ONGs: indignación por el asesinato de 6 migrantes en Chiapas a manos de militares; exigen justicia
El primero de octubre, a las ocho de la noche, en Chiapas, una camioneta que transportaba migrantes de diversas nacionalidades por el tramo carretero Villa Comaltitlán-Huixtla fue baleada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), lo que resultó en la muerte de cuatro personas en el lugar y dos más en el Hospital General de Huixtla.
Durante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum, realizada el 3 de octubre, la presidenta abordó de manera superficial el tema, tras la pregunta de un reportero sobre si las Fuerzas Armadas encontraron armas en el vehículo atacado por los elementos, quienes alegaron haber escuchado detonaciones. Sheinbaum evadió la pregunta y lamentó el suceso.
La funcionaria reiteró el comunicado de la SEDENA, en el cual se asegura que los elementos que dispararon ya están a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR). Añadió que es responsabilidad de esta institución llevar a cabo la investigación y deslindar responsabilidades.
Claudia Sheinbaum dijo que las víctimas del atentado eran originarias de Egipto, El Salvador y Perú.
ONGs expresan su preocupación
El Colectivo de Monitoreo-Frontera Sur denunció el hecho a través de un comunicado emitido el 2 de octubre e informó que cuatro de las víctimas eran hombres adultos, mientras que las otras dos; una niña y una joven.
El colectivo subrayó que estos sucesos no son hechos aislados, sino una “consecuencia de las políticas migratorias restrictivas que el Estado mexicano sigue implementando”. Además, destacó que están relacionados con el despliegue de fuerzas militares para contener a los migrantes en la frontera sur, “bajo una lógica de persecución y no de protección […] violentando y deshumanizando a las personas, y poniendo en riesgo su integridad física, emocional y su vida.”
El comunicado recordó tres hechos violentos sufridos por migrantes. El primero ocurrió el 1 de octubre de 2023, en el municipio de Pijijiapan, Chiapas, donde murieron 10 migrantes que eran transportados en un camión. En 2021, fallecieron 55 migrantes que viajaban en un camión de carga en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Ese mismo año, el 31 de octubre, una persona cubana fue asesinada y dos más resultaron heridas tras disparos de elementos de la Guardia Nacional contra un vehículo que transportaba a 13 migrantes.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH México) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR México) expresaron su preocupación por los acontecimientos y denunciaron que los migrantes se encuentran “expuestos a grandes riesgos durante su trayecto“. Hicieron un llamado urgente a la necesidad de contar con “vías legales de acceso, tránsito e integración” para evitar que se repitan sucesos como este.
Por su parte, Amnistía Internacional México hizo un llamado urgente al gobierno para que investigue lo sucedido y garantice a las víctimas el acceso a la justicia y la reparación de daños.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) declaró que, “aunque el mando ordene respetar los derechos humanos, las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional actúan con inercias abusivas en el uso de la fuerza.” Acusó que en México se siguen violando los derechos humanos, como lo demuestra este caso. Exigió la investigación y sanción de los militares involucrados desde instancias civiles, así como un mayor control externo frente a la militarización del país.
A través de un comunicado difundido por la Fundación para la Justicia, diversos activistas, colectivos y organizaciones defensoras de derechos humanos señalaron que la militarización es una parte importante del problema de las violaciones a los derechos de los migrantes que atraviesan el país. Afirmaron que no existe certeza de que haya justicia y reparación del daño, pues “así lo han demostrado las diferentes masacres contra dicha población y los casos donde elementos del Ejército están involucrados.”
Al igual que en el comunicado del Colectivo de Monitoreo-Frontera Sur, subrayaron la política migratoria de México y la falta de enfoque en derechos humanos del gobierno, “haciendo uso de cuerpos militares, como la Guardia Nacional, la Marina o el Ejército, incluso como un aparato de control migratorio, aun cuando esto va en contra de las disposiciones normativas en materia migratoria y el derecho internacional.”
Recordaron el caso de Cristóbal Cobreiro, un migrante cubano asesinado en 2021, también en Chiapas, por elementos de la Guardia Nacional. Las autoridades apresuraron los trámites necesarios para que los testigos salieran del país y evitar que testificaran.
“Se están haciendo las investigaciones”, Sheinbaum evade el caso
El 4 de octubre, en su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum aseguró que las víctimas ya fueron identificadas y que el Secretario de Relaciones Exteriores está en contacto con las embajadas, pero evadió la pregunta de una reportera, quien cuestionó si entre las víctimas había mujeres o niños. Sheinbaum afirmó que no podía proporcionar nombres ni edades.
Cuando la misma reportera preguntó si se conocía el motivo por el cual los militares abrieron fuego contra los migrantes, la presidenta volvió a evadir el tema, señalando que la Fiscalía General de la República ya se encuentra investigando.
