El grado de influencia y poder que acumuló Isabel Miranda de Wallace en el sexenio de Felipe Calderón para fabricar culpables en la Guerra contra el Narco en comparsa con Genaro García Luna pasó por encima de los derechos constitucionales de los presuntos secuestradores que se declaraban responsables del delito bajo tortura como ocurrió con Brenda Quevedo Cruz.
La figura de “defensora de la justicia” fabricada mediáticamente, incluso comparada con Sor Juana Inés de la Cruz y Leona Vicario, Miranda de Wallace la usó para infiltrarse en organizaciones de víctimas de secuestro para acallar su demanda de justicia y sus casos permanecieran en la impunidad, como México SOS, del empresario Alejandro Martí, y el movimiento Por la Paz con Justicia y Dignidad, del poeta Javier Sicilia. De acuerdo con investigaciones periodisticas, el secuestro y asesinato de su hijo Hugo Alberto Wallace en 2005 nunca ocurrió, pues hay evidencias que continuaba vivo hasta el año 2010. El 70 por ciento de los mil 405 detenidos por secuestro en el sexenio de Felipe Calderón o eran inocentes o quedaron en libertad dentro del plazo constitucional. Otros apelaron su sentencia o interpusieron un amparo contra el auto de formal prisión, por falta de pruebas o porque se violaron sus garantías constitucionales y el debido proceso en el momento de la aprehensión como fue el caso de la francesa Florence Cassez.