Hamlet García Almaguer, diputado de Morena e integrante de la Luz del Mundo, se perfila para ser elegido como ministro de la SCJN

En la iniciativa propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador de elegir mediante el voto ciudadano a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación (PJF) se están metiendo los partidos políticos. Este domingo en un foro organizado por Morena en la colonia Agrícola Oriental, en la alcaldía Iztacalco, en la Ciudad de México, en el que participaron la ministra Lenia Batres, Hamlet García Almaguer, diputado federal por Morena, y el profesor de Derecho, Federico Alcalá, un grupo de trabajadores del Poder Judicial solicitaron el micrófono para expresar su inconformidad de que una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en funciones participe en un evento partidista y promueva la candidatura del diputado Hamlet García Almaguer, quien en sus participaciones en medios digitales ya lo perfilan como candidato a ministro.

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Multas de hasta de un millón 200 mil pesos por obligar a trabajar más de 8 horas diarias o 48 horas semanales

Obligar a trabajar más de ocho horas al día o 48 horas a la semana sin el correspondiente pago de horas extras será considerado explotación laboral, cuyas consecuencias para los empleadores son multas que van de cinco mil hasta un millón 200 mil pesos, de acuerdo con la reforma la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, que entró en vigor este martes 18 de junio

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Elegir al rector por voto directo universal, propone iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la UNAM

La propuesta es una reforma profunda a 17 artículos de la Ley Orgánica de la UNAM, la cual no ha tenido modificaciones desde 1945, con el objetivo de democratizar la gestión de la máxima casa de estudios a través de la desaparición de la Junta de Gobierno y del Patronato Universitario, cancelando el veto del rector y eligiéndolo por voto directo, universal y secreto de toda la comunidad universitaria; creando una junta de controversias para resolver conflictos laborales, así como la conformación de una entidad que fiscalice y transparente las finanzas públicas y los bienes para que no se puedan privatizar

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