Desde el lunes el colectivo Luciérnagas Frente Amplio de Familias Buscadoras se mantuvo un bloqueo permanente de una de las principales arterias de la Ciudad de México: la Calzada de Tlalpan. El Motivo fue la indiferencia del gobierno de Clara Brugada y del gobierno federal. La autoridad decidió cancelar una jornada de búsqueda programada para…
Las madres buscadoras de restos humanos la increparon en su graciosa huida pero fue en vano, ella salió del recinto en medio de las mesas de trabajo sin que hubiera poder humano o razón suficiente para quedarse a escuchar, a atender y mucho menos a solucionar.
La propuesta de reforma en materia de desaparición enviada por Claudia Sheinbaum promete ser un avance en la resolución de miles de casos, sin embargo, la realidad es que representa un retroceso —por no decir un riesgo adicional— tanto para colectivos, familiares buscadores, activistas, periodistas y, en general, para toda la población. Existen múltiples razones para temer un mal uso de los datos recabados por la llamada Plataforma Única de Identidad.
Los peligros que rodean esta reforma son numerosos: desde el maquillaje de cifras hasta la fuga de datos y la posible persecución estatal. Entidades tan siniestras como el Centro Nacional de Inteligencia (antes CISEN) o la propia SEDENA tendrán acceso directo a la Plataforma sin necesidad de una orden judicial, y podrán solicitar información a empresas públicas o privadas sin justificación alguna. Esta reforma vulnera gravemente la privacidad y la seguridad de todos los mexicanos, especialmente de quienes integran el sector de defensa de los derechos humanos.
Olivier De Frouville, presidente del CED, anunció el viernes la activación del procedimiento que abre la posibilidad de que intervenga la Asamblea General de Naciones Unidas tras recibir “información fundamentada que indica que la desaparición forzada se lleva a cabo de manera general o sistemática en el territorio bajo jurisdicción de México”, y “tras haber solicitado del Estado Parte toda la información pertinente sobre esa situación, podría llevar la cuestión, con carácter de urgente, a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio del Secretario General de las Naciones Unidas”
Una fiscalía estatal ausente que se presenta únicamente para minimizar las amenazas de las que ya había sido víctima Teresa González, miembro del colectivo Luz de Esperanza, asesinada por un disparo.
Aunque su labor de búsqueda ha sido sumamente importante, la fiscalía de Jalisco desechó inmediatamente la posibilidad de que el móvil del delito estuviera relacionado con su actividad como buscadora, pretextando que se trató de un robo.
Las agresiones contra los colectivos de búsqueda son una constante, y la ola de impunidad ha servido como caldo de cultivo para que atentados como el que le quitó la vida a Teresa se vuelvan una constante en el país.
Se han difundido mensajes en WhatsApp con voces y fotografías editadas con Inteligencia Artificial de algunos integrantes del colectivo, luego del recorrido del jueves pasado a Teuchitlán, donde aseguraron que la FGR desapareció las evidencias halladas el 5 de marzo que apuntaban a que en el sitio había crematorios clandestinos: escavaciones bajo tierra usados con fines de calcinamiento, habiendo encontrado incluso seis lotes de restos óseos.
El calor del sol vespertino del sábado no fue impedimento para que miles de personas se reunieran en toda la República en una jornada de luto y vigilia por el descubrimiento del campo de exterminio en Teuchitlán, Jalisco.
En la Ciudad de México, el evento pacífico fue amedrentado por elementos del “extinto” cuerpo de granaderos, lo que provocó un ligero enfrentamiento avivado por la presencia de personas sospechosas.
Sumado al comunicado dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum, algunos familiares de víctimas de desaparición forzada de todo el país compartieron el horror que han vivido a raíz de la ausencia de sus seres queridos y denunciaron la violencia institucional y del crimen organizado a la que se exponen simplemente por buscarlos y hacer el trabajo de las ineptas fiscalías y comisiones del Estado.