernadores morenistas a utilizar el poder político como patrimonio personal; de violar impunemente la ley y usar a las instituciones de la administración estatal, como al titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla (FGJ), Gilberto Higuera Bernal, para “golpear e intimidar a sus opositores, a las organizaciones sociales y a los ciudadanos que exigen bienestar social para sus comunidades”, de acuerdo con el periodista poblano Miguel Ángel Casique Olivos.

Así, iba creando, según Casique Olivos, “un clima político de crispación y la entidad está al borde de un estallido social; (…) emprendió contra el rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), contra médicos, alcaldes, dirigentes de partidos políticos de oposición y contra las organizaciones sociales y sus líderes” como el de Antorcha Campesina.

En octubre de 2020, el candidato a la dirigencia nacional de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, exigió al gobernador Miguel Barbosa Huerta acatar los estatutos del partido, no ejercer persecución contra alcaldes y respetar la autonomía de la BUAP.

Muñoz Ledo se pronunció sobre el encarcelamiento del presidente municipal de Tehuacán, Felipe Patjane Martínez (de Morena), por presuntos actos ilícitos, y demandó a Barbosa Huerta no hacerlo parte de un pleito político, pues no lo iba a permitir.

La detención de Patjane Martínez,el 15 de noviembre de 2019,fue la primera de17detenciones posteriores de presidentes municipales salientes y presidentes municipales en funciones durante toda la administración de Barbosa Huerta.

En total, sumaron 30 los personajes que fueron encarcelados durante la administración de Miguel Barbosa, entre funcionarios públicos, empresarios y directores de medios de comunicación, en su mayoría hombres; acusados principalmente de homicidio, corrupción y desvío de recursos.

Las detenciones no eran actos legítimos para erradicar la impunidad y la corrupción en el estado de Puebla, sino apuntaban a venganzas políticas por parte del gobernador Miguel Barbosa Huerta contra grupos de poder ligados a los exgobernadores Rafael Moreno Valle, José Antonio Gali Fayad y Mario Marín Torres, de acuerdo con analistas.

“Puedo pedirle a Barbosa que platiquemos, desde luego se debe investigar, pero si es conflicto político, tampoco lo vamos a permitir. No estoy a favor de ninguno, le mando un mensaje a Barbosa de que vamos a esclarecer el problema”, señaló en ese momento Muñoz Ledo, e informó que también intervendría en la disputa del gobernador Barbosa contra la alcaldesa de Puebla (Morena), Claudia Rivera Vivanco, quien lo acusó de ataques políticos durante su gestión (2018-2021).

Para septiembre de 2021, la diputada federal Inés Parra Juárez (Morena) en la Cámara de Diputados afirmó que el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, abusaba del poder y actuaba de manera represiva en contra de los derechos de libertad de expresión y manifestación de los activistas políticos, defensores de derechos humanos y medioambientales de Coyomeapan, que se enfrentan a los cacicazgos de la región .

La legisladora se refirió al caso de tres activistas indígenas, de Morena, que enfrentan procesos judiciales en prisión por la comisión de delitos que, a decir de la diputada, fueron “fabricados”.

En octubre de 2022, dos meses antes de su muerte, el gobernador Miguel Barbosa Huerta aseguró que su administración no vigilaba, no espiaba, no amenazaba, no presionaba a los presidentes municipales, ni mucho menos hacía “recomendaciones” por teléfono como se decía que ocurrió con el panista Eduardo Rivera Pérez, presidente municipal de Puebla capital.

Sin embargo, la represión política de Barbosa Huerta contra los presidentes municipales en funciones y salientes de oposición, de partidos locales y hasta de su propio partido, Morena, que no se alinearon con su administración comenzó desde noviembre de 2019.

Durante la etapa de entrega-recepción de las administraciones municipales, Barbosa Huerta exhortó a los alcaldes salientes a que les dejan recursos a sus sucesores para que pudieran ejecutar acciones y programas de desarrollo, además de no “desaparecer vehículos y computadoras”.

