Lo que evidencia que los asesinatos por parte de la delincuencia organizada y las represalias de los políticos locales contra los comunicadores y periodistas recrudecen aún más la zona de silencio en que se han convertido municipios enteros de Guerrero, controlados por grupos criminales y con autoridades corruptas en el ejercicio de los presupuestos públicos.
Desde agosto de 2024, el líder ambientalista informó de amenazas de muerte al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras, de la Secretaría de Gobernación, manifestando “que los riesgos que enfrentaba eran mayores y que temía por su seguridad y la de sus familiares. Demandaba el acompañamiento de la Guardia Nacional. No veía otra forma más segura para continuar su lucha como defensor y para conservar su fuente de trabajo”, de acuerdo con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. Las autoridades federales no dimensionaron el grave peligro que corría Marco Antonio. Sólo se redujeron a proporcionarle un teléfono satelital y un botón para emergencias. La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, lamentó la muerte del líder ambientalista, sin embargo, no cesa la violencia en el estado.
A los guerrerenses les llovió sobre mojado: al cumplirse casi un año del devastador paso del huracán “Otis” llegó el huracán “John” el pasado lunes, y como se va viendo el panorama, los daños y pérdidas materiales en las costas de Guerrero serán mayores en 40 municipios, desde Acapulco, Costa Grande, hasta la Costa Chica, como Cruz Grande, Marquelia, Tlacoachistlahuaca, etcétera.