A causa del “modelo de desarrollo”, desplazan a miles de indígenas
De acuerdo a un informe realizado por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez A.C., “los megaproyectos pueden tener consecuencias devastadoras para las comunidades locales y el medioambiente, y suelen beneficiar a los poderosos a costa de las comunidades más empobrecidas, rurales e indígenas”
Con graves consecuencias para los pueblos indios, como el desplazamiento forzado, en México se siguen multiplicando los proyectos de obras públicas a gran escala. Las iniciativas de extracción de recursos para la construcción de represas y minas, han comenzado a generalizar el desplazamiento de los pueblos indígenas.
A lo anterior se suma también la ola de violencia que se registra en por lo menos 19 estados de la república, en donde los pueblos indígenas han quedado a merced de los grupos del crimen organizado, los que los han convertido en blancos de extorsión y persecución por la disputa de la posesión de los recursos naturales, principalmente los bosques, obligándolos a la migración.
De acuerdo a un informe realizado por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez A.C., “los megaproyectos pueden tener consecuencias devastadoras para las comunidades locales y el medioambiente, y suelen beneficiar a los poderosos a costa de las comunidades más empobrecidas, rurales e indígenas”.
Pero no solo son los megaproyectos de desarrollo los que hacen que los grupos poblacionales indígenas se desplacen; también –de acuerdo al profesor Jorge Mercado Mondragón, investigador del departamento de Sociología de la UAM unidad Azcapotzalco– son las condiciones de atraso, miseria y marginación las que empujan a la emigración de los pueblos naturales.
De acuerdo a la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en México “no se dispone de estadísticas oficiales sobre desplazados internos, y las estimaciones varían considerablemente”. Sus propias estimaciones hablan de entre 3 mil y 21 mil personas desplazadas en los últimos tres años, a causa de la devastación ambiental.
Pero algunas Organizaciones No Gubernamentales apuntan a que los desplazados indígenas podrían ser más de 160 mil personas. De acuerdo a miembros del colectivo que promueve la Campaña Nacional en Defensa de la Tierra y el Territorio, solo en el periodo de gobierno del presidente Felipe Calderón la ejecución de 70 proyectos hidroeléctricos –de los que 26 siguen en obra- hicieron que cerca de 170 mil indígenas dejaran sus localidades.
Los estados en donde se registra con mayor énfasis el desplazamiento de indígenas de sus localidades, son: Jalisco, Puebla, Chiapas, Guerrero, Nayarit y Oaxaca, en donde ante la falta de recursos naturales, principalmente agua, para su sobrevivencia, la mayoría de esos grupos han buscado reacomodo social en las cabeceras municipales más cercanas.
Aunque en menor medida, el fenómeno de traslado de comunidades enteras también se registra en otras entidades del país, como Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Veracruz, donde se concentran la mayoría de proyectos de energía contenidos en el Inventario Nacional de Energías Renovables de la Secretaria de Energía del gobierno mexicano.
La consecuencia directa del desplazamiento de los pueblos, reconoce el sociólogo investigador Orlando Sotelo de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en Michoacán, es la pérdida de la identidad cultural, y la agudización de las condiciones de pobreza de los pueblos naturales, “algo que a la autoridad federal parece no importarle mucho, porque no existe una política oficial enfocada a atender este problema”.
El desplazamiento de los pueblos indios de sus comunidades de origen, que a la fecha sigue sin miras a que se contenga, se comenzó a agudizar a partir del año 2011, de acuerdo a lo establecido en el estudio denominado “Han Destruido la Vida de este Lugar: megaproyectos, violaciones a derechos humanos y daños ambientales en México”, del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez A.C.
Los megaproyectos de obras que han generado más desplazados, desde el 2011 a la fecha, son los de la presa El Zapotillo en Jalisco, la mina de plata Fortuna Silver en San José del Progreso, Oaxaca; la mina New Gold en el Cerro de San Pedro, San Luis Potosí; la presa La Parota en el estado de Guerrero y la presa Paso de la Reina, en Oaxaca.
Se estima –de acuerdo al sociólogo Orlando Sotelo- que a causa de los proyectos referidos, más de 16 mil indígenas han tenido que dejar sus tierras, para tener que buscar su sobrevivencia en zonas urbanas, que en la mayoría de los casos “les resultan hostiles, y representan un choque cultural devastador”.
