Sin control, operación de Anexos contra drogas

Por.  J. Jesús Lemus

Rodrigo acaba de cumplir los 18 años y es adicto a la cocaína y a las anfetaminas. Desde hace más de 6 años está luchando contra las adicciones. Él sabe que tiene que dejar las drogas, pero no puede. Desde los 15 años de edad ha estado ya internado en cinco anexos en el estado Michoacán. En todas partes le ofrecieron una terapia de rehabilitación que no solo no ha sido eficiente, sino que no la ha podido soportar por el maltrato físico que ello implica.

No es por la abstinencia que no ha podido dejar las drogas –dice-, sino más bien por el maltrato físico que implica el tratamiento contra las adicciones que le han brindado. Por eso desertó nuevamente hace apenas unas semanas del último centro de internación en el que estuvo, esta vez en la ciudad de Morelia. Ya pasó por varios centros de atención en La Piedad y Uruapan. A todos ha ingresado de manera voluntaria, con el apoyo de sus padres, pero sigue sin poder ganar la batalla.

Él se “enganchó” con la mariguana. Comenzó a fumarla porque el alcohol y el tabaco no eran suficientes para alcanzar el estado de tranquilidad que necesitaba. La mariguana le llegó a las manos por parte de un compañero de la secundaria en la que iba. En menos de un año escaló a otras drogas fuertes; actualmente consume cocaína y a veces cristal. No hay día que no se drogue.

Su adicción dejó de esconderla desde hace un tres. Estuvo a punto de morir de una sobredosis de cocaína, pero en el hospital del Seguro Social de Uruapan lo salvaron. Desde entonces tiene el apoyo de sus padres que le han estado ayudando a buscar una solución. Al principio intentó dejar su adicción por “pura fuerza de voluntad”, pero no pudo. Allí comenzó a acariciar la posibilidad de ingresar a un anexo.

“Me llevaron a una granja a La Piedad, en donde estuve solo dos semanas. No aguanté el trato: me dejaban sin comer y sin beber agua por días. Cuando me llegaba la necesidad de las drogas me pegaban y me amarraban. Me dejaban atado toda la noche en una jaula en el patio. Y si gritaba o lloraba salía uno de los vigilantes y me daba toques en la espalda con una chicharra”. Por eso mejor se escapó del lugar.

Al no poder con su problema, sus padres volvieron a insistir en otro anexo para adictos. Esa vez lo llevaron a un centro de ayuda en Uruapan, pero el trato fue el mismo. Sumado a ello lo obligaban a rezar todas las noches y a leer la biblia durante casi todo el día. Allí le dijeron que su adicción “era cosa del diablo” y que tenía que pedirle ayuda a Dios para salir de las crisis de abstinencia. También terminó por desertar.

El último sitio en el que estuvo fue en un anexo en la ciudad de Morelia, sus padres lo llevaron casi a la fuerza. Allí estuvo privado de su libertad por más de tres meses, pero no pudo avanzar en su lucha contra las drogas. Terminó por abandonar el lugar saltando la barda trasera de la casa luego de una paliza que le propinaron los vigilantes del lugar.

Desde entonces vive en la calle de la capital del estado de Michoacán y se ha dedicado a robar “para mantener el vicio”. Hace dos semanas la policía lo detuvo, por tercera ocasión, por asalto a mano armada. Esta vez ya no fue a parar a un tutelar para menores. Ahora se encuentra en el Centro de Readaptación Social (CERESO) de Mil Cumbres a la espera de una sentencia que podría ser de entre cuatro a siete años de prisión. Espera que en la cárcel ahora si pueda encontrar la ayuda que requiere para superar su problema de salud.

Intensifican la Supervisión

El caso de Rodrigo refleja claramente la problemática que en existe en nuestro país sobre la operatividad de los centros particulares de ayuda contra las acciones, muchos de ellos clandestinos, también conocidos como anexos o granjas, donde de manera frecuente los tratamientos contra las drogas son inhumanos y violatorios de los derechos humanos.

