Más allá de la impunidad que en sí representan las laxas investigaciones de las fiscalías y procuradurías de los estados y de la misma Fiscalía Especializada de la FGR, sobre lo casos de agresiones a los periodistas, que –como ya hemos visto- pocas veces terminan en sentencias judiciales condenatorias ejemplares y disuasivas, existe un problema de fondo: en nuestro país se carece de un criterio institucional para definir, con base en un marco jurídico, cuándo un periodista es asesinado a causa de su trabajo