“El llamado es que entreguen a quienes entran el monto suficiente para ejercer su gasto en los siguientes días, por eso el Año de Hidalgo ya no existe, no lo hagan; los presidentes que salen deben mantener el control en el ejercicio del gasto, el orden, deben mantener los asuntos de seguridad pública caminando, vigilados de que no haya excesos”, dijo.

De manera sistemática desde noviembre de 2019 a 2023 fueron destituidos y encarcelados 17 expresidentes municipales y presidentes municipales en funciones acusados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla de por lo menos de 5 delitos, entre ellos: abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito, desvío de recursos (por un total 175 millones de pesos entre todos) y usurpación de funciones.

Los presidentes municipales destituidos y encarcelados fueron el morenista Felipe de Jesús Patjane Martínez, de Tehuacán; Inés Saturnino del PAN, de Tecamachalco; Juan Navarro del PRI, de Chalchicomula de Sesma; Antonio Vázquez Hernández del PAN, de Teziutlán; Arturo Cajica Gómez del PRD, de Acatlán de Osorio; Leoncio Paisano Arias del PAN, de San Andrés Cholula; Evelio Rodríguez Cortés del PRI, de Jalpan; Servando Arizpe Campos del PRI, de Tzicatlacoyan; Calixto González Montero del PSI, de Tepatlaxco de Hidalgo; Roberto Víctor Bolaños Altamirano del PRI, de San Pablo Zoquitlán; Alejandro Martínez Fuentes del PSI, de Quecholac; Isidro Espinoza Fuentes, de Zapotitlán Salinas; Ángel López Cabrera, de Honey; Edwin Mora Caballero del PAN, de Huaquechula; Miguel Maceda Carrera del PT, de Piaxtla, Eyerim Espinosa Sosa del PAN, de Tepeyahualco, e Ignacio Salvador Hernández, de Compromiso por Puebla (CPP) y PAN, de Ajalpan.

Presidentes municipales siguen en proceso para alcanzar su libertad

Del 2020 al 2024, algunos presidentes municipales han alcanzado su libertad e incluso dos lograron ser reinstalados en sus puestos tras la muerte del gobernador Miguel Barbosa Huerta en diciembre de 2022, ya con el morenista Sergio Salomón Cespedes en la gubernatura de Puebla.

Otros presidentes municipales siguen enfrentado procesos judiciales en prisión como el expresidente municipal de Ajalpan, Ignacio Salvador Hernández, de la Sierra Norte de Puebla, detenido el 05 de noviembre de 2023. Se le acusa de los delitos de homicidio calificado, delincuencia organizada, evasión de presos, abuso de autoridad y enriquecimiento ilícito, cometidos en 2020; se encuentra recluido en el Centro de Readaptación Social de Tehuacán, Puebla.

El 28 de noviembre de 2023, un juez estatal rechazó la petición de Salvador Hernández de continuar su proceso bajo la medida cautelar de prisión domiciliaria, aunque el único delito que amerita prisión preventiva necesaria es el de homicidio calificado, de los cinco que se le imputan.

Los delitos falsos de homicidio calificado en grado de tentativa, delincuencia organizada y evasión de presos, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Puebla, son por una supuesta relación de Ignacio Salvador Hernández con grupos delictivos del estado de Veracruz, a raíz de un enfrentamiento armado entre sujetos que circulaban por calles del municipio de Ajalpan en dos camionetas, con placas de Veracruz y Guerrero, y elementos de la policía municipal, en el que murió el policía Antonio Sandoval González el 30 marzo del 2020, como consecuencia de un disparo en el tórax.

En la Causa Penal 160/2020 no se especifica cómo es que Ignacio Salvador Hernández fue el sujeto activo en el homicidio del uniformado y tampoco se plantea que sea el autor intelectual del mismo, pero sí como dicen como antecedentes una supuesta reunión el 16 de marzo de 2020 en su casa con Leoncio González Mendoza, expresidente municipal de Eloxochitlán -de acuerdo con la FGJE, alias “La Marrana-, así como con Raúl Barajas Andrade y Jorge Luis Baltazar Reyes, director de Seguridad Pública y coordinador operativo de la Policía Municipal de Ajalpan, respectivamente.