Aun cuando oficialmente no se reconoce el problema social en que se han convertido los centros de ayuda a personas con adicciones, la Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), han iniciado ya una campaña para supervisar este tipo de establecimientos, pero las llamadas “supervisiones sanitarias” se hacen solo en base a denuncias ciudadanas.

Desde el 2014 a la fecha, la acción conjunta de las dos dependencias federales logró la supervisión de 240 centros de ayuda contra las adicciones; 90 fueron realizadas en el 2014, otras 43 en el 2015, en el 2016 se hicieron otras 34 revisiones. En el 2017 fueron 27, y en el 2018 se hicieron 26 supervisiones.

Ya en la administración del presidente López Obrador, en el 2019 fueron supervisados solo 20 anexos. Entre el 2020 al 2024 se han dado las supervisiones de actividades en 98 centros de internamiento: 64 de esas supervisiones fueron porque la población denunció algún tipo de maltrato entre los anexados.

De acuerdo al registro de la CONADIC, la revisión a los centros privados de internamiento para atender el problema de las drogas se ha intensificado desde el 2012, con lo que se ha logrado –desde entonces a la fecha- un total de 2 mil 372 visitas de revisión a ese tipo de establecimientos, la totalidad de ellos ubicados en áreas residenciales de clase media y media baja de todo el país.

Las mayores deficiencias encontradas en dichos centros han sido referentes a falta de personal capacitado para atender cada uno de los casos de los internos presentes, además de registrar “un alto porcentaje de pacientes con condición psiquiátrica sin manejo especializado, sumado a que esos centros contaban con reportes por maltrato físico y psicológico a los usuarios”.

Otras de las áreas en las que se ha puesto énfasis por parte de la Comisión Nacional contra las Adicciones ha sido la capacitación del personal de los anexos que ha aceptado una regulación oficial. A la fecha se ha capacitado a un promedio de mil 321 supervisores en 19 entidades federativas, de los cuales se ha evaluado a 736, donde cerca del 90 por ciento ha resultado competente en materia de consejería en adicciones.

No Existe Norma Oficial

Sin mayor normatividad que el criterio propio, en México operan cerca de 2 mil 532 centros privados de tratamientos contras las adicciones. Los también llamados anexos o granjas para adictos en recuperación, se caracterizan por el uso de la violencia y la violación de los derechos humanos de quienes son sometidos a “terapias” para superar sus adicciones a las drogas.

En los últimos dos, la Comisión Nacional contra las Adicciones y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios han obligado al cierre de por lo menos 179 de estos centros, en donde los propios familiares de los internos denunciaron violencia y malos tratos contra los adictos en recuperación.

Las principales causas de suspensión de actividades de los centros de tratamiento para adictos en recuperación, han sido por deficiencias detectadas en lo administrativo, como la falta de protocolo en los tratamientos de rehabilitación, en donde no se manejaron expedientes clínicos de acuerdo a la normatividad vigente.

Pero no solo se han dado razones administrativas para la suspensión de las también llamadas clínicas de desintoxicación. De acuerdo a la CONADIC, también se registraron en muchos de esos centros, todos de carácter privado, ingresos involuntarios y forzados de pacientes, así como permanencias obligadas dentro de los mismos por parte de los encargados de los centros.

De acuerdo a datos de las Fiscalías Generales de los estados de San Luis Potosí, Guerrero, Guanajuato, Oaxaca y Durango, en esas entidades se han registrado casos, en donde no solo se ha dado la suspensión actividades de estos centros de tratamiento, sino que se han registrado anomalías de las que han resultado investigaciones ministeriales, luego de documentarse hechos constitutivos de posibles delitos relacionados a la trata de personas, secuestro y tráfico de drogas.

A decir de algunos funcionarios de esas dependencias, muchos de los centros de atención a adictos son financiados y patrocinados por algunas células del crimen organizado. Los casos concretos son los que se han registrado en los estados de Michoacán y Guerrero, en donde solo entre el 2013 y el 2024 se conoció al menos 27 centros que estuvieron en operación bajo los auspicios de los carteles de La Familia Michoacana y de Los Caballeros Templarios.