También los mueve la violencia
Pero no todo es a causa de los proyectos de desarrollo. A los pueblos indígenas de México también los desplazan los conflictos de violencia social, no solo los derivados por la tenencia de la tierra, sino los que tienen que ver con narcotráfico y movimientos políticos. En ese sentido, Chiapas, Michoacán y Guerrero son los que repuntan en cuanto al número de indígenas que han salido de sus comunidades.
De acuerdo a la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C., el desplazamiento de los pueblos indígenas también es una “consecuencia de los patrones de violencia en México, que se pueden observar desde 2006, y en particular desde 2008; al menos 12 estados registran éxodos notables de personas”.
El desplazamiento interno a causa de la violencia tiene sus puntos álgidos en Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Michoacán, Guerrero y Veracruz. El Informe Global 2014 del Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno establece que la expansión de la violencia criminal, en particular de las actividades de los grupos delictivos y las operaciones militares a gran escala implementadas para combatirlos, han sido la causa del desplazamiento de decenas de miles de personas, y sitúa la cifra global de desplazados indígenas en el país en cerca de 160 mil personas.
El caso más notable es Chiapas, en donde el éxodo indígena comenzó, sin que a la fecha se pueda considerar superado, desde que se registró el alzamiento del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en el año de 1994. La salida de grupos de indígenas de sus localidades de origen en Chiapas se sigue dando como resultado de confrontaciones étnicas, de origen religioso y político.
Con relación con el número de desplazados en el estado de Chiapas, éste es incierto –refiere el investigador Jorge Mercado Mondragón, del departamento de Sociología de la UAM, en su trabajo titulado “El Desplazamiento Interno Forzado entre Pueblos Indígenas”-, pues no existe una fuente confiable que pueda aproximarse de manera objetiva a los desplazados reales.
De acuerdo al Fideicomiso para la Salud de los Niños Indios en México, se ha señalado que existen en Chiapas cerca de diez mil desplazados, sobre todo en la zona de Chenalhó. En tanto que el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A. C., señala que el gobierno del estado ha reconocido a más de 500 grupos de desplazados como consecuencia de conflictos sociales, políticos y religiosos en esa entidad.
En Michoacán, a causa de la violencia también se han comenzado a desplazar los grupos indígenas. No hay cifras oficiales sobre el tema, pero el investigador Orlando Sotelo, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, estima que desde el 2005 al 2024, cerca de 6 mil personas dejaron la meseta Purépecha. El mayor número de desplazados lo aporta la comunidad de Cherán.
A diferencia de lo ocurrido en Chiapas, o en otros estados donde los proyectos de obras mueven en grupos a las comunidades, en Michoacán la salida de los indígenas de sus localidades ha sido “graneada”; la migración se registra como actos individuales o de familias que deciden buscar refugio principalmente en las zonas urbanas dentro del mismo estado.
A los indígenas michoacanos los empuja a la migración la ola de violencia que, por un lado, se genera a causa de la lucha de las células del narcotráfico con los grupos de autodefensa, y por otro los conflictos intercomunales por la tenencia de la tierra y la explotación de los bosques.
En la misma situación se encuentran algunas comunidades indígenas del estado de Guerrero, en donde la presencia de células del crimen organizado, que intentan aplicar cuotas sobre la explotación de los bosques, uso del agua y derecho de piso, han hecho que al menos 3 mil indígenas se encuentren desplazado de sus localidades en los últimos tres años.
Sumado a la violencia, también el bajo nivel de desarrollo y la falta de atención del gobierno estatal a los problemas de salud, educación y empleo es lo que ha alentado a la comunidad indígena a dejar sus localidades de origen.
La pobreza y la marginación –igual que sucede en el norte del estado de Veracruz- ha hecho que decenas de familias de indígenas en Guerrero se desarraiguen de sus localidades de origen.
El problema del desplazamiento indígena a causa de la violencia se dimensiona con la cifra proporcionada por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C., que establece que “entre el 2008 y 2024 se han documentado al menos 121 episodios de desplazamientos grupales en por lo menos diez estados de la república”, donde las razones del movimiento social fueron la inseguridad pública, la intolerancia religiosa y los conflictos.