En ese encuentro, de acuerdo con la amañada Causa Penal, Salvador Hernández supuestamente dijo: “tienen que limpiar la zona, para eso los contratamos mis hijos y yo, por recomendación de Leoncio, no importa que maten a quien sea, no importa que gentes sea”; contestando Leoncio González Mendoza, alias la Marrana, “es la gente de la que te había hablado”. Todos los asistentes a la reunión estuvieron de acuerdo.

Según la fantasiosa historia, el día 17 de marzo del 2020 Julio César Cisneros Gil, jefe de grupo de Seguridad Pública de la Policía Municipal de Ajalpan, recibió “indicaciones por parte del coordinador operativo de la Policía Municipal de Ajalpan, Jorge Luis Baltazar Reyes, que a partir de esa fecha un grupo armado estaría operando en Ajalpan y sus alrededores, que están liderados por La Marrana y El sureño, que andan con armas largas y en camionetas, que si los veían pasar no los detuvieran y que le dieran indicaciones al personal”.

El 30 de marzo de 2020, según la causa falseada, siete sujetos que portaban armas de fuego, “como AK47 y calibre 22”, a bordo de dos camionetas, una con placas de Veracruz y la otra con placas de Guerrero, se encontraban en Ajalpan. Al verlos, Jorge Luis Baltazar Reyes, coordinador operativo de la Policía Municipal de Ajalpan, junto con otros elementos policíacos los comenzaron a perseguir en patrullas municipales.

En la persecución, que duró más de 25 minutos, perdió la vida el policía Antonio Sandoval González como consecuencia de un disparo en el tórax. De los siete sujetos armados, los elementos policíacos lograron detener a uno y quitarle el arma de fuego calibre 22. Hechos que fueron informados al coordinador de operativo de la Policía Municipal de Ajalpan, “Jorge Luis Baltazar Reyes, quien vía telefónica le indicó a Julio César Cisneros Gil, jefe de grupo, que por órdenes del presidente municipal Ignacio Salvador Hernández lo dejara libre”, de acuerdo con la Causa Penal sobre el delito de evasión de presos.

Según Salvador Hernández les comunicó en una segunda llamada a los jefes policíacos de Ajalpan: “órdenes se cumplen; te dije que lo dejaras ir, déjalo ir de inmediato porque es de la gente que contraté para realizar la limpia”.

Y los policías municipales de Ajalpan tuvieron que dejarlo libre después del enfrentamiento y las armas confiscadas “de la gente que contrató el presidente ya las tenía Leoncio y que por eso era peligroso no obedecer, teniendo la obligación de garante Ignacio Salvador Hernández, pues tenía la obligación de vigilar y salvaguardar la integridad y seguridad de la ciudadanía, no debiendo permitirle la entrada de grupos delictivos al municipio de Ajalpan”, según la Causa Penal.

El delito de abuso de autoridad imputado falsamente a Ignacio Salvador Hernández que refiere la Causa Penal 498/2023 es por la alteración de los reportes mensuales entregados a la Dirección del Registro Civil de las Personas del Estado de Puebla entre diciembre del año del 2020 y enero, febrero y marzo del 2021.

El municipio de Ajalpan informó que habían usado 207 formas valoradas y al cotejarlas con la información del Sistema de Información del Estado Civil (SIEC) del estado de Puebla “este último presenta una información en ceros” en diciembre de 2020, según la misma Causa Penal.

Respecto al delito de enriquecimiento ilícito, la Causa Penal 3988/2023 (Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita) refiere que Ignacio Salvador Hernández, entre 2012 y 2013, a través de su nuera, Isabel Reyna Montalvo Cortés, adquirió siete vehículos destinados al autotransporte en la Sierra Norte de Puebla, por un valor de 2 millones 643 mil 500 pesos, y en 2016 los cedió a su suegro.

Salvador Hernández es dueño de la línea de autobuses de la Sierra Negra conocida como Tetla.

“Se desconoce el origen de los recursos utilizados y que hasta el momento no existe un dato de prueba idóneo y pertinente que acredite la legitima procedencia de dichos recursos, dichas adquisiciones fueron realizadas con recursos de procedencia ilícita”, según la misma causa penal.