José Luis, un ex integrante de la Familia Michoacana, dijo que la intención del cartel, al poner en operación dos centros de ayuda contra las adicciones en Chilpancingo, Guerrero, “no fue el brindar un tratamiento a quienes querían salir de las drogas, sino que así se buscaba mantener el control de los adictos a fin de disminuir los delitos de impacto social, principalmente el robo”.

En el estado de Michoacán, la historia no es distinta. Datos de la Fiscalía de la entidad refieren que actualmente existen abiertas al menos 56 carpetas de investigación sobre igual número de centro de ayuda para la superación de las adicciones, los que se presume son financiados por el cartel de Los Caballeros Templarios o de la Familia Michoacana.

Uno de los casos más emblemáticos que se registraron el estado de Michoacán fue el del albergue “La Gran Familia”, el que en su momento fue dirigido por Rosa Verduzco, conocida como “Mama Rosa”, en donde además de ofrecer el servicio de asilo para niños huérfanos, también contaba con un área de tratamientos para adictos en recuperación.

Solo en el albergue de La Gran Familia, que operó en Zamora, Michoacán, -se supo por datos de la entonces Procuraduría de Justicia del Estado-, al momento de su desmantelamiento, contaba con cerca de 35 personas asiladas para ser atendidas en sus adicciones, las que en su mayoría eran obligadas a la prostitución y a la mendicidad, además de ser sometidas a tratamientos inhumanos.

Las investigaciones sobre la relación del Cartel de los Caballeros Templarios con algunos de los encargados de ese albergue desmantelado, siguen su curso. Las líneas de investigación se sostienen en por lo menos una docenas de declaraciones ministeriales de ex internos del centro que aseguraron fueron obligados a la comercialización de drogas por parte de integrantes del cartel, para el que operó Mamá Rosa

Poca inversión, Nada de Infraestructura

Pese a que las adicciones son reconocidas como un problema público de salud, actualmente en México no existe un solo centro oficial de internación y de atención a víctimas de las drogas. El problema es atendido por parte de la Secretaría de Salud a través de unidades especialidades en los centros de salud de todo el país, en donde no existe la posibilidad de la hospitalización.

En todas las jurisdicciones sanitarias de la Secretaria de Salud en el país se cuenta con módulos de atención a personas con problemas de adicción, pero se trata de un programa ambulatorio, en donde los pacientes son tratados bajo su propia disciplina, en base a la Norma Oficial Mexicana 028, la que se mantiene vigente desde el año 2009.

Aun cuando no existe un centro oficial de internamiento para personas con adicciones, el gobierno federal reconoce el problema de las drogas, por eso en el presupuesto de egresos de la federación para el 2024 se autorizó una inversión de apenas 660 millones de pesos para el renglón de prevención y atención contra las adicciones.

La mayor parte de los recursos de esa partida, aportados a la Secretaría de Salud, se aplican en programas de información a la población, a través de la Comisión Nacional contra las Adicciones, pero no se ha puesto en operación un solo centro de atención integral a personas con problemas de adicción, que requieran un internamiento hospitalario, bajo un protocolo médico que les permita superar su condición de salud.

El gobierno federal, de acuerdo a lo que dice el Programa de Acción Específico para la Prevención y Atención integral de las Adicciones, pretende “optimizar el funcionamiento de las estructuras de nivel federal para la conducción y operación de las políticas públicas en prevención y atención de las adicciones”, pero no habla de la creación de un solo centro de internamiento para personas con problemas de adicción.

Un Problema que va en Aumento

El consumo de drogas va a la alza en nuestro país. Según la Encuesta Nacional de Adicciones –que se lleva a cabo cada cinco años para medir la evolución del consumo de sustancias ilegales entre la población de 12 a 65 años de edad-, arrojó en su última medición (2022) que la población que consume drogas, entre los 12 y los 17 años de edad, ha crecido del 1.1 por ciento al 2.9 por ciento de la población encuestada.

En ese rango de edad la droga de consumo más frecuente es la mariguana, con presencia en un 2.7 por ciento de los jóvenes encuestados, la segunda droga de consumo en México, según la referida encuesta, son los inhalables (solventes industriales como gasolina y tinher), los que son consumidos por el 1.2 por ciento del segmento encuestado. En tercer lugar se ubica la cocaína, con presencia en el 1.1 por ciento de esa muestra poblacional.

El consumo más alto de drogas que se registra en México, según los datos que aporta la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2022, refiere que son los estados del norte del país, en donde se concentra gran parte del problema de adicciones, en donde el 2.7 por ciento de los encuestados reconoció alguna adicción.

Los estados con problemas notables de consumo de drogas entre sus estudiantes, son Coahuila, Chihuahua, Durango, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Y es precisamente en esas entidades, en donde han proliferado en los últimos años los centros privados de atención a personas con problemas de adicción, los llamados anexos o granjas.

En la única región del país en donde –según las cifras oficiales- el consumo de mariguana registró una tendencia a la baja fue la zona sur, en donde estados como Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Chiapas y Tabasco, registraron una incidencia de apena el 0.8 por ciento de la población estudiantil encuestada con problemas de adicción a sustancias ilegales.

La misma tendencia, de consumo de mariguana a la baja, se registra en los estados de la región norcentral del país, al documentar que en estados como Coahuila, Chihuahua y Durango se presentó un decremento, pasando del 1.3 por ciento de los consumidores encuestados en el 2022 a solo un 0.7 por ciento de estudiantes consumidores activos de cannabis en el 2018.

Sin embargo, refieren los datos oficiales, la baja en el consumo de mariguana no puede ser tomada como un logro en el combate a las adicciones, dado que la cannabis ha sido suplida por otras sustancias adictivas, como las anfetaminas, cuyo uso ha crecido en forma considerable en los estados de Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, donde el consumo de esas drogas registra una población activa del 1.3 por ciento.

Anexos sin Control Oficial

En nuestro país no existe un registro nacional de los centros de atención a personas con problemas de adicción. Corresponde a las legislaturas de cada estado, en base a las leyes de salud local, la autorización para el funcionamiento de estos centros, los que en su totalidad operan como instituciones de asistencia privada, la mayoría de ellos clandestinos.

Las acciones que se llevan dentro de cada centro de internamiento para personas con adicciones no son vigiladas por ninguna instancia oficial, salvo cuando existen denuncias de maltrato por parte de los familiares de los propios internos. Eso es lo que dio como resultado el cierre de casi 50 centros de atención en todo el país.

Y es que la mayoría de los centros privados contra las adicciones funcionan de manera ilegal. Hasta el momento, de acuerdo a la Comisión Nacional contra las Adicciones, solo 428 establecimientos residenciales de tratamiento son reconocidos oficialmente en las 32 entidades federativas. Son más de 2 mil los centros que funcionan sin ningún tipo de regulación, local o federal.

Solo en el estado de Tamaulipas, de acuerdo a fuentes oficiales del gobierno estatal, se tiene el registro de 14 centros de ayuda a personas con adicción, pero en las ciudades de Matamoros, Ciudad Victoria y Tampico, están en operación 19 anexos de los que poco o nada se sabe cómo funcionan; son centros que se mantienen con las aportaciones voluntarias de los familiares de los ingresados para su rehabilitación.

Lo mismo ocurre en el estado de Michoacán, en donde la Secretaria del Salud en la entidad reconoce la existencia de solamente 9 centros de ayuda a adictos en recuperación, sobre los que aplica la normatividad vigente, en cuanto al trato digno y a protocolos aplicables para la superación de las adicciones, pero en todo el estado operan al menos 72 centro de internamiento para personas con esos padecimientos.

Otro caso similar es el estado de Veracruz, en donde de acuerdo a la versión extraoficial de la oficina de comunicación social, se tiene el registro de 22 centros de ayuda a personas con adicciones, pero solo en las ciudades de Jalapa, Veracruz, Coatzacoalcos y Poza Rica, se suma un total de 48 centros de atención a personas con adicciones.